Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023, hecha en Madrid y Asunción el 9 de noviembre de 2020

Resultados Intermedios (Nivel 2) definidos por los actores de la CE en Paraguay conjuntamente con los socios locales a partir de las Líneas de Acción de la Cooperación Española priorizadas. Suponen logros directos en base a las intervenciones del conjunto de actores de la CE. Por tanto, la programación de cada actor de la CE deberá tener como referencia su contribución a los resultados intermedios del presente MAP, en cuanto a su contenido y vigencia temporal.

El Marco de Resultados, además de reflejar los Resultados de Desarrollo y los Resultados Intermedios a los que se pretende contribuir con el Marco de Asociación País, establece también la correlación entre los instrumentos de planificación de Naciones Unidas (Agenda de Desarrollo Sostenible 2030), Paraguay (PND 2030) y España (V Plan Director de la Cooperación Española).

Correlación entre los instrumentos de planificación establecidos en el MAP

En los Resultados Intermedios (RI) aparecen reflejados los indicadores que la CE se compromete a medir periódicamente, concretándose para cada RI definido el nivel de participación de cada uno de los actores y su contribución a la medición de indicadores.

Metodología para la construcción de los Resultados Intermedios.

La definición de los Resultados Intermedios a los que la CE va a contribuir ha sido fruto de un proceso consensuado con los actores de cooperación españoles y paraguayos.

De esta forma, para construir los RI, una vez seleccionados los ODS, Metas y Líneas de Acción prioritarias, se procedió a realizar un amplio proceso participativo con talleres por cada uno de los ODS seleccionados. Se ha utilizado un formato multiactor, seleccionándose para cada taller ODS, la participación de instituciones representativas de gobierno, sociedad civil, sector privado, sector académico, organismos bilaterales y multilaterales. En el total de los talleres han participado más de 70 instituciones.

Metodológicamente, en el marco de los mencionados talleres, los actores participantes identificaron las estrategias de intervención que serían necesarias para contribuir a las Líneas de Acción priorizadas por cada ODS. Tomando como base las estrategias de intervención donde se identificaron mayores convergencias entre las instituciones participantes, se procedió a construir los Resultados Intermedios y los indicadores de medición respectivos para contribuir al cumplimiento de la Línea de Acción, Meta y ODS seleccionados.

Hay que destacar que para la construcción de los RI, también se ha tenido en cuenta los «objetivos estratégicos» de las intervenciones en activo de la CE. Asimismo, se ha utilizado como guía el documento «Directorio de resultados-tipo de la Cooperación Española» de la AECID/DGPOLDES que establece resultados e indicadores tipo por ámbito de actuación, adaptándolo a las particularidades de las actuaciones que se llevarán a cabo en Paraguay.

En total, se han establecido 22 Resultados Intermedios, con sus correspondientes indicadores que se corresponden con las 18 Líneas de Acción seleccionadas, que a su vez se vinculan con 15 Metas y 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS 2: Hambre Cero

En Paraguay, el alto índice de concentración de las tierras y la escasa tecnificación de la agricultura de pequeña escala, entre otros factores, redundan en la escasa productividad y sostenibilidad de la agricultura familiar campesina. El alcance limitado que han tenido, hasta la fecha, las políticas públicas de desarrollo rural no han facilitado adecuadamente el acceso de las familias campesinas a recursos y servicios, haciendo que sus actividades productivas resulten poco competitivas en las condiciones actuales del mercado. Una de las consecuencias de esta situación es el paulatino pero incesante desplazamiento de la población campesina, sobre todo de los/as jóvenes, a las periferias de las ciudades, donde a menudo terminan alimentando el círculo de la pobreza y la exclusión.

Un importante avance que ha tenido el país para paliar esta situación ha sido la recién aprobada Ley de Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina (mayo 2019), que vincula la reactivación productiva de la agricultura familiar con el combate a la inseguridad alimentaria en las áreas rurales, donde se registra la mayor prevalencia de población subalimentada (según datos de la FAO, en 2018 el 11% de la población paraguaya está subalimentada). Otro hito relevante previsto en la Ley es la creación de un Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, que representa una oportunidad para reforzar las políticas públicas en el ámbito, canalizando recursos técnicos y financieros de forma más eficaz.

Dentro del ODS 2, el trabajo de la CE se concentrará en contribuir a la siguiente Meta y Línea de Acción:

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala.

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y la productividad de sus explotaciones agrarias.

Las acciones en esta línea estarán enfocadas en que los productores rurales mejoren la capacidad de producción, transformación y comercialización de manera sostenible con un enfoque de cadenas de valor, es decir, concentrando esfuerzos en la producción misma, así como en la generación de valor agregado a lo largo de todo el proceso productivo, hasta la comercialización con el consumidor final.

Para ello, a través de las intervenciones se promoverán el aumento y la diversificación de la producción de alimentos variados, nutritivos y sanos, tanto para el consumo de las familias campesinas como para la producción de excedentes para la venta. También, se facilitarán canales de acceso a productos y servicios técnicos (tales como programas de asistencia técnica y tecnología apropiada) y servicios financieros (líneas de crédito). Se ha de especificar que las tecnologías y prácticas agrícolas que se promuevan en el marco de las intervenciones serán respetuosas con el medio ambiente y fomentarán la adaptación de la producción al cambio climático.

Asimismo, se incentivará la constitución y/o el fortalecimiento del asociativismo entre productores (organizaciones de productores y cooperativas), desde la producción hasta la comercialización, fomentando la generación de valor añadido en todo el proceso. Concretamente, para promover y mejorar los procesos de comercialización se impulsarán iniciativas como por ejemplo, la participación en ferias comerciales, la constitución de redes de comercialización, el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para facilitar la venta de la producción, etc.

En esta línea, se fomentará la inclusión productiva en condiciones de igualdad para todos los grupos meta (especialmente para las mujeres y los jóvenes), la formalidad laboral y el trabajo decente.

Cabe mencionar que se llevarán a cabo acciones de mejora de la infraestructura vial con la rehabilitación de caminos vecinales, lo que abrirá nuevas oportunidades de comercialización y mejorará la conexión de los productores con los mercados, especialmente en las áreas rurales.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en esta línea de acción se impulsarán fundamentalmente a través de Subvenciones a ONGD en las diferentes convocatorias de las administraciones públicas. También se podrá contar con cooperación reembolsable para apoyar iniciativas de mejora de la infraestructura productiva. Asimismo, se puede contemplar en esta línea, acciones de cooperación técnica, aprovechando las sinergias en relación con el sistema institucional y socioeconómico de España (intercambio de conocimientos y experiencias, transferencia de tecnología, vinculación entre empresas, entre otras).

ODS 3: Salud y Bienestar

En el ámbito de la salud existe déficits importantes tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios, especialmente en las redes integradas de salud compuestas por los servicios de atención primaria integrados con los hospitales de referencia.

Estas deficiencias son particularmente llamativas es en el área de la Salud Sexual y Reproductiva. A pesar de que el país ha realizado avances importantes para la reducción de la mortalidad materno-infantil, sin embargo, sigue estando entre los países con las cifras más elevadas en Latinoamérica. Concretamente, la mortalidad materna, a un nivel de 100 muertes por 100.000 nacidos, es más del doble que el promedio en los países del Cono Sur. De manera similar, la tasa de mortalidad infantil, de 16,4 muertes por 1.000 nacidos vivos⁽¹⁸⁾ sigue siendo significativamente superior al promedio de esta región. Las altas disparidades regionales hacen que esta tasa sea un 50% superior en las áreas con mayor pobreza. También, sobresalen las elevadas cifras de embarazo adolescente, que tienden al aumento año tras año. A la vez, los índices de mortalidad por cáncer de útero y mama son de los más elevados de la región, debido al alcance limitado de los programas de prevención.

⁽¹⁸⁾ Estudio multidimensional de Paraguay: Volumen I. Evaluación inicial © OCDE 2018.

Las situaciones descritas son consecuencia de la escasa cobertura y eficacia de los servicios sanitarios, cuya capacidad se ve mermada por un alto nivel de centralización, la alta fragmentación del sistema de salud pública y una gestión sanitaria poco eficiente.

Ante estas problemáticas, el trabajo de la CE se enfocará en una Meta y dos Líneas de Acción:

Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud.

En este ámbito, la CE brindará esfuerzos y recursos para que el sistema público de atención primaria en salud (APS), y la red integrada que conforma con los hospitales y el sistema de referencia mejore, en calidad y eficiencia, el servicio de atención integral, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, entre otros). Las intervenciones se centrarán principalmente en los territorios priorizados de forma consensuada con la autoridad pública competente, aunque también se podrán desarrollar acciones para tal efecto en el nivel central.

Para ello, se implementarán programas de fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para ofrecer una adecuada atención médica, y de los gestores sanitarios para mejorar la gerencia de los servicios de salud. Análogamente, se prestará asistencia técnica para la definición e implementación de protocolos para la mejora de la atención médica y la gestión sanitaria, especialmente para los usuarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

También, se contribuirá a mejorar la gestión de la información y la generación de evidencias para la toma de decisiones, a través del apoyo para la puesta en marcha de un sistema de información sanitaria que unifique estadísticas sanitarias y registros administrativos, de forma interoperable con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

Finalmente, se acompañarán los procesos paulatinos de descentralización de los servicios sanitarios, propiciando la delegación de competencias en la toma de decisiones – con los recursos necesarios – del nivel central a los niveles locales (regiones sanitarias departamentales y municipios).

Se debe destacar que la Red EAMI, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), mantendrá la actual cooperación activa con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) de Paraguay, lo que permitirá incrementar la calidad, la eficiencia y el impacto en el sector de los medicamentos y dispositivos médicos.

L.A.3.8.B. Reforzar la salud sexual y reproductiva.

En este contexto, la CE plantea dar continuidad a las acciones que se han venido desarrollando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, desde el año 2014, en el marco de los programas de salud sexual y reproductiva (SSR) y, especialmente, del Programa para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal en los Servicios Públicos de Salud y del Programa Nacional para la Prevención de los Cánceres de Cuello Uterino y Mama (PNPCACUM).

Por un lado, se impulsará la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados, con particular atención a los adolescentes y a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. En este sentido, será importante garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de planificación familiar, por medio de la puesta en marcha de consultorios amigables para los adolescentes, que brinden servicios integrales de información, asistencia sanitaria y psicológica en el área de la salud sexual y reproductiva.

Por el otro lado, se mejorarán el acceso a – y la calidad de – los mecanismos públicos de salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino y de mama en el país. En este ámbito, tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID con la ONGD «Fundación Religiosos para la Salud – FRS», firmado a finales de 2018.

En esta línea, también se contribuirá a que las mujeres estén mejor atendidas durante el embarazo, parto y puerperio para prevenir la mortalidad materna e infantil. Se focalizarán esfuerzos en la formación de personal sanitario en atención prenatal y neonatal, con énfasis en la mejora de la capacidad de respuesta en caso de emergencias obstétricas. Otro aspecto de especial atención, serán las acciones de sensibilización a las mujeres para que cumplan con los controles prenatales pautados durante el embarazo.

De esta forma, se contribuirá al aumento de acceso y calidad de los servicios nacionales de salud a través del fortalecimiento de las redes integradas, con especial énfasis en el sistema de referencia y contrareferencia; cuidados primarios y cuidados quirúrgicos y especializados esenciales que se proveen en los hospitales de referencia, imprescindibles para reducir la mortalidad materna e infantil.

Instrumentos de cooperación:

Ambas líneas de acción se abordarán principalmente desde la cooperación bilateral de la AECID. Asimismo, a través de la cooperación técnica, el sistema público de salud español y la cooperación descentralizada pueden ofrecer importantes asistencias técnicas en este campo.

También, las ONGD podrán participar en acciones en este sector a través de las diferentes convocatorias de subvenciones de las diferentes administraciones públicas españolas.

ODS 4: Educación de calidad

Paraguay presenta un alto índice de subempleo e informalidad laboral (alrededor del 65% de la población ocupada total, que llega a sobrepasar el 80% en las áreas rurales). En este contexto, la fragilidad del sistema educativo y de formación profesional, junto a ciertas deficiencias en la calidad del mismo, frenan la profesionalización de la fuerza laboral, con evidentes implicaciones en las perspectivas de empleabilidad, el índice de desempleo y el nivel de formalización de la economía.

Ante este escenario, se hace necesario apostar por la reforma del sistema de formación profesional, mejorando su orientación a la profesionalización y orientándolo al incremento de la empleabilidad y el emprendimiento formalizado. Cabe mencionar que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entidad nacional rectora en este sector, está realizando esfuerzos significativos para la modernización del sistema de formación profesional, a través de políticas activas de empleo, el fomento del emprendimiento y el pilotaje de experiencias de formación profesional dual.

En este ámbito, la Cooperación Española ha focalizado su trabajo en el Programa de Escuelas Taller que, desde el año 1992, ha impulsado la creación de cinco escuelas (Asunción, Encarnación, Concepción, San Pedro Ycuamandiyú y San Juan Bautista) orientadas a la formación técnica y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para favorecer su inserción socio-laboral, centrándose principalmente en oficios relacionados con la rehabilitación del patrimonio y, más recientemente, en oficios relacionados con el sector de hostelería y con gestión de agua y saneamiento.

Análogamente, en el ámbito del ODS 4, la CE en Paraguay ha promovido activamente la cultura como motor de transformación social en pos del desarrollo, desarrollando un amplio y diversificado programa cultural a través del CCEJS.

En este objetivo se enfocarán esfuerzos en dos Metas y dos Líneas de Acción:

Meta 4.4. Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad.

En esta línea de acción, se actuará para que los grupos en situación de vulnerabilidad (especialmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad) puedan acceder a oportunidades de formación profesional que proporcionen competencias técnicas orientadas a la empleabilidad y el emprendimiento.

Para ello, se promoverá la mejora de la formación profesional en educación técnica, que proporcione a las personas provenientes de entornos vulnerables las competencias adecuadas para favorecer su inserción laboral en condiciones decentes. Esto podrá incluir la formación de formadores, la mejora de las currículas y de los marcos de cualificaciones y competencias profesionales, y la dotación de equipamiento didáctico, especialmente en el seno de las Escuelas Taller.

Asimismo, se focalizarán esfuerzos para mejorar la sostenibilidad institucional de las Escuelas Taller impulsando la transferencia e integración de este programa dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Ciencia, Gobernaciones y Municipalidades, fomentando de esta forma la apropiación del programa en el sistema nacional de formación profesional. Con ello, se pretende institucionalizar un Programa Nacional de Escuelas Taller en Paraguay que permita apoyar y replicar el modelo de formación técnica y profesional en nuevas Escuelas que se pongan en marcha.

Cabe resaltar que los esfuerzos que realice la CE, se enfocarán principalmente en mejorar la accesibilidad de los servicios de formación profesional para los grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En este sentido, las intervenciones serán orientadas a la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas procedentes de las áreas rurales, para favorecer su acceso a un empleo digno.

Para fortalecer la vinculación entre la formación laboral y el acceso al empleo se promoverá el establecimiento de convenios que incluyan programas de prácticas en empresas, como corolario y complemento de la formación teórica. Para ello, se fomentará el involucramiento de empresas, fundaciones empresariales y, en general, con las áreas de responsabilidad social corporativa de entidades del sector privado, en función de la puesta en marcha de experiencias de APPD (alianzas público-privadas para el desarrollo).

En este ámbito tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID con la ONGD Plan Internacional, firmado a finales de 2018, para mejorar el acceso a la formación profesional y al empleo digno mediante enfoque inclusivo y diferencial.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se abordará principalmente desde la cooperación bilateral de la AECID, la cooperación técnica y el Programa de Escuelas Taller. Asimismo, se podrá intervenir en este sector a través de las subvenciones a ONGD de las diferentes convocatorias abiertas y promoviendo alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 4.7. Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes.

L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas.

A través de las actividades desarrolladas por el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Paraguay, la CE contribuirá a que la población tenga acceso a actividades culturales y formativas inclusivas, con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural. Esto parte del supuesto que la mejora de la oferta cultural del país podrá favorecer el respeto a la diversidad, el desarrollo de las capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la cultura de paz.

Para ello, por un lado se prevé seguir alimentando una programación diversificada de iniciativas culturales con componentes de innovación cultural, interculturalidad y/o de inclusión social; y por el otro, actuar para mejorar la formación del personal (de entidades públicas y privadas) que se dedica a la gestión cultural para que se pueda mejorar la difusión de la cultura en el país.

De esta forma, se espera que un número cada vez mayor de personas pueda acceder a la oferta cultural promovida tanto por el CCEJS como por otros espacios y contribuir a generar un entorno social favorable para el desarrollo sostenible e inclusivo.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se abordará principalmente desde los instrumentos del CCEJS de la AECID, en los que destaca el programa ACERCA, orientado a la formación de actores y gestores culturales de instituciones públicas y privadas, para contribuir a la mejora de la oferta cultural. También, en esta línea se podrán promover alianzas público-privadas para el desarrollo.

ODS 5: Igualdad de género

En lo que se refiere al ámbito de la igualdad y empoderamiento de las mujeres, Paraguay enfrenta importantes desigualdades de género, siendo las brechas generalmente mayores en el ámbito rural. Aunque el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 ofrece un marco legal adecuado para impulsar las acciones en el ámbito de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, sin embargo, aún queda un largo camino para garantizar la plena incorporación de la igualdad de género en la agenda política y en la sociedad.

Un aspecto a destacar es que Paraguay es uno de los países en Latinoamérica con menor representación de mujeres, con sólo 16,8% de mujeres presentes en los espacios de representación en el último periodo parlamentario. Son varias las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito de la participación política, resultando de alguna manera relegadas de los espacios de toma de decisiones.

Otro aspecto alarmante se refiere a los altos niveles de violencia contra las mujeres por razones de género, con las consecuentes altas tasas de feminicidio que enfrenta el país. Con la promulgación de la Ley No. 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, se han puesto de manifiesto los esfuerzos nacionales para dotarse de un marco legal de protección a las mujeres y para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida. Sin embargo, hasta el momento actual, la ley no cuenta con planes operativos definidos y carece de un marco programático y presupuestario claro que favorezca su operativización.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, se enfocarán esfuerzos en dos Metas y tres Líneas de Acción:

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.

Las intervenciones en este ámbito estarán orientadas esencialmente a dos propósitos. En primer lugar, el fomento de un marco legal, institucional y operativo más efectivo en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (VVG), para lo cual la CE se focalizará en fortalecer las capacidades de las instituciones públicas que tienen obligaciones en materia de prevención, incluidos los gobiernos departamentales y locales, a través de asistencia técnica para la elaboración y puesta en marcha de estrategias y/o planes de prevención y erradicación de la VG; el diseño e implementación de protocolos de atención integral y protección a VVG; y la mejora de la detección y derivación de casos de VVG a las instancias correspondientes para ofrecer una atención integral.

En segundo lugar, la CE se centrará en habilitar el acceso a mejores servicios de atención integral para las mujeres VVG. Para ello, se actuará directamente con el sector público, activando servicios de información y atención integral y fortaleciendo las capacidades de los funcionarios competentes en atención a víctimas de violencia de género y en la aplicación de procedimientos probatorios. También, se llevarán a cabo intervenciones con la sociedad civil, reforzando la estructura institucional y las capacidades de las organizaciones e instancias (asociaciones, redes, OSC, ONG, etc.) dedicadas a la prevención y atención de las VVG. Todo esto, en el entendido de que la mejora de los procedimientos de atención psicosocial, metodologías y técnicas forenses aplicables a la investigación de violencia de género podrá contribuir de forma significativa a la disminución de la impunidad y el establecimiento de una hoja de ruta que garantice el acceso a la justicia y el resarcimiento de las víctimas.

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.

En esta línea de acción, desde la CE se impulsará la integración efectiva de la perspectiva de género en dos niveles: por un lado, en las instancias responsables de la implementación de políticas públicas y por el otro, en la sociedad civil y sus organizaciones.

En relación al primer nivel, se brindará asistencia técnica a las entidades públicas receptoras de las intervenciones para que incorporen planes y políticas de fomento de la igualdad de género, con financiación a cargo de los presupuestos públicos. Este esfuerzo será dirigido principalmente a las instancias del poder ejecutivo, tanto del nivel central como del nivel descentralizado (gobiernos departamentales y municipales), en zonas geográficas priorizadas conjuntamente con el gobierno nacional.

En relación al nivel de la sociedad civil, se llevarán a cabo acciones de fortalecimiento general a las organizaciones de mujeres, para que consoliden sus capacidades de defensa de los derechos humanos y contribuyan a un marco de mayor exigibilidad jurídica. En este ámbito, se podrá apoyar a las organizaciones para que elaboren, consensuen y presenten propuestas e iniciativas en materia de protección y exigibilidad de los derechos, desde una perspectiva de corresponsabilidad en las dinámicas del desarrollo. También, será posible realizar programas y acciones educativas y de sensibilización en distintos espacios de la sociedad, al respecto de los diferentes tipos de discriminación que afectan a las mujeres y las implicaciones que ellas conllevan para el conjunto de la sociedad paraguaya.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones de la vida pública.

Coherentemente con las intervenciones y los objetivos descritos en la línea anterior (5.5.A), en esta línea de acción se desarrollarán iniciativas dirigidas a reforzar a las mujeres y sus organizaciones en términos de liderazgo, representación y participación en los espacios de toma de decisiones y en la vida pública. Para ello, se apoyarán acciones de sensibilización, incidencia y formación que permitan a las mujeres desarrollar su liderazgo individual y colectivo.

Asimismo, se promoverán acciones específicas para que las instituciones públicas, las organizaciones sociales y políticas del país implementan medidas dirigidas al fomento de la paridad de género en sus órganos de gobierno.

Garantizar el aumento del liderazgo, el empoderamiento y la participación de las mujeres en la vida social y política es fundamental para mejorar la igualdad en el país.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en las tres líneas de acción se implementarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, subvenciones a ONGD, Cooperación Delegada de la Unión Europea, así como a través de diferentes programas impulsados por el Centro Cultural de España Juan de Salazar de la AECID. En este ODS también se podrán considerar las becas de formación MAEUC-AECID.

Asimismo, a través de la cooperación técnica, el Ministerio de Justicia puede ofrecer asistencias técnicas a través de la experiencia y los expertos de las oficinas de atención a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Pese al crecimiento sostenido de los últimos años, aún persisten en Paraguay importantes brechas para alcanzar la cobertura total de agua potable y saneamiento digno. Según el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (2018), el 78% de los hogares en Paraguay tiene acceso agua limpia mientras que el 83% cuenta con infraestructura de saneamiento mejorado, sólo el 11% tiene acceso a servicios de alcantarillado sanitario y tan sólo el 2% de las aguas cloacales son tratadas.

Existe una importante cantidad de la población paraguaya que aún bebe agua extraída de pozos, aguas superficiales e incluso agua de lluvia sin ninguna garantía acerca de su calidad. El déficit de agua y saneamiento afecta principalmente a las poblaciones en situación de pobreza, las comunidades dispersas, los asentamientos y a los pueblos indígenas en las zonas marginales periurbanas y en las áreas rurales.

Paraguay cuenta con una red hidrográfica muy importante y extensa en todo su territorio. La Ley 3239/07 de Recursos Hídricos aporta el marco legal de regulación del sector con el objetivo de que se consolide una gestión integral adecuada del agua para que se convierta en un recurso social, económico y ambientalmente sustentable. Ante el progresivo degrado que están sufriendo los recursos hídricos, es urgente la ejecución efectiva de esta ley, para lo que se deben encaminar esfuerzos de manera más directa para mejorar la conservación y mantenimiento de este rico patrimonio natural que adecuadamente gestionado puede generar importantes beneficios ambientales y económicos al país.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, la CE se compromete a contribuir a las siguientes metas:

Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable.

Meta 6.2. Lograr el acceso equitativo a servicios básicos de saneamiento e higiene.

En el marco de estas dos Metas se trabajará con la siguientes dos Líneas de Acción del V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021:

L.A 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable.

L.A 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento.

El Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española cuenta con presencia en el país desde 2009 con proyectos encaminados a ampliar el acceso a agua y saneamiento, fundamentalmente en el área rural. El Banco Interamericano de Desarrollo-BID- es el socio estratégico para la ejecución de los proyectos. Las intervenciones se complementan con créditos del FONPRODE de la AECID. En total, se han construido más de 226 sistemas en comunidades rurales y 40 sistemas en comunidades indígenas.

En el marco de este MAP, a través de fondos del FCAS y FONPRODE, se continuará la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura en agua y saneamiento en área rural y periurbana, con perspectiva de género y enfoque de derechos, a través de la construcción de infraestructuras de calidad y adaptadas a las condiciones de los territorios.

Asimismo, se velará por el adecuado funcionamiento, calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento creados. Para ello, se capacitará en operación y mantenimiento a los miembros de las Juntas de Saneamiento constituidas en las comunidades para asegurar la sostenibilidad de los sistemas establecidos; y se seguirán fortaleciendo o creando nuevas Juntas de Saneamiento para la gestión y administración de los sistemas construidos, velando por la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en agua y saneamiento se realizarán fundamentalmente a través del Fondo de Agua y Saneamiento (FCAS) y con créditos de FONPRODE en consorcio con el BID como socio estratégico para la ejecución. También en esta línea se pueden contemplar la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea y las alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hídricos.

L.A 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos.

En esta línea, se promoverá la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos con un enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) que tenga en cuenta los intereses ambientales, sociales y económicos, en una perspectiva multinivel.

Para ello, se desarrollarán procesos de formación en GIRH y gestión medioambiental, dirigida al personal técnico y político de los gobiernos locales e instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos y, también, se capacitará y sensibilizará a la sociedad civil en el uso responsable del agua y en la adopción de prácticas de protección del medio ambiente.

En este ámbito, también se plantea la elaboración de un plan de manejo de la cuenca hidrográfica del río Pilcomayo y la puesta en marcha de sistemas de monitoreo que brinden datos y evidencias sobre el estado de los recursos hídricos para la priorización de acciones de preservación.

Concretamente, en este sector cabe destacar que, a finales de 2018, se ha aprobado un proyecto en Paraguay financiado a través de la convocatoria de acciones de innovación de la AECID, que tiene por objetivo establecer un sistema de monitoreo de la situación hídrica del lago Ypacaraí (Departamento Central), orientado a la toma de decisiones oportunas para la preservación del lago por parte de los actores políticos locales y las autoridades de los municipios de la cuenca del lago.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en esta línea de acción se desarrollarán fundamentalmente a través de Subvenciones a ONGD cooperación técnica y Cooperación Interuniversitaria. También, se promoverán en esta línea alianzas público-privadas para el desarrollo y la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Uno de los retos relevantes que enfrenta el país en el ámbito del desarrollo económico es la escasa diversificación de la matriz productiva, lo cual repercute en una capacidad limitada de generar oportunidades laborales formales y empleos decentes (sobre todo en las zonas rurales) e implica un importante coste de oportunidad en la creación y retención de valor en las cadenas productivas.

De ahí que el tejido productivo en Paraguay se caracterice por un porcentaje muy relevante de micro y pequeñas empresas escasamente profesionalizadas, con bajo desarrollo en innovación y con insuficientes rendimientos. Una de las principales barreras que dificulta la puesta en marcha de emprendimientos y la innovación en las microempresas es el bajo acceso a capital inicial, que podría darse a través de fondos semillas, rotatorios o créditos; así como la inclusión financiera apenas incipiente de la población vulnerable.

En este sentido, cabe mencionar que el nuevo Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE), inaugurado en 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al igual que el Viceministerio de MIPYMES dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están poniendo a disposición un número creciente de productos y servicios para impulsar el ecosistema emprendedor y crear un entorno favorable al desarrollo de las actividades económicas.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, la CE enfocará sus esfuerzos en la siguiente Meta y Línea de Acción:

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas.

En esta línea de acción, se promoverá el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector tanto productivo como de servicios, dirigidos a la diversificación de la actividades económicas y a la generación de ingresos, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros) y con particular atención en el área rural.

Para ello, se impulsará la puesta en marcha de emprendimientos formalizados por iniciativa de personas provenientes de entornos vulnerables para favorecer su inclusión productiva. Para impulsar el desarrollo y consolidación de los emprendimientos, se mejorará el acceso a los productos crediticios existentes y se propiciará la creación de nuevos productos financieros que faciliten el flujo de capitales para las personas que están emprendiendo actividades económicas. Para favorecer la viabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos económicos, se propiciarán alianzas con el Centro de Entrenamiento del Emprendedor y el sistema nacional de formación profesional del MTESS.

También, se buscará estimular la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) de producción y servicios, así como su inserción en el mercado, para que, a través de la innovación y la incorporación de tecnología en el encadenamiento de valor, aumenten su productividad y rentabilidad, especialmente en el área rural. Asimismo, se fortalecerá el acceso de las MIPYMES a programas de créditos en condiciones flexibles para impulsar el desarrollo de su actividad empresarial.

En este sentido, será especialmente importante alentar una mayor cohesión y acercamiento entre el sector público y sector privado, especialmente mejorando la disponibilidad y el acceso para los grupos en situación de vulnerabilidad a productos y servicios públicos (asistencia técnica, procesos de formalización, simplificación y desburocratización, entre otros) ofertados por el MTESS y el Viceministerio de MIPYMES del MIC, como instancia articuladora de las instituciones y organizaciones encargadas de la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el sector servicios, se promoverán especialmente las iniciativas económicas dirigidas a impulsar actividades en el sector turísitico, como motor de crecimiento socioeconómico y fuente importante para promover el empleo, la innovación y el desarrollo sostenible e inclusivo.

Se hará especial énfasis en promover los emprendimientos y MIPYMES lideradas por mujeres, especialmente jefas de hogares en situación de pobreza.

En este ámbito, tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID firmado a finales de 2018 con la organización Plan Internacional, cuyo objetivo principal es mejorar las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de jóvenes rurales.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación técnica y Subvenciones a ONGD. También se contará con cooperación reembolsable del FONPRODE de la AECID, que tiene como uno de sus fines el apoyo a programas de microfinanzas y al tejido productivo social. En esta línea de acción se promoverán especialmente las alianzas con el sector privado, tratando de impulsar como instrumento las alianzas público-privadas para el desarrollo.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

En lo que respecta al desarrollo territorial, Paraguay está viviendo un proceso de concentración urbana significativa y de deterioro ambiental, en el contexto de altos niveles de desequilibrio en la distribución de bienes y recursos.

Concretamente, el diagnóstico territorial de Paraguay muestra algunos elementos clave que han definido la organización territorial del país, tales como: las formas históricas de valorización del territorio, con el avance y conquista escasamente ordenada de los espacios vacíos; el progreso geopolítico y económico de los países vecinos; el modelo productivo agropecuario con un alto porcentaje de concentración de la propiedad de la tierra en las manos de una minoría; y, finalmente, las fragilidades en la gestión del territorio desde el sector público.

Como resultado de la combinación de todos estos elementos, actualmente el mapa del Paraguay muestra un territorio polarizado, fenómeno que se consolida año a año, debido a la concentración de población en algunos lugares, especialmente en el área metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, y al despoblamiento (con la consecuente reducción de oportunidades) en las áreas rurales remotas, con bajos niveles de conectividad o con baja capacidad de poner en valor sus recursos.

El proceso de urbanización y la consecuente presión demográfica y social que éste conlleva sobre las áreas urbanas pueden considerarse, en buena medida, una consecuencia de las debilidades de planificación territorial y de las lagunas normativas y regulatorias en el ámbito. Estos factores dificultan, a su vez, la lucha contra la informalidad, la gobernabilidad urbana y el acceso continuado a los servicios públicos.

Este contexto afecta también al patrimonio histórico y cultural que va deteriorándose paulatinamente y sólo en mínima parte se rescata para fines culturales y comerciales.

Por otra parte, se ha de resaltar que, desde hace algunos años, las autoridades nacionales han venido impulsando un esfuerzo positivo para la mejora de la planificación territorial, exigiendo la preparación de planes de desarrollo locales (distritales, departamentales, etc.) como requisito fundamental para la puesta en marcha de políticas públicas y la movilización de recursos presupuestarios. No obstante, dichos planes carecen a menudo de la calidad y pertinencia necesarias y, además, no siempre responden adecuadamente a las necesidades del conjunto de la población, debido a que los mecanismos de consulta se implementan de forma aleatoria y contando con una participación escasamente representativa del conjunto de la sociedad local.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, desde la CE se enfocarán esfuerzos en dos Metas y dos Líneas de Acción:

Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible.

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado.

Ante el escenario descrito, la cooperación española brindará recursos técnicos y financieros para que la planificación y la gestión del desarrollo territorial, tanto urbano como rural, se lleve a cabo incorporando mecanismos de participación, integración y sostenibilidad. Para lograrlo, se apoyará a las instituciones y actores clave en favor de una gobernanza territorial que incorpore a la sociedad civil y sea inclusiva con grupos en situación de vulnerabilidad, reforzando la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados.

Concretamente, se podrá ayudar a las instancias públicas competentes – principalmente los gobiernos municipales y departamentales – en la elaboración y/o actualización de los planes de desarrollo territorial (distritales, departamentales y/o sectoriales), asegurando que el proceso se lleve a cabo de forma participativa entre gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y otros, en una visión de corresponsabilidad en el desarrollo. Asimismo, la CE podrá ayudar a velar por la incorporación de una perspectiva de inclusión y sostenibilidad en dichos planes. Esto podrá reflejarse, por ejemplo, en las infraestructuras y espacios públicos que se construyan o adecúen a los criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Con el objetivo de que en la gestión del territorio se incorpore a la ciudadanía, se apoyarán acciones y se impulsarán espacios para fomentar la participación de la sociedad civil en la gobernanza territorial, principalmente promovidas desde el Centro Cultural Español Juan de Salazar.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral, cooperación técnica y subvenciones a ONGD. También, se podrán impulsar la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea. Asimismo, se podrá contar con cooperación reembolsable del FONPRODE de la AECID y alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

L.A.11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

La CE actuará para que la recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico y cultural favorezca el desarrollo económico local y la inclusión social teniendo en cuenta los efectos positivos tanto directos como indirectos que genera el incremento de flujos turísticos.

Para ello, se trabajará por conservar el valor intrínseco del patrimonio histórico y cultural de manera integral con intervenciones de recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio considerando además la creación de empleo, formación profesional, turismo y regeneración de espacios urbanos y rurales. Asimismo, se procederá a la transferencia de conocimientos y mejora de capacidades del personal funcionarial asignado a la gestión y conservación del patrimonio cultural e histórico. También, se focalizarán esfuerzos en la mejora de la accesibilidad de los conjuntos patrimoniales, sobre todo para las personas con discapacidad.

Para la salvaguardia del patrimonio, se buscará positivamente crear y formalizar alianzas estratégicas entre diversos actores y sectores, en una perspectiva de corresponsabilidad y utilizando herramientas como las alianzas público-privadas para el desarrollo.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación reembolsable y cooperación técnica. Para ello, se podrá contar -entre otros-con la asistencia técnica del Ministerio de Fomento de España.

También, destaca en esta línea el programa ACERCA de la CE que tiene entre sus componentes el apoyo a la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Paraguay es considerado un país de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres y niños/as víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En este campo, son notorios los esfuerzos del gobierno para resolver este problema mediante la creación de una Unidad Especializada de Trata de las personas y el nombramiento de una fiscalía específica para este tema, que goza de reconocimiento internacional. En 2013, se adoptó una Ley Integral de Trata de personas que tiene por objetivo prevenir y sancionar este delito, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En este contexto, para poder implementar el marco legal vigente y que las instituciones puedan actuar eficientemente se deben fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional.

El sistema judicial de Paraguay se enfrenta a varios problemas para cumplir su objetivo de administrar justicia de forma puntual, transparente e imparcial, por ejemplo, el país tiene un número de jueces relativamente bajo –únicamente 8 por cada 100 000 habitantes⁽¹⁹⁾. Asimismo, deben ser superadas algunas barreras de acceso de a la justicia, como, por ejemplo, barreras geográficas (proximidad), económicas o culturales. A pesar de los recientes esfuerzos por facilitar el acceso a la justicia, el sistema aún se percibe como distante y receptivo únicamente a las necesidades de unos pocos privilegiados (OCDE, 2018).

⁽¹⁹⁾ Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030.

En lo que se refiere a los procesos de gestión eficiente y transparencia de las instituciones públicas, en los últimos años, se han llevado a cabo importantes avances, como la adopción de la primera ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Sin embargo, desarrollar un gobierno más abierto, transparente, capaz de rendir cuentas y participativo, con el fin de garantizar que las políticas reflejen de forma adecuada las necesidades de la población, sigue siendo un importante desafío a los que se enfrenta el país.

El desafío de la gestión transparente y basada en resultados se encuentra actualmente como una de las prioridades políticas en la agenda nacional. De cara a ello, uno de los graves déficits del país es que en la mayoría de sectores la información es heterogénea y desactualizada, siendo difícil contar con datos fehacientes y evidencias para sustentar y fundamentar el diseño y monitoreo de programas y políticas públicas. Por ello, otro reto que el país está enfrentando es la consolidación de la cultura estadística, para que las autoridades nacionales electas y los equipos técnicos puedan contar con información oportuna para la correcta toma de decisiones.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, se enfocarán esfuerzos en tres Metas y cuatro Líneas de Acción:

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia.

L.A. 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de seres humanos.

En este ámbito, se promoverá que las instituciones responsables de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mejoren sus capacidades para prevenir y dar una respuesta integral y eficaz a las víctimas de trata de seres humanos.

Para ello, se podrá actuar principalmente en tres niveles. En primer lugar, la puesta en marcha de nuevos servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de trata. En segundo lugar, la mejora de capacidades del personal funcionarial de las institucionales nacionales responsables de la lucha contra la trata de personas. Y finalmente, el establecimiento de espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional para abordar los problemas de la trata de seres humanos de una forma integral y más eficaz.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se articulará fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID y la cooperación técnica con expertos de instituciones de la región (cooperación triangular). Destaca el papel que puede desempeñar la cooperación técnica española. Específicamente, el Ministerio de Justicia cuenta con una amplia experiencia y expertos en instrumentos legales para la protección y asistencia de víctimas de trata de seres humanos.

Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia.

L.A. 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los derechos humanos.

En esta línea de acción, la CE se concentrará en la mejora del acceso a las instituciones y/o servicios de justicia, especialmente para la población de las áreas rurales y periurbanas.

Para ello, por un lado, se apoyará la puesta en marcha de nuevos servicios de justicia a nivel comunitario. Por el otro, se apoyará a las autoridades competentes de los gobiernos locales y departamentales para la ampliación de la prestación de servicios de acceso a la justicia, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la negociación y la mediación, que sirvan para garantizar una respuesta oportuna a las demandas legales de los ciudadanos.

Asimismo, en esta línea se apoyará específicamente la implementación de la Mediación Penal Juvenil como una herramienta de la Justicia Restaurativa en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes infractores evitando de esta forma las penas privativas de libertad.

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos.

La CE trabajará para que la población paraguaya, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, con particular atención a las mujeres, personas con discapacidad e indígenas, mejoren sus conocimientos sobre el ejercicio y exigibilidad de sus derechos legales, desde una perspectiva de corresponsabilidad de titulares de derechos y de obligaciones para la consolidación del Estado de Derecho.

En este componente, se realizarán intervenciones conjuntas con las instituciones públicas, para que incorporen un enfoque de derechos humanos en sus planes estratégicos; así como acciones dirigidas a la población paraguaya en su conjunto, tales como acciones de educación y campañas de información y sensibilización, en aras de generar un entorno favorable para el ejercicio pleno de la ciudadanía y una cultura de paz

Instrumentos de cooperación:

En esta meta y sus respectivas dos líneas de acción se trabajará tanto desde la cooperación bilateral como las subvenciones a ONGD y la cooperación técnica, propiciando los intercambios con expertos de instituciones españolas, especialmente del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y de la región (cooperación triangular).

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

En esta línea, se contribuirá a que las instituciones públicas, tanto a nivel central como regional (departamental y municipal), mejoren sus capacidades para planificar y ejecutar los recursos públicos de manera eficiente y en función de resultados, ofreciendo servicios públicos de calidad y rindiendo cuentas.

La asistencia brindada por la cooperación en este sector podrá contemplar el apoyo a las instituciones nacionales, centrales y descentralizadas, para la elaboración de planes estratégicos y operativos, con los respectivos presupuestos, orientados a resultados, mejorando la trazabilidad de las inversiones y su vinculación con productos concretos e impactos medibles. Para ello, también será pertinente impulsar el diseño y puesta en marcha de sistemas de monitoreo y seguimiento para los programas y políticas públicas, vinculados al sistema estadístico nacional, para que puedan brindar información relevante y evidencias de cara a la toma de decisiones.

En esta misma línea, por tanto, también resultará pertinente enfocar los esfuerzos de la cooperación en el acompañamiento del proceso – actualmente incipiente – de reforma y modernización del sistema estadístico nacional, para que el futuro Instituto Nacional de Estadística tenga la capacidad de vincular y procesar de manera interoperable los registros administrativos de las distintas instituciones públicas a nivel nacional y local. Asimismo, la CE realizará esfuerzos para que los indicadores de los planes de políticas sectoriales sean formulados de forma armonizada con los indicadores de la Agenda 2030, de manera a facilitar el trabajo de monitoreo y reporte del país en el marco de los mecanismos de informes voluntarios en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las NNUU.

Adicionalmente a lo mencionado, la CE entiende que el funcionamiento eficiente de los sistemas de gestión del sector público depende también, en buena medida, del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. De ahí que se promoverán iniciativas que mejoren los procesos de desconcentración y descentralización de las políticas y servicios públicos, como elemento fundamental para mejorar la calidad de vida en los territorios.

En esta línea de acción se plantea, además, otro propósito de largo alcance: la construcción de políticas e instituciones públicas más inclusivas y responsables. Para ello, se focalizarán esfuerzos para la incorporación sistemática del enfoque de derechos humanos integrando la perspectiva de discapacidad, interculturalidad y género en las instituciones y sus planes estratégicos y operativos, en aras de promover una sociedad con más cohesión y reducir los riesgos y costes vinculados con la exclusión. En este sentido, se podrán fortalecer e, incluso, crear, instancias gubernamentales, así como organizaciones sociales de personas con discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, para promover su participación en la vida política y ciudadana.

Igualmente, en relación con los puntos anteriores, para que los procesos impulsados tengan retroalimentación y generen evidencias, desde la CE se promoverá el diseño, establecimiento, incorporación y utilización de indicadores estadísticos sobre discapacidad en los sistemas estadísticos nacionales.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se puede apoyar especialmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación técnica con misiones de expertos de instituciones públicas de España y de la región (cooperación triangular). También se podrá profundizar en esta línea a través de subvenciones a ONGD en las convocatorias de las diferentes administraciones públicas. La Cooperación Delegada será otro instrumento que se podrá utilizar para impulsar esta línea de acción.

4. Implementación de la estrategia

4.1 Alianzas: cuadro de asociación.

La CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores (públicos, privados y agentes sociales) comprometidos con los ODS de forma que se puedan coordinar y armonizar las diferentes intervenciones.

El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar relaciones horizontales y sinergias entre organismos homólogos de España y Paraguay, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles. Esta alianza entre diferentes actores de la CE con instituciones públicas y agentes sociales de Paraguay será un proceso continuo durante toda la vigencia del MAP que reforzará el protagonismo y liderazgo del país, con el objetivo final de reforzar la democracia por medio del fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Para ello, la CE desde su capacidad de poner en relación a organismos públicos, privados y agentes sociales frente a un objetivo común, impulsará las alianzas multiactor como medio para contribuir a los ODS y metas seleccionadas desde las capacidades de los diferentes actores involucrados.

En el Cuadro de Asociación (Ver Anexo 2) se muestran los actores de la CE, clasificados según su nivel de participación, y las instituciones socias en Paraguay que intervendrán por cada una de las líneas de acción priorizadas en el presente MAP.

Teniendo en cuenta los ámbitos sectoriales en los que se trabajará en el MAP se prevé que se pueden establecer alianzas estratégicas con numerosas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Específicamente, tendrán especial incidencia en el desarrollo del Marco de Asociación los siguientes actores españoles, paraguayos, multilaterales y regionales:

Administración General del Estado y entidades del sector público institucional:

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) es el órgano responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política de cooperación internacional para el desarrollo. De esta Secretaria dependen la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), responsable de la planificación, seguimiento y evaluación de políticas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), responsable de la gestión y ejecución de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Asunción, que se abrió hace casi 30 años, está a cargo del seguimiento de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo financiados por la AECID, así como del apoyo y coordinación con todos los actores de la Cooperación Española presentes en Paraguay.

Uno de los ámbitos de especial diferenciación y valor añadido de la CE es la Cultura para el Desarrollo, con una larga y reconocida trayectoria en Paraguay a través del Centro Cultural Español Juan de Salazar (CCEJS) de la AECID.

La OTC y el CCEJS llevarán a cabo diversas actuaciones y programas orientados al cumplimiento de los ODS y metas establecidas en el presente MAP, que contribuirán a mejorar la inclusión de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, al fortalecimiento de instituciones y políticas públicas tanto a nivel nacional como local y al fortalecimiento de organizaciones y colectivos de la sociedad civil para la promoción y ejercicio de los derechos y la diversidad como dimensión fundamental para un desarrollo humano sostenible.

Por su parte, la Oficina Económica y Comercial de España en Asunción (OFECOM) tiene entre sus principales objetivos la internacionalización de la economía española y la prestación de servicios y asistencia a las empresas y emprendedores en Paraguay. Igualmente, es responsable de las relaciones institucionales económicas y comerciales y de generar información económica y comercial sobre Paraguay. La OFECOM está a cargo del Programa de Conversión de Deuda en Educación firmado con Paraguay que finalizaría previsiblemente a finales de 2020.

Adicionalmente, la CE se apoyará en la AGE para la prestación de asistencias técnicas en varias de las líneas de acción priorizadas. Destacan el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que podrá colaborar en mejorar la calidad de los servicios sanitarios de salud, así como los Servicios Autonómicos de Salud por estar descentralizada la provisión de servicios de salud (ODS 3). Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España podrá apoyar en el próximo periodo, mediante el Servicio Público de Empleo Estatal, al fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo paraguayos (ODS 4). El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contribuirá a través de diversos intercambios al fomento de las actividades culturales que se realizan desde el CCEJS de la AECID (ODS 4) y a las acciones de recuperación del patrimonio histórico y cultural (ODS 11). El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia pueden ser excelentes aliados para mejorar la inclusión de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad paraguaya y para orientar acciones que contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres y niñas (ODS 5). El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá compartir su experiencia, buenas prácticas y conocimientos para apoyar el desarrollo de actividades económicas sostenibles y para fomentar el desarrollo de iniciativas de turismo sostenible y de innovación turística (ODS 9), y, asimismo, el Ministerio de Economía y Empresa podrá apoyar a las MIPYMES a mejorar su competitivad e inserción en el mercado incorporando iniciativas innovadoras y tecnología en la cadena de valor (ODS 9). Además, el Ministerio de Interior podrá contribuir con asistencia técnica a la lucha contra la violencia de género y contra la trata de seres humanos en Paraguay (ODS 5 y ODS 16). Adicionalmente, el Ministerio de Fomento será un aliado estratégico en los temas relacionados con el planeamiento urbano y la conservación del patrimonio (ODS 11).

Una contribución relevante es la que puede brindar el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para diversas líneas del ODS 16, como la contribución a la mejora de la protección de las víctimas de trata de seres humanos, el fortalecimiento del acceso de la población a las instituciones de justicia y en el apoyo a procesos de justicia restaurativa (ODS 16). Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de Estadística a través de sus programas de asistencias técnicas podrán fortalecer los sistemas de gestión del sector público paraguayo (ODS 16).

Hay que mencionar también la labor que realizan la Fundación Carolina con sus programas de formación para el fortalecimiento de la administración pública, la Red EAMI, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), mediante los Programas Iberoamericanos de Formación Técnica Especialista (PIFTE) que desarrollan en colaboración con la AECID; así como la Fundación Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) que a través de sus programas de cooperación delegada contribuirán al fortalecimiento de las instituciones paraguayas.

Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL).

Como parte de la Cooperación Española en Paraguay, está la cooperación al desarrollo que realizan las CCAA y EELL, que es reconocida por su importante valor añadido como expresión de la diversidad de sensibilidades y pluralidad de intereses existentes en España.

Las CCAA durante el período del MAP 2012-2017 aportaron a Paraguay aproximadamente 4.2 millones de euros, destacando la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Junta de Extremadura, tanto por su trayectoria de cooperación con el país como por el volumen de recursos destinado. Gran parte de estos fondos fueron canalizados a través de ONGD.

La Cooperación Descentralizada impulsada por las administraciones locales es un actor que en el marco del MAP puede desarrollar una importante labor para favorecer los procesos de desarrollo basados en el territorio, apoyando desde su experiencia el fortalecimiento de la gobernanza multinivel, la participación ciudadana y la provisión de bienes y servicios que dependen en buena medida de la gestión de los gobiernos locales. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puede ser un importante aliado para fortalecer las capacidades de gestión de las Gobernaciones y Municipios paraguayos.

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.

Las ONGD españolas -agrupadas en la Coordinadora de ONGD españolas de Paraguay (COEPY)- son uno de los principales actores de la CE en el país y canalizan en alianza con sus socios paraguayos aproximadamente el 64% de la AOD española en Paraguay, contribuyendo con ello al desarrollo del país y al fortalecimiento de la sociedad civil paraguaya con la que mantienen una estrecha relación de cooperación.

Las ONGD españolas serán un actor clave en el presente MAP para el fortalecimiento de la sociedad civil paraguaya y la promoción de la participación ciudadana y de los derechos humanos, en el marco de la gobernabilidad democrática de Paraguay.

Los principales instrumentos de financiación de la cooperación con ONGD, además de los fondos propios de las organizaciones y del sector privado, son las respectivas convocatorias anuales o periódicas de la AECID, de comunidades autónomas o de entidades locales españolas, así como de otros socios para el desarrollo como la Unión Europea.

Universidades y centros docentes y de investigación.

Las universidades españolas se constituyen en un socio del presente MAP por su papel en la generación y transmisión de conocimiento a través de la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología. La Universidad de Sevilla en consorcio con la Universidad Loyola Andalucía han sido beneficiarios de la primera subvención que se está ejecutando en el país, en la convocatoria de acciones de innovación para el desarrollo de la AECID y que estará vigente en el marco del presente MAP.

La CE continuará promoviendo y profundizará en las alianzas con universidades y centros de investigación para dar respuestas innovadoras a los retos globales de la Agenda 2030.

Destacan las asociaciones científicas de profesionales sanitarios, como la Asociación Española de Cirujanos con quien AECID firmó un convenio de colaboración técnica en 2018 o la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia, entre otras, que contribuirán al intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales sanitarios, y a la formación médica especializada.

Sector privado.

Las empresas son un actor cada vez más relevante en el marco de la cooperación al desarrollo. Paulatinamente, ha ido ganando peso la idea de que la intervención coordinada del sector público, las ONGD y las empresas constituyen la mejor manera de garantizar la eficacia de la cooperación y el cumplimiento de los ODS. Por ello, se promoverá que las empresas españolas en Paraguay estén presentes en el MAP a través de sus fundaciones y los programas de RSC, fomentando las alianzas multiactor público-privadas para el desarrollo.

Las empresas podrán jugar un rol fundamental desde su ventaja comparativa en el fortalecimiento de las MIPYMES paraguayas y en mejorar su capacidad de insertarse en los mercados y ser más competitivas e innovadoras.

El trabajo con las empresas se coordinará con la Oficina Económica y Comercial de España en Asunción (OFECOM) y la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Servicios en Paraguay, asociación civil y sin ánimo de lucro, orientada a estimular las relaciones comerciales y el intercambio económico entre ambos países y que dentro de su misión destacan aspectos como el fomento de «modelos de gestión socialmente responsables» y la «promoción de buenas prácticas empresariales».

Por último, los sindicatos, son agentes sociales y actores reconocidos por el sistema de cooperación español. El MAP promoverá su participación en la creación de trabajo digno y en la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible que contribuya a reducir las desigualdades, fomente la gobernabilidad democrática y la erradicación de la pobreza.

Los actores de la CE que se han relacionado tendrán diferentes roles en el MAP según el nivel de participación que tengan en cada una de las líneas de acción en la que intervengan. De esta forma, según el Cuadro de Asociación anexo, los roles que podrán desempeñar se dividen en:

a. Actor líder del sector que será el enlace principal en el diálogo sobre políticas públicas con el gobierno, representará a los demás actores y contribuirá a la medición de los indicadores de resultados. Mayoritariamente, la OTC desempeñará el rol de líder en la mayoría de las intervenciones.