Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

El Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de diciembre de 2021 ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021 según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo, esta Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social ha resuelto disponer la publicación de este en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 9 de diciembre de 2021.–El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

ANEXO. Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

El artículo 149.1.7 de la Constitución Española establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde en exclusiva al Estado, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

En la Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril de 2021 con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.

La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.

Así, el presente Plan Anual de Política de Empleo para 2021 (en adelante, PAPE 2021), concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas.

El PAPE 2021 recoge asimismo los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio experimentan una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.

El PAPE 2021 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.

Este Plan incorpora dentro de su planteamiento general el conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran contenidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, y en el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, sabiendo que como consecuencia de la incidencia económica y social de la COVID-19, los objetivos establecidos en los mismos no se han correspondido con la posibilidad real de llevarlos a cabo.

Asimismo, resulta imprescindible mencionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» las reformas e inversiones en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. Y, también, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.

Por otra parte, en el PAPE 2021 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indiciadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.

También, debe hacerse referencia a la situación provocada por la irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020, que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española y el mercado de trabajo, debido al importante peso relativo de los sectores más afectados por las caídas de movilidad y demanda, así como de la intensidad de las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus.

En este sentido, el Gobierno español, en línea con las medidas adoptadas a nivel europeo y en el marco del diálogo social y la coordinación con las administraciones territoriales, ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social.

Este conjunto de medidas ha permitido amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan las establecidas para personas trabajadoras y empresas en el marco de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han permitido un ajuste empresarial alternativo al despido, preservando buena parte del empleo y de las rentas de las familias.

Junto a estas medidas, la situación provocada por el COVID-19 condiciona la evolución de la política de empleo, dentro de la Estrategia de recuperación y transformación económica puesta en marcha por el Gobierno, para abordar tanto la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado como los retos del futuro.

Por su parte, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, remitido a la Unión Europea en abril de 2021 por el Gobierno, la coyuntura económica está marcada por el impacto de la pandemia, si bien se asume un compromiso con la estabilidad presupuestaria. La tercera ola de la pandemia ha retrasado la recuperación; conforme ha ido remitiendo, se han ido dando pasos a un progresivo levantamiento de la actividad hacia al final del primer trimestre, iniciando un momento de transición más intenso en la segunda parte del año, coincidente con la reincorporación al trabajo de personas trabajadoras en ERTE.

A su vez, el Programa Nacional de Reformas 2021 se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.

El Programa Nacional de Reformas 2021 fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.

Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.

En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.

Por tanto, este PAPE 2021 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2021, como son el Plan de Choque por el Empleo Joven, el Plan Reincorpora-t y, sobre todo, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

Este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socio-económica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.

Por otra parte, como resultado del trabajo realizado con los servicios públicos de empleo para delimitar los indicadores básicos de los Planes Anuales, se ha conseguido avanzar en la transparencia, representatividad, precisión, viabilidad y participación de todos los servicios públicos en su elaboración.

Dentro de las novedades que presenta el PAPE 2021, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada.

Las características generales del Plan son las siguientes:

1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.

2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.

3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.

4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.

5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.

6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.

7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.

8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.

10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de Garantía Juvenil resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.

11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.

12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.

13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.

14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.

15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.

16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.

En este PAPE 2021 se establecen cuatro tipos de objetivos: objetivos-clave, objetivos estratégicos o prioritarios, objetivos estructurales y objetivos presupuestarios/económicos:

– En primer lugar, los objetivos clave, sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo. Se trata de objetivos de resultado comunes para el conjunto de la UE que permanecen estables durante todo el período de vigencia de la Estrategia y que coinciden con los aprobados en la Decisión N.º 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), por la que se crea la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea.

– En segundo lugar, los objetivos estratégicos o prioritarios, son los que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Estos constituyen una referencia estable y recogen los puntos acordados por la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 sobre políticas de empleo, fueron asumidos por la Estrategia 2017-2020, y de acuerdo con ella corresponde al Gobierno su determinación con carácter anual, a través de los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo.

– En tercer lugar, los objetivos estructurales, de naturaleza estable, son los que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo y se articulan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.

– En cuarto y último lugar, se incluye un nuevo bloque de objetivos, los objetivos presupuestarios/económicos, alineados con algunas de las principales recomendaciones recibidas por el Sistema Nacional de Empleo como resultado de las principales evaluaciones de las que ha sido objeto en los últimos años. Asimismo, los objetivos e indicadores de este nuevo bloque permitirán, en el PAPE 2021 y en los siguientes, facilitar el carácter holístico de futuras evaluaciones, completando los aspectos cuantitativos definidos con mayor detalle en los bloques segundo y tercero.

Para lograr estos objetivos, las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el PAPE 2021 un total de 738 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el anexo I.

Así, los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan, se recogen de manera resumida en el Anexo II y de forma detallada en el Anexo III del mismo.

Por otra parte,en el anexo IV se incluye la dotación presupuestaria destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el PAPE 2021 por ejes. De acuerdo al citado presupuesto, inicialmente, un total de 2.110.827,03 miles de euros, han sido objeto de distribución para su gestión por las Comunidades Autónomas de acuerdo a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.

Dentro de estos programas, que no se encuentran financiados por el MRR, se debe destacar el mantenimiento del programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección de empleo, así como la inclusión de un importante refuerzo en la financiación de programas de formación en alternancia con el empleo dirigidos prioritariamente para personas jóvenes.

Para concluir, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en su ámbito territorial, el PAPE incorporará, en forma paulatina, un modelo integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las políticas activas de empleo en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y a la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.

Para que este modelo de evaluación se incorpore eficazmente a cada PAPE será necesario un nuevo árbol de objetivos económicos, que complete los objetivos clave, estratégicos y estructurales, y la adopción paulatina de instrumentos de contabilidad analítica que permitan analizar la eficacia y eficiencia de los servicios y programas.

De este modo, además de la rendición de cuentas, el modelo de evaluación de las políticas activas de empleo facilitará la toma de decisiones y contribuirá a la mejora del desempeño, de la transparencia y de la difusión de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo. Los indicadores de evaluación constan en el anexo V del PAPE 2021.

Este Plan se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales Laborales de 21 de julio de 2021 y el informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, de 27 de julio de 2021, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de diciembre de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, que se adjunta como anexo.

PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2021

ÍNDICE

1. Introducción.

2. Análisis de Contexto: situación actual del mercado de trabajo.

3. Marco estratégico.

4. Estructura y objetivos.

5. Criterios de elaboración.

6. Servicios y programas de políticas de activación para el empleo.

7. Financiación.

8. Evaluación.

Anexos:

Anexo I. Resumen general por ejes: servicios y programas distintos.

Anexo II. Resumen general por Comunidades Autónomas: servicios y programas a realizar.

Anexo III. Servicios y programas por eje y comunidad autónoma.

Anexo IV. Dotación presupuestaria.

Anexo V. Indicadores evaluación.

1. Introducción

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Una vez finalizado el período de vigencia de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, regulada por el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, ha sido necesario elaborar la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (EEAAE) 2021-2024. La colaboración y el consenso del Sistema Nacional de Empleo y de los Interlocutores Sociales son un factor clave para el éxito de esta nueva Estrategia.

Tanto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo como los Planes Anuales de Política de Empleo se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

De este modo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de servicios públicos de empleo, al establecer un marco que garantiza la igualdad en el acceso y atención a los beneficiarios de las políticas de activación para el empleo en toda España, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para su adaptación a las características de los beneficiarios en las distintas comunidades autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.

En dicha Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.

La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.

Así, el presente Plan Anual de Política de Empleo 2021 (en adelante Plan 2021), concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas. El Plan 2021 recoge asimismo los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio experimentan una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.

Este Plan incorpora dentro de su planteamiento general el conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran contenidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre de 2018, y en el Plan Reincorpora-T 2019-2021, Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración, aprobado el 5 de abril de 2019, sabiendo que como consecuencia de la incidencia económica y social de la COVID-19, los objetivos establecidos en los mismos no se han correspondido con la posibilidad real de llevarlos a cabo. Es imprescindible mencionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el pasado 27 de abril, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» las reformas e inversiones en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. Y, también, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021 que se ha publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.

Por otra parte, en el Plan 2021 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente, promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas, y un intercambio sistemático de experiencias entre los distintos servicios públicos de empleo, invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo con información fiable que permita la planificación más dirigida a las necesidades de las políticas activas por los distintos servicios públicos, reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas como pueden ser seminarios, introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado con la simplificación del número de indicadores, definiendo objetivos cuantificables, que permitiría hacer un mejor seguimiento de la actividad y de la Agenda del cambio, mejorar el papel del Servicio Público de Empleo Estatal como facilitador de los procesos.

También se determinó, que para permitir servicios de calidad es importante una definición y establecimiento de un sistema común de perfilado y que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo una herramienta, denominada Send@, que está en fase de pruebas y evaluación. Por otro lado, se recomienda una dirección sistemática de calidad basada en indicadores cualitativos y finalmente, el establecimiento de una misión, unos principios de actuación claros sobre la base de la EEAE y un enfoque que facilite su comunicación a todos los niveles.

Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indiciadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.

También, debe hacerse referencia a la situación provocada por la irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020, que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española y el mercado de trabajo, debido al importante peso relativo de los sectores más afectados por las caídas de movilidad y demanda, así como de la intensidad de las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus.

En este sentido, el Gobierno español, en línea con las medidas adoptadas a nivel europeo y en el marco del diálogo social y la coordinación con las administraciones territoriales, ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social.

Este conjunto de medidas ha permitido amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan las establecidas para personas trabajadoras y empresas en el marco de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han permitido un ajuste empresarial alternativo al despido, preservando buena parte del empleo y de las rentas de las familias.

Junto a estas medidas, la situación provocada por la COVID-19 condiciona la evolución de la política de empleo, dentro de la Estrategia de recuperación y transformación económica puesta en marcha por el Gobierno, para abordar tanto la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado como los retos del futuro.

En este sentido, este Plan debe incardinarse dentro del conjunto de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que constituye la agenda de política económica del Gobierno de España para este año 2021 y los siguientes ejercicios.

Este Plan 2021 se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales Laborales de 21 de julio e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo de 27 de julio de 2021, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. Desde esa fecha, el presente Plan Anual se aplica de hecho por el conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, sin perjuicio de lo que se disponga en su aprobación final.

Durante el mes de noviembre de 2021, se realizará una valoración cuantitativa del grado de cumplimiento de sus objetivos.

2. Análisis de contexto: Situación actual del mercado de trabajo

2.1 Efectos principales de la crisis en el mercado laboral.

A principios de 2020, el mercado de trabajo se encontraba en una fase positiva de crecimiento y, aunque en valores más atenuados que en años anteriores, se mantenía una tendencia expansiva que duraba más de cinco años.

El escenario económico cambió por completo debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el impacto de las medidas necesarias para contenerlo.

La evolución de la pandemia requirió una respuesta en el plano sanitario, con medidas de restricción de la movilidad y la actividad económica en España que se tradujeron en un impacto súbito y pronunciado en la actividad económica, con una disrupción de las cadenas de valor internacionales, seguida de restricciones a la oferta y contención de la demanda.

Tal y como muestran los indicadores de coyuntura y la evolución del mercado laboral, la pandemia impactó con toda su dureza a las economías europeas en el mes de abril, como consecuencia de la generalización de las medidas de contención de la movilidad y restricción a ciertas actividades productivas. Desde entonces, y en paralelo con los procesos de desescalada y vuelta a la «nueva normalidad» y los períodos de reforzamiento de las medidas de contención de las sucesivas olas de la pandemia, se registraron diferentes alternativas en el mercado laboral, que, a finales de año, mostraba signos de recuperación progresiva de la actividad aun cuando a presentaba 356.784 trabajadores afiliados menos y 724.532 parados registrados más que al inicio del año.

Resulta evidente que la actual crisis sanitaria está provocando importantes transformaciones en la actividad económica y en el mercado laboral. El impacto está siendo aún mayor en el caso de España, debido al elevado peso del sector servicios en nuestra economía y la atomización de nuestro tejido productivo.

La evolución de la economía está marcada por cuatro factores claves: el proceso de vacunación de la población; la evolución del sector exterior; el apoyo al tejido productivo; y el despliegue del Plan de recuperación.

En cuanto al empleo, se pueden resaltar dos efectos importantes de la pandemia y la situación creada por ella, en el mercado laboral:

El primero, un crecimiento significativo del desempleo, aunque medidas extraordinarias como los Expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), han atenuado el impacto laboral y permitido que la tasa de paro (en porcentaje sobre la población activa) se haya mantenido muy por debajo de la registrada en anteriores crisis. Las previsiones del Gobierno esperan que se reduzca la media anual de la misma del 15,5 % del año anterior a una media del 15,2 % en 2021 y de un 14,1 % en 2022. Si bien la evolución será muy heterogénea por sectores, con una recuperación del empleo más rápida en la industria y la construcción y más lenta en aquellos sectores más golpeados por la falta de movilidad, en particular turismo y restauración. El protagonismo de las PYMES en estos sectores, que son intensivos en mano de obra, junto a la elevada proporción de contratos temporales en nuestro mercado laboral (23,8 % en el primer trimestre de 2021) debilitan la resistencia del empleo en los períodos de crisis.

El segundo gran efecto de la pandemia es la aceleración de la transformación digital y robótica, procesos que van a tener una profunda incidencia laboral y social, junto a la creciente importancia de la sostenibilidad. En fases de mayor dificultad económica las empresas intensifican el proceso de automatización, que conduce a una reducción de los costes y se convierte en un factor de competitividad aún más relevante.

Una consecuencia derivada de esta aceleración en los cambios tecnológicos es la necesidad de una nueva formación o recualificación de muchos trabajadores.

Dicho impacto no ha sido uniforme, ha afectado con mayor intensidad a los sectores vinculados a la movilidad de las personas y las relaciones sociales como el turismo (hostelería, agencias de viajes, transporte de pasajeros, alquiler de coches, …), la restauración, las actividades deportivas y de entretenimiento, el ámbito creativo y artístico y el comercio minorista.

La transformación digital de la actividad comercial ya estaba en marcha con anterioridad al inicio de la pandemia, y está experimentando una aceleración muy significativa como respuesta a las nuevas formas de demanda. La transición desde el modelo tradicional de compra presencia a la compra digital genera excedentes de trabajadores que tendrán que reorientar su actividad o cambiar de ocupación, como ya lo están haciendo.

Otros sectores, como el de la automoción, también está sufriendo un significativo proceso de transformación debido a los requerimientos de una movilidad sostenible que reduzca el nivel de emisiones, junto a un profundo cambio tecnológico, fruto del avance acelerado de la digitalización.

Por el contrario, algunos sectores han resultado beneficiados como consecuencia de los efectos de la pandemia. En primer lugar, podemos destacar el comercio electrónico y otros sectores asociados al crecimiento de la actividad comercial en Internet, como son la logística, el transporte de mercancías y las entregas a domicilio. El impulso del comercio online y el teletrabajo también han favorecido al sector de la informática y de las comunicaciones. Asimismo, los sectores de ocio doméstico, farmacéutico, sanitario y comercio de productos alimentarios están experimentando incrementos de actividad productiva.

A su vez, hay mecanismos de adaptación que se han revelado eficaces en este contexto y se están consolidando, como son el crecimiento del comercio electrónico, la extensión del teletrabajo o la digitalización de los procesos productivos y la gestión de las empresas.

En los próximos años los mencionados procesos de digitalización y sostenibilidad van a potenciar aún más el crecimiento del empleo en sectores relacionados con diversas ingenierías, comunicación y redes sociales, diseño gráfico, energías renovables y tratamiento de residuos.

Por otro lado, debido al progresivo envejecimiento de la población española, los siguientes sectores tendrán previsiblemente un crecimiento de la empleabilidad a medio plazo: sanitario, farmacéutico, servicios sociales y, en particular, cuidados a personas dependientes en el hogar.

Ante la situación actual, es preciso desplegar una serie de medidas encaminadas a impulsar y remodelar el mercado laboral. Los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están destinados a la modernización de la economía española y deben asignarse a proyectos tractores que impulsen sectores estratégicos y cadenas de valor, que tiendan a un proceso de reindustrialización para evitar la dependencia de productos y tecnologías esenciales.

La rápida evolución tecnológica está produciendo cambios que inciden en muchos perfiles profesionales, que deben adecuarse a los nuevos requerimientos y formas de trabajar. Procesos como el de la digitalización pueden suponer un riesgo de mayor polarización en la estructura del empleo, que refleja el reducido peso de la población con niveles formativos intermedios y la concentración en los extremos. La transformación tecnológica también puede generar déficit de profesionales en algunas ocupaciones, como es el caso de los perfiles especializados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM). En consecuencia, se deben llevar a cabo acciones que refuercen la formación y recualificación profesional de los trabajadores, que les capaciten para la promoción profesional o para reorientar su trayectoria a sectores con mejores perspectivas.

En una sociedad basada en el conocimiento, la formación en investigación es un elemento clave en la actualidad. La necesidad de incrementar el número de personas con competencias de investigación e innovación es uno de los principales desafíos que nos encontramos.

Junto a la mencionada formación tecnológica, también existe una urgente necesidad formativa para facilitar el acceso al primer empleo en el caso de la población joven. La recuperación del mercado laboral de los jóvenes está siendo más lenta que la de otros colectivos. Dentro del colectivo juvenil se identifican muy diferentes subgrupos, entre los que hay que destacar aquellos que no trabajan ni estudian, el de jóvenes activos, pero sin cualificación (cabe recordar aquí la elevada frecuencia del abandono escolar temprano, que fue del 17,3% en 2019), los «jóvenes desanimados» y, especialmente, en el tramo de edad entre 25 y 30 años.

En resumen, los efectos de la pandemia están modificando rápidamente el modo de trabajar en general y, además, van a producir un trasvase de empleo entre algunos sectores económicos. La severa incidencia de la crisis en algunas actividades va a provocar un excedente de fuerza laboral que puede ser aprovechado para impulsar el desarrollo de la economía sostenible, la investigación, la economía social o el cuidado de personas dependientes, aspectos incluidos en la transición ecológica, en la transformación digital, en la cohesión social e igualdad de género, ejes que articulan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.2 Análisis del impacto de la crisis por sectores.

En el comercio minorista, el auge del comercio online requerirá un menor número de personas empleadas en el modelo tradicional de compra presencial. Una proporción de propietarios y trabajadores de tiendas minoristas necesitarán adaptar su labor hacia esta nueva forma de comercio online, o reorientar su actividad hacia otras ocupaciones, como ya lo están haciendo.

El sector de la automoción, con un importante peso en la industria española, también está sufriendo un significativo proceso de transformación debido a los requerimientos de una movilidad sostenible que reduzca el nivel de emisiones, junto a un profundo cambio tecnológico, fruto del avance acelerado de la digitalización. Por ello, es un sector que requerirá inyección de fondos en I+D y una recualificación de los trabajadores.

En los próximos años los mencionados procesos de digitalización y sostenibilidad van a potenciar aún más el crecimiento del empleo en sectores relacionados con diversas ingenierías, comunicación y redes sociales, diseño gráfico, energías renovables y tratamiento de residuos.

Por otro lado, debido al progresivo envejecimiento de la población española, los siguientes sectores tendrán previsiblemente un crecimiento de la empleabilidad a medio plazo: sanitario, farmacéutico, servicios sociales y, en particular, cuidados a personas dependientes en el hogar.

2.3 Medidas a adoptar para enfrentar las consecuencias de esta crisis.

Ante la difícil situación actual, es preciso desplegar una serie de medidas encaminadas a impulsar y remodelar la economía y el mercado laboral. Los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están destinados a la modernización de la economía española y deben asignarse a proyectos tractores que impulsen sectores estratégicos y cadenas de valor, que tiendan a un proceso de reindustrialización para evitar la dependencia de productos y tecnologías esenciales.

Se estima necesario un aumento de la inversión tanto pública como privada, que esté focalizada, por un lado, en proyectos de transformación digital y que facilite el teletrabajo, la tele-formación y el aprovechamiento de Internet en las políticas activas de empleo, para ello es imprescindible realizar una mayor inversión en las infraestructuras tecnológicas, extendiendo la banda ancha a las zonas rurales que aún carecen de ella y posibilitando una conectividad asequible.

Y, por otro lado, en proyectos ecológicos, particularmente, en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, en el transporte sostenible y en la gestión de los recursos naturales, hídricos, la reforestación del territorio, la lucha contra la desertización y la gestión de residuos. Tanto el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, como la Estrategia Española de Economía Circular persiguen mejorar la competitividad y sostenibilidad de la economía, el crecimiento productivo y del empleo, y prevén aumento de ocupaciones, así como «enverdecimiento» de las mismas en distintos sectores del mercado de trabajo. Además, se plantean políticas de I+D+i, de apoyo a emprendedores y empresas innovadoras; y se fomentan las sinergias entre sectores industriales que la aplican (simbiosis industrial).

Por otro lado, la rápida evolución tecnológica está produciendo cambios que inciden en muchos perfiles profesionales, que deben adecuarse a los nuevos requerimientos y formas de trabajar. Procesos como el de la digitalización comportan un reto significativo para afrontar el riesgo de polarización en la estructura del empleo, debido al reducido peso de la población con niveles formativos intermedios en relación con los niveles extremos. La transformación tecnológica también puede generar déficit de profesionales en algunas ocupaciones, como es el caso de los perfiles especializados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM). En consecuencia, se deben llevar a cabo acciones que refuercen la formación y recualificación profesional de los trabajadores, que les capaciten para la promoción profesional o para reorientar su trayectoria a sectores con mejores perspectivas.

Los análisis de las ofertas de empleo que se publican en el portal «Empléate» y en otros portales de Internet desvelan la aparición de profesiones emergentes relacionadas con la digitalización, que previsiblemente van a experimentar un fuerte crecimiento en los próximos años, si bien todavía tienen un peso relativo pequeño en la generación de empleo. Entre otras, podemos mencionar las siguientes: Especialista en Inteligencia Artificial, Ingeniero de Robótica, Agile Coach, Desarrollador de Big Data, Experto de Arquitecturas en la Nube, Especialista en Ciberseguridad, Controlador de tráfico con drones, Representantes de atención al cliente online o Diseñadores de impresión 3D (diseño generativo, optimización topológica, o creación de estructuras reticulares o lattice).Es decir, una serie de ocupaciones innovadoras que requieren unos conocimientos muy especializados.

En una sociedad basada en el conocimiento, la formación en investigación es un elemento clave en la actualidad. La necesidad de incrementar el número de personas con competencias de investigación e innovación es uno de los principales desafíos que nos encontramos. Programas como el de los doctorados industriales tienen por objeto potenciar la interacción entre el ámbito empresarial y académico y fomentar la transferencia de conocimientos desde la investigación a su aplicación práctica, son por una parte una buena herramienta para alentar la investigación multidisciplinar, las oportunidades de investigación colaborativa, así como su provecho a la industria y otros sectores no propiamente académicos y su influencia en las diferentes habilidades de arraigo empresarial que obtendrán los doctores, como la comunicación, el trabajo en equipo, el emprendimiento, la gestión económica y financiera y del tiempo. Por otra parte, es un buen instrumento para liderar y cooperar en el trasvase de conocimiento.

La actual situación generada por la enfermedad del coronavirus (COVID) ofrece la oportunidad de formar a trabajadores acogidos a ERTES, fundamentalmente los pertenecientes a sectores que previsiblemente tendrán dificultades para recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis. Por ejemplo, trabajadores del comercio minorista o la restauración, que suelen tener un bajo nivel de habilidades y competencias digitales, deberían recibir cursos básicos de formación en TIC: uso de hojas de cálculo, procesadores de texto, acceso a Internet y al correo electrónico, etc. Esta alfabetización digital es un paso necesario para posibilitar su adaptación a ocupaciones de otros sectores productivos.

Junto a la mencionada formación tecnológica, también existe una urgente necesidad formativa de acceso al primer empleo en el caso de la población joven. La recuperación del mercado laboral de los jóvenes está siendo más lenta que la de otros colectivos. Dentro del colectivo juvenil se identifican muy diferentes subgrupos, entre los que hay que destacar aquellos que no trabajan ni estudian, el de jóvenes activos, pero sin cualificación (cabe recordar aquí la elevada frecuencia del abandono escolar temprano, que fue del 17,3 % en 2019), los «jóvenes desanimados» y, especialmente, en el tramo de edad entre 25 y 30 años.

Es necesario que dentro de la programación formativa se desarrollen planes específicos, que faciliten la inclusión de estos subgrupos en el mercado laboral, ya que se corre el riesgo de una tardía incorporación al mismo con las consecuencias que ello conlleva, independientemente de las demográficas. En particular, es necesario articular acciones formativas que permitan la incorporación laboral de los jóvenes con baja cualificación, priorizando aquellas relacionadas con ocupaciones elementales que requieren limitados conocimientos teóricos y capacidades prácticas a aplicar, por tanto, con una duración formativa reducida, con prácticas en los centros de trabajo, que permita dar el primer paso en el desarrollo laboral de estas personas.

Existe una parte de la población desempleada que desaparece de las estadísticas, son aquellas personas que no encuentran un nuevo empleo y ni siquiera se registran como desempleados en el SEPE. Estas personas, simplemente, dejan de buscar trabajo, es el denominado «efecto desánimo». Ahora, como consecuencia de la crisis del coronavirus, las cifras del desánimo han vuelto a repuntar. Según EUROSTAT, el porcentaje de la población activa, de entre 20 y 64 años, que podría buscar trabajo y no lo hace, fue del 5,8 % en el segundo trimestre de 2020. Es la cifra más alta desde que se tienen registros (2005). Además, es la cuarta cifra más alta de la UE, tras Italia (12,5 %), Irlanda (7,1 %) y Croacia (6 %); la media de la UE se sitúa en el 4,2 %. Para ello, es necesario impulsar la participación de las empresas en relación con las demandas de formación que requieren sus puestos de trabajo y canalizarlas a través de acciones formativas de corta duración y prácticas en el entorno productivo que posibilite la contratación a más largo plazo.

Finalmente, entre las medidas a adoptar debemos destacar también el desarrollo de acciones encaminadas a la integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión. En el último Informe de Riesgos Globales presentado por el Foro Económico Mundial (WEF) se destaca, entre otras variables, la exclusión social y las desigualdades económicas en sociedades avanzadas como uno de los principales riesgos para la economía mundial, incidiendo especialmente en el desempleo y el empleo precario. Por consiguiente, es necesario alentar la conversión y creación de empresas sociales que posibiliten el inicio de un itinerario de inserción personalizado a las personas en situación de exclusión social o con discapacidad.

Uno de los aspectos que puede agravar esta crisis es el de los desequilibrios territoriales y demográficos, tanto en los diferentes ámbitos territoriales como en la dualidad urbano rural. La concentración de la inversión y generación de empleo agravaría el proceso de despoblación que se experimenta en amplios territorios. Es necesario diseñar medidas que afronten la carencia de capital humano, la carencia de infraestructuras, es decir, transportes, comunicaciones, culturales, sanitarias, educativas. Hay que diseñar también medidas que propicien la ordenación del territorio, partiendo de las potencialidades y posibilidades de cada uno de ellos. Y articulándose para ello programas a corto y medio plazo, así como programas interregionales e interprovinciales, si son precisos.

2.4 Evolución en cifras de la situación del Mercado de Trabajo.

Situación hasta 4.º trimestre de 2019 y evolución durante 2020:

Al finalizar el cuarto trimestre de 2019, aunque se producía cierta ralentización del crecimiento, los principales indicadores del mercado de trabajo continuaban mostrando una trayectoria positiva. La afiliación a la Seguridad Social crecía al acabar 2019 a un ritmo anual del 1,8 %, el paro descendía un 3,4 % interanual, el empleo seguía aumentando y en el transcurso de la recuperación económica se habían superado los 3 millones de ocupados más. Todo este escenario cambió de manera radical a principios de 2020, donde las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 han trastocado todo el mercado de trabajo como resultado de la hibernación económica por razones de salud pública. La primera consecuencia ha sido una caída acumulada del Producto Interior Bruto del 5,3 % en los cuatro trimestres de 2020.

La Encuesta de Población Activa del INE muestra que durante el 2020 se han perdido 622.600 (-3,1 %) puestos de trabajo sin tener en cuenta a los trabajadores en ERTEs que siguen computando como ocupados. La población activa ha disminuido en 94.700 (-0,4 %) personas lo que ha tenido como resultado que el desempleo haya aumentado en 527.900 (16,5 %) parados más.

Los efectos sobre el empleo asalariado ha sido diferentes dependiendo del tipo de contrato. Así, mientras los trabajadores con contrato fijo han perdido 207.500 puestos de trabajo (-1,7 %) los asalariados con contratos temporales han visto disminuir sus empleos en 397.200, lo que supone un descenso del 9%.

Los datos administrativos del paro registrado sitúan la cifra de diciembre de 2020 en 3.888.137 desempleados, lo que representa un incremento de 724.532 desde diciembre de 2019 (un 22,9 % más), cuando entonces se registraron 3.163.605.

Por su parte, la contratación acumulada durante todo 2020 ha alcanzado la cifra de 15.943.061, lo que supone 6.569.160 contratos menos (-29,20 %) que en igual periodo del año anterior. En cuanto a los contratos indefinidos, se han realizado 1.545.610 hasta diciembre de 2020, con una reducción de 613.824 (-28,40 %) sobre el mismo periodo del año 2019.

Evolución en cifras hasta el 4.º trimestre de 2020:

El impacto de esta crisis sanitaria se hace especialmente visible en la brusca ruptura a partir del segundo trimestre de 2020, de la tendencia mostrada por los principales indicadores del mercado de trabajo. Los valores recogidos en las siguientes gráficas son datos definitivos a 4.º trimestre de cada año en la serie 2008-2020 extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con los comentarios más relevantes de las mismas.

La EPA mostró un significativo incremento desde el año 2008 de la tasa de paro, consecuencia del comienzo y evolución de la crisis económica iniciada a finales de 2007, y alcanzó su nivel más desfavorable en el primer trimestre de 2013. A partir de entonces, la tasa de paro se redujo progresivamente para todos los grupos de edad, de manera más acentuada entre las personas jóvenes. Esta tendencia se interrumpió abruptamente en el segundo trimestre de 2020. En el año 2020 se vuelve a elevar en todos los grupos de edad, y de nuevo de manera significativa en el colectivo de jóvenes (Gráfico 1).

Gráfico 1: Evolución de la tasa de paro por grupos de edad

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En el Gráfico 2 se muestra la tasa de paro desglosada por sexos, y aunque globalmente ésta se ha ido reduciendo a partir de 2013, la brecha de género siempre se ha mantenido y ensanchado en los últimos años. En el 4.º trimestre de 2020, con la ruptura de la tendencia a la baja y nuevo aumento de la tasa de paro a todos los niveles, las diferencias entre hombres y mujeres han aumentado significativamente.

Gráfico 2: Evolución de la tasa de paro por sexos

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

Como podemos ver en el tercer gráfico, nuestro mercado de trabajo continúa teniendo en la brecha de género uno de sus principales retos. La disminución a buen ritmo en el número de parados iniciada a partir de 2013 se ha roto este último 2020 retrocediendo a los niveles de hace 3 años. La diferencia en el paro entre hombres y mujeres tuvo un punto de inflexión a principios de 2016, a partir del cual la brecha de género ha ido aumentando lenta pero progresivamente, pero ha sido en este último periodo de crisis sanitaria donde la brecha se ha hecho considerablemente mayor.

Gráfico 3: Evolución del número de parados por sexos

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

Si observamos el porcentaje de parados por sector económico (Gráfico 4), vemos que los efectos de la pandemia no han alterado sustancialmente los valores, aunque sí han ralentizado las tendencias. A partir de 2015 hay una clara disminución del porcentaje de personas que buscan su primer empleo o se encuentran en una situación de paro de larga duración, pasando de un 60,7 % a finales de 2014 a un 46,8 % a finales de 2020. Por el contrario, se ha producido en ese periodo el efecto inverso en el sector Servicios, pasando de un mínimo histórico del 26,2 % a finales de 2014 a un 38,9% en 2020. En ese mismo periodo, el resto de sectores productivos (Agricultura, Industria y Construcción) se mantienen prácticamente inalterables.

Gráfico 4: Porcentaje de parados por sector económico

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En el siguiente gráfico (Gráfico 5) queda reflejado de mejor manera lo que se ha visto en el anterior, y es nuestra gran dependencia del sector Servicios, de hecho, más de tres cuartas partes de nuestra población ocupada forman parte del mismo, y es el que con mayor virulencia ha acusado la crisis por las restricciones a la movilidad. La tendencia positiva iniciada a partir de 2014 se rompe en 2020, y mientras que en los demás sectores la disminución en el número de personas ocupadas baja muy ligeramente, es el sector Servicios el que se lleva la peor parte, pasando de 15,12 millones de personas a 14,59 millones.

Gráfico 5: Evolución del número de ocupados por sector económico

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En relación al empleo total, tanto indefinido como temporal, en el Gráfico 6 se muestran las tasas de variación interanual de los mismos. La tendencia iniciada a principios de 2016 con una clara disminución de la temporalidad en el empleo y aumento de los puestos de trabajo de carácter indefinido queda igualmente rota el último año con la disminución de la población ocupada a todos los niveles.

Gráfico 6: Evolución del empleo total, indefinido y temporal

España 2009-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

3. Marco estratégico

El presente Plan 2021, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto.

De acuerdo a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, remitido a la Unión Europea en abril de 2021 por el Gobierno, la coyuntura económica está marcada por el impacto de la pandemia, si bien se asume un compromiso con la estabilidad presupuestaria. La tercera ola de la pandemia ha retrasado la recuperación; conforme ha ido remitiendo, se han ido dando pasos a un progresivo levantamiento de la actividad hacia al final del primer trimestre, iniciando un momento de transición más intenso en la segunda parte del año, coincidente con la reincorporación al trabajo de personas trabajadoras en Expediente de Regulación temporal de Empleo (ERTE).

De esta manera, la coyuntura económica viene determinada por varios factores: en primer lugar, el proceso de vacunación y la situación sanitaria suponen el factor determinante de la evolución económica, y de las previsiones de crecimiento para 2021; en segundo lugar, la evolución económica en los próximos meses vendrá marcada por el mantenimiento de la estabilidad financiera global y la evolución del sector exterior, de los mercados mundiales y de la demanda europea en particular. Asimismo, en tercer lugar, la coyuntura económica viene también condicionada por la afectación sobre el tejido productivo y el empleo, que dependerá fuertemente de la duración de la pandemia, debiéndose atender a la evolución del impacto de las medidas de mantenimiento de renta para las personas trabajadoras y las empresas puestas en marcha. Y, finalmente, el cuarto factor esencial para el impulso del crecimiento y la creación de empleo es la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia.

En este mismo sentido, el Programa Nacional de Reformas 2021 se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.

El Programa Nacional de Reformas fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.

Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.

En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.

Por tanto, este Plan 2021 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2021, como son el Plan de Choque por el Empleo Joven, el Plan reincorpora-T, Plan trienal para prevenir y reducir el desempleo de larga duración, y, sobre todo, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

De esta manera, como documento programático básico, conviene aludir a la Estrategia Española de Apoyo Activo el Empleo para el nuevo periodo 2021-2024, que viene a establecer el nuevo marco general de políticas activas de empleo y de intermediación laboral a desplegar de forma conjunta por el Estado y las Comunidades Autónomas.

En esta Estrategia, cuya gestación responde a un proceso altamente valioso de participación y consenso en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se establecen una serie de principios inspiradores, que se proyectan en objetivos estratégicos, objetivos específicos y en medidas, de forma totalmente alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en coherencia con las actuaciones en marcha en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo y la Garantía Juvenil Plus.

Así, en consonancia con el Pilar Social Europeo, se fomenta la promoción del acceso a los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional del Empleo, al tiempo que se asientan las actuaciones para el fomento de la estabilidad y la calidad en el empleo en condiciones dignas. Partiendo de una concepción de las políticas activas de empleo como una palanca esencial para la transformación productiva, se incide en la necesidad de reforzar el acompañamiento personalizado a personas y a empresas, así como a la mejora de las capacidades de los Servicios Públicos de Empleo.

De la misma manera, se fijan actuaciones para la mejora de la planificación, la gestión y la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, que redunden en una mejor gobernanza y una mayor cohesión en el seno del Sistema Nacional de Empleo, orientándolo a resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y apoyados en la transformación digital de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.