Real Decreto 661/2023, de 18 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas en 2023 para el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno para avanzar en el proceso de descarbonización y mantener la competitividad del ecosistema de automoción

I

El sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, con un importante efecto tractor sobre numerosas regiones, por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación en la balanza comercial y en la inversión en innovación que se refleja en una constante mejora de nuestra competitividad: representaba antes de 2020 hasta el 10 % del PIB y el 19 % del total de las exportaciones españolas. El sector emplea 650.000 personas de manera directa y casi 2 millones de puestos de trabajo en total están ligados de algún modo al sector. Las plantas del sector automoción y su cadena de valor en España suponen además un importante número de puestos de trabajo de alta cualificación, con buenas condiciones y abundantes externalidades positivas en el tejido industrial de las regiones donde están instaladas.

La coyuntura del sector, no obstante, dista de ser favorable desde el año 2020, cuando a los cortes de las cadenas de suministro mundiales se han unido las intensas caídas de la demanda en nuestros mercados de exportación ante las medidas de restricción de la movilidad. A estas circunstancias, se ha sumado la escasez de algunos componentes críticos y el aumento de los costes energéticos derivados de los efectos en los mercados internacionales de la invasión rusa de Ucrania.

Desde un punto de vista social, la preocupación por el impacto medioambiental de los vehículos automóviles, entre otros agentes productores de diferentes emisiones gaseosas que afectan a la calidad del aire y al cambio climático, es compartida por numerosos dirigentes políticos, científicos, ingenieros y buena parte de la sociedad de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Por otra parte, la movilidad de las personas y de las mercancías, crece en la medida que lo hace la población mundial y se incrementa la riqueza de los pueblos. Un grave problema que afronta la humanidad, con diferentes características según países y regiones, es cómo lograr un incremento sostenible de la movilidad, lo que implica un proceso de descarbonización progresiva del parque de automóviles.

Un enfoque holístico hacia el problema de la movilidad sostenible debería incorporar la promoción del uso de modos de transporte más limpios y eficientes, el transporte público, y los desplazamientos a pie. También reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar el uso de fuentes de energía renovable en el sector del transporte. Además, implicaría el diseño de infraestructuras y espacios urbanos que sean accesibles, seguros y propicios para la movilidad activa y el transporte público, fomentando la integración de diferentes modos de transporte, facilitando la intermodalidad y promoviendo la planificación urbana orientada hacia las personas. Afrontar este proceso transformador es un reto de carácter estratégico para la economía española y europea, que requiere de actuaciones y capacidades que desbordan las de estricto carácter industrial y que deben ser acometidas también desde otros ámbitos, muchos de ellos novedosos, para conseguir el objetivo último: una nueva industria de automoción para una nueva movilidad. Ello en línea con los principios básicos de la Unión Europea de transformación digital y medioambiental, con objetivos ambiciosos como la reducción del 100 % de emisiones de CO₂ para ciertos vehículos nuevos en 2035 negociada en el paquete «Fit for 55».

Una reducción importante de los gases de efecto invernadero en el transporte por carretera sólo se podrá alcanzar mediante un incremento significativo del rendimiento de los sistemas de propulsión y del uso de energías limpias. En este sentido, los vehículos híbridos, eléctricos de baterías y eléctricos de pila de combustible se posicionan como candidatos prometedores para un sistema de transporte sostenible.

Por ello, los vehículos híbridos pueden considerarse como un importante medio hacia una descarbonización ordenada y progresiva hasta alcanzar el horizonte 2035. En general, constan de una combinación entre un motor de combustión interna, baterías y uno o dos motores eléctricos, dependiendo de la configuración (serie, paralelo o serie-paralelo). Su principal ventaja es un mejor rendimiento de la planta de potencia, con la correspondiente reducción en el consumo de combustible y, por consiguiente, de CO₂ y de emisiones contaminantes, garantizando, al mismo tiempo, una autonomía y comportamiento adecuados. A mayor abundamiento, es de destacar su tecnología madura, su capacidad de facilitar una transición suave hacia los vehículos eléctricos y la diversidad de opciones disponibles. Adicionalmente, y aunque la última tecnología de vanguardia respecto de los vehículos híbridos ha evolucionado significativamente en los últimos años, se espera que continúe avanzando con nuevas posibilidades de innovación, que pueden tener importantes sinergias en el desarrollo del vehículo eléctrico, como por ejemplo los avances en optimización de la gestión de energía (control de potencia o frenos regenerativos), o los sistemas de control y monitorización, entre otros.

Los sistemas de propulsión eléctrica con baterías presentan un elevado rendimiento, robustez y bajo mantenimiento, así como flexibilidad en el control del par y de la velocidad. La gran ventaja del vehículo eléctrico en el entorno urbano es su funcionamiento sin emisiones contaminantes y escaso ruido en su punto de uso, además la emisión de gases de efecto invernadero es nula si la energía eléctrica empleada proviene de fuentes renovables. No obstante, su autonomía limitada, coste y tiempos de recarga elevados están siendo los grandes retos que aún debe superar el vehículo eléctrico, por lo que todavía hay un campo de trabajo importante en I+D+i para resolver estas barreras.

Respecto a los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, se consideran que tiene un gran potencial para su incorporación en los trenes de propulsión de vehículos de cero emisiones, muy relacionados con el desarrollo de la producción de hidrógeno verde. Además, se plantea como una alternativa de futuro, ya que es posible que haya espacio para la coexistencia de vehículos movidos por hidrógeno y vehículos eléctricos, cada uno tiene sus propias ventajas y aplicaciones específicas. Existen importantes sinergias que pueden impulsar la transición hacia una movilidad más sostenible y respaldar el crecimiento de los vehículos eléctricos en todas sus formas, como por ejemplo en aspectos de tecnología de celdas de combustible, infraestructura de hidrógeno, almacenamiento de energía, investigación en materiales y eficiencia, y no menos importante conciencia pública y aceptación social. En el ámbito de la I+D+i, hay mucho campo en el ámbito de la eficiencia y reducción de costes de los sistemas de celdas de combustible, el almacenamiento y distribución de hidrógeno, o el refuerzo en la producción de hidrógeno verde.

Este objetivo de avanzar hacia una descarbonización ordenada y progresiva, que supla los desafíos y obstáculos del desarrollo del vehículo eléctrico, y habilite en paralelo una evolución tecnológica compatible, es lo que justifica la publicación de un real decreto de concesión directa con un horizonte temporal limitado a la anualidad 2023 para proyectos que desarrollen modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y eléctricos de pila de combustible de hidrógeno.

II

La complejidad de una transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado de forma ordenada y progresiva, así como su vinculación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aconsejaron la creación de una arquitectura institucional reforzada, que se materializó a través del Real Decreto 13/2023, de 23 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la creación de la figura del Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado.

En concreto, el artículo 12.1.g) de este real decreto establece entre sus funciones la de realizar cuantas actuaciones en relación con el desarrollo del ecosistema para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado y la consecución de sus objetivos resulten precisas, incluyendo, en su caso, la correcta ejecución de fondos, asignados en esta materia. En concreto la elaboración, gestión y seguimiento de programas y actuaciones destinados al desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado.

Como ya se ha dicho, las presentes ayudas se otorgan en régimen de concesión directa. Existen a tal fin cualificadas razones de interés público, social y económico que lo justifican, al amparo del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por dificultar su otorgamiento en régimen de convocatoria pública. En efecto, el Gobierno por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio 2021, declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), como un caso objetivo de proyecto de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. La experiencia adquirida desde entonces, ha hecho aflorar ciertas debilidades y cuellos de botella en su desarrollo como pueden ser entre otros, el desarrollo de la infraestructura de carga, la autonomía y tiempo de carga o la gestión de la demanda energética. Es por ello, que se debe promover una solución transitoria y urgente, mediante tecnologías alternativas o complementarias como son las que fomenta este real decreto, con evidentes sinergias y funcionalidades prácticas que permitirán una transformación ordenada y progresiva. Por tanto, las mencionadas razones de interés público, social y económico de este real decreto deben entenderse en el contexto de que es una pieza esencial para la consecución exitosa de un proyecto global más grande como es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

Y la consecución de estos relevantes efectos se verían decisivamente comprometidos si su otorgamiento quedase sometido a las rigideces temporales que son inherentes al ordinario régimen de concesión de concurrencia competitiva. La ayuda se orienta hacia un mercado muy concreto dentro del sector de la automoción, de tamaño mediano o pequeño y ayudas limitadas, con un nicho de beneficiarios reducido, donde se trata de seleccionar directamente proyectos de I+D+i de alto potencial, que estimulen la generación de avances científicos y tecnológicos, así como el desarrollo de nuevas soluciones que beneficien a la sociedad en general. Adicionalmente, y por dicha especificidad, se prevé cada proyecto será muy diferente entre sí, de forma que no se darán unas condiciones, que permitan una valoración de proyectos con los criterios usuales que se establecen en una concurrencia competitiva. Además, en lo referente a plazos, estos son incompatibles (ni aun con el eventual recurso al procedimiento de convocatoria abierta) con las singulares características de las actuaciones, tiempos y pautas de los proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y que podrían determinar que hubiera proyectos de gran valor añadido que se vieran indebidamente privados de obtener el necesario apoyo.

III

Este real decreto se estructura en veintinueve artículos, distribuidos en seis capítulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones finales y cuatro anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones relativas al ámbito de aplicación y beneficiarios, que se refieren a aspectos como el objeto, el ámbito temporal y la disponibilidad presupuestaria asociada, y las condiciones y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios. En el capítulo segundo se describen los tipos de actuaciones financiables, los gastos financiables, los requisitos exigibles a los proyectos que puedan recibir ayuda y el plazo de realización de dichos proyectos. El capítulo tercero establece las características de la ayuda, sus límites, la compatibilidad y la regulación de garantías. El capítulo cuarto regula los órganos gestores de la ayuda, que son la Comisión de Verificación y el Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado. El capítulo quinto regula el procedimiento de concesión: forma de realizar la solicitud, instrucción del procedimiento, tramitación, resolución y pago, y recursos. El capítulo sexto regula las modificaciones de resolución, la justificación y comprobación de la realización de las inversiones y los criterios de graduación de los posibles incumplimientos y la publicidad. Los anexos se refieren a la definición de actuaciones que tienen relación directa con el vehículo híbrido y vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, los rangos de puntuación de la viabilidad económica y financiera y la memoria de proyectos presentados.

Las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de esta financiación, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de la misma.

Dado que el ámbito de aplicación de la norma incluye todo el territorio nacional, es conveniente la concentración de fondos, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de ayuda que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta ayuda presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en las características de capital, tecnología e inversiones debido a su diversidad sectorial, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos entre las distintas comunidades autónomas que permita una casación adecuada. Dado que las posibles convocatorias de ayuda deberían explicitar el presupuesto disponible, según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se llegaría a una imposibilidad de conjugar los principios jurídicos con los operativos y de racionalidad y eficiencia en la gestión del presupuesto público estatal.

IV

Las ayudas concedidas a proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto constituyen ayuda de Estado y respetan lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o sus posibles modificaciones. Este real decreto sigue un régimen comunicado, y no notificado, por lo que no requiere autorización previa comunitaria.

Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios de la ayuda regulados en este real decreto son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de las citadas ayudas será obligatoria en todas las fases del procedimiento.

El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene afrontar de una forma ordenada y racional el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, tomando nota de los principales obstáculos y retos, y promoviendo una solución tecnológica transitoria (la hibridación) que contribuye parcialmente al objetivo de descarbonización, y lo que es más importante, genera desarrollos y sinergias que reforzarán la senda de transición hacia el nuevo modelo de movilidad.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea (Reglamento General de Exención por Categorías), y la española (Ley General de Subvenciones y su Reglamento).

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. Para asegurarlo, la norma dispondrá de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.

En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos requisitos de elegibilidad de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, con criterios automáticos que excluyen cualquier discrecionalidad.

El principio de eficiencia se cumple a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.

Este real decreto ha sido objeto del informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como del Ministerio de Hacienda y Función Pública, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 2023,

DISPONGO:

CAPÍTULO I. Del ámbito de aplicación y beneficiarios

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas a proyectos que desarrollen modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno, excluyendo lo relacionado con baterías de plomo.

2. La ayuda estará disponible para personas jurídicas descritas en el artículo 3 de todos los tamaños que realicen proyectos en territorio nacional, dentro de los tipos de proyectos indicados en el artículo 6.

Artículo 2. Disponibilidad presupuestaria.

La ayuda que se conceda en el marco de este real decreto revestirá la forma de subvención, tendrá una cuantía total máxima de 40.000.000 euros, y se imputará a la aplicación presupuestaria 20.08.467C.778 «Programa de apoyo público para el desarrollo de proyectos innovadores en el sector de la automoción» de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán acogerse a la ayuda establecida en este real decreto las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro mercantil o equivalente en función de la naturaleza jurídica del solicitante, con independencia de su tamaño, y que no formen parte del sector público. A estos efectos, se considerará sector público las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público sea superior al 50 por 100, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.

Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario aquellas sociedades:

Artículo 5. De las obligaciones de los beneficiarios.

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:

CAPÍTULO II. De las actuaciones

Artículo 6. Tipos de proyectos.

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos para el desarrollo de modelos, sistemas y componentes de los vehículos híbridos o vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno, encuadrables en el anexo I, y dentro de los tipos que se recogen en el presente artículo:

Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva con pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) (definidas según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en la actividad objeto de ayuda y si las PYMES con las que colaboran corren con un mínimo del 30 % del total de los costes subvencionables, según establece dicho Reglamento, y sin perjuicio de lo que puedan disponer las posibles modificaciones del mismo. A todos los efectos, la responsable de la actuación frente a la Administración será únicamente la solicitante.

Artículo 7. Conceptos de gasto financiable.

1. Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido los artículos 31.1 y 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las categorías detalladas en los siguientes artículos.

2. Tendrán la consideración de gastos financiables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar, y que resulten estrictamente necesarios con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud. En ningún caso, el coste de adquisición de esos gastos financiables podrá ser superior al valor de mercado.

3. Para los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos serán financiables las siguientes partidas de gasto:

En el caso particular del material fungible, se aceptarán los costes siempre que puedan relacionarse directamente con alguna de las actividades del proyecto y se justifique adecuadamente en la solicitud. Se limita el coste del material fungible al 10 % del presupuesto financiable del proyecto.

Para ser financiables, los costes de instrumental y material deberán ir asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de las indicadas en este apartado.

Los costes de instrumental y material no superarán el 60 % del presupuesto financiable del proyecto.

4. Para los proyectos de inversión ejecutados por PYMES, serán financiables los costes de la inversión en activos materiales e inmateriales, incluidos costes puntuales no amortizables directamente vinculados a la inversión y a la instalación inicial de la inversión y los costes salariales estimados relativos al empleo creado directamente por el proyecto de inversión, calculados a lo largo de un período de dos años, en las siguientes partidas de gasto:

Actuaciones	Coste unitario de la instalación de referencia (Cuf) (€/kW)	Coste subvencionable unitario máximo (€/kW)
Instalación Fotovoltaica Autoconsumo (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp).	120	460
Instalación Fotovoltaica Autoconsumo (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp).	–	749
Instalación Fotovoltaica Autoconsumo (10 kWp < P ≤100 kWp).	–	910
Instalación Fotovoltaica Autoconsumo (P ≤ 10 kWp).	–	1.188
Instalación eólica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) para autoconsumo.	189	1.310
Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo.	129	3.072
Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo.	86	4.723

En términos del cálculo de la ayuda a conceder, estas instalaciones tendrán una potencia instalada máxima de 5 MW. Los costes financiables relacionados con ellas se verán limitados por el menor de los dos valores siguientes:

1.º El presupuesto de inversión necesario para la implantación de la instalación, al que se le descuenta el coste unitario de la instalación de referencia (Cuf) (€/kW) de la tabla anterior, multiplicado por la potencia a instalar.

2.º El presupuesto que se derive de la aplicación de los valores del coste subvencionable unitario máximo (€/kW) de la tabla anterior, en función de la potencia a instalar.

1.º se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda;

2.º serán amortizables;

3.º se adquirirán en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador;

4.º estarán incluidos en los activos de la empresa beneficiaria al menos 3 años.

1.º Deberá crearse en los tres años siguientes a la finalización de la inversión;

2.º Se producirá un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos 12 meses;

3.º Deberá mantenerse durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha en que se haya cubierto el puesto por primera vez.

Se establecen los siguientes límites en la composición del presupuesto financiable:

ii) La partida obra civil no podrá superar el 10 por ciento del presupuesto financiable total.

5. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo del anexo III de este real decreto, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud.

6. Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

1.º Sólo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2.º No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes.

3.º Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Dicho cumplimiento deberá acreditarse en el momento de la justificación de inversiones con el correspondiente certificado vigente a la fecha de contratación.

Donde:

Coste SS: coste de Seguridad Social desembolsado por cada empresa o entidad por el participante en el periodo contemplado. Las imputaciones de cuotas de seguridad social de los trabajadores autónomos no serán financiables, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y que sea la entidad solicitante la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador;

Días trabajados año: periodo de tiempo durante el que el participante ha trabajado para la empresa durante el año en cuestión;

Horas convenio: horas de trabajo anuales contempladas en el convenio colectivo correspondiente para la categoría de personal específica.

El coste horario individual máximo financiable será de 65 euros.

En el caso de los trabajadores que cobren mediante factura (personal autónomo socio de la empresa o personal autónomo económicamente dependiente): el cálculo del coste-hora se realizará mediante el cociente entre las retribuciones satisfechas al trabajador y las horas dedicada al proyecto, teniendo en cuenta las exclusiones citadas para el personal laboral. No se aceptarán imputaciones de cuotas de Seguridad Social del trabajador autónomo, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de Seguridad Social del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador.

ii) Coste horario medio del proyecto: el coste horario medio del proyecto se calculará a partir de los costes horarios individuales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

El coste horario medio de proyecto financiable será de 45 euros como máximo.

Artículo 8. Requisitos exigibles a las inversiones financiables.

1. Los proyectos que pretendan acogerse a la ayuda prevista en este real decreto deberán cumplir los siguientes requisitos:

2. Para acreditar el cumplimiento de requisitos previos para poder ser beneficiario se comprobará que la entidad solicitante cumple:

3. La elegibilidad económica y técnica de la entidad solicitante se acreditará mediante la superación del umbral establecido según los siguientes criterios:

Criterio	Puntuación máxima	Umbral de puntuación
Elegibilidad económica y técnica de la entidad solicitante (La puntuación se obtiene mediante la suma de b.1) a b.5).	100	50
b.1) Acreditación de la experiencia en la actividad objeto del proyecto de la empresa o bien que sus accionistas y/o equipo directivo en una producción industrial, en planta piloto o a escala experimental, comparable.	36
b.2) Cociente entre el importe neto de la cifra de negocios y la deuda total a largo plazo.	12
b.3) Cociente entre la deuda total y la subvención propuesta.	14
b.4) Cociente entre los fondos propios y la subvención propuesta.	20
b.5) Cociente entre el inmovilizado material y la subvención propuesta.	18

ii) se acreditará la experiencia de sus accionistas y/o equipo directivo mediante la vida laboral profesional de estos que incluya una justificación equivalente al párrafo anterior respecto de la entidad o entidades en las que motiva dicha experiencia.

La determinación de la puntuación exacta se realizará según la tabla descrita en el anexo II.

En el caso de sociedades creadas en 2023 o creadas en 2022 que no tenga la obligación de haber realizado el depósito de sus cuentas en el Registro Mercantil en la fecha de presentación de su solicitud, se utilizará la liquidación del Impuesto de Sociedades. De no existir tampoco, se considerarán las cuentas provisionales formuladas a fecha de solicitud.

La comprobación de la elegibilidad se realizará con la documentación indicada en el artículo 20 de este real decreto, que podrá no ser validada motivadamente. Igualmente podrá requerirse documentación adicional sobre la formación de los elementos de las cuentas, y especialmente sobre el capital social, los fondos propios, la determinación de pasivos corrientes y a largo plazo, y cualquier otro elemento cuyo contraste sea necesario para la determinación de la situación económico-financiera real de la empresa.

En caso de discrepancia entre los valores imputados en el cuestionario o memoria de la solicitud y los valores que pudieran acreditarse con el Registro Mercantil o impuesto de sociedades, se adoptarán los valores que generen menores puntuaciones.

Los rangos de puntuación de los subcriterios se especifican en el anexo II. En el caso de que los criterios conduzcan a una indeterminación matemática se aplicará el valor mínimo del criterio correspondiente.

4. La elegibilidad general del proyecto propuesto comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

5. Para acreditar la racionalidad de la propuesta presentada, se diferenciará entre la tipología de proyectos:

ii) Acreditación en el informe de la necesidad de las actividades de planificación de las que está compuesto el proyecto, y que deberán ser concurrentes con las que se detallen en la solicitud de ayuda.

iii) Acreditación de la adecuación del gasto aprobado por técnico experto que realiza el informe de calificación. A los efectos, se aceptará cuando el gasto sea igual o superior al 70 % del presupuesto solicitado.

Criterio	Puntuación máxima	Umbral de puntuación
Elegibilidad comercial y temporal (La puntuación se obtiene mediante la suma de d.1) a d.6).	10	3
d.1) Cociente entre la suma de los pre-acuerdos de venta o pre-contratos comerciales referidos a los productos objeto del proyecto en los primeros dos años de producción que se presente junto con la solicitud y el presupuesto de inversión total.	3
d.2) Cociente entre el presupuesto presentado y los pre-acuerdos de compra de los conceptos financiables que se presenten junto con la solicitud.	2
d.3) Acreditación de la titularidad o contrato de alquiler relativo a la ubicación (suelo industrial o nave, en caso que exista) en la que se va a ejecutar el proyecto.	1
d.4) Acreditación de la solicitud de la licencia de obra.	1
d.5) Acreditación de la licencia de actividad o acreditación de la solicitud de la licencia de actividad.	1
d.6) Acreditación del uso del suelo donde se va a realizar la inversión como industrial.	1
d.7) Para aquellos casos en los que el proyecto haya de someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, acreditación de la tramitación de la licencia ambiental correspondiente.	1

Para los criterios d.1) y d.2) se utilizarán las puntuaciones definidas en el anexo II. En el criterio d.7), la especificación detallada en este artículo. Para el resto de criterios se puntuarán con un punto si se presenta correctamente los documentos indicados en cada caso, y con 0 en caso contrario. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la acreditación documental:

d.1) Cociente entre la suma de los pre-acuerdos de venta o pre-contratos comerciales referidos a los productos objeto del proyecto de los primeros dos años de producción que se presente junto con la solicitud y el presupuesto de inversión total.

Para puntuar en este subcriterio se deberán aportar los pre-acuerdos de venta o pre-contratos comerciales referidos a los productos objeto del plan de inversión de los primeros dos años de la producción.

d.2) Cociente entre el presupuesto presentado y los pre-acuerdos de compra de los conceptos financiables que se presenten junto con la solicitud. Aportación de factura pro-forma o preacuerdos de compra debidamente firmados.

Para puntuar en este subcriterio se deberán aportar las facturas pro-forma o los pre-acuerdos de compra de los conceptos financiables que se presenten junto con la solicitud.

d.3) Acreditación de la titularidad o contrato de alquiler relativo a la ubicación (suelo industrial o nave, en caso que exista) en la que se va a ejecutar el proyecto; Para puntuar en este subcriterio se deberá aportar bien nota simple, bien escritura de compra-venta que acredite la titularidad del inmueble por parte del solicitante. En el caso de que el inmueble se encuentre arrendado se deberá aportar el contrato de alquiler en el que figure como arrendatario la empresa solicitante.

d.4) Acreditación de la solicitud de la licencia de obra o acreditación de la solicitud de la licencia de actividad.

Para puntuar en este subcriterio se deberá aportar bien la licencia de obra bien la solicitud de la licencia de actividad. En caso de que la ejecución del proyecto no requiera la tramitación de licencia de obra se aportará certificado emitido por técnico competente que certifique la no necesidad de licencia de obra. En este último caso también se puntuará con 1 punto.

d.5) Acreditación de la licencia de actividad o acreditación de la solicitud de la licencia de actividad.

Para puntuar en este criterio se deberá aportar la licencia de actividad o solicitud de la licencia de actividad.

d.6) Acreditación del uso del suelo donde se va a realizar la inversión como industrial.

Para puntuar en este subcriterio se deberá aportar certificado de compatibilidad urbanística o certificado firmado por el Ayuntamiento que acredite el uso industrial del suelo en el que se emplaza el plan de inversión.

d.7) Para aquellos casos en los que el proyecto haya de someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, acreditación de la solicitud de la licencia ambiental correspondiente. La puntuación obtenida será acumulativa por presentación de:

ii) resolución de licencia ambiental (trámite finalizado favorablemente): 1 punto.

En caso de que la ejecución del plan de inversión no requiera la tramitación de licencia ambiental se aportará certificado emitido por técnico competente que certifique la no necesidad de licencia ambiental. En este último caso también se puntuará con 2 puntos.

6. Los requisitos anteriores deberán acreditarse mediante una memoria presentada junto con la solicitud que siga la estructura y contenido establecido en el anexo III de este real decreto.

Artículo 9. Plazo de realización de las actuaciones.

1. Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.

2. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse como máximo hasta treinta y seis meses desde la fecha de la resolución de concesión.

3. Los pagos que soportan dichas actuaciones deberán realizarse con anterioridad a la finalización del periodo de justificación señalado en el artículo 25, y siempre en los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

CAPÍTULO III. De la ayuda

Artículo 10. Límites e intensidades máximas de ayuda.

1. El importe de la ayuda a conceder quedará limitada:

2. Adicionalmente, según los tipos de proyectos de los referenciados en el artículo, las intensidades brutas máximas por proyecto y entidad beneficiaria serán las siguientes:

Tipos de proyectos	Empresas no PYME	Medianas empresas	Pequeñas empresas y microempresas
Tipos de proyectos	Intensidades brutas máximas de ayudas a las beneficiarias (por proyecto y beneficiaria)	Intensidades brutas máximas de ayudas a las beneficiarias (por proyecto y beneficiaria)	Intensidades brutas máximas de ayudas a las beneficiarias (por proyecto y beneficiaria)
Proyectos de investigación industrial.	Hasta el 50 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 60 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 70 % del coste subvencionable del proyecto.
Proyectos de desarrollo experimental.	Hasta el 25 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 35 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 45 % del coste subvencionable del proyecto.
Proyectos de innovación en materia de organización y procesos.	Hasta el 15 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 50 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 50 % del coste subvencionable del proyecto.
Proyectos de inversión en favor de las PYME.	No aplica.	Hasta el 10 % del coste subvencionable del proyecto.	Hasta el 20 % del coste subvencionable del proyecto.

La intensidad de la ayuda para los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental podrá aumentarse en 15 puntos porcentuales, hasta un máximo de 80 % si se cumplen algunas de las condiciones definidas en el artículo 25.6.b del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Artículo 11. Compatibilidad con otras ayudas.

1. A efectos de aplicación de este artículo la financiación pública de un proyecto se computará como la suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público.

2. Las ayudas reguladas en este real decreto podrán acumularse con cualquier otra ayuda, siempre que:

Artículo 12. Régimen de concesión y características de la ayuda.

1. Dado que concurren causas de interés público, social y económico asociadas a la transformación integral de la movilidad nacional, así como la especificidad del sector al que se orienta y tipo de actuación a ejecutar, que dificultan la convocatoria pública, el procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión directa, regulado en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo III del título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

2. La ayuda otorgada se concederá siempre en forma de subvención.

Artículo 13. Garantías.

1. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el 80 % de la ayuda propuesta.

2. Se exigirá la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la resolución de concesión de la ayuda, estableciéndose un plazo de quince días hábiles para presentarla desde la notificación de su requerimiento. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías tendrá como efecto la consideración del solicitante como desistido de la solicitud.

3. Las garantías serán liberadas, una vez que tenga lugar la acreditación de que se haya realizado la actividad objeto de la ayuda, según establece el artículo 23.4 de este real decreto, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en su caso. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.

4. Las garantías se incautarán cuando se produzca el impago del reintegro que proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en este real decreto, y en especial de lo dispuesto en los artículos 24 y 25, de este real decreto o en la propia resolución de concesión.

CAPÍTULO IV. De los órganos gestores de la ayuda

Artículo 14. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento.

1. Será competente para resolver la concesión de las ayudas, la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.

2. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es el Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (en adelante, PERTE VEC).

3. El órgano competente para el seguimiento y control, para la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos de este programa y para el seguimiento de su ejecución es el Comisionado especial para el PERTE VEC.

Artículo 15. Composición y funciones de la Comisión de Verificación.

1. La Comisión de Verificación se integrará administrativamente en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y será presidida por el Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Serán vocales:

Actuará como Secretario un funcionario del Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado, que tendrá voz, pero no voto, conforme a lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Serán competentes para la designación de los diferentes vocales:

El nombramiento de los miembros de la Comisión de Verificación se realizará de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.

3. El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

4. La Comisión de Verificación podrá contar, cuando así lo estime oportuno, con la necesaria asistencia técnica para emitir el informe e invitar a asistir a representantes de otros Organismos, que tendrán voz, pero no voto.

5. El funcionamiento de la Comisión de Verificación y su apoyo técnico será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano instructor del procedimiento. Las medidas y actuaciones incluidas en el funcionamiento de dicho consejo serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio presupuestario y no supondrán aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración.

6. Son funciones de la Comisión de Verificación informar la concesión de la ayuda regulada por este real decreto cuando se cumplan los requisitos exigibles a las inversiones financiables según lo establecido en el artículo 8.

7. La Comisión de Verificación mantendrá, al menos, las siguientes reuniones:

Artículo 16. Funciones del Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Son funciones del Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado:

CAPÍTULO V. Del procedimiento de concesión

Artículo 17. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión directa, regulado en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo III del título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. El procedimiento de concesión se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 18. Tramitación electrónica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Toda la documentación relativa a la solicitud deberá presentarse obligatoriamente a través del registro electrónico mediante la aplicación disponible para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El resto de comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a través del registro electrónico accesible desde la sede electrónica asociada del citado Ministerio.

2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud a la Dirección Electrónica Habilitada Única o complementariamente, a la sede electrónica del referido Ministerio, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.