Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

I

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.

Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, que proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.

Por otro lado, las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas emblemáticas europeas (flagship initiatives) presentadas por la Comisión Europea en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021.

En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19, así como los impactos económicos que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos y las metas pertinentes, en los plazos que se establezcan.

La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.

La consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables establecidos en las anteriores disposiciones normativas, así como los objetivos incluidos en el PNIEC 2021-2030, requieren abordar un proceso de transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo.

La transición ecológica, así como la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, son dos de los cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, de forma transversal en el Plan, se ha articulado un conjunto de 130 medidas para el reto demográfico orientadas a zonas rurales y pequeños municipios, entre ellas, las incluidas dentro de su componente 2, denominado «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana». Dentro la inversión C2.I4 «Programa de regeneración y reto demográfico» prevista por dicho componente 2 se incluye, como una línea de actuación, el Programa de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (en adelante, PROGRAMA DUS 5000) que se implementa mediante este real decreto. Este programa es sinérgico con otros incluidos en la citada Inversión 4 del Componente 2: el programa PREE 5.000 ligado a la rehabilitación energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, y el programa de ayudas a proyectos singulares e innovadores en dichos municipios y núcleos.

El marco general de la inversión C2.I4 «Programa de regeneración y reto demográfico» pretende incentivar proyectos singulares locales de energía limpia y proyectos integrales que combinen distintas tipologías de actuaciones, proporcionen una solución global a empresas y familias, o se basen en mecanismos de participación social o público-privada como las comunidades de energías renovables. La inversión prevista por el mismo va específicamente dirigida a municipios y núcleos no urbanos de hasta 5.000 habitantes, pero es sinérgica con inversiones en otros componentes (especialmente los Componentes 1, 7 y 11, relativos a movilidad, renovables y transición energética de la Administración) que contienen un tratamiento específico para municipios y núcleos de baja población. Con ello, se pretende maximizar el impacto en cohesión social, contribuyendo a dirigir inversiones a territorios en declive demográfico.

En cuanto al campo de intervención de este programa, se vertebra en distintas tipologías de inversión, todas ellas ligadas al ámbito energético: mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad sostenible, todos ellos correspondientes a campos de intervención con una contribución climática del 100%, lo que se deberá conseguir, en todo caso, mediante una reducción de las emisiones de CO₂, teniendo en cuenta el principio de «no causar un perjuicio significativo» (do not significant harm) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

II

En este contexto, los incentivos regulados por este real decreto para la implementación del PROGRAMA DUS 5000 están dirigidos al impulso de iniciativas públicas de mejora de la eficiencia energética en edificios (con un ahorro de energía primaria de, al menos, el 30 %, acreditado mediante certificados de eficiencia energética) e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes y, en particular, del autoconsumo, así como de movilidad sostenible, facilitando el cambio modal y garantizando la participación de los municipios en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico, y medidas de ahorro energético y reducción de la contaminación lumínica mediante la mejora de la iluminación pública.

Por otra parte, dentro del marco definido por la Estrategia Nacional de Reto Demográfico, los municipios a los que van dirigidas las ayudas establecidas por este real decreto constituyen un colectivo de prioridad sobre los que establecer unas ayudas específicas. El fenómeno de la despoblación se aprecia a escala municipal y es eminentemente rural: de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden población. En España, hay 6.827 municipios que concentran a 5,69 millones de personas, el 12 % de la población total española (censo de 1 de enero de 2020). En la última década, han perdido población 8 de cada 10 de estos municipios, de manera que, en conjunto, estos municipios tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En municipios de menos de 1.000 habitantes, la despoblación llega al 86% de los casi 5.000 municipios, que han perdido más de 200.000 habitantes en la última década.

El trabajo conjunto y complementario entre diferentes administraciones en todo el territorio nacional es imprescindible para el desarrollo de planes y programas equilibrados, efectivos y vertebradores que garanticen la óptima puesta en marcha y aplicación de una adecuada política energética en beneficio de la administración pública, de todos los agentes del sector energético implicados y de la población en general. Esto resulta especialmente relevante cuando se trata de políticas dirigidas a afrontar el reto demográfico para garantizar la necesaria cohesión social y territorial y, por tanto, cuando las actuaciones de las administraciones competentes se dirigen a municipios de pequeño tamaño, particularmente, de hasta 5.000 habitantes.

La mejora de los servicios y de las instalaciones e infraestructuras de estos municipios, aprovechando los canales de comunicación y colaboración entre el Gobierno y, entre otras, las Administraciones públicas supramunicipales y locales, así como la organización técnica y administrativa creada al efecto, los instrumentos de cogestión puestos en marcha y la activación de inversiones en ahorro y eficiencia energética y energías renovables, en muchos casos, puede llevar asociados beneficios adicionales que hacen más atractiva la residencia en dichos municipios o la instalación en los mismos de pequeños negocios. Por ejemplo, las reformas y adecuación de las instalaciones de alumbrado o las mejoras en las instalaciones energéticas de edificios dotacionales con la utilización de energías renovables pueden incluso llegar a abaratar los servicios ofrecidos por estos ayuntamientos a sus habitantes, en el caso de polideportivos, piscinas municipales, etc. Además, los ayuntamientos de estos municipios en ocasiones tienen que hacer frente a pagos desproporcionados de facturas energéticas por disponer de instalaciones obsoletas, agravados por la diseminación de la población en diferentes núcleos de baja concentración (aldeas, pedanías, etc.). Estos núcleos, formalmente entidades singulares de población, están identificados en el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante su correspondiente denominación y código de 9 cifras, lo cual permite un seguimiento oficial de su evolución demográfica.

Las medidas de movilidad en muchas ocasiones también son un vector para la potenciación económica de zonas en riesgo de despoblación, al hacer más accesibles zonas céntricas de las poblaciones que concentran los servicios públicos, facilitando desplazamientos entre distintos núcleos poblacionales, a menudo con menores dotaciones de transporte público y redundando en la mejora de la calidad de vida en esos municipios, teniendo incidencia también en la potencialización del turismo e incluso en el desarrollo de negocios locales.

Por último, y en sinergia con las medidas a adoptar en el ámbito de la digitalización y la extensión de la conectividad de alta velocidad en las zonas menos pobladas, el desarrollo de comunidades de energías renovables que faciliten energía asequible y accesible, tanto eléctrica como térmica, puede ser un catalizador de actividad y empleo en estas zonas.

III

Las ayudas reguladas por este real decreto serán financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que el PROGRAMA DUS 5000 se encuentra incluido como una de las líneas de actuación de la inversión C2.I4 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Componente 2, Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tal efecto, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se ha previsto, en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento de los correspondientes fondos a IDAE. Dentro de este crédito, de acuerdo con lo informado en las Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 de mayo de 2021, se prevé destinar un presupuesto de al menos 150 millones de euros destinados a proyectos singulares locales de energía limpia objeto de estas ayudas, existiendo la posibilidad de ampliaciones adicionales en los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023. Este real decreto establece una dotación inicial de 75 millones de euros, que podrá ser objeto de ampliación en función de la demanda y desarrollo de los proyectos.

Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normativa reguladora, habiéndose reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable reguladora. En consecuencia, con fecha 23 de julio de 2021 se ha emitido por IDAE el oportuno certificado de existencia de crédito para la financiación de las actuaciones previstas en el presente real decreto.

De conformidad con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la referida Ley 11/2020, de 30 de diciembre, los ingresos por transferencias recibidas con cargo a la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, IDAE distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.

El buen desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada reforma e inversión, aprobados en el marco del mismo, que son condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país.

La gestión de estas ayudas se realiza por parte del IDAE para asegurar la plena efectividad del presupuesto disponible y garantizar en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y aplicación de las ayudas, asegurando la unidad de mercado. En este sentido, las actuaciones previstas en este programa se enmarcan en las políticas de mejora de la eficiencia energética a las que está obligado el Estado español en el marco de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, lo que confiere a las actuaciones contempladas en este real decreto un indudable enfoque supra autonómico que hace necesaria la gestión centralizada de las ayudas, evitando el fraccionamiento en su acceso. Asimismo, en el cumplimiento de estos objetivos, es muy importante la temprana realización de acciones de ahorro y de incremento del uso de energías renovables, ya que cuanto antes se ejecuten antes reactivarán la economía y el empleo. Por ello, resulta de capital importancia superar fronteras económicas y regionales mediante la adecuada, armonizada y uniforme aplicación de unos mismos criterios de selección de proyectos en todo el territorio nacional a todos los posibles interesados, evitando visiones parciales, incompletas y/o distintas inherentes a toda territorialización de ayudas.

De manera adicional, cabe destacar que este programa es heredero del denominado PROGRAMA DUS, articulado mediante el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado posteriormente por el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, y Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorecieran el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

El programa ya cerrado (PROGRAMA DUS), dirigido a entidades locales, fue gestionado de forma centralizada y finalizó su periodo de vigencia el 31 de diciembre de 2020; al cierre del mismo, se habían registrado solicitudes de ayuda en el programa por un importe total que superaba el presupuesto del que estaba dotado de tal forma que una proporción relevante de las mismas quedaron definitivamente desestimadas al no poder ser dotadas presupuestariamente. Dado el interés de los municipios por ejecutar proyectos que posibiliten la transición energética, en eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible, y la importancia de las entidades locales, se articula mediante este real decreto un nuevo programa (PROGRAMA DUS 5000), que mantiene continuidad con el anterior en el modelo de gestión pero que atiende, adicionalmente, el reto de la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial al ir dirigido, de manera exclusiva, a los municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todos sus núcleos, o entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

Por otra parte, el modelo de gestión de estas ayudas, así como los criterios de reserva de presupuesto por comunidades autónomas, han sido informados y consensuados con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en las Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 de mayo de 2021.

El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concesión directa, dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurren razones de interés público, social y económico que justifican la dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva. En particular, la concesión directa de las ayudas se justifica teniendo en cuenta que la tipología de actuaciones a las que van dirigidas las ayudas no permiten su comparación entre sí, pero contribuyen a progresar en los objetivos perseguidos de mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO₂ y eficiencia energética, dado que se trata de incentivar la realización de actuaciones en municipios de reto demográfico que, dada su singularidad, precisan contar con un procedimiento de concesión específicamente dirigido a los mismos, que trate de minimizar la carga de gestión para estos beneficiarios.

Adicionalmente, se trata de actuaciones que requieren un cierto periodo de maduración, dado que corresponden a entidades públicas, en ocasiones, con escasos medios y en las que se pueden producir plazos dilatados de licitación, adjudicación y ejecución. Por esta razón, se requiere que estos programas permanezcan abiertos por un periodo de tiempo razonable, por lo que, dado lo elevado del presupuesto y el corto periodo de tiempo requerido para resolver un procedimiento en concurrencia competitiva, la ejecución del presupuesto sería insuficiente para el adecuado aprovechamiento de los fondos europeos.

En definitiva, no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva por cuanto las entidades beneficiarias de las ayudas previstas por este real decreto son entidades públicas donde no cabe establecer ni parámetros comparativos que permitan su prelación ni otras posibles entidades o personas perceptores de tales fondos.

Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales para la concesión directa de ayudas destinadas a subvencionar las inversiones que se realicen por las entidades locales beneficiarias para la implementación del programa de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes (PROGRAMA DUS 5000).

La gestión de las ayudas, como entidad concedente, se realizará por la EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.

Por otra parte, el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé en su artículo 11 una serie de requisitos relativos a la realización por las empresas de servicios energéticos de inversiones elegibles correspondientes a los programas de ayudas regulados en dicho real decreto en determinados ámbitos, siempre que el servicio energético se presté para determinadas empresas. Dada la importancia de facilitar que no sólo las empresas sino el conjunto de los consumidores, incluido el sector residencial y las administraciones públicas, puedan acceder a las energías renovables y el almacenamiento a través de todas las modalidades de oferta disponible en el mercado, incluida la de las empresas de servicios energéticos, se considera necesario modificar el citado real decreto al objeto de que estas empresas de servicios energéticos puedan ofertar y prestar sus servicios energéticos no sólo a determinadas empresas sino a cualesquiera destinatarios últimos de programas de ayudas aprobados por el citado real decreto.

IV

Las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular derivado de la necesidad de fomentar, en el corto plazo, la realización de proyectos de transición energética en un colectivo de prioridad, como son los municipios a los que van dirigidas las ayudas objeto de este real decreto, fomentando las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de generación y consumo de energías renovables en general y, en particular, del autoconsumo, y de movilidad sostenible en los mismos, siendo así que dicha singularidad también se fundamenta en criterios de oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de descarbonización previstos en todos los ámbitos.

Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas, a través de las Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 de mayo de 2021, conforme al artículo 148.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de eficiencia energética y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.

La norma cumple con el principio de transparencia, habiendo sido informadas las Entidades Locales destinatarias de la misma, representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Conferencia Sectorial de Energía de 12 de mayo y la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE de 13 de mayo de 2021. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.

Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

En la tramitación de este real decreto, adoptado en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha aplicado lo previsto por los artículos 47 y 60 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose emitido informes por la Abogacía del Estado y formulado consulta a la Intervención Delegada en relación a la necesidad de informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 del mismo.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2021,

DISPONGO:

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de ayudas, con carácter excepcional, y por razones de interés público, social y económico, a las entidades previstas en el artículo 6 que realicen las inversiones correspondientes a la promoción y ejecución de uno o varios de los proyectos contemplados en el artículo 9, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.

2. La finalidad de este real decreto es ejecutar el PROGRAMA DUS 5000, parte de la inversión C2.I4 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», contribuyendo con ello a la descarbonización mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio.

3. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular, la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento del presente real decreto deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 2, así como en la Inversión 4, en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto será de aplicación a las entidades previstas en el artículo 6, que formulen sus solicitudes de ayuda para la realización por su parte de las inversiones correspondientes a la promoción y ejecución de uno o varios de los proyectos a los que se refiere el artículo 9.

2. El ámbito territorial para la ejecución de los proyectos elegibles se circunscribe al territorio nacional conformado por los municipios denominados, a efectos de este real decreto, de reto demográfico, que serán aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

La determinación de la cifra de habitantes de estos municipios se realizará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Las entidades singulares de población serán aquellas cuya denominación y código de 9 cifras figuran en el Nomenclátor del INE, y la determinación de su población a efectos de lo previsto en el párrafo anterior se realizará de acuerdo con lo publicado por éste. La caracterización de municipio «no urbano» se determinará de acuerdo con lo establecido en la publicación «Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas» del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Se podrán añadir, en su caso, los nuevos municipios que pudieran cumplir estos requisitos de reto demográfico tras las revisiones y actualizaciones que puedan ser publicadas en ambas fuentes oficiales con posterioridad y mientras permanezca vigente el programa de ayudas en los términos del artículo 4.

A los efectos anteriores, el IDAE publicará en su sede electrónica, con carácter informativo y supeditado a las publicaciones oficiales antes referidas, listado de los municipios donde podrán realizarse las inversiones subvencionables correspondientes.

Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.

1. Estas ayudas se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto y las resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como a las obligaciones de control, seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos.

3. Serán de aplicación el resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente, las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 4. Vigencia.

Las ayudas que se regulan por este real decreto estarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio del plazo de inicio para la presentación de solicitudes que se establece en el artículo 12 de este real decreto, y hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

Artículo 5. Características y compatibilidad de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como entidad concedente, a las entidades a las que se refiere el artículo 6 para financiar inversiones para la promoción y ejecución de uno o varios de los proyectos singulares locales de energía limpia a los que se refiere el artículo 9, siempre que se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, y teniendo en cuenta el orden de prelación correspondiente a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de ayuda por la entidad solicitante de que se trate, en el ámbito de la comunidad autónoma a la que pertenezca, y todo ello hasta agotar el presupuesto disponible por cada comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en este real decreto o hasta que expire la vigencia del mismo, de acuerdo con lo especificado en el artículo 4.

El ahorro energético conseguido por el proyecto ejecutado podrá ser computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica, que extiende la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de diciembre de 2030.

2. Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión Europea, así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, no supere el coste del proyecto.

La entidad solicitante deberá declarar las ayudas o subvenciones que haya solicitado, obtenido o cobrado para las actuaciones objeto de las ayudas previstas en este real decreto.

Artículo 6. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas por este real decreto las siguientes entidades, siempre que realicen proyectos singulares locales de energía limpia en los términos previstos en el artículo 9, y en el ámbito territorial previsto en el artículo 2:

2. La condición de entidad beneficiaria de las ayudas implica que se asumen la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, en los términos previstos por los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como las obligaciones derivadas de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 7. Requisitos y obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que acompañe a la solicitud. En consecuencia, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la tramitación de la solicitud podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión, sin perjuicio de que la no comunicación de estas modificaciones sea causa suficiente para exigir el reintegro de la ayuda o, en su caso, declarar la pérdida del derecho a su percepción.

Por este motivo, constituye una obligación esencial de las entidades beneficiarias el atender a cualquier requerimiento de información que pudiera ser realizado por el órgano instructor, en cualquier fase de la tramitación, con el fin de conocer el estado de la misma en relación con el mantenimiento de las condiciones de elegibilidad que hubieran determinado la concesión de la ayuda.

2. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las ayudas las entidades que no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La entidad beneficiaria deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3. Se consideran obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias, las siguientes:

1.º Por la naturaleza de las entidades beneficiarias, el procedimiento de contratación de los suministros, obras y/o servicios necesarios para la ejecución de los proyectos previstos por este real decreto deberá estar sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.º La entidad beneficiaria deberá disponer, para su posible verificación, de toda la documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y las comunicaciones con los ofertantes. Asimismo, en el caso de contrato menor, la documentación justificativa relativa a la adjudicación y, en el caso de utilizarse el procedimiento de urgencia, aquella que justifique dicha urgencia.

3.º En los documentos (pliegos, anuncios, etc.) que sustenten la contratación de los bienes y/o servicios a prestar, deberá hacerse constar expresamente la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como referencia al PROGRAMA DUS 5000 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4.º No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia.

5.º La prestación del servicio contratado debe ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.

6.º Para favorecer la eficacia y transparencia en el destino de los fondos públicos, los contratos deberán hacerse preferentemente mediante procedimiento abierto. En el caso de contratos de obras que vayan a ser formalizados como contratos menores será obligatorio acreditar en la documentación justificativa la solicitud de, al menos, 3 ofertas, para justificar la adjudicación en precio de mercado.

7.º Dada la definición y detalle que, en la fase de solicitud, deben presentar los proyectos previstos en este real decreto, tanto en alcance como en presupuesto, no podrán ser admitidos como costes elegibles en la formalización de los contratos las posibles mejoras que en su caso hubieran podido ser licitadas para la ejecución de las actuaciones subvencionables y, por tanto, en caso de que se presenten contratos que hayan resultado adjudicados a empresas que las hayan ofertado, estas serán minoradas del importe del coste elegible definitivo para el cálculo de la ayuda final a otorgar.

De conformidad con el artículo 63, apartado d), del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para los supuestos en que las solicitudes deban venir acompañadas de memorias económicas, se admitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.

4. Las entidades beneficiarias deberán disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas.

5. Las entidades beneficiarias deberán proporcionar a IDAE de acuerdo con lo previsto en este real decreto la documentación técnica necesaria «ex ante» y «ex post» referida en este real decreto, fundamentalmente en el artículo 19 y en el anexo I, entre ella la relacionada con la cuantificación de los indicadores energéticos que apliquen al proyecto, así como la relativa al cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (principio DNSH).

6. Las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

Artículo 8. Obligaciones económico-financieras y de cumplimiento de objetivos e hitos.

1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir cuantas disposiciones deriven de disposiciones nacionales o de la Unión Europea en el ámbito de ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por IDAE o por otras autoridades nacionales o comunitarias en este marco.

2. Las entidades beneficiarias, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer sistemas de seguimiento contable diferenciados.

3. Las entidades beneficiarias, a requerimiento del IDAE, deberán facilitar información en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos con las actuaciones.

4. Las entidades beneficiarias deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el IDAE, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas y/o los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea. Asimismo, deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto nacionales como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.

5. Las entidades beneficiarias deberán aplicar procedimientos de buen gobierno de los fondos y control interno apropiados en los niveles de gestión, diseñados para ofrecer garantías razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; fiabilidad de los informes; salvaguardia de los activos y de la información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes, conflictos de interés e irregularidades.

6. El IDAE publicará en su sede electrónica las instrucciones sobre formatos y modelos ajustados a los requerimientos que, en su caso, pudiera recibir o diseñar para facilitar la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Artículo 9. Proyectos objeto de ayuda.

1. Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos singulares locales de energía limpia: mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad sostenible. Para todos los proyectos, se justificará que las actuaciones previstas no causarán un perjuicio significativo al medioambiente o, en su caso, se indicarán las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir con los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente», publicada por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. En este sentido, los proyectos seleccionados contribuirán a la lucha contra el cambio climático contribuyendo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y de contaminantes atmosféricos.

Los proyectos singulares locales de energía limpia del PROGRAMA DUS 5000, susceptibles de las ayudas reguladas por este real decreto, serán proyectos singulares locales de energía limpia que habrán de conseguir la citada reducción de las emisiones de dióxido de carbono, a través de una o varias de las medidas elegibles que a continuación se relacionan, cuya descripción completa se incluye en el anexo I de este real decreto:

Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras públicas.

Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.

Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.

Medida 5. Movilidad Sostenible.

El cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» se justificará en los proyectos mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos y medioambientales que para cada una de las anteriores medidas de actuación se incluye en el anexo I de este real decreto y en la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente».

2. Los proyectos objeto de ayuda deberán corresponderse con actuaciones concretas y definidas, que cuenten con un calendario de ejecución establecido, así como cumplir los requisitos técnicos y económicos que para cada medida se establecen en el anexo I de este real decreto. Asimismo, deberán cumplir toda la normativa vigente que les sea de aplicación y contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.

3. Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre que tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. No serán admitidas aquellas solicitudes que contemplen la ejecución de idéntico o similar proyecto al que hubiera sido objeto de otra solicitud ya formulada por la misma u otra entidad beneficiaria dependiente o integrada en ésta.

4. Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 euros.

5. Asimismo, se establece un límite de ayuda máxima por municipio (como suma de todas las ayudas percibidas por una o distintas entidades solicitantes para proyectos a ejecutar en el mismo ámbito territorial de dicho municipio) de 6.000.000 euros. Por tanto, una entidad podrá solicitar ayuda para la promoción y ejecución de tantos proyectos distintos como considere, bien de forma individual o bien a través de Entidades supralocales que pudieran representarla (diputación, mancomunidad, etc.), siempre que el importe total de la ayuda que pudiera corresponder al ámbito territorial del mismo municipio donde vayan a ejecutarse los proyectos, de forma acumulada para todos los proyectos solicitados, no supere dicho límite de subvención máxima.

6. Los límites máximos establecidos en los apartados 4 y 5 anteriores quedan supeditados a la limitación presupuestaria asignada a cada comunidad autónoma en el artículo 21, con las salvedades respecto de la asignación de remanentes que en dicho artículo se establecen.

Artículo 10. Inversiones subvencionables.

1. Las inversiones subvencionables deben responder a alguna de las actuaciones y cumplir los requisitos correspondientes a las medidas que se describen en el anexo I.

2. Solo se considerarán elegibles y, por tanto, sólo podrán ser subvencionables las inversiones que se realicen en la ejecución de obras, así como la adquisición de los bienes y servicios correspondientes, por parte del promotor de la actuación, que sean necesarias y estén directamente relacionadas con el proyecto, así como las necesarias para cumplir los requisitos medioambientales exigidos en este programa.

También resultarán elegibles, como inversión subvencionable, los gastos necesarios para facilitar las capacidades técnicas y, en su caso, contratar la prestación de servicios correspondientes para la adecuación o adaptación de la normativa local relacionada con el desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre que esta adecuación o adaptación facilite la efectividad de la inversión subvencionable, conforme a lo establecido en el siguiente apartado. Estas inversiones deberán poder acreditarse y justificarse mediante factura expedida a su favor y justificante de pago correspondiente.

No se considerarán, en ningún caso, elegibles los gastos estructurales de constitución, funcionamiento, generales o de estructura ordinaria, ni los gastos de personal de las entidades beneficiarias.

Tampoco tendrán la consideración de inversión elegible las licencias, tasas, impuestos o tributos, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto equivalente soportado, que será subvencionable siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación para la entidad local beneficiaria.

3. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se considerarán, por tanto, inversiones subvencionables, entre otras, las siguientes:

4. Para que estos gastos puedan ser considerados inversión subvencionable, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

No se considerará elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, a excepción de los costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarias para presentar la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser la redacción del proyecto, memorias técnicas, certificados energéticos, auditorías, contratación de servicios para la adecuación o adaptación de normativa, etc., que sí podrán ser considerados gastos elegibles y subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran contratado y ejecutado con fecha posterior al 1 de enero de 2021.

5. En el caso de que las actuaciones o proyectos sean realizados por empresas de servicios energéticos, concesionarias de obras y/o servicios, que lleven a cabo directamente la inversión elegible conforme a un contrato suscrito con el beneficiario, podrán ser considerados elegibles los pagos de la inversión correspondiente al proyecto, efectuados por la entidad beneficiaria a la empresa que realice las obras e instalaciones, únicamente bajo las siguientes circunstancias:

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos específicos, que garantizan la trazabilidad y cuantía final de la inversión subvencionable en los contratos efectuados con empresas de servicios energéticos, será causa suficiente para la exigencia del reintegro de la subvención concedida o, en su caso, para declarar la pérdida del derecho a su percepción.

Artículo 11. Cuantía y criterios para la determinación de la ayuda a percibir.

1. La asignación de las ayudas se realizará por orden de prelación correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, hasta agotar el presupuesto disponible o hasta que expire la vigencia de este real decreto, especificada en el artículo 4, siendo, con carácter general, la ayuda máxima a asignar el 85%, calculado sobre la inversión subvencionable realizada en cada proyecto, todo ello, dentro de los límites del presupuesto de financiación asignado a la comunidad autónoma donde radique el proyecto, los límites establecidos por proyecto y municipio y, en su caso, los límites establecidos para el coste subvencionable máximo que se establecen en el anexo I para cada una de las tipologías de proyecto.

2. El porcentaje de ayuda podrá incrementarse hasta el 100 % en el caso de que los proyectos tengan la consideración de «proyectos integrales», para lo que deberán demostrar el cumplimiento de requisitos energéticos de altas prestaciones en la medida o medidas de las descritas en el artículo 9 siguientes, así como los indicados en el apartado 3 de este artículo:

1.º Proyectos que supongan la incorporación de generación renovable térmica para satisfacer, al menos, el 60 % de la demanda térmica del edificio para ACS y calefacción y en el caso de proyectos que incorporen bomba de calor, deberán satisfacer al menos el 80 % de la demanda de calor y frío.

2.º La ejecución de una red de calor para 3 o más edificios o infraestructuras. En todo caso, al menos el 80 % de la energía térmica en la red de calor deberá corresponder a consumos de entidades públicas.

1.º Proyectos que justifiquen un ahorro energético de, al menos, el 15 % con respecto al perfil de movilidad existente en el ámbito de implantación de la medida y demuestren una reducción de barreras y mejora de la accesibilidad.

2.º Proyectos de implementación de plataformas de transporte público a demanda, mediante vehículos eléctricos enchufables, variable en función de la demanda de los usuarios y que permita realizar un cambio modal desde el vehículo privado a un modo de transporte público.

3. Adicionalmente, para obtener la consideración de «proyectos integrales», la documentación a presentar deberá incluir un plan estratégico que incluya:

CAPÍTULO II. Procedimiento de gestión y concesión de las subvenciones

Artículo 12. Presentación, formalización y evaluación de solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas reguladas por este real decreto podrán presentarse por las entidades beneficiarias a partir de las 13:00 horas del día siguiente al vencimiento del plazo de 3 meses contado desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta la conclusión de su vigencia.

A la finalización del plazo de vigencia dispuesto por el artículo 4 no serán admitidas más solicitudes.

2. La formalización de solicitudes se efectuará de manera telemática a través de la aplicación que estará disponible en la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es), conforme al formulario que figure en la misma. Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, consignada de manera telemática en dicha aplicación, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.