Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023, hecha en Madrid y Asunción el 9 de noviembre de 2020

En 2007 se promulgó la ley N.º 3239/2007 «De los Recursos Hídricos», con el fin de controlar la gestión de estos recursos y garantizar su viabilidad económica, social y medioambiental. Esta ley establece que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. En este ámbito, Paraguay ha logrado ir avanzando en los niveles de cobertura y se ha conseguido que el 78% de la población tenga acceso a agua potable. Sin embargo, sólo el 11% tiene acceso a redes de alcantarillado sanitario y sólo un 2% tiene acceso a tratamiento de efluentes, lo cual conlleva riesgos evidentes para la salud y el medio ambiente.

Otros importantes logros obtenidos, además del aumento del acceso a los servicios de agua, ha sido la mejoría de la calidad de los mismos y la fijación de nuevas bases legales y normas que rigen el sector. Un hecho reseñable y de gran trascendencia ha sido la promulgación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, por resolución 1274/2018 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este documento se convierte en el marco de referencia que establece las prioridades, los objetivos, las estrategias y las acciones para lograr la universalización de los servicios adecuados de Agua Potable y Saneamiento en Paraguay.

A nivel institucional, se debe destacar que la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), órgano rector encargado del diseño de las políticas públicas en este sector, ha cobrado protagonismo y ha ejercido eficientemente su función, sin embargo, las acciones aún no han sido suficientes para resolver eficazmente el problema. De hecho, se estima que Paraguay va a necesitar una inversión de más de USD 6.000 millones de dólares para alcanzar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento al año 2030, con distintos niveles de atención según sean zonas urbanas, periurbanas y rurales (DAPSAN, 2017). Específicamente, el déficit de agua y saneamiento afecta principalmente a las zonas marginales periurbanas y en el área rural a las poblaciones en situación de pobreza, las comunidades dispersas y las poblaciones indígenas.

Paraguay presenta estabilidad política, con una democracia basada en una República representativa presidencial. La estructura territorial político administrativa contempla 17 Departamentos y 254 Municipios.

En agosto de 2018, el nuevo Gobierno de Paraguay asumió sus funciones por 5 años, con un Plan de Gobierno 2018-2023, «Paraguay de la Gente», bajo la Presidencia de D. Mario Abdo Benítez, así como con un nuevo Senado y una nueva Cámara de Diputados.

En lo que a gobernabilidad se refiere, el país se ha embarcado en un proceso de reforma y modernización de su administración pública, destacándose la mejora de los procesos de adquisiciones y compras públicas, la profesionalización de los funcionarios, los procesos de desprecarización de la función pública, los progresos en el alineamiento de los presupuestos anuales así como las inversiones con los objetivos de política estratégica. Asimismo, se ha avanzado en fortalecer las capacidades de las instituciones que componen el Estado de Derecho.

No obstante, a pesar del progreso significativo reciente, el país todavía presenta problemas en relación a los indicadores relacionados con la gobernanza. Concretamente, el Índice de Gobernanza Mundial (IGM) de 2016 muestra que el país está por debajo del promedio regional y se desempeña significativamente por debajo de la OCDE en todas las dimensiones de la gobernanza. En líneas generales, las principales debilidades de la administración pública paraguaya se deben a los siguientes factores: a) superposición de funciones entre las instituciones públicas; b) organización administrativa obsoleta y poco eficiente, c) sistemas de gestión pública con deficientes sistemas de planificación, control y evaluación.

Una importante asignatura pendiente institucional que afecta directamente la calidad de la gobernanza es la debilidad del Sistema Estadístico Nacional, que arroja información heterogénea, técnicamente poco comparable y sin periodicidad garantizada. La fragilidad de las instituciones encargadas de la producción de datos y la baja «cultura estadística» impiden la provisión de información oportuna, en tiempo y forma, para la toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales.

En este contexto, la corrupción también desempeña un papel crucial. En el índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 132 de 180 países, y el quinto nivel más alto en cuanto a la percepción pública de corrupción en la región de América Latina y Caribe.

Para abordar las causas fundamentales de la corrupción y, en general, del déficit de rendición de cuentas, el poder ejecutivo ha promovido un ambicioso paquete de reformas en pro de la transparencia fiscal, la contratación abierta y el acceso a la información (datos abiertos). Así, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas se han incrementado gracias a varias medidas, tales como la posibilidad de seguir online la ejecución del presupuesto, la publicación de los salarios recibidos por los funcionarios y el personal de entes públicos, la creación de Unidades de Transparencia en diversas instituciones, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, la creación de la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entre otras.

Dentro de las medidas para promover la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración pública destaca la iniciativa de Gobierno Abierto. Se trata de una alianza internacional a la que Paraguay se ha sumado y que busca acercar los gobiernos y la sociedad civil con el objetivo de trabajar juntos en la promoción de la calidad de la democracia y la gobernanza, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología e innovación para garantizar que las políticas públicas reflejen de forma adecuada las necesidades de la población.

Otro camino de vital importancia para mejorar la calidad de la gobernanza es el proceso de descentralización, promovido con la aprobación de la Ley Orgánica Municipal de 2010 pero, de facto, aún incipiente. En este sentido, un desafío importante para el país es fortalecer la autonomía territorial a través de la descentralización política, administrativa y fiscal, como medio para estimular el desarrollo sostenible de las regiones y reducir las disparidades y la desigualdad en todo el país. Dada la relevancia de este proceso, la actualización del PND 2030 ha incluido como una de sus líneas transversales la descentralización, lo que supone un importante impulso para avanzar en los procesos de descentralización en alineamiento con la estrategia nacional de desarrollo.

Otro desafío significativo en Paraguay está constituido por la necesidad de refuerzo del Estado de Derecho, especialmente en la consolidación de un sistema judicial eficiente e independiente, en el marco de la división de poderes. Concretamente, el acceso y la impartición de la justicia presentan múltiples déficits. Las dificultades que la ciudadanía encuentra para acceder a la justicia evidencian que esta función esencial del Estado no está llegando a todas las personas por igual, generando un clima de inseguridad jurídica que no sólo afecta a la ciudadanía en la esfera de la protección de sus derechos, sino también desincentiva la inversión empresarial y el flujo de capitales.

En los que respecta al ámbito de los Derechos Humanos (DDHH), el país se encuentra comprometido con el cumplimiento de los estándares a nivel nacional e internacional, al haber ratificado la mayor parte de los tratados internacionales y regionales. La instalación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Paraguay, la puesta al día del Estado Paraguayo con los informes país del sistema de tratados de Naciones Unidas y la aprobación de las 100 Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad han sido eventos determinantes en el fortalecimiento de las instituciones públicas y el Sistema de Protección de Derechos Humanos del Paraguay.

Acompañando este crecimiento de las capacidades del Estado, se ha formalizado la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, coordinada por el Ministerio de Justicia, que por su propia iniciativa ha elaborado de manera pluralista e interinstitucional en el año 2013 el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, instrumento que se constituye en la ruta común para el trabajo en la temática en el sector público. También, se destaca como un logro importante que Paraguay cuenta con un sistema de compilación de recomendaciones denominado Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos (SIMORE), cuyo objetivo es apoyar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones internacionales en términos de derechos humanos. Esta innovadora iniciativa representa una experiencia exitosa y una buena práctica de rendición de cuentas y transparencia, así como de trabajo articulado en red por parte del Estado.

Todos estos procesos de desarrollo normativo e institucional han permitido mejorar la atención, protección y promoción de los derechos humanos en el país. En este sentido, se puede afirmar que la institucionalidad en derechos humanos ha avanzado de manera paulatina. Sin embargo, pese a los avances mencionados, el país sigue presentando algunas debilidades, sobre todo en relación a las desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales. En particular, dos grupos poblacionales están expuestos de forma más evidente a varias formas de discriminación, en diversos espacios y niveles de la sociedad paraguaya: los pueblos indígenas y las personas con discapacidad.

En relación al primer grupo, en Paraguay existe un marco constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: de hecho, a través de la Ley n.º 234 de junio de 1993 se ratifica en Paraguay el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sin embargo, el marco legal se ha traducido sólo en parte en medidas legislativas, normativas y administrativas concretas para asegurar que los pueblos indígenas gocen plenamente de sus derechos. En este sentido, pese a que al interior de varias instancias del poder ejecutivo se han institucionalizado órganos y espacios formales para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas (por ejemplo, el Instituto Nacional del Indígena-INDI, las direcciones o direcciones generales de Pueblos Indígenas dentro del Ministerio de Salud y de Agricultura, etc.), la efectividad real de las políticas públicas en este ámbito sigue siendo limitada. En particular, se ha de destacar la baja accesibilidad para este grupo poblacional a su derecho a la libre determinación (derecho al consentimiento libre, previo e informado – CLPI); a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, vitales para su supervivencia y dignidad; así como el bajo acceso a la justicia y la persistencia del racismo y la discriminación.

En lo que respecta a las personas con discapacidad, Paraguay ha tenido avances significativos gracias a la elaboración y aprobación del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (2015- 2030), diseñado con enfoque de derechos humanos y con la creación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). No obstante, a pesar de estos esfuerzos, son muchos los desafíos y retos que quedan por delante para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad en un marco de igualdad de derechos y no discriminación. Para ello, es necesario apoyar los esfuerzos no sólo del Estado paraguayo, sino también de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), fortaleciendo los mecanismos, instancias y espacios destinados a promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos.

Otro tema con raíces e implicancias en el ámbito de los derechos humanos es la trata de personas. Paraguay es uno de los más importantes puntos de origen de captación de víctimas para la trata de personas. Asimismo, es un país de tránsito y de destino de mujeres y niños explotados sexualmente. Solo 1 de cada 20 casos de trata de personas es denunciado y, cada año, se registran al menos 300⁽¹⁴⁾. En 2013, se adoptó una Ley Integral de Trata de personas⁽¹⁵⁾ que tiene por objetivo prevenir y sancionar este delito. Por tanto, el reto en este ámbito está en mejorar las capacidades institucionales y la coordinación de los órganos del Estado involucrados.

⁽¹⁴⁾ Paraguay.com (2018). http://www.paraguay.com/nacionales/paraguay-registra-al-menos-300-casos-de-trata-de-personas-cada-ano-180958

⁽¹⁵⁾ Ley 4788 adoptada en diciembre de 2012.

En el marco institucional, el órgano rector de las políticas de género en Paraguay es el Ministerio de la Mujer. Creado en 1992 como Secretaría, aumentó su rango en 2012 adquiriendo mayor estabilidad institucional y participación en el Gabinete de Ministros.

En el marco político y programático, destaca el IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (2018-2024), aprobado el 20 de diciembre de 2018, que marca las líneas estratégicas del Estado en materia de igualdad de género y se constituye en hito de referencia para el cumplimiento de los ODS, en especial, el ODS 5 y sus metas. También, cabe destacar la aprobación de la Ley 5446/2015 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, así como el establecimiento e institucionalización, en los últimos años, de numerosas direcciones o direcciones generales al interior de las principales carteras del poder ejecutivo, encargadas específicamente de velar por las políticas nacionales en materia de igualdad de género y por la protección de los derechos de las mujeres.

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos normativos e institucionales realizados por el país, quedan muchas asignaturas pendientes en pro de la igualdad de oportunidades. El aumento del rango de la instancia rectora – de Secretaría a Ministerio – no significó un aumento presupuestario del Ministerio de la Mujer, que dispone de un presupuesto que no alcanza el 0.025% del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Los escasos recursos financieros con que cuenta hacen que la actividad ministerial dependa fuertemente de la cooperación internacional para llevar adelante sus programas, proyectos y acciones de comunicación.

En lo que se refiere al ámbito de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, Paraguay ocupa el puesto 110 de 189 en el Índice de Desigualdad de Género elaborado por las Naciones Unidas (dato de 2018). Esto se debe a la persistencia de importantes desigualdades, especialmente en el acceso a los servicios de salud y educación, trabajo, remuneración salarial y participación política. Concretamente, con respecto a la brecha salarial, según datos de ONU Mujeres, en Paraguay la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 24%. En cuanto a la ocupación, el 51,9% de las mujeres están insertadas en el mercado laboral frente al 73,8% de los hombres. Las tasas de analfabetismo también presentan reseñables brechas de género, con un 4,6% de analfabetismo correspondiente a la población masculina frente a 6,1% de analfabetismo en mujeres.

Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sociales de las mujeres, uno de los principales problemas son los embarazos en adolescentes. Paraguay es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos entre estos rangos de edad. Resulta alarmante que uno de cada cuatro embarazos en el país se produzca en la adolescencia (los nacimientos de hijos/as de niñas de entre 10 y 14 años constituyen la quinta parte de todos los nacimientos que se producen anualmente en el país), impactando de manera muy directa sobre las oportunidades de desarrollo a futuro de esas mujeres.

En lo que se refiere a participación en espacios de toma de decisiones, Paraguay es uno de los países de América Latina con menores índices de mujeres en cargos de elección. En las últimas elecciones generales, el porcentaje de mujeres electas no superó el 20%, no hay ni una gobernadora en los 17 Departamentos de todo el país, en los cargos municipales hay apenas 22% de mujeres electas como concejalas (porcentaje que se estancó desde las elecciones del 2006), y se registra un escaso 10% de mujeres intendentas en todo el país.

Otro de los principales desafíos en materia de género en Paraguay es la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta problemática reviste varias formas y se manifiesta en diferentes ámbitos. La violencia extrema, conocida como feminicidio, dejó un saldo de 63 víctimas en 2018⁽¹⁶⁾, cifra que va en aumento en comparación a los años anteriores y da un promedio de un caso de feminicidio cada 6,6 días en el país y se cuentan por miles los casos reportados de violencia contra las mujeres en lo que va de año. Para hacer frente a esta situación el país aprobó a finales de 2016 la Ley No. 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia que ofrece un adecuado marco legal de regulación.

⁽¹⁶⁾ Datos disponibles hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme el Observatorio de violencia del Ministerio de la Mujer. Disponible en: http://www.mujer.gov.py/application/files/5515/4521/8656/Datos_de_Feminicidio_2018.pdf

2.2 Antecedentes de la Cooperación Española en Paraguay.

La Cooperación Española está presente en Paraguay desde hace 30 años. En el período 2012-2017 la Ayuda Oficial Bruta al Desarrollo de España se estimó en más de 43 millones de euros, lo que convierte a España en el quinto donante bilateral en el país.

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 considera a Paraguay como País Prioritario. El Marco de Asociación País (MAP) Paraguay-España 2012-2015, prorrogado tácitamente hasta la aprobación del nuevo MAP, priorizó los siguientes sectores de concentración: Salud (ODS 3), Crecimiento Económico Sostenible (ODS 2 y 9) y Gobernabilidad Democrática (ODS 16), y como sectores de intervención: Educación (ODS 4), Agua y Saneamiento (ODS 6), y Cultura y Desarrollo (ODS 4 y ODS 11). Como prioridades horizontales se incluyeron: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Medio Ambiente y Diversidad Cultural.

En salud, se ha trabajado en la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los servicios públicos de salud a través de varios programas bilaterales. También, se ha trabajado en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva apoyando la creación de consultorios amigables y en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino y mama, así como en el apoyo a los bancos de sangre. El socio articulador de las intervenciones de la Cooperación Española en el sector ha sido el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) cuya función establecida por ley le confiere la competencia de la política nacional de salud.

Se ha apoyado el crecimiento económico sostenible a través de la ampliación de la cobertura de servicios de empleo en zonas rurales, especialmente la promoción del empleo juvenil y del autoempleo, así como el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes, con especial atención a mujeres, y se ha impulsado el desarrollo de negocios de emprendedores paraguayos retornados al país tras un tiempo viviendo en el exterior. Se ha apoyado el turismo rural comunitario, tanto en tareas de planificación como impulsando emprendimientos vinculados al mismo. También, se ha fomentado la educación financiera para el desarrollo de capacidades que permitan la toma de decisiones financieras responsables y el fomento de la protección al consumidor. En el ámbito del desarrollo agrario rural se han apoyado intervenciones que buscan garantizar la seguridad alimentaria, las prácticas agroecológicas, la producción para el autoconsumo o la mejora de la productividad generadora de excedentes, y se han impulsado diferentes iniciativas de comercialización. Asimismo, se ha fomentado el emprendedurismo rural, el asociativismo y el cooperativismo y se han creado estructuras de soporte, como pueden ser incubadoras de empresas o centros de acopio, transformación y/o venta de producción.

Mediante la modalidad de créditos a Estado con garantía del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID se ha garantizado el tránsito continuo y seguro de una parte de la infraestructura vial rural en Paraguay, a través de la rehabilitación y mantenimiento de 390 Km de caminos vecinales, financiados por un monto de 25 MM de USD, mejorándose así la conectividad de áreas de producción con áreas de comercialización, y facilitando el acceso de los ciudadanos que viven en localidades remotas a áreas en las que existen servicios sociales básicos. También en la modalidad de cooperación reembolsable destaca el préstamo a la entidad «Financiera El Comercio» para ampliación y profundización de la oferta de servicios financieros, dirigidos a la población con limitado o nulo acceso, preferentemente en las zonas rurales.

Desde la Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) de España se está implementando el Plan de Acciones Conjuntas en el ámbito del turismo entre la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España para el intercambio de experiencias exitosas en turismo sostenible e innovación.

En el ámbito de gobernabilidad democrática las principales intervenciones en el país se han centrado en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP), favoreciendo la igualdad y no discriminación en la administración pública para los aproximadamente 300.000 empleados públicos del Paraguay, proceso en el que participó el INAP en España a través de varias asistencias técnicas. También se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades de la administración pública en determinados sectores claves como seguridad ciudadana, administración fiscal, función pública, cooperación internacional (Cooperación Triangular con Uruguay); y descentralización y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales (Cooperación Triangular con Chile).

Con el Ministerio de Justicia se ha fortalecido también el acceso a la justicia a nivel comunitario, contribuyendo a que la población más vulnerable tenga acceso en su propia comunidad a una adecuada y oportuna atención a sus necesidades de derecho y se está trabajando en justicia restaurativa en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes de Paraguay. Asimismo, se han focalizado esfuerzos para fortalecer la cohesión social y la convivencia en un barrio degradado de Asunción (Cooperación Triangular con Chile). Desde la cooperación bilateral con el Ministerio Público y la Municipalidad de Asunción se está ejecutando un programa de prevención, protección y defensa de los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación sexual.

Otro de los sectores impulsados ha sido el apoyo a las políticas y servicios inclusivos para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, a través del proyecto Bridging the Gap. Este proyecto financiado por la Unión Europea en la modalidad de cooperación delegada y en consorcio con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) tiene como objetivo principal contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad.

También, destaca en este sector, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD II), liderado por la FIIAPP, financiado por la Comisión Europea y cuyo socio en Paraguay es la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). Este programa promueve la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y fortaleciendo las capacidades en Paraguay en los siguientes ámbitos: Observatorio Nacional de Drogas, capacitación en reducción de la demanda de drogas y reducción de la oferta de drogas, además del apoyo al diálogo político entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE en el marco del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre ambas regiones.

La contribución a la educación ha sido importante durante los últimos doce años, a través de la ejecución del Programa de Conversión de Deuda Paraguay-España (2007), por valor de 10 MM USD y dedicado íntegramente a proyectos en educación. Su dirección y administración ha recaído en el Comité Binacional, integrado, por la parte paraguaya, por la Dirección de Política de Endeudamiento y la Dirección General de Crédito Público (Ministerio de Hacienda) y, por la parte española, por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paraguay y el Ministerio de Economía y Empresa con la asistencia técnica de la OTC. En el ámbito de la educación, cabe mencionar también el Programa de Escuelas Taller que ha promovido la creación de cuatro Escuelas para apoyar la formación técnica y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para favorecer su empleabilidad. Tradicionalmente estas escuelas han estado centradas en oficios relacionados con la rehabilitación del patrimonio, si bien, la última Escuela Taller creada en Encarnación está más vinculada a la gastronomía y turismo. También, en este sector se han apoyado varias intervenciones enfocadas en mejorar la capacitación técnica y profesional de grupos vulnerables para favorecer la inserción socio-laboral, especialmente de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

En cuanto a agua limpia y saneamiento, Paraguay es uno de los países que ha recibido más apoyo del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) con un aporte de 100 MM de USD de donación, con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-como socio estratégico y 20 millones de USD de crédito con FONPRODE para un proyecto de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas. En total, se han construido más de 226 sistemas en comunidades rurales y 40 sistemas en comunidades indígenas. También, en esta línea se destaca la Facilidad de Inversión en América Latina LAIF (Latinoamerican Investment Facility) de la Unión Europea que, mediante diferentes cooperaciones técnicas, ha permitido elaborar el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Ypacaraí, ha revisado y redimensionado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bella Vista, ha apoyado el estudio del acuífero Patiño, ha actualizado el Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo y ha contribuido al desarrollo e implementación de soluciones de saneamiento.

En este sector y vinculado a la protección de los recursos hídricos se está ejecutando un proyecto con la Universidad de Sevilla y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para implementar un sistema de monitorización de agentes contaminantes en el Lago Ypacaraí mediante el uso de drones acuáticos.

La contribución a la Cultura y Desarrollo ha estado liderada por el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la AECID. Las actividades culturales españolas que se realizan tanto en la ciudad de Asunción como en el resto del país son prácticamente implementadas por Centro Cultural de España Juan de Salazar (CCEJS). En 2016 se cumplieron 40 años del CCEJS, inaugurado en 1976. Este es uno de los centros culturales de mayor trayectoria y prestigio en América, que ha logrado convertirse, sin duda alguna, en uno de los principales referentes culturales del país. Adicionalmente, mencionar que se realizan actividades puntuales en las casas regionales o algunas instituciones privadas como el Centro Español de Villarrica, el Centro Catalán o empresas privadas como Arcallana o Byspania. Con estas actuaciones se ha pretendido impulsar en Paraguay la cultura como factor de desarrollo integral al tiempo que se promueve la cultura española en el país y el fortalecimiento de las relaciones culturales entre ambos países.

Desde el Programa de Patrimonio para el Desarrollo, durante los últimos siete años, se han venido ejecutando intervenciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad en las Misiones de Jesús de Tavarangüé y Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y puesta en valor y rescate de recursos culturales en las Misiones Jesuíticas.

En lo que respecta a la igualdad de género, se han apoyado principalmente proyectos a través de ONGD españolas enfocados fundamentalmente en la lucha contra la violencia de mujeres y niñas y en el fortalecimiento del acceso de las mujeres a los recursos económicos y la promoción de la participación de las mujeres, organizaciones y redes de la sociedad civil en espacios de poder relacionados con el cumplimiento de los derechos sociales, civiles y políticos de las mujeres.

En el ámbito de la diversidad cultural, la Cooperación Española ha sido uno de los principales actores en el apoyo a los pueblos indígenas mediante tres estrategias complementarias: fortaleciendo la parte específica de la administración nacional dirigida a los indígenas (Instituto Paraguayo del Indígenas), fortaleciendo los servicios prestados por Ministerios sectoriales y a través del apoyo prestado a las propias comunidades indígenas a través de ONGD y organizaciones propias como la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) para fortalecer la participación en la construcción e implementación de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.

Con relación al medio ambiente hay que destacar el apoyo en la reglamentación de los Servicios Ambientales, en su modalidad de protección y recuperación de suelos y de mitigación de daños provocados por fenómenos naturales (Cooperación Triangular con Costa Rica) y la consolidación de la estrategia nacional de políticas públicas de lucha contra la desertificación y sequía y adaptación al cambio climático (Cooperación Triangular con Brasil).

Las intervenciones vivas en activo de la AECID en Paraguay se estiman en 36 intervenciones, con los diferentes instrumentos y modalidades, por un monto aproximado de 68.4 millones de euros en ejecución. A estos montos habría que añadir las intervenciones vivas del resto de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades.

Evolución AOD de España en Paraguay.

La evolución de la AOD de España en Paraguay durante el período 2012-2017 (33 MM de euros) y que marca parte de su ventaja comparativa, ha estado distribuida de la manera siguiente, de acuerdo a los sectores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD):

Los 19.6 MM Euros (61 %) destinados al sector de infraestructuras y servicios sociales se ha distribuido en los siguientes subsectores:

La Canalización de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España en Paraguay durante el período 2012-2017 ha sido a través de los siguientes organismos:

Programas Regionales y Multilaterales.

La Cooperación Española en Paraguay ha venido cooperando con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Sistema Iberoamericano y sus espacios de cooperación en conocimiento, cultura y cohesión social, en sus iniciativas de programas transversales, como el de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, así como a través de sus organismos especializados (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Organismos Internacional de la Juventud para Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social).

Con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se ha colaborado en el marco del Plan Iberoamericano de Alfabetización 2007-2015. A través de este Plan se han apoyado campañas impulsadas por el Ministerio de Educación para promover la gratuidad de la alfabetización, postalfabetización y educación básica bilingüe.

Se ha mantenido colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. En el marco de este programa se ha instalado una red de casi 1.600 Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia.

La Cooperación Española en Paraguay ha venido ejecutando varios programas regionales, como por ejemplo, ARAUCLIMA, dirigido a luchar contra el cambio climático con el objetivo de preservar el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible; el Programa Indígena, desde una perspectiva regional y local con un enfoque basado en derechos humanos que han promovido la inclusión y acceso a servicios públicos con pertinencia étnica por parte de colectivos en riesgo de exclusión social; las Escuelas Taller, que han contribuido a la cohesión social a través de la inserción laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad; Intercoonecta, que ha ofrecido formación a través de cooperación técnica intensiva en conocimiento, intercambio de buenas prácticas con la participación de todos los actores en una doble categoría de receptores y donantes, promoción y fortalecimiento de redes, laboratorios de ideas y proyectos de conocimiento para el desarrollo; la red de Centros Culturales y de Formación, que ha fomentado el acceso a la cultura, la participación ciudadana, la capacitación y la creación e innovación cultural, contribuyendo así a la consolidación del espacio cultural iberoamericano y el Programa Mercosur.

Dentro de los programas regionales liderados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP) destacan el programa EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) en el que se desarrollan diversas acciones contra el crimen organizado y se impulsa la creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado que ejercerá funciones de una fiscalía especializada. En cuanto al programa EUROCLIMA+, se puso en marcha, en marzo de 2019, el diálogo país junto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con vistas a apoyar la implementación de sus políticas climáticas, en especial de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) además de apoyar la coordinación intersectorial, interministerial, multinivel y multiactor, a nivel nacional, en temas de cambio climático.

Por parte de la Cooperación Española en Paraguay, en los últimos años también se han canalizado recursos a través de Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), principalmente pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y a Instituciones Financieras Internacionales. En este sentido, se ha de destacar la ejecución del Fondo de Agua y Saneamiento (FECASALC) a través de un acuerdo de cooperación delegada con el Banco Interamericano de Desarrollo; así como el Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, financiado con 1,5 millones de € en el marco del Fondo de Desarrollo Sostenible (SDG-F), para cuya implementación se ha contado con un consorcio interagencial de Naciones Unidas (FAO, OMS-OPS, entre otras) y varias contrapartes del gobierno. Este programa ha tenido como meta que las comunidades seleccionadas reduzcan su vulnerabilidad al hambre y la malnutrición, fortaleciendo el derecho a la alimentación y el acceso a una nutrición adecuada, tomando en consideración las variaciones del clima. También, resaltar las aportaciones directas e indirectas que la AECID ha realizado a la labor que varias agencias del Sistema de Naciones Unidas están realizando en el país, a través de programas regionales y nacionales.

2.3 Principios de eficacia.

Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo.

Paraguay cuenta con un marco de políticas y planes de desarrollo vigentes que orientan al Estado en los distintos ámbitos de su actuación. A continuación, se hace referencia a algunas de las estrategias de desarrollo que se han considerado prioritarias y significativas del principio de apropiación.

En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PND) 2030, aprobado en Diciembre de 2014 por decreto del Poder Ejecutivo y actualizado en 2019 con metas intermedias fijadas para 2023 y metas finales a 2030 (coincidente con la Agenda 2030), se erige como el instrumento de planificación estratégica de largo plazo que contiene la política marco de desarrollo nacional y que integra todos los objetivos sectoriales. El PND 2030 se operativiza a través de políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas de los organismos y entidades del Estado. El PND facilita la coordinación de las acciones de desarrollo en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con diversos niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Para la construcción y validación del PND 2030 se realizó un amplio proceso de consulta en el que participaron más de 2.000 referentes del gobierno central, gobiernos sub-nacionales, sociedad civil, sector privado y académico. Las consultas se realizaron en talleres y reuniones en los diferentes departamentos del país. Uno de los actores clave de este proceso fue el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), integrado por agentes del sector privado, del mundo académico y de la sociedad civil. Asimismo, para la actualización del PND se ha realizado un amplio proceso de consulta que ha involucrado a referentes de todos los sectores de la sociedad y de los departamentos del país. Esta participación entre instituciones de gobierno y de la sociedad civil, ha permitido combinar las experiencias de los distintos sectores y la participación en sus ámbitos de acción, lo que ha servido para facilitar y promover el dialogo social como un camino para lograr los acuerdos que la sociedad requiere para lograr alcanzar un desarrollo sostenible.

En cuanto a su estructura, el PND 2030 se organiza en cuatro ejes estratégicos. Cada eje estratégico incorpora cuatro líneas transversales. De dicha combinación se identifican 16 objetivos que guían las políticas públicas y se implementan a través del vínculo entre la planificación operativa institucional y los presupuestos institucionales. En la siguiente tabla se visualizan los ejes, las líneas transversales y los objetivos como resultado de la interacción planteada.

Gráfico 2. Plan Nacional de Desarrollo 2030

Complementando el PND 2030, como políticas sectoriales que profundizan algunos temas esenciales de la estrategia de desarrollo nacional destacan el Plan Nacional de Derechos Humanos y el IV Plan Nacional de Igualdad, ambos orientados a lograr la igualdad de oportunidades de las personas para alcanzar el bienestar.

El Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) aprobado mediante Decreto en 2013 es el instrumento que establece las prioridades y orienta las acciones de las instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos humanos en el país. Su redacción contó con una amplia participación de los tres poderes del estado y la sociedad civil y representa una experiencia única de alineación de planes de derechos humanos con planes de desarrollo. Está estructurado en cuatro ejes estratégicos: 1) Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de derechos; 2) Educación y Cultura en Derechos Humanos; 3) Estado social de derecho, seguridad ciudadana y acceso a la justicia y 4) Seguridad humana.

El IV Plan Nacional de Igualdad (2018-2024), aprobado por Decreto en diciembre de 2018 tiene por objetivo lograr la igualdad real y efectiva eliminando cualquier forma de discriminación. En la construcción de este Plan se estableció un proceso de consulta con instituciones públicas y con organizaciones de la sociedad civil, principalmente redes feministas y articulación de mujeres. El IV Plan Nacional de Igualdad incorpora la visión de los ODS en su diseño. Está dividido en cinco ejes de derechos y en cuatro ejes transversales. Los ejes de derechos son: 1) La ley no discrimina a las mujeres; 2) Empoderamiento en la toma de decisiones; 3) Autonomía física; 4) Empoderamiento económico y 5) Acceso a la justicia. Los ejes transversales son: 1) Igualdad entre el hombre y la mujer según el artículo 48 de la Constitución Nacional; 2) Enfoque de derechos humanos; 3) Eliminación de estereotipos discriminatorios y 4) Enfoque intercultural y bilingüe.

Con el objetivo de que el PND 2030 se pudiera implementar en los gobiernos departamentales y distritales, se diseñó la Estrategia del Desarrollo Local Participativo. Con base en esta estrategia en el transcurso de los años 2015 y 2016, se ejecutaron una serie de formaciones para la conformación de Consejos de Desarrollo Distrital y Departamental (CDD) y la elaboración de Planes de Desarrollo Local de manera participativa con los actores departamentales y distritales. La misión de estos Consejos ha sido reunir en el seno de un mismo organismo a los diferentes actores distritales, a los representantes de instituciones públicas y a la sociedad civil organizada para garantizar la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en la construcción de las Estrategias de Desarrollo Local. En total, se han conformado 244 Consejos de Desarrollo Distritales y 17 Consejos de Desarrollo Departamentales, que han producido igual número de Planes de Desarrollo Local, a nivel de distritos y de departamentos, todos ellos elaborados a la luz del PND 2030.

Diálogo con el Gobierno y la Sociedad Civil Paraguaya.

El diálogo con el Gobierno para impulsar la cooperación se ha establecido en distintos niveles, desde el nivel nacional al sectorial, en el que destaca la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la VI Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Científica, Técnica y Cultural. En este espacio de diálogo, en el que se evalúa periódicamente el programa de cooperación hispano-paraguayo en su conjunto, participan por la parte paraguaya representantes del Comité Técnico Interinstitucional (compuesto por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social) y, por la parte española, la Embajada de España y la AECID en Paraguay representada por la OTC y el CCEJS.

Igualmente, el diálogo de políticas se ha sustentado en la interacción directa con las autoridades nacionales que se han generado en torno a los Comités de Seguimiento que han acompañado las más de 100 intervenciones financiadas por la CE en los últimos años y que han servido para evaluar la marcha de los distintos proyectos y orientar la cooperación para que sea más eficiente, eficaz y alineada.

Hay que destacar también la participación de la Cooperación Española en las diferentes Mesas de Coordinación Sectoriales con otros donantes, que cuentan con la participación del Gobierno del Paraguay. Destacan entre estos espacios, la participación de la Cooperación Española en la Mesa de Gobernabilidad, Mesa de Agua, Mesa de Salud, Mesa de Educación y Trabajo. Estas Mesas tienen la finalidad de generar espacios de debate y gestión para resolver de manera articulada las diferentes problemáticas sectoriales, así como coordinar las intervenciones de los diferentes actores de la cooperación presentes en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) paraguaya son un socio preferente en la implementación de diferentes intervenciones de la cooperación española, lo que genera un diálogo fluido en diferentes espacios de coordinación. Destaca la articulación y diálogo con la Coordinadora de ONG del Paraguay, Pojoaju, a través de diferentes procesos en los que se ha participado. También, los foros de intercambio que se establecen regularmente con organizaciones de la sociedad civil paraguaya y las ONGDs socias españolas en torno a diferentes temáticas de la cooperación y el desarrollo.

El alineamiento busca fomentar el liderazgo de los países socios sobre sus propios procesos de desarrollo y asegurar que los donantes sigan las agendas y prioridades de desarrollo de los países socios. En este sentido, el PND 2030 se constituye en el referente al que deben alinear las estrategias de desarrollo de los diferentes donantes y la Cooperación Española a través del MAP 2020-2023.

En los últimos años, los mecanismos de coordinación con los actores de la cooperación internacional se han fortalecido a través de la creación en 2016 de dos instancias; el Comité Técnico Interinstitucional (CTI), conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), como entidad coordinadora, que ha permitido mejorar la gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable y la Comisión ODS Paraguay 2030, para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los ODS. Estos espacios han permitido un diálogo más estratégico entre la Cooperación Española y el Gobierno paraguayo sobre objetivos, lineamientos, formas de implementación de la cooperación y alineamiento a las estrategias de desarrollo nacionales y sectoriales.

En cuanto al uso de los sistemas nacionales para canalizar los flujos de la cooperación, el PND 2030 reconoce explícitamente que la baja capacidad de ejecución por parte de las instituciones nacionales de los fondos de cooperación que recibe Paraguay representa un obstáculo en la utilización eficiente y estratégica de los recursos de la cooperación no reembolsable. En este sentido, para solventar las dificultades que supone la ejecución siguiendo los procedimientos nacionales, ambos gobiernos han concordado en la necesidad de encontrar mecanismos fluidos de gestión, que permitan garantizar el aprovechamiento óptimo de la Cooperación Hispano-Paraguaya. Desde el año 2014, como fórmula más eficiente para canalizar las subvenciones de Estado se ha resuelto que sean concedidas a organizaciones de sociedad civil que actúan como gestoras de los fondos de cooperación. En el marco de este MAP, se promoverá también que los organismos multilaterales actúen como instancias colaboradoras, favoreciendo de esta forma las alianzas multi-bilaterales. Esta estrategia permitirá seguir apoyando las políticas públicas del país, pero administrando los recursos desde una entidad externa con capacidad técnica y de ejecución.

El grupo principal de donantes tradicionales en Paraguay asciende actualmente a cinco países, entre los que se encuentran España y Alemania, además de Estados Unidos, Japón y Corea. Adicionalmente, además de la Delegación de la Unión Europea, trabajan también con sede en el país varias de las agencias y fondos de Naciones Unidas e Instituciones Financieras Internacionales. Todos estos actores de la cooperación internacional han realizado esfuerzos de cara a lograr una mayor armonización de la cooperación y evitar la fragmentación de las intervenciones.

España participa activamente en los diferentes mecanismos de coordinación y armonización con los actores de la cooperación que hay en el país a través de las Mesas Sectoriales de Cooperación, que en la mayoría de los casos cuentan también con la participación del Gobierno paraguayo. La existencia de estos espacios facilita que en algunos temas haya un buen nivel de coordinación y una relación de socios estratégicos, que ha permitido llevar a cabo acciones conjuntas.

A pesar de que aún no se ha actualizado la Programación Conjunta de la Unión Europea con Paraguay que venció en 2018, y que, por tanto, se ha prorrogado tácitamente hasta la aprobación de la nueva Programación, los mecanismos de armonización entre los socios europeos son amplios. De manera concreta, los Estados Miembros de la Unión Europea se coordinan a través del Grupo de Jefes de Cooperación que se reúne periódicamente para intercambio de información sobre los diferentes programas de cooperación y el establecimiento de sinergias de iniciativas de cooperación.

En cuanto a los actores de la Cooperación Española, el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno (GEC), es el espacio institucionalizado para el diálogo y concertación entre los actores españoles de cooperación con presencia en el país, para coordinar y dotar de coherencia las intervenciones de la CE en Paraguay.

Adicionalmente, existe un mecanismo de coordinación de la AECID con la Coordinadora de ONG españolas en Paraguay (COEPY) que ha permitido un diálogo estratégico en torno al contexto país, al V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y a la revisión final externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.

2.4 Conclusiones.

Para los análisis reflejados en esta etapa se ha tomado en cuenta la revisión de documentos clave como los que se relacionan a continuación:

Documentos estratégicos: Entre los que destaca el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay (PND 2030) y las leyes, planes y estrategias sectoriales donde se establecen los desafíos y oportunidades de desarrollo del país. También, los documentos de programación país de las principales instancias de cooperación que actúan a nivel nacional, con especial atención a la Unión Europea, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, el BID y el BM.

Documentos metodológicos: Principalmente el Manual para el Establecimiento, Implementación, Seguimiento y Evaluación de los MAP que contiene las principales directrices en cuanto a estructura y contenidos para la elaboración del MAP, así como las Guías de la AECID sobre la incorporación de enfoques transversales.

Documentos de análisis: Fundamentalmente los análisis sectoriales que la OTC realizó a finales del 2018 a través de consultores locales para conocer el contexto del país en relación a determinados objetivos de desarrollo. Asimismo, documentos de análisis del país de diversos organismos internacionales y nacionales. También, se han tomado en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Revisión Final Externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.

El análisis de todos estos documentos ha permitido, por una parte, tener un diagnóstico de los principales avances, problemas y desafíos que enfrenta el país para lograr alcanzar un desarrollo sostenible, tal y como se ha detallado en el epígrafe 2.1 relativo al «Contexto del País». Concretamente, se ha podido constatar como en los últimos años, se han producido importantes avances en el desarrollo del país que se ha traducido en un importante descenso de los indicadores de pobreza y hambre. Sin embargo, a pesar de los progresos en varios indicadores aún quedan desafíos por afrontar relacionados, por ejemplo, con el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la igualdad de género, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la diversificación de la matriz productiva, que permitan mejorar el acceso a servicios básicos y reducir aún más los niveles de pobreza y de desigualdad económica y social, generando oportunidades económicas en todos los estratos sociales.

Por otra parte, del análisis realizado se ha podido determinar en qué sectores la Cooperación Española tiene una mayor ventaja comparativa en Paraguay, como resultado de la experiencia acumulada en las diferentes intervenciones que ha realizado a lo largo de los años y, especialmente, en el marco del anterior MAP 2012-2018, y que aparecen reflejadas en el epígrafe 2.2 relativo a los «Antecedentes de la CE en Paraguay». Asimismo, en el marco de las reuniones iniciales mantenidas para el establecimiento del MAP, las autoridades paraguayas han destacado la importancia de mantener la coherencia con lo que ha venido siendo la Cooperación Hispano-Paraguaya durante los últimos años ya que es donde atesora un mayor conocimiento, tal y como se refleja también en la Revisión Final Externa del MAP 2012-2018.

Estos análisis realizados (en la Etapa 1) han sido la base para definir la Estrategia de Intervención (en la Etapa 2) donde se concretan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas, las Líneas de Acción, los Resultados Intermedios, los indicadores de medición, el rol que va a desempeñar cada actor, los riesgos, los recursos y los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del presente MAP 2020-2023.

3. Resultados de desarrollo: Estrategia de desarrollo sostenible

3.1 ODS, metas y líneas de acción priorizadas.

La Estrategia de Desarrollo establecida en el Marco de Asociación País Paraguay-España 2020-2023 que se desarrollará a continuación ha sido fruto de un proceso participativo en el cual se han establecido varios espacios de negociación con el Gobierno de Paraguay, especialmente representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), que han demostrado un alto nivel de compromiso y apropiación. También, se ha efectuado un amplio proceso de consulta y diálogo con instituciones públicas sectoriales, entidades de la sociedad civil española y paraguaya, sector privado, universidades y organismos internacionales de cooperación establecidos en el país. Un actor especialmente relevante en el diálogo ha sido la Delegación de la Unión Europea (DUE) en Paraguay, con quien se han establecido varios espacios de coordinación y concertación.

En primer lugar, la Estrategia de Desarrollo ha tomado como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas definidas en la Agenda de Naciones Unidas 2030 y las Líneas de Acción (LA) definidas en el V Plan Director (PD) de la Cooperación Española (CE). Concretamente, el V PD ha establecido las LA en las que se enmarcan las actuaciones de la CE en consonancia con las metas establecidas en los ODS.

Tomando este marco estratégico, se ha procedido a seleccionar los ODS, Metas y LA en las que se va a enfocar la CE en Paraguay en los próximos 4 años, en base a un análisis en el que se han tenido en cuenta los siguientes 4 factores:

1) Las prioridades de desarrollo de Paraguay fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y en las estrategias sectoriales de desarrollo acorde al principio de alineamiento y apropiación.

2) Las prioridades fijadas para los Países Renta Media (PRM) en el V Plan Director de la CE 2018-2021, ya que Paraguay está clasificado en esa categoría. Según el PD, en los PRM la cooperación se centrará en las siguientes estrategias; a) apoyo en su transición hacia modelos productivos sostenibles; b) garantía de servicios sociales de calidad; c) fomento de la diversidad y la inclusión y d) construcción institucional.

3) La ventaja comparativa de la Cooperación Española en Paraguay, sobre la base de los sectores prioritarios en los que se ha intervenido en el MAP 2012-2018, ya que es donde presenta un mayor conocimiento y experiencia y así aparece reflejado dentro de las recomendaciones de la Revisión Final Externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.

4) Los resultados del análisis de contexto social, económico, medioambiental, político, administrativo, institucional y de género llevado a cabo en la etapa de análisis (epígrafe 2.1) y que indican las áreas donde se concretan los mayores desafíos de desarrollo del país, y por tanto, dónde debe enfocarse la CE.

Este ejercicio de análisis en base a los factores expuestos, ha llevado a una priorización de ODS, Metas y Líneas de Acción que han sido analizados y validados de manera participativa en dos Talleres de Análisis, uno con el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno (GEC) y otro con la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya. En estos talleres se ha valorado si los ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas se consideran: a) pertinentes, es decir, si responden adecuadamente a las necesidades y desafíos del país; b) si responden al alineamiento con las políticas nacionales y sectoriales de desarrollo de Paraguay; y c) si están armonizadas con las intervenciones de otros donantes para evitar solapamientos y duplicidades en las acciones de cooperación.

Como resultado de estos procesos de análisis, negociación, diálogo y consenso con los actores españoles y paraguayos de la cooperación se han seleccionado 8 ODS, 15 Metas y 18 Líneas de Acción en los que se concentrará la cooperación hispano-paraguaya en el marco del MAP Paraguay-España 2020-2023 y que contribuirán a las dimensiones de la Agenda 2030 de NNUU.

Cuadro 1. ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas (MAP 2020-2023)

3.2 Personas, Prosperidad, Planeta y Paz.

El MAP focalizará su contribución a los ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas, teniendo como principales marcos de referencia, por una parte, las dimensiones de la Agenda 2030, y, por otra parte, los lineamientos de desarrollo incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 en coherencia con el principio de alineamiento.

Concretamente, a través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, organismos de la AGE, Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades, ONGD, Fundaciones y sector privado) se contribuirá a las 4 dimensiones de la Agenda 2030 de la manera que se detalla a continuación:

Las personas.

El Gobierno paraguayo se ha comprometido en su Plan Nacional de Desarrollo a que todas las personas puedan participar en la construcción y en los beneficios de una sociedad próspera, cohesionada y equitativa. No obstante, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para que la población paraguaya salga de la pobreza, el 24,2% de la población se encontraba en situación de pobreza en 2018⁽¹⁷⁾. Para paliar esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo paraguayo, en su eje estratégico de «reducción de pobreza y desarrollo social» se compromete a cubrir las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, ciudadanas y comunidades con el objetivo de reducir la pobreza en todas sus formas y erradicando la pobreza extrema. Para ello, el gobierno se propone brindar servicios sociales de calidad, así como promover el desarrollo y ordenamiento del territorio, rural y urbano, de forma participativa, garantizando la incorporación plena e igualitaria de mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo.

⁽¹⁷⁾ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2018.

En alineamiento con este eje, la CE concentrará sus intervenciones en apoyar los esfuerzos de las instituciones y sociedad civil paraguaya en favorecer la igualdad de oportunidades y la plena y efectiva participación e inserción de las mujeres en la economía, la política y la sociedad. Además, se contribuirá a garantizar la cobertura de salud universal a través de la mejora de la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud y la promoción del acceso a la salud sexual reproductiva, con especial énfasis en la lucha contra la mortalidad materno-infantil. Se continuará trabajando en mejorar las capacidades de la administración pública, nacional y subnacional, para que puedan cumplir eficazmente con su responsabilidad institucional de brindar servicios sociales de calidad a la población.

Asimismo, se fomentará el acceso de la población a actividades culturales como factor intrínseco del desarrollo, así como la conservación, recuperación y gestión del patrimonio cultural y los centros históricos incluyendo un enfoque turístico, como motor de desarrollo local. Por último, se apoyará un planeamiento y desarrollo territorial que incorpore mecanismos de participación, inclusión y sostenibilidad, propiciando el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de servicios públicos a la ciudadanía.

Se velará porque todas las intervenciones que se realicen respeten el enfoque de derechos humanos, promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, e integren a los colectivos más vulnerables del país, con especial énfasis a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas.

La prosperidad.

Si bien la economía paraguaya ha tenido un importante crecimiento en los últimos años debido principalmente a su modelo económico basado en las grandes exportaciones de sector agropecuario, tiene grandes retos que afrontar para que el crecimiento obtenido sea sostenible y equitativo para toda la población. Uno de los desafíos más significativo que debe enfrentar es el alto nivel de informalidad de la economía, lo que impacta directamente en la calidad del empleo y en la desigualdad entre hombres y mujeres. Otros importantes desafíos son la desigualdad en la distribución de la riqueza entre personas y regiones del país y la escasa diversificación de la economía.

Para afrontar dichos retos, el Gobierno paraguayo ha establecido en su Plan Nacional de Desarrollo en el eje estratégico de «Crecimiento económico inclusivo», la creación de oportunidades económicas diversas y la promoción de la igualdad de acceso a las mismas con enfoque multicultural poniendo el foco de atención en el empleo productivo. Para ello, se compromete a impulsar esfuerzos para: a) fomentar la producción; b) apostar por la competitividad y formalización de la economía; c) potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas; d) generar empleo decente; y e) desarrollar cadenas de valor sostenibles.

Alineado con estas prioridades, la CE en Paraguay impulsará acciones para promover el empleo digno y de calidad con enfoque de género, apostando específicamente por mejorar la formación y las competencias técnicas y profesionales para favorecer la inserción laboral, especialmente de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de actividades económicas para diversificar las fuentes de empleo y generar ingresos sostenibles para poblaciones vulnerables, se promoverá el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector productivo y de servicios y, asimismo, se apoyará el desarrollo de las MIPYMES (agrarias y de servicios), apostando a la incorporación de prácticas innovadoras en el encadenamiento de valor para mejorar la productividad, la competitividad y la inserción en el mercado.

Como elemento clave de la estrategia de mejoramiento de ingresos en el sector rural, se focalizarán acciones en el fortalecimiento de la agricultura familiar y su vinculación a cadenas de valor, apoyando a los productores rurales para que aumenten la producción y la productividad de sus cultivos de manera sostenible y mejoren su capacidad de comercialización en los mercados nacionales.

Asimismo, en el marco del actual MAP, se fomentará el compromiso de Paraguay por el cumplimiento de las normas y obligaciones recogidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y la puesta en práctica de las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE y los Principios Rectores de NNUU sobre Empresas y DDHH de la resolución 17/4 el 16 de junio de 2011 y, de igual forma, se promoverá que los contratos que se liciten a partir de la vías de financiación contenidas en este MAP establezcan la aplicación de tales compromisos por parte de las empresas adjudicatarias de los mismos. En este sentido, se contemplará la posibilidad de requerir a las entidades que reciban financiación o apoyo oficial la adecuación de sus actuaciones a las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE y el desarrollo de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos en este marco.

El planeta.

Paraguay tiene una extraordinaria riqueza ambiental y diversidad biológica de importancia global. Cuenta con recursos naturales, bosques, agua, suelo fértil y una amplia biodiversidad. Esta disponibilidad de recursos naturales le otorga un enorme potencial de desarrollo sostenible. Sin embargo, uno de los mayores retos es conciliar las necesidades de crecimiento económico e industrialización con el aprovechamiento sostenible de los suelos y bosques, la diversidad biológica y la producción agropecuaria. En este sentido, se debe destacar que la actividad del sector privado y los patrones de consumo tienen un alto impacto en el medio ambiente y los ecosistemas terrestres, que al mismo tiempo son una fuente de producción agrícola muy importante para la población más vulnerable del país.

Por ello, el gobierno paraguayo ha propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en la línea transversal de «sostenibilidad ambiental» mejorar la calidad de vida de la población en asentamientos humanos, con viviendas mejoradas, acceso universal al agua potable, a servicios básicos de saneamiento y a sistemas de gestión de residuos, con planificación y control sobre las zonas de explotación de recursos naturales, para reducir la pérdida del patrimonio natural y de la biodiversidad nativa.

De manera alineada con las políticas públicas, la CE continuará aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y periurbanas con el objetivo de lograr el acceso universal y equitativo. Asimismo, se promoverá la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos. También, se impulsará el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles que contemplen aspectos de adaptación, mitigación y resiliencia atendiendo a los efectos del cambio climático. Por último, se continuará trabajando en apoyar la conservación del patrimonio natural paraguayo.

La paz.

Paraguay ha tenido importantes avances en la protección y promoción de los derechos humanos. De ahí, que el país fuera elegido por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2015-2017. Sin embargo, pese a los avances, el país sigue presentando ciertas debilidades, sobre todo en relación a las desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales. Persisten, por ejemplo, desafíos que deben superarse, en especial aquellos relacionados con la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, la trata de seres humanos y el trabajo infantil, la escasa inclusión de los colectivos excluidos (la población LGTBI, personas con discapacidad y pueblos indígenas, entre otros), la dificultad de acceso a la justicia y de asistencia jurídica, sobre todo para la población más vulnerable de las áreas rurales y periurbanas, y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para enfrentar estos retos, el gobierno paraguayo ha impulsado varios mecanismos como la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que establece las prioridades y orienta las acciones de las instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos humanos en el país. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo en el eje estratégico «político-institucional» se establece el compromiso del Estado paraguayo en la protección y promoción de los derechos humanos y la mejora del sistema de justicia.

Por todo ello, la CE de manera alineada con las prioridades del gobierno, promoverá el Estado de Derecho, favoreciendo que la población mejore su acceso a las instituciones y servicios de justicia y garantizando que los ciudadanos, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos. Asimismo, se enfocarán esfuerzos en la prevención de todas las formas de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres y niñas, así como la prevención de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

3.3 Contribución a los 16 ODS: Marco de Resultados.

Estructura del Marco de Resultados.

El Marco de Resultados (Ver Anexo 1) refleja el marco de trabajo común entre la CE y Paraguay en materia de cooperación, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el referente para el seguimiento de los resultados definidos por el conjunto de actores de la CE presentes en el país, junto con los socios paraguayos. Este marco servirá para incentivar la colaboración, la división del trabajo y la creación de alianzas estratégicas, para mejorar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas mutua.

El Marco de Resultados representa una cadena lógica de resultados con diferentes niveles: Resultados de Desarrollo (Nivel 1), definidos por el país socio a partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) y con un impacto-efecto a largo plazo. En este nivel la CE podrá contribuir de manera indirecta ya que su logro depende de muchos otros factores.