LegalizeLey 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón
3. Salvo acuerdo del Consejo de Gobierno, el Instituto Aragonés del Agua no suscribirá convenios con entidades locales o propietarios de superficies en las que vayan a tener lugar nuevos desarrollos urbanísticos, en los que no quede asegurada la asunción por los propietarios de suelo de los costes a que se refiere el apartado anterior. Los costes a asumir por los propietarios se deducirán del contenido de los proyectos técnicos correspondientes teniendo en cuenta, en todo caso, los costes de depuración por habitante-equivalente que se contemplen en el vigente plan autonómico de saneamiento y depuración. El convenio contemplará la forma en que dichas cantidades deban ser transferidas por el ayuntamiento o por los propietarios al Instituto Aragonés del Agua.
4. No será posible el otorgamiento de licencias urbanísticas o autorizaciones ambientales, incluyendo la autorización ambiental integrada, si no ha sido asegurado por un medio válido en derecho el cumplimiento por los propietarios correspondientes de las obligaciones referidas en el apartado segundo. La licencia u autorización otorgada en estas circunstancias se considerará ilegal y contra la misma procederá la utilización de los recursos y otras actuaciones previstas por el ordenamiento jurídico para su anulación.
5. Lo regulado en este artículo no se opondrá a la existencia de un régimen específico de financiación de la construcción o ampliación de instalaciones de depuración o saneamiento o de conexión con las redes generales, derivado de la declaración de estas obras como de interés general o de otras fórmulas de financiación semejantes y de contenido total o parcial en relación a los costes previstos.
CAPÍTULO II. Abastecimiento y depuración
Artículo 62. Sistemas de gestión comarcal del agua de uso urbano.
1. Las actuaciones supramunicipales y la gestión de los sistemas y servicios derivados de los planes previstos en la presente ley podrán ser ejecutados por las comarcas, a solicitud de las propias comarcas, y mediante convenio con el Instituto Aragonés del Agua.
2. A solicitud de las comarcas, el Gobierno de Aragón determinará el ámbito territorial de cada sistema para la gestión del agua de manera conjunta, adaptándose prioritariamente al ámbito territorial de las comarcas. Los sistemas de gestión supramunicipal así definidos constituirán el ámbito de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma para la ejecución de las infraestructuras de aducción y depuración.
Artículo 63. Rendimiento en las redes de abastecimiento.
1. Las entidades locales y sus entidades instrumentales de titularidad íntegramente públicas, así como las sociedades de economía mixta participadas mayoritariamente por las citadas entidades, titulares o gestoras de las redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea inferior al que se determine reglamentariamente, en los sistemas de distribución de agua de uso urbano, podrán ser privadas de financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma y del Instituto Aragonés del Agua destinada a dichas instalaciones, así como de otras medidas de fomento establecidas con la misma finalidad.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el Instituto Aragonés del Agua elaborará y elevará al departamento competente en materia de aguas, previa audiencia de las entidades locales afectadas, un plan de actuación que, una vez aprobado por el Gobierno de Aragón, será de obligado cumplimiento por la entidad local y las empresas suministradoras. En dicho plan se podrán limitar temporalmente, en los instrumentos de ordenación, los incrementos de suelo urbanizable, así como la transformación, en su caso, de suelo urbanizable no delimitado a suelo urbanizable delimitado, en tanto no se subsanen las deficiencias en el rendimiento de las redes de abastecimiento.
3. Las pérdidas de agua que se produzcan en cuantía superior a las incluidas dentro del rendimiento mínimo de las redes de abastecimiento, establecido de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, tendrán la consideración de uso urbano del agua.
4. Para el cálculo del rendimiento mínimo de las redes de abastecimiento se deberá tener en consideración el consumo medio en operaciones de extinción de incendios.
Artículo 64. Garantía para la prestación de los servicios de aducción y depuración.
1. Los municipios garantizarán, por sí mismos o a través de las comarcas, la prestación de los servicios de aducción y depuración, sin perjuicio de los supuestos contemplados en esta ley, en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema de gestión supramunicipal.
2. El Instituto Aragonés del Agua podrá asumir la ordenación y gestión de los servicios de aducción y depuración, subsidiariamente y a costa de los municipios o de las comarcas, cuando de la prestación del servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la legislación ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.
3. En el caso de grave riesgo para la salud de las personas, la asunción por el Instituto Aragonés del Agua de los servicios se producirá a requerimiento del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de salud, al que corresponde la declaración de la situación de alerta sanitaria y la adopción de las medidas que correspondan, en los términos establecidos por las disposiciones normativas sobre vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano de Aragón.
4. Igualmente, el Instituto Aragonés del Agua podrá asumir la ordenación y gestión de los servicios de aducción y depuración, en el supuesto de que no se presten por los municipios dichos servicios, dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano. En este supuesto, el Instituto Aragonés del Agua se subrogará a todos los efectos, administrativos y económicos, en la posición de la entidad local en lo relativo a la prestación de los servicios de aducción y depuración correspondientes, tanto ante los usuarios del servicio como ante la entidad prestadora del mismo.
5. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, el Instituto Aragonés del Agua requerirá a la entidad local para que adopte las medidas necesarias para la correcta prestación del servicio o se integre en el sistema supramunicipal. Dichas medidas se entenderán sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan. Transcurrido el plazo sin que se hayan adoptado las medidas oportunas, el Instituto Aragonés del Agua, mediante resolución motivada, podrá asumir la gestión y explotación de las infraestructuras de aducción y depuración hasta que cese la situación que la motivó, repercutiendo sobre los entes locales incumplidores los costes de inversión, mantenimiento y explotación de los servicios, a cuyo efecto los gastos originados por la intervención subsidiaria generarán créditos a favor del Instituto Aragonés del Agua, que podrán compensarse con cargo a créditos que tuvieran reconocidos los entes locales por transferencias incondicionadas por la administración de la Comunidad Autónoma o por el Instituto Aragonés del Agua.
6. Salvo acuerdo del Consejo de Gobierno, durante el tiempo de prestación subsidiaria de los servicios de aducción y depuración, las entidades locales que no hubieran cumplido con las exigencias establecidas en este artículo no podrán ser beneficiarias de las medidas de fomento aprobadas por la administración de la Comunidad Autónoma o por el Instituto Aragonés del Agua con la finalidad de proveer a la financiación de dichos servicios.
TÍTULO IX. Dominio público hidráulico
CAPÍTULO I. Servidumbres
Artículo 65. Servidumbre de protección de cauces.
1. En las zonas de servidumbre de protección de cauces se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar, en los términos establecidos por la legislación estatal.
2. Se establecerán reglamentariamente las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones desarrolladas por las administraciones públicas para el cumplimiento de fines de interés general.
3. Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en estas zonas con el fin de protección de los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su ejecución.
Artículo 66. Zona de policía.
La zona de policía delimitada por la legislación estatal de aguas incluirá las zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que solo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe.
CAPÍTULO II. Ordenación del territorio
Artículo 67. Ordenación territorial y urbanística.
1. El Instituto Aragonés del Agua emitirá informe preceptivo sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas administraciones públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas, así como en cuantas actuaciones afecten a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de agua.
2. El informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación territorial y de la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
3. Cuando la ejecución de los actos o planes de las administraciones comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe del Instituto Aragonés del Agua se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas, así como sobre la adecuación del tratamiento de los vertidos a la legislación vigente.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las ordenanzas y actos que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actuaciones llevadas a cabo en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo del Instituto Aragonés del Agua con carácter favorable.
5. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán incorporar las determinaciones y medidas correctoras contenidas en el informe del Instituto Aragonés del Agua que minimicen la alteración de las condiciones hidrológicas de las cuencas de aportación y sus efectos sobre los caudales de avenida.
6. En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni de obstáculos que alteren el régimen de corrientes.
7. Reglamentariamente se establecerá el contenido mínimo que deben recoger los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de agua.
Se modifica el apartado 2, con efectos de 27 de agosto de 2022, por el art. 24 de la Ley 2/2022, de 19 de mayo. Ref. BOE-A-2022-9438#a2-6
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
Artículo 68. Cartografía.
El departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de ordenación del territorio dispondrá, en colaboración con el Instituto Aragonés del Agua y en coordinación con la Administración General del Estado, de la cartografía del dominio público hidráulico, que será pública, y sus determinaciones habrán de ser tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, para compatibilizar los usos con el respeto al dominio público hidráulico y a las zonas inundables.
CAPÍTULO III. Derechos de uso y control
Artículo 69. Asignación de recursos.
En el ejercicio de las competencias propias de cada administración, o mediante trasferencia, encomienda o convenio, en coordinación con la Administración General del Estado:
(Anulada).
Las administraciones competentes asignarán los recursos hídricos de mejor calidad para los abastecimientos a la población.
La sustitución de caudales se podrá hacer por otros procedentes de la reutilización de aguas residuales regeneradas que tengan las características adecuadas a la finalidad de la concesión, debiendo los nuevos usuarios que se beneficien de la sustitución asumir los costes de los tratamientos adicionales que sean necesarios, así como del resto de costes derivados de la sustitución.
(Anulada).
Los derechos de uso privativo de las aguas no implicarán el aseguramiento a sus titulares de la disponibilidad de caudales y no serán objeto de indemnización las restricciones que deban hacerse en situaciones de sequía.
El Instituto Aragonés del Agua podrá:
1.º (Anulado).
2.º Designar la incorporación de nuevos abastecimientos o la ampliación de los existentes mediante la conexión de las instalaciones municipales a la red de abastecimiento, con el incremento previo de la dotación de la concesión otorgada, previo informe de la entidad local.
Se declaran inconstitucionales y nulas las letras a), d) y f).1 por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de los apartados a), d) y f).1 por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación de los apartados a), d) y f).1 desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
Artículo 70. Concesiones de uso de aguas.
En el ejercicio de las competencias propias, o mediante transferencia, encomienda o convenio, en coordinación con la Administración General del Estado:
(Anulada).
En el caso de aguas intracomunitarias, el Instituto Aragonés del Agua será el organismo competente para la resolución de las autorizaciones administrativas y concesiones.
(Anulada).
El organismo de cuenca comunicará al Instituto Aragonés del Agua las resoluciones que dicte, para su notificación al interesado, de acuerdo al procedimiento fijado en la legislación estatal. Se entenderá que la resolución es conforme con la propuesta formulada cuando, en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de entrada en el organismo de cuenca, este no hubiera comunicado la resolución al Instituto Aragonés del Agua.
Para la tramitación del otorgamiento de nuevas concesiones de agua o la ampliación de las existentes, las administraciones competentes tendrán en consideración las disponibilidades globales de la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses.
La concesión de nuevos aprovechamientos deberá tener en consideración los efectos sobre el ciclo integral del agua, tanto sobre las aguas superficiales como las subterráneas vinculadas a las mismas.
Las concesiones de aprovechamiento de aguas se otorgarán por el plazo máximo de duración que fije la legislación estatal.
Cuando el destino del uso fuese el riego o el abastecimiento a población, el titular del derecho podrá obtener una nueva concesión con el mismo uso y destino conforme a lo dispuesto en la legislación estatal.
El Instituto Aragonés del Agua podrá proponer la revisión de los derechos concesionales en los términos previstos por la legislación estatal y en el marco de los procedimientos previstos en esta ley, en particular, en los supuestos en los que acredite, en atención a las alternativas productivas en la zona de producción y tecnologías disponibles, que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. Igualmente, podrá proponer la revisión, a instancias de la persona titular de los derechos concesionales, del uso del agua previsto en el título concesional y destinarlo a otros usos de mayor utilidad pública o interés social y que generen reducciones de consumos. Podrán ser objeto de revisión las concesiones cuando no se hubieran utilizado parcialmente los caudales concedidos, por causa imputable a la persona titular del derecho, durante tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en un periodo de diez años. A estos efectos, no se considerarán incluidas en el supuesto anterior las alternativas productivas que se lleven a cabo durante el citado período que impliquen un menor consumo de agua en los términos que reglamentariamente se determinen. La revisión de los derechos concesionales, por causa de uso ineficiente o no uso parcial, no generará derecho a indemnización alguna para sus titulares.
En caso de que por razones imputables a la persona titular de un derecho al uso privativo de las aguas, no se haya hecho ningún uso de dicho derecho durante el plazo fijado en la legislación estatal, las administraciones competentes lo declarará caducado.
Si el ejercicio de un derecho al uso privativo de las aguas afectara al derecho de otro usuario, otorgado con anterioridad, el Instituto Aragonés del Agua, en coordinación con el organismo de cuenca, revisará las características de la última concesión para suprimir tal afección.
En los usos agrarios, urbanos e industriales en los que haya tenido lugar una modernización de regadíos, de redes de abastecimiento o de las instalaciones industriales, respectivamente, el Instituto Aragonés del Agua, en colaboración con el organismo de cuenca, propondrá la revisión de las concesiones para adecuarlas a la nueva situación existente. Esta revisión no conllevará indemnización alguna para su titular.
En las ayudas que se concedan para la modernización de infraestructuras y regadíos, se establecerán los objetivos del ahorro que se pretendan conseguir con el proyecto de modernización. Estos objetivos deberán ser aceptados por los beneficiarios de la subvención.
Todas las personas y entidades titulares de derechos al uso privativo de las aguas estarán obligadas a instalar y mantener sistemas de medición de caudal homologados. En caso de conducciones por canales o acequias, en pequeñas concesiones y en aquellos casos en que no sea posible o resulte desproporcionado el cumplimiento del deber de instalación de caudalímetros homologados, el Instituto Aragonés del Agua podrá autorizar otro tipo de sistemas de medición de caudal, a través de métodos indirectos.
ñ) En las concesiones de uso de aguas se atenderá especialmente al principio contenido en el artículo 5.q.
Se declaran inconstitucionales y nulas las letras a) y c) por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de los apartados a) y c) por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación de los apartados a) y c) desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
CAPÍTULO IV. Protección del dominio público hidráulico
Artículo 71. Autorización de vertidos al dominio público hidráulico.
1. El régimen jurídico de los vertidos al dominio público hidráulico será el establecido en la legislación estatal, en su normativa de desarrollo y en lo previsto en la presente ley.
2. La competencia para la tramitación y concesión de las autorizaciones de vertido a cauce público en Aragón corresponderá al Instituto Aragonés del Agua en el caso de aguas intracomunitarias.
3. (Anulado).
Se declara inconstitucional y nulo el apartado 3 por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se mantiene la suspensión de la vigencia y aplicación del apartado 3 por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 3 desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
Artículo 72. Policía de aguas.
(Anulado).
Se declara inconstitucional y nulo por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
Artículo 73. Deber de colaboración.
1. Las entidades locales están obligadas a facilitar al Instituto Aragonés del Agua la información que les sea requerida a efectos del cumplimiento de la presente ley.
2. Los particulares, sean personas físicas o jurídicas, y las entidades públicas que realicen vertidos a los sistemas de saneamiento estarán también obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por el Instituto Aragonés del Agua, sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones de suministrar información en la materia a solicitud de las distintas Administraciones públicas.
Artículo 74. Protección de instalaciones.
1. A los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento y la protección de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración, y la calidad del medio hídrico, el Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero responsable en materia de aguas, establecerá con respeto a la normativa básica y al resto del ordenamiento jurídico aplicable, las normas reguladoras necesarias para los fines indicados.
2. La protección de las instalaciones cuya titularidad corresponde a las entidades locales podrá realizarse mediante la ordenanza municipal correspondiente, que deberá respetar la normativa básica y la de desarrollo de la Comunidad Autónoma. La Administración de la Comunidad Autónoma aprobará normas aplicables a título supletorio cuando dichas ordenanzas municipales no existan y, en todo caso, prestará asistencia técnica a las entidades locales para la redacción de dichas ordenanzas.
3. A los efectos del control de efluentes, las normas a que se hace referencia en los dos apartados anteriores regularán la obligación de los usuarios distintos a los domésticos de instalar los medios necesarios para la toma de muestras en el lugar del vertido, así como la adopción de programas de seguimiento de vertidos y de realización de informes periódicos.
Artículo 75. Planes y programas de inspección y control.
1. El Instituto Aragonés del Agua aprobará y ejecutará anualmente un programa de inspecciones en el ámbito de sus competencias, y establecerá una frecuencia de inspecciones basadas en los criterios técnicos y administrativos que considere más oportunos.
2. Para las personas y entidades titulares de derechos al uso privativo de las aguas se llevará a cabo un plan de control de las condiciones en que deban realizarse dichos aprovechamientos, en función de la importancia de los mismos.
Artículo 76. Reutilización de aguas regeneradas.
1. El Instituto Aragonés del Agua podrá tramitar, en el ejercicio de las competencias propias, o mediante encomienda, transferencia o convenio con la Administración General del Estado, las concesiones o autorizaciones administrativas de reutilización de aguas regeneradas conforme la legislación aplicable.
2. Corresponderá al Instituto Aragonés del Agua, la gestión y la tramitación para la concesión de aprovechamientos sobre los caudales de aguas depuradas en el territorio de Aragón en el sistema de saneamiento y depuración de titularidad pública.
3. (Anulado).
4. Con la finalidad de fomentar la reutilización del agua y el uso más eficiente de los recursos hídricos, el Instituto Aragonés del Agua, en el ámbito de sus competencias, impulsará la reutilización de aguas. En los planes y programas de impulso, se establecerán las infraestructuras que permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos hidráulicos obtenidos para su aplicación a los usos admitidos. En dichos planes se especificará el análisis económico-financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda aplicar en cada caso. Estos planes y programas serán objeto del procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la legislación de prevención y protección ambiental.
Se declara inconstitucional y nulo el apartado 3 por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se mantiene la suspensión de la vigencia y aplicación del apartado 3 por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 3 desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
TÍTULO X. Prevención de efectos por inundación, sequía y cambio climático
CAPÍTULO I. Instrumentos de prevención del riesgo de inundación
Artículo 77. Riesgos de inundación.
El Instituto Aragonés del Agua podrá colaborar en cuantos documentos o planes elabore la Administración General del Estado en Aragón en esta materia, así como realizar sus propios planes conforme a lo previsto en los artículos 44, 52, 53 y 54, en ejercicio de sus competencias propias o de aquellas que puedan ser ejercidas mediante transferencia, delegación o convenio, con el fin de evaluar, zonificar y gestionar los riesgos de inundaciones.
CAPÍTULO II. Prevención de efectos por sequía
Artículo 78. Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.
1. El Gobierno de Aragón colaborará con la Administración General del Estado en la elaboración y ejecución de los planes para situaciones de sequía y podrá elaborar sus propios planes, en ejercicio de sus competencias propias o de aquellas que puedan ser ejercidas mediante transferencia, encomienda o convenio, y conforme a lo previsto en los artículos 44, 52, 53 y 54.
2. Las administraciones públicas aragonesas tendrán en cuenta, en su planificación y actuaciones, las previsiones de los efectos del cambio climático relativos a la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos y el incremento de la frecuencia de fenómenos extremos de sequías y avenidas, para la puesta en marcha de las medidas de mitigación, adaptación y comunicación correspondientes, en el marco de las estrategias y planes de acción del Gobierno de Aragón en materia de cambio climático.
TÍTULO XI. Régimen económico-financiero
CAPÍTULO I. Impuesto sobre la contaminación de las aguas
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se modifica la rúbrica por el art. 10.3 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-822.
Artículos 79 a 91.
(Derogados)
Se derogan por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
CAPÍTULO II. Cánones y tarifas regulados en la ley estatal de aguas
Artículo 92. Competencias del Instituto Aragonés del Agua en materia tributaria.
El Instituto Aragonés del Agua, cuando medie transferencia de competencias, encomienda o convenio con la Administración General del Estado, podrá gestionar y recaudar los cánones de utilización de bienes del dominio público hidráulico, de control de vertidos y de regulación, así como la tarifa por utilización del agua, establecidos en la legislación estatal de aguas y su normativa de desarrollo, todo ello en función de los acuerdos que pudieran existir.
TÍTULO XII. Disciplina en materia de agua
CAPÍTULO I. Disposiciones comunes
Artículo 93. Régimen general.
1. Son infracciones administrativas en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.
2. Constituyen infracciones administrativas sobre el dominio público hidráulico las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley, siempre que se realicen en el ámbito de las cuencas intracomunitarias.
Artículo 94. Inspección en materia de aguas.
1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y los Agentes para la Protección de la Naturaleza en el ejercicio de sus funciones de inspección programadas o expresamente ordenadas por las autoridades ambientales e hidráulicas podrán:
Acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, a todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que considere de forma justificada que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique a la persona titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.
2. El acceso en funciones de inspección conllevará obligatoriamente el levantamiento de la correspondiente acta de visita de inspección, que deberá ser puesta en conocimiento de la persona titular de los terrenos e instalaciones.
Artículo 95. Entidades colaboradoras.
Reglamentariamente se regularán las entidades colaboradoras del Instituto Aragonés del Agua en el ámbito del medio hídrico.
CAPÍTULO II. Infracciones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración
Artículo 96. Infracciones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración.
1. Son infracciones leves:
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que los daños causados lo sean en cuantía inferior a 3.000 euros.
La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya mediado requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las condiciones establecidas.
La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón al amparo de la presente ley, siempre que no constituyan infracción grave.
La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas reglamentariamente para la realización de controles, o en su caso mantenimiento en condiciones no operativas.
El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos.
El incumplimiento de los usuarios de sus obligaciones de reparar las averías de las que sean responsables y de informar de las averías en las redes de abastecimiento que impliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.
El incumplimiento de gestionar los servicios del agua dentro de un sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio.
2. Son infracciones graves:
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que el daño causado sea igual o superior a 3.000 euros e inferior a 18.000 euros.
La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo requerimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamiento de datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.
La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón al amparo de lo previsto en la presente ley, siempre que, al menos en dos parámetros simultáneamente, se dupliquen los valores máximos establecidos.
La obstrucción a la labor inspectora de la Administración en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida, así como el cumplimiento de los deberes de información periódica que puedan haberse establecido en la autorización de vertido.
El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de vertidos accidentales.
El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños ocasionados en las instalaciones o funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento de la Administración.
La ejecución sin autorización de obras en los colectores de las instalaciones de saneamiento y depuración de titularidad de la Comunidad Autónoma o la construcción de más acometidas de las autorizadas.
El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado, dentro de los plazos previstos en esta ley, y su manipulación.
El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, y de ello se derive un daño grave para el dominio público hidráulico.
La gestión de los servicios de aducción y depuración cuando de la prestación del servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.
El incumplimiento de la obligación de incorporar nuevos abastecimientos o la ampliación de los existentes mediante la conexión de las instalaciones municipales a la red de abastecimiento.
La comisión de una misma infracción leve en tres ocasiones dentro de un periodo de dos años.
3. Son infracciones muy graves:
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea igual o superior a 18.000 euros.
El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, cuando de ello se derive un daño muy grave para el dominio público hidráulico.
La comisión de una misma infracción grave en tres ocasiones dentro de un periodo de dos años.
CAPÍTULO III. Infracciones en materia de dominio público hidráulico
Artículo 97. Infracciones leves sobre el dominio público hidráulico de las cuencas intracomunitarias.
Son infracciones leves:
La navegación y la flotación de embarcaciones, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y el ejercicio de cualquier otro uso común de carácter especial en zonas en las que expresamente esté prohibido dicho uso o, cuando estuviera permitido, sin la presentación de una declaración responsable previa.
El cruce de canales o cauces en lugar prohibido, por personas, ganado o vehículos.
La desobediencia a las órdenes o requerimientos del personal de la Administración hidráulica en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
El incumplimiento de los usuarios, respecto de los deberes de colaboración, de utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad y de contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas asociados.
El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere la legislación de aguas.
La extracción de aguas superficiales o subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la realización o la continuación de la captación de dichas aguas.
La ejecución de obras, trabajos, siembras o plantaciones, sin la debida autorización administrativa, en el dominio público hidráulico o en las zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso.
La invasión o la ocupación de los cauces y lechos o la extracción de áridos en ellos sin la correspondiente autorización, cuando no se deriven daños graves para el dominio público hidráulico.
El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda.
El corte de árboles, ramas, raíces, arbustos o vegetación riparia o acuícola en los lechos, cauces, riberas o márgenes sometidos al régimen de servidumbre y policía sin autorización administrativa, cuando provoquen daños al dominio público hidráulico.
La instalación de obstáculos en la zona de servidumbre de protección.
La prestación de servicios o la ejecución de obras, por las empresas de suministro eléctrico y de sondeos, sin exigir la acreditación de las autorizaciones y concesiones administrativas para la realización de la investigación sobre existencia de aguas subterráneas o para la extracción de las mismas, así como la prestación de los servicios o la ejecución de las obras sin sujeción a las condiciones y límites de dichas autorizaciones o concesiones administrativas.
La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos legalmente, o sin haber obtenido autorización, así como sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
ñ) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la Administración para el ejercicio de la misma.
La realización de acampadas, tanto individuales como colectivas, en zonas de dominio público hidráulico y servidumbre y policía, sin la previa autorización administrativa, cuando proceda.
El almacenamiento de aguas en cauce y de aguas pluviales, así como la recarga de acuíferos, sin la previa autorización administrativa.
La captación de aguas de canales de riego, sin la previa autorización o concesión administrativa.
El incumplimiento del deber de constituirse en comunidades de usuarios de masas de agua subterránea, comunidades generales de usuarios y juntas centrales de usuarios, en los casos en que sea obligatorio.
Artículo 98. Infracciones graves sobre el dominio público hidráulico de las cuencas intracomunitarias.
Son infracciones graves:
La apertura de pozos, la modificación de características relativas a diámetro, profundidad o ubicación así como la instalación en ellos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer de la correspondiente concesión o autorización para la extracción de las aguas.
El incumplimiento de la obligación de sellado de los pozos en desuso.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa básica en materia de seguridad de presas y embalses, cuando ello no conlleve grave riesgo para las personas, los bienes y el medio ambiente.
La comisión de las infracciones establecidas en las letras e, f, g, h, i, j, k, l m, n, ñ, o, q y r del artículo anterior, cuando de dichas infracciones se derive un daño grave para el dominio público hidráulico.
Las establecidas en el artículo anterior, cuando concurra reincidencia.
Artículo 99. Infracciones muy graves sobre el dominio público hidráulico de las cuencas intracomunitarias.
Son infracciones muy graves:
La comisión de las infracciones establecidas en las letras e, f, g, h, i, j, k, l m, n, ñ, o, q, y r del artículo 97, cuando de dichas infracciones se derive un daño muy grave para el dominio público hidráulico.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa básica en materia de seguridad de presas y embalses, cuando con ello se pongan en grave riesgo las personas, los bienes y el medio ambiente.
El incumplimiento de lo establecido en el artículo 97, cuando de dicha infracción se derive un daño muy grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.
Artículo 100. Valoración de daños a efectos de la graduación de la infracción.
A efectos de lo establecido en esta ley, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños al dominio público hidráulico, se considerarán:
Muy graves: los daños cuya valoración supere los 50.000 euros.
Graves: los daños cuya valoración sea superior a 5.000 euros e inferior o igual a 50.000 euros.
Leves: los daños cuya valoración sea inferior o igual a 5.000 euros.
Artículo 101. Infracciones en materia de inspección e información.
1. Son infracciones leves:
La negativa al acceso del personal técnico del Instituto Aragonés del Agua, los Agentes de Protección de la naturaleza u otros agentes de la autoridad, en el ejercicio de funciones inspectoras, a los terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.
La falta de suministro de la información obligatoria en materia de agua, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
2. Son infracciones graves:
Las previstas en el apartado anterior, cuando la conducta sea reincidente y, en cualquier caso, cuando de dicho comportamiento se derive un daño para el medio ambiente o el dominio público hidráulico.
CAPÍTULO IV. Régimen sancionador
Artículo 102. Sanciones.
Las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán sancionadas de la manera siguiente:
La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 6.000 euros.
La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 6.001 hasta 300.000 euros.
La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 300.001 hasta 600.000 euros.
Artículo 103. Sanciones accesorias.
1. La comisión de las infracciones muy graves podrá llevar aparejada, además de la sanción principal, la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias:
Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua, si las instalaciones no pudieran ser objeto de legalización.
Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua, por un periodo no superior a dos años o hasta tanto sean objeto de legalización, si fuera ello posible.
Caducidad de la autorización o concesión de uso del agua, cuando se hubieren incumplido condiciones esenciales establecidas en las mismas.
Imposibilidad de obtención durante tres años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente, salvo ayudas de programas ambientales o agroambientales correspondientes a programas de la Política Agrícola Común.
Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, judicial, así como los nombres, apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.
Imposibilidad de hacer uso de cualquier distintivo de calidad ambiental establecido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por un periodo mínimo de cinco años y un máximo de diez años.
2. La comisión de las infracciones graves tipificadas en esta ley podrá llevar aparejada, además de las sanciones pecuniarias previstas como sanciones principales, la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias:
Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua por un periodo máximo de un año.
Caducidad de la autorización o concesión de uso del agua, cuando se hubieren incumplido condiciones esenciales establecidas en las mismas.
Suspensión de la autorización o concesión de uso del agua por un periodo máximo de un año.
Imposibilidad de obtención durante un año de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente, salvo ayudas de programas ambientales o agroambientales correspondientes a programas de la Política Agrícola Común.
Imposibilidad de hacer uso de cualquier distintivo de calidad ambiental establecido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por un periodo mínimo de dos años y máximo de cinco años.
Artículo 104. Competencia sancionadora.
1. Corresponde al Instituto Aragonés del Agua y a los órganos competentes del Gobierno de Aragón el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia del director o de la directora del Instituto Aragonés del Agua.
3. La imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley corresponde:
Al director o la directora del Instituto Aragonés del Agua, hasta un máximo de 150.000 euros.
Al titular del departamento competente en materia de aguas, desde 150.001 hasta 300.000 euros.
Al Gobierno de Aragón, cuando la multa exceda de 300.001 euros.
Artículo 105. Caducidad.
El plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores y notificar la resolución será de seis meses, contado a partir de la iniciación del expediente.
Artículo 106. Denuncias.
Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o entidad, y obligatoriamente:
Por la guardería fluvial y los Agentes para la Protección de la Naturaleza.
Por otros agentes de la autoridad.
Por los funcionarios públicos que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las aguas u obras públicas.
Por las comunidades de usuarios u órganos con competencia similar, cuando se cometan infracciones que afecten a las aguas por ellas administradas y, en general, por el personal funcionario o empleado que preste servicios de guardería, inspección o análogos, en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de cauces de dominio público.
Artículo 107. Potestad sancionadora de los entes locales en materia de aguas.
Las ordenanzas municipales que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia municipal y comarcal dicten las entidades locales podrán tipificar infracciones y establecer sanciones en los términos siguientes:
1. La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales podrá estar referida a las acciones y omisiones siguientes:
Las que produzcan un riesgo para la salud de las personas, por la falta de precauciones y controles exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
Las que causen daños a las infraestructuras para la prestación de los servicios del agua o, en general, a los bienes de dominio público o patrimoniales de titularidad municipal, o constituyan una manipulación no autorizada de dichos bienes e infraestructuras.
Las que constituyan usos no autorizados de agua o la realización de obras con dicha finalidad, ya estén referidos a su captación o vertido o a las condiciones en que deban realizarse dichos usos, conforme a las autorizaciones otorgadas o los contratos suscritos con entidades suministradoras.
Las prácticas que provoquen un uso incorrecto o negligente del agua, con especial atención al incumplimiento de las obligaciones relativas al ahorro de agua, así como la falta de uso de las aguas regeneradas en las actividades que sean susceptibles del mismo o el uso de aguas regeneradas en actividades distintas de las permitidas.
El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas provisionales o cautelares.
La falta de instalación de medidores de consumo o vertido o de mantenimiento de los mismos, así como la negativa a facilitar los datos sobre usos del agua o la facilitación de datos falsos para la obtención de autorizaciones de usos o en la contratación de los mismos.
La negativa al acceso de los inspectores en sus funciones de control a las instalaciones privadas relacionadas con los usos del agua, sin perjuicio de la inviolabilidad del domicilio.
Y, en general, a las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las obligaciones contenidas para los usos urbanos del agua en esta ley y en las ordenanzas municipales relativas a los servicios relacionados con el agua.
2. A las infracciones tipificadas en las ordenanzas municipales les será de aplicación el régimen sancionador establecido en el presente título de la ley.
3. El importe de las sanciones pecuniarias que se establezcan en las ordenanzas municipales para las infracciones leves, graves y muy graves no excederá de lo previsto en la presente ley.
Disposición adicional primera. Informe sobre transferencias de aguas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de Aragón, en el marco de lo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, y en defensa de las competencias e intereses de la Comunidad.
2. La propuesta de informe preceptivo será emitida por el Gobierno de Aragón, en el plazo de dos meses, una vez que sea recabada la emisión del informe por la Administración General del Estado, con arreglo al siguiente procedimiento:
1.º En el seno de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón emitirán informe, al menos, los siguientes órganos con la finalidad de conformar la decisión del Gobierno de Aragón:
Por el Instituto Aragonés del Agua.
Por el Consejo de Ordenación del Territorio.
Por la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
Por el Consejo Consultivo de Aragón.
2.º Los cuatro informes, y cualesquiera otros que sean recabados, se elevarán al Consejo de Gobierno, que elaborará una propuesta de informe.
3.º Una vez aprobado el informe por el Gobierno de Aragón, será remitido a las Cortes de Aragón, para su tramitación y aprobación, en su caso, en el órgano que decida la Mesa y Junta de las Cortes de Aragón, para su remisión definitiva a la Administración General del Estado.
Disposición adicional segunda. Nombramiento de representantes.
El Gobierno de Aragón nombrará a los representantes de la Comunidad Autónoma en el Consejo Nacional del Agua, en las Juntas de Gobierno y en los Consejos del Agua de los organismos de cuenca a los que se haya incorporado la Comunidad Autónoma, así como en cuantas otras entidades públicas tengan atribuidas competencias en materia de aguas y el ordenamiento jurídico reconozca la participación de representantes de la Comunidad Autónoma. Los nombramientos serán publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
Disposición adicional tercera. Agentes para la Protección de la Naturaleza.
Los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón podrán desempeñar las funciones de policía o guardería fluvial, en las competencias propias de Aragón y, en las que sean de competencia de la Administración General del Estado, cuando medie transferencia, encomienda o convenio entre las administraciones públicas competentes.
Disposición adicional cuarta. Agua, energía y desarrollo territorial.
1. El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, promoverá el uso sostenible del agua como recurso energético.
2. El Gobierno de Aragón, en colaboración con la Administración General del Estado, promoverá los instrumentos de gestión adecuados para que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Ebro, los rendimientos que obtengan las administraciones públicas procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos revertidos o de las reservas de energía, se destinen preferentemente a la restitución económica y social de los municipios en donde estén ubicados los aprovechamientos mediante la ejecución de actuaciones de interés público, previamente acordadas con los ayuntamientos implicados.
Disposición adicional quinta. Protección y promoción del patrimonio hidráulico histórico, industrial, artístico y cultural.
El Instituto Aragonés del Agua, junto con el departamento competente en materia de conservación del patrimonio histórico y cultural, y el resto de instituciones y organismos competentes en estas materias, velará por la protección, conservación, recuperación, estudio, investigación y difusión del patrimonio hidráulico histórico, industrial, artístico, cultural y etnológico de Aragón, así como por su promoción y puesta en valor con fines turísticos, recreativos y divulgativos. Para ello elaborará un catálogo inventario y planificará las actuaciones que sean precisas para alcanzar los objetivos previstos, dotándolas, en su caso, de consignación presupuestaria.
Disposición adicional sexta. Fomento de prácticas y usos del agua sostenibles del agua.
El Instituto Aragonés del Agua, junto con el resto de instituciones y organismos competentes en la materia, fomentará las prácticas y usos sostenibles del agua en la Comunidad Autónoma de Aragón, tales como los deportes náuticos, la pesca fluvial y cualesquiera otras que resulten sostenibles, compatibles con la conservación del medio ambiente y la legislación vigente, y contribuyan al desarrollo socioeconómico y la vertebración del territorio.
Disposición adicional séptima. Situaciones específicas.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se modifica por el art. 5.6 de la Ley 2/2016, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2016-2408.
Disposición adicional octava. Determinación de la tarifa del impuesto sobre la contaminación de las aguas.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se añade el apartado 3 por el art. 10.14 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-822.
Disposición adicional novena. Sustitución por exacciones.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Disposición adicional décima. Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley se entenderán también referidas a su correspondiente femenino.
Disposición adicional undécima. Gestión y recaudación del impuesto sobre contaminación de las aguas.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Disposición adicional duodécima. Concurrencia de usos exentos y usos no exentos en un mismo abastecimiento o suministro.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se añade por el art. 10.15 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-822.
Disposición transitoria primera. Traspaso de servicios y medios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.
(Anulada).
Se declara inconstitucional y nulo por Sentencia 116/2017, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2017-13220
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por auto del TC de 15 de diciembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-13870.
Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 31 de julio de 2015 para las partes en el proceso y desde el 16 de septiembre de 2015 para los terceros por providencia del TC que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4682/2015. Ref. BOE-A-2015-9945.
Disposición transitoria segunda. Obligación de disponer de contadores.
El plazo para la entrada en vigor de la obligatoriedad de disponer de contadores homologados instalados y operativos para la medición de los consumos o utilización de agua, por parte de las entidades suministradoras y los usuarios de agua, según lo previsto en la presente ley, es el 1 de enero de 2017. Reglamentariamente, y de forma previa a esa fecha, el Gobierno de Aragón podrá aprobar la modulación de la entrada en vigor de esta disposición, atendiendo criterios y circunstancias de interés territorial, económico o social.
Disposición transitoria tercera. Expedientes sancionadores en tramitación.
Los procedimientos sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción.
Disposición transitoria cuarta. Planes en tramitación.
Los planes previstos en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón que se encuentren en tramitación antes de entrar en vigor la presente Ley, continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se inició su tramitación.
Disposición transitoria quinta. Exenciones por razón de exclusión social.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se añaden los apartados 2, 3 y 4 por el art. 5.7 de la Ley 2/2016, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2016-2408.
Se añade por el art. 10.16 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-822.
Disposición transitoria sexta. Bonificaciones en el Impuesto sobre la contaminación de las aguas.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-289#dd
Se añade por el art. 5.8 de la Ley 2/2016, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2016-2408.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Se deroga expresamente la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón y todas sus modificaciones parciales posteriores.
2. Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la misma.
3. Mantendrán su vigencia los reglamentos ejecutivos parciales, de aplicación y desarrollo de la Ley 6/2002, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en todo lo que no se opongan a esta ley, hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la presente ley en las materias que les afecten.
4. Mantendrán su vigencia los planes previstos en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, aprobados antes de entrar en vigor la presente ley.
Disposición final primera. Plazo para la aprobación de disposiciones de desarrollo.
El contenido, organización y normas de funcionamiento del Registro de seguridad de presas, embalses y balsas de Aragón se regularán en el plazo de seis meses desde que la Comunidad Autónoma haya recibido mediante transferencia, encomienda o convenio la ejecución de competencias estatales en materia de aguas, ríos o dominio público hidráulico.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 27 de noviembre de 2014.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi Úbeda
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