Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible República Dominicana-España 2025-2029 aprobado en el marco de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, hecho en Santo Domingo el 14 de mayo de 2025

ACTA DE LA X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-DOMINICANA DE COOPERACIÓN (2025-2029)

Santo Domingo, 14 de mayo de 2025

En el marco del Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre la República Dominicana y el Reino de España, suscrito el 8 de marzo de 1988, se celebró la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación el día 14 de mayo de 2025 en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

En este contexto, ambas delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2025-2029 según se describe en el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con la República Dominicana anexo a la presente acta.

La delegación de Reino de España estuvo presidida por la Excma. Sra. doña Eva María Granados Galiano, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

La delegación de la República Dominicana estuvo presidida por el Excmo. Sr. don Roberto Teodoro Álvarez Gil, Ministro de Relaciones Exteriores.

La relación completa de participantes de ambas delegaciones figura como anexo I de la presente acta.

Ambas delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre los dos países y manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del acta, que contiene tres capítulos principales y dos anexos, que forman parte integrante de la misma:

– Aspectos generales de la relación de cooperación para el desarrollo sostenible entre la República Dominicana y el Reino de España.

– Marco de actuación.

– Consideraciones finales.

– Anexos:

● Relación de integrantes de las delegaciones de España y de la República Dominicana (Anexo l).

● Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-República Dominicana 2025-2029 (Anexo II).

1. Aspectos generales de la cooperación para el desarrollo sostenible entre la República Dominicana y el Reino de España

El Marco de Asociación País 2019-2022 (prorrogado hasta la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta) y el acta de la reunión de la IX Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación (firmada el 29 de enero de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana) son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Española en República Dominicana.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2019-2022 (prorrogado hasta hoy), se ha elaborado el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible (MA) España-República Dominicana 2025-2029, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo a implementarse durante el periodo mencionado.

2. Marco de actuación

La elaboración del nuevo Marco de Asociación ha sido liderada por dos grupos.

Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la siguiente manera: la Embajada de España, ostentando el Embajador de España la Presidencia del GEC; la Oficina de la Cooperación Española (OCE) en República Dominicana, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; la Oficina Comercial, agregaduría de interior y agregaduría de trabajo; representantes de la cooperación descentralizada y las ONGD españolas presentes en República Dominicana.

Por parte de la República Dominicana, coordinaron el proceso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a través del Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI), con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, a través del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional. Estas instituciones conformaron la Comisión Estratégica, encargada de la elaboración del MA por parte del Gobierno de la República Dominicana.

La delegación española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, con base en la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada el de 20 de febrero de 2023; el Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, y en el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, aprobado el 23 de julio de 2024 por el Consejo de Ministros. En dicho Plan Director, la República Dominicana aparece como uno de los países con quien se cooperará de forma prioritaria.

Ambas delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de las metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de la ayuda y la eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.

La Delegación dominicana informó que las prioridades del Gobierno Dominicano para esta cooperación están recogidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), siendo el instrumento de mediano plazo que establece prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos del Sector Público para el período 2025-2030.

En este contexto, la delegación española ratificó su compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, sobre la base del potencial y el liderazgo de este país socio. Ello supone que la República Dominicana seguirá siendo uno de los principales socios de España en materia de cooperación para el desarrollo en los próximos años.

El Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-República Dominicana 2025-2029 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano inclusivo y sostenible. Integra a actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.

Valoración del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible

Ambas delegaciones revisaron los principales resultados previstos en el MA 2025-2029, en consonancia con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2025-2028 y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Se destaca el elevado nivel de alineamiento de las prioridades del nuevo MA con el PNPSP y la END, permitiendo de forma adecuada la concentración de recursos en los ámbitos donde se ha corroborado la ventaja comparativa de la Cooperación Española para alcanzar un mayor impacto en términos de desarrollo.

El MA 2025-2029 se estructura en torno a los ejes de la triple transición planteada por el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, integrando las ventajas comparativas de la Cooperación Española en República Dominicana con el fin de contribuir de la manera más eficaz a los objetivos que el gobierno dominicano se ha marcado de aquí al 2030.

Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 y consideraciones para su adecuado cumplimiento

El Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades dominicanas y en el alineamiento del contenido sustantivo del citado MA con el PNPSP y la END.

En relación con los sectores de intervención, la Cooperación Española se va a centrar en: i) la transición social, fortaleciendo el Estado de Derecho; ii) la transición económica, impulsando el trabajo formal y decente; iii) la transición ecológica, impulsando la gestión sostenible del territorio. Estos ámbitos corresponden principalmente al ODS 2 (Hambre Cero), ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

Se estima que la AOD española para el periodo 2025-2029 dedicada a República Dominicana se situará en torno a los 110 millones de euros.

La delegación dominicana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.

3. Consideraciones finales

Ambas delegaciones se comprometen a generar, de manera expedita, las comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente acuerdo. Para ello, se identificarán los mecanismos de rendición mutua de cuentas entre la OCE y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y se establecerán los mecanismos de difusión de los logros a través de la medición de indicadores (teniendo el GEC un papel decisivo para hacer llegar la información a las instituciones y organizaciones asociadas, y a la sociedad civil dominicana). Al mismo tiempo, se establecerán los mecanismos y canales de accesibilidad a los informes de seguimiento y evaluaciones de la Cooperación Española, los resultados de los marcos de evaluación del desempeño de donantes, los informes de valoración del desempeño independientes, así como el informe de seguimiento correspondiente.

El periodo de vigencia de la comisión mixta y del Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 se establece desde mayo del 2025 hasta diciembre del 2029.

Al término de la reunión, ambas delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación entre los gobiernos y pueblos de España y República Dominicana.

La delegación española agradeció a la República Dominicana su hospitalidad para la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta.

Celebrada y suscrita en Santo Domingo, en dos ejemplares originales, el día 14 de mayo de 2025.

Por el Reino de España,	Por la República Dominicana,
Eva María Granados Galiano, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional	Roberto Teodoro Álvarez Gil, Ministro de Relaciones Exteriores

ÍNDICE DE ANEXOS

– Relación de integrantes de las Delegaciones oficiales de España y de República Dominicana.

– Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029.

ANEXO I. Relación de integrantes de las delegaciones oficiales del Reino de España y de la República Dominicana

Delegación Española

– Sra. Eva María Granados Galiano.

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

– Sr. Antonio Pérez-Hernández Torra.

Embajador de España en la República Dominicana.

– Sra. Laura Oroz Uribarri.

Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

– Sra. Nuria Pérez Llavero.

Directora de Gabinete.

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

– Sr. Ignacio Sánchez de Lerín Garcia-Ovies.

Ministro Consejero.

Embajada de España en la República Dominicana.

– Sr. Manuel Alba Cano.

Coordinador General de la Cooperación Española en la República Dominicana.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Delegación Dominicana

– Excmo. Sr. Roberto Álvarez.

Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

– Sr. Alexis Cruz Rodríguez.

Viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Máxima Autoridad.

– Sr. Francisco Caraballo.

Viceministro de Política Exterior Bilateral-MIREX.

– Sra. D. Olaya Dotel Caraballo.

Viceministra de Cooperación Internacional y Ordenadora de los Fondos Europeos para el Desarrollo, MEPyD.

– Sra. Clara Aquino.

Directora General de Cooperación Bilateral MEPyD.

– Sra. Patricia Ortiz.

Asesora del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional-MIREX.

ANEXO II. Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible República Dominicana-España 2025-2029

CONTENIDO

Acrónimos.

1. Bases para la asociación.

1.1 Contexto del país.

1.1.1 Aspectos generales.

1.1.2 Personas.

1.1.3 Prosperidad.

1.1.4 Planeta.

1.1.5 Paz.

1.1.6 Alianzas.

1.1.7 Riesgos generales en el periodo de ejecución del presente Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible.

Riesgos económicos.

Riesgos naturales.

Riesgos sociales.

1.2 Situación de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

1.2.1 La Cooperación Española.

1.2.2 Organizaciones multilaterales de desarrollo.

1.2.3 Unión Europea.

1.3 Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a las 5 P «para no dejar a nadie atrás».

1.3.1 Personas.

1.3.2 Prosperidad.

1.3.3 Planeta.

1.3.4 Paz.

1.3.5 Alianzas.

1.4 Conclusiones.

2. Resultados de desarrollo sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 nacional.

ODS 2 Hambre cero.

ODS 4 educación de calidad.

ODS 5 igualdad de género.

ODS 6 agua limpia y saneamiento.

ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico.

ODS 13 acción por el clima.

ODS 16 paz, justicia e instituciones solidas.

2.2 Alcance territorial.

2.3 Marco de resultados.

3. Alianzas para la estrategia.

3.1 Red de alianzas.

Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.

Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

Unión Europea.

Sistema de Naciones Unidas.

Otros organismos internacionales.

Sector privado empresarial-organizaciones empresariales y empresas.

Universidades y centros docentes y de investigación.

3.2 Modalidades e instrumentos.

Proyectos y programas.

Cooperación técnica.

Cooperación multilateral y multibilateral.

Cooperación delegada (UE).

Cooperación reembolsable: Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).

Cooperación Triangular.

3.3 Recursos.

3.4 Riesgos.

Riesgos medioambientales.

Riesgos económicos.

Riesgos sociales.

4. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

4.1 Seguimiento.

4.2 Evaluación.

4.3 Rendición de Cuentas y Transparencia.

Anexo I. Marco de Resultados.

Anexo I. Marco de Resultados-Indicadores.

Anexo II. Red de Alianzas.

Anexo III. Matriz de Riesgos.

Acrónimos

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AGE: Administración General del Estado.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BM: Banco Mundial.

CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo.

CCAA: Comunidades Autónomas.

CCE: Centro Cultural de España.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

COMIX: Comisión Mixta.

COVID 19: Coronavirus Disease.

CTP: Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza.

DCAL: Dirección de Cooperación al Desarrollo Local.

DGPOLDES: Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

END: Estrategia Nacional de Desarrollo.

ENESIM: Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres.

ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

FIAP: Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

FONPRODE/FEDES: Fondo para la Promoción del Desarrollo, que recientemente ha cambiado su denominación a Fondo Español de Desarrollo Sostenible.

FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas.

GEC: Grupo Estable de Coordinación.

ICV: Índice de Calidad de Vida.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

INFOTEP: Instituto de Formación Técnica y Profesional.

IRC: Indicador de Rendición de Cuentas.

JCE: Junta Central Electoral.

MA: Marco de Asociación.

MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

MIUTF: Matrimonios Infantiles y Uniones Tempranas Forzadas.

MINERD: Ministerio de Educación de la República Dominicana.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OCE: Oficina de Cooperación Española.

OECE: Oficina de Evaluación de la Cooperación Española.

ONG: Organización No Gubernamental.

ONGD: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

ONE: Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana.

OPS: Organización Panamericana de la Salud.

PIB: Producto Interno Bruto.

PMA: Programa Mundial de Alimentos.

PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés).

PRORURAL: Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Resiliente.

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

SAT: Sistema de Alerta Temprana.

SENASA: Seguro Nacional de Salud.

SIRED-RD: Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños de la República Dominicana.

SISDOM: Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana.

SNS: Servicio Nacional de Salud.

UE: Unión Europea.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.

VIMICI: Viceministerio de Cooperación Internacional.

1. Bases para la asociación

Indicador	Valor
Población total (Habitantes) (2022).	10.773.983 (Censo 2022).
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) (2023).	23 % (CTP, 2024).
Crecimiento de la población (%) (2022 respecto a 2010).	1,1 % (Censo 2022).
Esperanza de vida al nacer: total/mujeres/varones (años) (2023).	74,2 / 77,5 / 71 (PNUD).
Superficie del país (Km²).	48.195 km² (Censo 2024).
Clasificación según el IDH (sobre 191 países) (2023).	82 (HDR UNDP).
Densidad de población (personas por Km²) (2022).	223 (Censo 2022).
Índice de Desarrollo Humano (IDH) Total/Mujeres/Varones (2023).	0,766 / 0,775 / 0,753 (PNUD).
IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D) (2023).	0,627 (PNUD).
PIB Total (en millones de US$ a precios actuales) (2023).	121.691,7 (Banco Central de Republica Dominicana).
PIB per cápita (en US$ a precios actuales) (2023).	11.361,2 (PNUD).
Crecimiento del PIB (% anual) (2024).	5% (Banco Central de República Dominicana).
Tasa de fecundidad (hijos/mujer) (2023).	2,2 (Banco Mundial).
Población urbana (% del total) (2023).	72,3 % (Censo 2022).
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) (2023).	2,1 (PNUD).
% población alfabetizada (15 años o mayores) (2023).	94,3 % (SISDOM 2023).
Índice Gini (2023).	0,378 (Boletín Sobre Pobreza Monetaria 2023).
% prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (2023).	7,1 % (PNUD).

1.1 Contexto del país.

1.1.1 Aspectos generales.

La República Dominicana está situada en el Caribe, ocupando los dos tercios orientales de la isla La Española, que comparte con la República de Haití. Su clima es tropical, con una estación lluviosa de mayo a octubre y una estación seca de noviembre a abril. La geografía del país es diversa, con montañas, valles y costas. La República Dominicana tiene una superficie de 48.442 km² y cuenta con 1.527,28 km de litoral. Limita al norte con el océano Atlántico (586 km), al sur con el mar Caribe (545 km), al este con el canal de la Mona y al oeste con Haití, con una frontera terrestre de 376 km.

El idioma oficial es el español y la religión predominante es el catolicismo (80 %), aunque las iglesias evangélicas están en expansión. La República Dominicana está dividida en 31 provincias y un Distrito Nacional, la capital Santo Domingo de Guzmán, que queda fuera del régimen provincial. El país cuenta con 157 municipios y 235 distritos municipales⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Informe general del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 - Oficina Nacional de Estadística (ONE).

1.1.2 Personas.

La población de la República Dominicana es de aproximadamente 10,77 millones de personas (ONE, 2024). La distribución por género es equilibrada, con una ligera mayoría de mujeres. La mayoría de la población es joven, con un significativo porcentaje de personas menores de 30 años.

Ciudades principales: Santo Domingo (2,77 millones de habitantes), Santiago de los Caballeros (1,07 millones), Distrito Nacional (1,03 millones de habitantes), San Cristóbal (689 mil habitantes) y La Altagracia (446 mil habitantes)⁽²⁾.

⁽²⁾ Informe general del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 - Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La tasa de mortalidad infantil es de 6,47 por cada 1.000 nacidos vivos (tercera tasa de mortalidad infantil más alta en América Latina y Caribe, detrás de Haití y Dominica) y la tasa de mortalidad materna es de 107 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (entre las diez más altas de América Latina y Caribe). La esperanza de vida al nacer es de 74 años.

El índice de desigualdad de género es 0,7030 y el porcentaje de cargos en el Congreso ocupados por mujeres es del 26 %.

El 72,3 % (Censo 2022) de la población vive en áreas urbanas.

En términos de salud, el país ha mejorado significativamente en varios indicadores clave, destacando la cobertura gratuita proporcionada por el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que ha sido fundamental para ampliar el acceso a servicios de salud de calidad y, especialmente, para las poblaciones más vulnerables. El sistema de salud supone un gasto público que representa el 2 % del PIB. Asimismo, persisten desafíos como la alta mortalidad materna y neonatal. En el periodo 2010-2022 (PNUD, 2024⁽³⁾), la región de El Valle tuvo un crecimiento promedio anual de 0,4 % y la región de Valdesia de un 2,2 %.

⁽³⁾ IDH Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana. Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación. Marzo 2024.

La cobertura del servicio básico de agua y saneamiento en la República Dominicana es, según el Banco Mundial⁽⁴⁾, de 95 % y 82 % respectivamente. Solo el 15 % de los sistemas de agua inventariados utilizan la cloración y, según se informa, la interrupción del suministro de agua y el racionamiento son comunes, variando de 1,5 a 10,5 horas por día. La inequidad territorial en estos servicios se presenta también entre provincias, regiones y entre las zonas urbanas y rurales de una misma provincia.

⁽⁴⁾ https://www.bancomundial.org/

En educación, el país ha logrado avances en la cobertura educativa, con una tasa de alfabetización del 94 % entre adultos, pero enfrenta desafíos en la calidad de la educación y la tasa de abandono escolar. Según el Ministerio de Educación de la República Dominicana, los puntajes alcanzados por República Dominicana en 2022 fueron de 351 puntos en Lectura, 360 puntos en Ciencias y 339 puntos en Matemáticas. En tanto, la puntuación global se elevó hasta 350 puntos, tras obtener 339 en 2015 y descender a 334 puntos en 2018. Según el Análisis de Resultados de Pruebas Nacionales 2023 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), la matrícula estudiantil en centros privados para el año escolar 2023 totaliza casi 550.000 estudiantes, lo que representa el 20 % del total. De estos, el 80 % se concentra en seis regionales. Al comparar los resultados de las escuelas públicas con las escuelas privadas, se puede observar que, en promedio, las escuelas privadas están 4,84 puntos por encima de las escuelas públicas. En cuanto a la evolución del índice de educación, la región de El Valle mostró un crecimiento anual del 5,2 %, el más alto a nivel nacional (datos referidos a la componente de educación del IDH del PNUD). Sin embargo, esta región sigue siendo una de las dos más rezagadas en materia educativa, ocupando la penúltima posición entre las 10 regiones. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana⁽⁵⁾, el análisis de las tasas de culminación de educación primaria muestra que el 66 % de la población había completado este nivel en 2022, un aumento del 25 % respecto a 2010. Es importante, en el marco de los avances logrados, agregar las rutas alternativas en educación y formación técnico profesional donde la AECID ha tenido incidencia. Ejemplos de ello son instituciones como INFOTEP.

⁽⁵⁾ IDH-Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana- Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación-Marzo 2024.

En cuanto a las disparidades territoriales, 27 de las 31 provincias presentan niveles de desarrollo humano medio-bajo o bajo⁽⁶⁾. Algunas de estas regiones se están desarrollando más rápidamente. Por ejemplo, la región de El Valle mostró la mayor tasa de crecimiento promedio del IDH, con un 37,4 % durante el período 2010-2022. Sin embargo, sigue perteneciendo al grupo de desarrollo humano bajo, con el tercer valor de IDH más bajo del país. Se recogen desigualdades significativas en el desarrollo humano entre las distintas regiones del país. La región Ozama (Distrito Nacional y Santo Domingo) es la única con un desarrollo humano alto, mientras que otras regiones como Yuma y Enriquillo presentan los niveles más bajos de desarrollo humano. A pesar de los esfuerzos que está realizando el país para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres, la desigualdad de género persiste. Por ejemplo, la participación femenina en el mercado laboral es 1,5 veces menor que la de los hombres y hay una significativa diferencia en ingresos por género⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/idh_pnud.pdf

⁽⁷⁾ IDH-Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana- Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación-Marzo 2024.

Asimismo, persisten retos en relación con los derechos sexuales y reproductivos. El 4,8 % de los hogares de la República Dominicana tiene como cabeza del hogar a una persona de entre 15 y 17 años de edad (ENHOGAR MICs 2019). La situación se ve agravada por la ausencia de una legislación específica que proteja contra el feminicidio y así como por la falta de una edad legal mínima clara para el consentimiento sexual y la prevalencia de casos de explotación y abuso sexual de niños y niñas. En relación con los embarazos, según el PNUD (2024), por cada 1.000 nacidos vivos, 63 madres se encontraron en edades entre 15 y 19 años. De acuerdo con la información registrada (Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública), uno de cada cuatro embarazos es de una adolescente, y en el primer trimestre del año 2024 ocurrieron 4.484 embarazos en adolescentes, presentando una reducción de un 26,58 % con respecto al primer trimestre del año 2023 (6.107). El aborto está penalizado en cualquier situación, siendo República Dominicana uno de los cinco países en el mundo donde lo es. Sin embargo, persisten discusiones legislativas y sociales respecto a posibles causas justificadas, ya que el 10 % de muertes maternas son provocadas por abortos inseguros.

El feminicidio no está tipificado, aunque también forma parte de la discusión legislativa que trabaja para generar consensos y aprobar un código penal reformado. De los países de América Latina que reportaron datos sobre feminicidios en el año 2022, la República Dominicana ocupa el segundo lugar de la región con la tasa más alta (2,9 por cada 100.000 mujeres), solo por detrás de Honduras. El número total de feminicidios registrados en el país fue de 163 en 2022. La violencia de género fue el delito más denunciado en el año 2021, con un total de 87.000 denuncias y 83.416 en el año 2022. Casi el 69 % de las mujeres dominicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, el 94 % de las mujeres que habían experimentado algún tipo de violencia no lo habían denunciado. Además, más del 70 % de las mujeres manifiesta haber sufrido acoso en el trabajo o conocen a alguien que lo haya sufrido⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Encuesta experimental sobre la situación de las Mujeres, ENESIM 2018, BID/ONE/Ministerio de la Mujer.

Según la Nota Técnica «Costos de la Discapacidad: Efectos en la Calidad de Vida y los Ingresos No. 2» de julio de 2022⁽⁹⁾ del Gobierno de la República Dominicana, el país cuenta con un marco normativo respecto a las personas con discapacidad, incluyendo la Ley 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estas leyes contienen disposiciones explícitas sobre los derechos en educación, empleo, salud y participación social de las personas con discapacidad. Dentro de esta población, el menor porcentaje corresponde a la discapacidad severa, con una mayor incidencia en hombres que en mujeres, aunque la mayoría de estos hogares son liderados por mujeres. La discapacidad severa afecta a personas de todas las edades, siendo más frecuente en adultos mayores de 65 años. Desde el punto de vista educativo, casi la mitad de las personas con discapacidad severa mayores de 15 años no ha completado ningún grado educativo o solo cursó la educación inicial, con solo un 18,4 % habiendo completado al menos un curso de educación secundaria y apenas un 2,5 % con al menos un año de educación universitaria. Muchas de estas personas reportan no poder trabajar, generar ingresos, realizar actividades deportivas, recibir atenciones de salud o estudiar, y ser víctimas de discriminación. Las limitaciones de acceso a servicios se reflejan en una condición socioeconómica más baja, evidenciada en el Índice de Calidad de Vida (ICV). Las personas con discapacidad severa y sus hogares enfrentan un costo de oportunidad en términos de ingresos, con una pérdida en salarios formales de RD$3.975 por individuo y RD$2,530 por hogar, y un costo de oportunidad general de aproximadamente RD$1.000 por hogar.

⁽⁹⁾ https://siuben.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/nota-tecnica-siuben-2-costo-de-la-discapacidad-en-los-ingresos-y-el-nivel-de-vida-final-aprobado.pdf

1.1.3 Prosperidad.

La pandemia afectó considerablemente a la economía, reduciendo el ingreso familiar promedio en un 8,6 % en 2020. Posteriormente, hubo una recuperación económica en 2021 y 2022, con aumentos del 5,6 % y 11 %, respectivamente, en el ingreso familiar promedio. Según el Informe de Evaluación de las Necesidades de Recuperación por los Impactos Sociales y Económicos del COVID-19, publicado en el 2021 por el Gobierno de la República Dominicana⁽¹⁰⁾, la tasa de ocupación de las mujeres disminuyó en un 6 % en septiembre de 2020, en comparación con una caída de 4,2 % en los hombres durante el mismo período. Este informe destaca que las mujeres, tanto trabajadoras formales como informales, han sido las más golpeadas por la pandemia. Además, se registró una reducción de ingresos laborales del 7,5 %, pasando de RD$111,6 por hora en el tercer trimestre de 2019 a RD$103,2 por hora en el mismo período de 2020. No obstante, el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y otras políticas públicas dieron lugar a la reactivación económica. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana⁽¹¹⁾, el 45,6 % del ingreso se concentra en el quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre solo percibe el 6,1 % del ingreso total. Las regiones Valdesia e Higuamo mostraron una mayor recuperación económica entre 2020 y 2022, mientras que la región Enriquillo presentó el crecimiento más bajo en términos de ingreso familiar promedio.

⁽¹⁰⁾ Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo- Septiembre 2021.

⁽¹¹⁾ IDH Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana - Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación - marzo 2024.

Con excepción de los años de la pandemia provocada por la COVID-19, la economía de la República Dominicana ha mostrado un crecimiento constante del PIB, cerrando el año 2024 con un crecimiento del 5 %. Sin embargo, existe una gran disparidad en la distribución de la riqueza, con el 70 % de la población percibiendo ingresos por debajo de los 300 euros mensuales. Además, el gasto público en protección social es limitado. La presión fiscal, del 14 %, es la segunda más baja de América Latina.

El mercado laboral dominicano se caracteriza por una alta informalidad y un desempleo juvenil significativo. Las tasas de empleo han mejorado, pero persisten desafíos en la creación de empleos de calidad y bien remunerados. La tasa de desempleo⁽¹²⁾ fue del 5 % al cierre de 2023, porcentaje que representa una recuperación del empleo en el país luego de la pandemia. Según el PNUD, aunque el 21 % de las mujeres ocupadas se han graduado de la universidad, frente al 9 % de los hombres, las mujeres ganan en promedio un 21,1 % menos que los hombres. Esta brecha es aún mayor para las mujeres con estudios universitarios (24,2 %) y se amplía al 32.9 % para aquellas con educación secundaria o técnica, y al 39,1 % para las que solo tienen educación primaria. Además, según el Banco Mundial, la participación laboral de los hombres es mayor a la de las mujeres, siendo la tasa de ocupación en hombres (75,2 %) mayor a la de las mujeres en 26 puntos porcentuales (49,3 %). Por cada hombre inactivo en el mercado laboral, hay más de dos mujeres. Sin embargo, el Análisis «Monitoreando el Empleo» en 2023 demostró que el empleo femenino aumentó un 21.9 % en comparación con el 13.1 % en el empleo masculino, contribuyendo a la reducción de las brechas de género. Los mercados laborales son segmentados a nivel local, con mayor empleabilidad en polos urbanos y turísticos. A esto se suma los retos en materia de calificación de la fuerza de trabajo, que limitan la competitividad. Los grandes retos en materia de derechos laborales y desarrollo en la República Dominicana se centran en la protección del derecho a la libertad y organización sindical, la eliminación de la brecha de género en el empleo, la lucha contra la discriminación, la violencia y el acoso laboral. Además, es importante proteger los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, garantizar la seguridad, la protección social integral y una atención de salud de calidad. La protección de la maternidad y la paternidad y la aplicación de políticas de cuidado y corresponsabilidad son también cruciales. Estos esfuerzos están respaldados por la ratificación de convenios internacionales como el Convenio 87 sobre libertad sindical, el Convenio 98 sobre negociación colectiva o el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, entre otros. Sin embargo, aún existen elementos pendientes, como lo demuestra la falta de ratificación de convenios como el Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y el Convenio 151 sobre la sindicalización de los trabajadores públicos.

⁽¹²⁾ Datos del BCRD.

El desarrollo de infraestructuras es desigual en el país. Las áreas urbanas, especialmente Santo Domingo, cuentan con mejores servicios básicos e infraestructuras, mientras que las zonas rurales y fronterizas muestran deficiencias en infraestructura básica -agua potable, saneamiento y electricidad.

Al cierre del año 2024, el crecimiento del PIB fue del 5 %. En 2023, el PIB per cápita era de $11.361.2 USD. El mismo año, el sector servicios representó el 57,4 % del PIB, el sector industrial el 29,0 % y el sector agropecuario el 5,5 %. La inflación interanual en 2024 fue de 3,35 %, reduciéndose respecto a los tres años anteriores.

A continuación, se presenta el desglose de la distribución de la inversión pública en el año 2023 a lo largo del territorio nacional. El 30,1 % de la ejecución total (RD$34.583,7 millones) fue destinado a la provincia de Santo Domingo. El 42 % se invirtió en la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo: Alcarrizos-Luperón y en la construcción de la línea 2 del teleférico. El Distrito Nacional fue la segunda provincia con mayor ejecución, con un monto de RD$9.170,2 millones (8 % de la ejecución total) destinado principalmente a la ampliación del servicio de la línea 1 del metro de Santo Domingo y al mejoramiento urbano, social y ambiental del barrio Domingo Savio (La Ciénega - Los Guandules). Además, existen otros proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia: se registraron alrededor de RD$1.728,8 millones (1,5 % del total) en proyectos de alcance regional y RD$3.847,8 millones (3.3 % del total) en proyectos de alcance nacional.

A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana, como el Gran Santo Domingo, es necesario acompañar este análisis con la ejecución de proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias. Se observa que las provincias con mayor inversión en términos per cápita son Independencia, con RD$44.805,6, seguido por San José de Ocoa, con RD$40.907,6, Monte Cristi con RD$32.900,5 y Elías Piña con RD$26.760.

1.1.4 Planeta.

La República Dominicana posee una rica biodiversidad y ecosistemas que incluyen bosques, costas, humedales y montañas. Es el hogar del Pico Duarte, el punto más elevado de las Antillas, con 3,089 metros de altura. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en la conservación de sus recursos naturales, así como en la disponibilidad de recursos para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

El principal problema medioambiental de la República Dominicana es la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID). La República Dominicana, que apenas produce el 0.06 % de las emisiones de gases de efecto invernadero -derivado de la deforestación, contaminación y explotación de los recursos naturales-, ocupó el puesto 32 de 181 países en el Índice Mundial de Riesgo 2021 de la Bündnis Entwicklung Hilft y el puesto 41 en el año 2022 (informe 2023), según el Banco Mundial. Este alto nivel de exposición a los riesgos provocados por los desastres y el clima impacta significativamente en la economía nacional. La sucesión de eventos adversos pone cada vez más en relieve la necesidad crítica de contar con una acción acelerada que fortalezca la resiliencia y la adaptación del país de una manera inclusiva.

A los riesgos provocados por los efectos del cambio climático se unen otros retos de carácter nacional, como la baja inversión para reforestar, el manejo de los residuos sólidos y las aguas negras o los riesgos de extinción de múltiples especies. Estos problemas contribuyen a la profundización de la pobreza de una parte importante de la población [Plan LEA, 2018⁽¹³⁾].

⁽¹³⁾ https://planlea.edu.do/2018/07/principales-problemas-ambientales-rep-dom/

El país ha adoptado políticas para promover el uso de energías renovables, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos de desastres, como la creación del Sistema de recopilación y evaluación de daños de la República Dominicana (SIRED-RD) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta obstáculos debido a limitaciones financieras y de infraestructura.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que los gastos en adaptación ascenderán alrededor del 0,25 % del Producto Interno Bruto Mundial por año en las próximas décadas, pero se estima que las necesidades anuales superarán el 1 % del PIB para economías en desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. El país es vulnerable a los impactos del cambio climático –que intensifica fenómenos como huracanes y sequías– mientras que la infraestructura y los sistemas de respuesta ante emergencias requieren de un fortalecimiento continuo para mitigar estos riesgos. Se han implementado medidas de adaptación y mitigación, pero se requiere de un mayor esfuerzo para fortalecer la resiliencia climática y reducir los riesgos asociados. El país continúa apostando por la preparación para la respuesta, aprobando un segundo préstamo del Banco Mundial, que es continuación de otro anterior que ayudó a enfrentar la crisis generada por la COVID19.

1.1.5 Paz.

El fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora de la seguridad ciudadana son prioridades para el país. La cooperación española ha apoyado iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, promoviendo la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Aunque la República Dominicana es relativamente estable, existen problemas de violencia y desigualdad social. La cooperación española ha trabajado desde un abordaje integral para luchar contra las violencias que sufren las mujeres y niñas, desde la prevención pasando por la atención y protección efectiva a las víctimas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.

El informe 2024 del PNUD sobre el IDH reconoce la importancia de abordar la violencia basada en género como un desafío transversal que impacta a todos los niveles socioeconómicos. Asimismo, subraya la necesidad de promover una mayor equidad en el ejercicio de derechos, prestando especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la representación de las mujeres en la esfera política, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, garantiza dentro de la cuota de genero una representación mínima de un 40 % para ambos sexos, lo cual a nivel legislativo esto constituye un paso de avance. No obstante, en el ejercicio democrático se reconoce que la mujer tiene importantes desafíos por recorrer para lograr una mejor representación dentro de los poderes del Estado. En el período 2010-2022, las regiones Cibao Sur (12.4 %) y Enriquillo (8.6 %) mostraron una mayor reducción de la desigualdad de género. Sin embargo, en 2 de las 10 regiones de planificación (Cibao Norte e Higuamo), el valor del IDG aumentó, indicando un estancamiento y deterioro en las oportunidades para las mujeres.

Tras las elecciones municipales del pasado 18 de febrero 2024, la Junta Central Electoral (JCE) informó que 1.598 mujeres ocupan cargos de alcaldesa, vicealcaldesa, regidora, directora y vocal, lo que representa el 42,84 % del total de cargos electivos. En las candidaturas plurinominales, las mujeres obtuvieron 479 regidurías, un 41,40 %, lo que supone un aumento del 10,92 % con respecto a 2020. Además, 427 mujeres fueron elegidas suplentes a regidores y regidoras, alcanzando un 40,40 %, mientras que los hombres obtuvieron un 59,60 %. En cuanto a las vocalías, 301 mujeres lograron el 41,12 %, incrementando en un 13,33 % respecto al periodo anterior. Sin embargo, en las alcaldías uninominales, solo 16 de las 158 alcaldías nacionales fueron para mujeres, representando un 10,13 %, frente a los 142 puestos masculinos, un 89,87 %. En las vicealcaldías, las mujeres dominan con un 89,87 % frente al 10,13 % de los hombres. En las direcciones municipales, las mujeres obtuvieron 23 puestos (9,79 %) y los hombres 212 (90,21 %), mientras que, en las subdirecciones, las mujeres alcanzaron el 90,13 % y los hombres el 9,79 %. Comparando con los resultados de 2020, se observa un incremento en la representación femenina en varios cargos, destacando el aumento en regidurías y vocalías, aunque las alcaldías aún presentan una mayor proporción masculina.

1.1.6 Alianzas.

La República Dominicana mantiene alianzas con diversas organizaciones internacionales y países donantes. La cooperación española ha sido un socio clave, proporcionando asistencia técnica y financiera en sectores como el agua y saneamiento, la educación técnica y profesional y la igualdad de género.

La cooperación española ha fomentado la colaboración con el sector privado y la sociedad civil dominicana, apoyando iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la inclusión social. Estas alianzas son esenciales para la implementación efectiva de proyectos y programas de desarrollo. España y República Dominicana mantienen relaciones diplomáticas desde 1855, con más de 20 tratados bilaterales en vigor.

Entre las líneas de acción para enfrentar los retos del principio relacionado con las alianzas multiactor se propuso identificar metodologías de trabajo que propicien la participación efectiva y sustantiva de todos los actores de la cooperación en la formulación de las iniciativas políticas. Esta propuesta proviene del Diálogo de Acción para la Cooperación Eficaz de 2021, que recoge el Gobierno de la República Dominicana en su correspondiente informe.

1.1.7 Riesgos generales en el periodo de ejecución del presente Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible.

Riesgos económicos

La economía dominicana es vulnerable a las fluctuaciones en el mercado global, especialmente en sectores clave como el turismo y la exportación de productos agrícolas. La dependencia de remesas, la deuda externa creciente y la baja presión fiscal son también riesgos económicos significativos.

Riesgos naturales

La República Dominicana está expuesta a fenómenos naturales como huracanes, terremotos y sequías. La infraestructura y los sistemas de respuesta ante emergencias requieren fortalecimiento para mitigar estos riesgos. También es necesaria la adaptación de infraestructuras y el desarrollo de una cultura de la prevención de riesgos y de sistemas de adaptación al cambio climático para enfrentar estos riesgos.

Riesgos sociales

La desigualdad social, la seguridad ciudadana, la seguridad social y la asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad son desafíos persistentes. La violencia basada en género y las muertes por accidentes de tránsito también representan riesgos sociales significativos.

1.2 Situación de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

1.2.1 La Cooperación Española.

La nueva ley de cooperación establece un marco más flexible y adaptado a los desafíos actuales del desarrollo global, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta ley enfatiza la importancia de la cooperación descentralizada y la colaboración con una variedad de actores, incluyendo ONG, sector privado y entidades multilaterales, y refuerza el papel de los gobiernos locales y de los fondos de cooperación.

El Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027 es el documento rector de la política de cooperación española y tiene como objetivo promover una triple transición social, económica y ecológica. La lucha contra el hambre, contra el cambio climático, la educación, el acceso al agua y el avance en los derechos de mujeres y niñas son sectores prioritarios del nuevo Plan Director. Además, se incorporan seis enfoques transversales: de derechos humanos, feminista y de género, de lucha contra la pobreza y las desigualdades, de justicia climática y sostenibilidad medioambiental, de diversidad cultural, y de construcción de paz. Este plan guiará las acciones de la cooperación española en la República Dominicana.

La cooperación española en la República Dominicana se ha enfocado hasta ahora en el fortalecimiento del Estado de Derecho, promoviendo instituciones eficaces y transparentes que, cumpliendo con su mandato, aseguren el ejercicio efectivo de los derechos, la igualdad y la participación ciudadana. Además, se ha centrado en empoderar a las mujeres y niñas para que conozcan y ejerzan sus derechos dentro de un marco institucional que fomente la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, además de velar por la eliminación de todas las formas de violencia de género. También ha trabajado en la reducción de la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables y fomentando un desarrollo de ciudades y comunidades que sea ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente, prestando especial atención a la población joven. Estos ejes han guiado las intervenciones de la cooperación española, buscando generar un impacto positivo y duradero en la sociedad dominicana.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal organismo gestor de la cooperación española. Cuenta en República Dominicana con una Oficina de Cooperación Española (OCE) y un Centro Cultural de España (CCE).

Dentro de los diversos instrumentos con que cuenta la cooperación española, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) -en proceso de transformación en el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES)- ha venido proporcionando financiación reembolsable a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, con un énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) financia proyectos para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento en comunidades vulnerables y áreas más frágiles.

La Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) supervisa y coordina la política de desarrollo sostenible de España, asegurando la alineación con los ODS, la Ley 1/2023 y el Plan Director.

Otros actores de la Administración General del Estado (AGE), entre ellos otros ministerios u organismos/entidades con competencias estatales, contribuyen a los esfuerzos realizados en República Dominicana. Por otra parte, la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) está especializada en la cooperación técnica pública, basada en el intercambio y en la transferencia de conocimientos entre administraciones públicas análogas. Implementa proyectos y programas de cooperación de la Unión Europea, en su mayoría bajo la modalidad de cooperación delegada.

La cooperación descentralizada, llevada a cabo por las Comunidades Autónomas (CCAA) y los gobiernos locales, desempeña un papel muy relevante en el país.

Un número importante de ONGD españolas están activas en la República Dominicana, implementando proyectos en áreas como la educación, salud, desarrollo rural, igualdad de género, medioambiente/cambio climático y derechos humanos, entre otras.

El sector empresarial español tiene una fuerte presencia en la República Dominicana, colaborando en proyectos de desarrollo a través de programas de responsabilidad social corporativa y representando una oportunidad para fomentar el trabajo a través de alianzas público-privadas.

Desde el 2021, la AECID está participando en un programa iberoamericano de ciudadanía global. En la reciente reunión del Consejo Intergubernamental (CIG), y la posterior asistencia técnica ofrecida en este marco llevada a cabo por España y Portugal, se constituyó una mesa de diálogo y reflexión para la coordinación de un Plan Interinstitucional de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global. En esta mesa estaban representantes de institucionales encargados de la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de desarrollo de República Dominicana.

El Equipo País (o anteriormente llamado Grupo Estable de Coordinación-GEC) tiene como objetivo asegurar la comunicación, coordinación, coherencia y complementariedad de la cooperación española en el país a lo largo de todo el ciclo de la asociación estratégica. Agrupa una representación de los actores de la cooperación española presentes en el país.

El volumen de la AOD GE desembolsada entre 2020 y 2023 se elevó a 29.671.029 €. Se reembolsó un importe de AOD GE de 2.679.980 € por operaciones de crédito antiguas cuya devolución se está dando en estos años, quedándose la AOD GE neta en 26.991.049 €.

La AOD GE está principalmente repartida entre la AGE y las CCAA, con un desembolso de las CCAA de un 37 % entre 2020 y 2023, y del 55 % por parte de la Administración General del Estado, Por su parte, las Entidades Locales suman un 6 % y las universidades un 2 %.

La mayor parte de la AOD GE desembolsada ha sido vía el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En cuanto a las Comunidades Autónomas, las principales entidades que desembolsaron AOD GE destinada a República Dominicana fueron la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana y la Xunta de Galicia. En relación con las entidades locales, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Sevilla han sido los que han destinado mayor importe de AOD en el periodo 2020-2023. Por otra parte, la Diputación de Huelva colabora desde el 2022 junto a Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Federación Dominicana de Municipios en varios proyectos relacionados con la gestión integral de RSU en la Región Noroeste, y ha participado en el Foro Internacional para la Coordinación Intermunicipal para la Gestión de RSU celebrado en Puerto Plata, y apoyado por la Cooperación Española, junto a técnicos de empresas públicas andaluzas (Giahsa y Chiclana Natural).

La AOD GE desembolsada se ha dedicado principalmente al ODS 5 (Igualdad de Género) con 8.303.448 €. Detrás siguen los ODS 2 (Hambre Cero), 4 (Educación de Calidad), 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y 3 (Salud y Bienestar), con 4.215.948 €, 4.028.383 €, 3.364.441 € y 1.885.558 €, respectivamente.

Recibieron también un volumen significativo, aunque menor, de AOD GE los siguientes ODS: 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) con 1.731.372 €, 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) con 1.631.319 €, 6 (Agua Limpia y Saneamiento) con 1.479.892 €, 1 (Fin de la Pobreza) con 1.201.605 € y 13 (Acción por el Clima) con 911.935 €.

1.2.2 Organizaciones multilaterales de desarrollo.

Naciones Unidas:

Diversas agencias, fondos y programas de la Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y ONU Mujeres, colaboran con la cooperación española en la implementación de proyectos en la República Dominicana. Estas agencias se enfocan en áreas como salud, educación, igualdad de género, cuidado y gobernabilidad. Con ONU Mujeres, AECID apoya la iniciativa «Transformando las economías: hacia el reconocimiento, reducción y redistribución del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado en América Latina y el Caribe» (2.750.000 euros 2022-2024). El objetivo del proyecto es aumentar la autonomía económica de las mujeres de América Latina, a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidados, que contribuyan al empoderamiento de las mujeres, a la vez que impulsan una agenda de recuperación sostenible y con igualdad. A nivel nacional, el programa comenzó su implementación en Perú –como país piloto para impulsar el modelo escalable– al que le siguieron Ecuador, México, Panamá y República Dominicana a partir del 2024, a fin de fortalecer las capacidades nacionales y locales para proporcionar servicios e infraestructuras de cuidados como impulso hacia la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. Contribuye firmemente a la consecución del ODS 5.4. Desde 2024, se ha apostado por el carácter plurianual de esta línea.

Se contribuye, asimismo, al programa de FNUAP para desafiar las prácticas que perjudican a mujeres y niñas e impiden la igualdad en América Latina y el Caribe (2.800.000 euros 2020-2024). El programa persigue desarrollar un modelo de intervención basado en las evidencias globales y regionales, que permitan prevenir y responder a los Matrimonios Infantiles y las Uniones Tempranas Forzadas (MIUTF), generar un diálogo político y técnico a nivel nacional con autoridades gubernamentales, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil para la instalación y adaptación del modelo y ponerlo a prueba en territorios específicos con fuerte presencia de población indígena y afrodescendiente y también en poblaciones de zonas fronterizas o impactadas por conflictos armados, movilidad humana o alta criminalidad. Impacta directamente en el ODS 5.3. En la primera fase (2 años), se puso en marcha este modelo de intervención en 4 países preseleccionados: República Dominicana, Perú, Colombia y Bolivia. Actualmente, el programa se encuentra inmerso en su segunda fase, que incluye a los países mencionados junto con México y Paraguay.

Además de las intervenciones focalizadas en República Dominicana citadas anteriormente, se apoyan iniciativas globales y regionales con organismos internacionales que, aunque no tengan aterrizaje directo en ese país, pueden tenerlo indirectamente ya que afecta a toda la región. Son las siguientes:

– La AECID colabora con la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las siguientes líneas de trabajo: promoción de la igualdad de género, autonomía de las mujeres y la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe; fortalecimiento de las capacidades de los países de la región para abordar los desafíos de la planificación y la gestión pública para una recuperación transformadora y para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; y formulación de políticas fiscales equitativas para el desarrollo sostenible.

– En los últimos años, en colaboración con la OPS, se han apoyado las siguientes líneas de intervención: Fortalecimiento de la transformación digital de la información para la mejora de los Sistemas de Salud; Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud de adolescentes vulnerables, mujeres y niñas supervivientes de violencia sexual; Incremento de la capacidad técnica para impulsar la eliminación del cáncer cervicouterino en países de ingresos bajos y medios; Innovación y producción de terapias avanzadas en América Latina y el Caribe; Fortalecimiento de los recursos humanos en el primer nivel de atención para mejorar la equidad en salud; Fortalecimiento de la respuesta integral de la atención clínica durante emergencias; y Fortalecimiento de los Equipos Médicos de Emergencias y Servicios Médicos de Emergencia prehospitalarios.

– A través de la FAO, se apoya la «Iniciativa Regional América Latina y Caribe Sin Hambre» 2025 (IALCSH). Asimismo, con carácter global, la AECID colabora con la FAO en el Apoyo a la Gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición y promoción del derecho a la alimentación adecuada para alcanzar el ODS2; Apoyo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; Apoyo al Programa de Pueblos Indígenas de la FAO.

– AECID contribuye a la elaboración del Informe Regional sobre Desarrollo Humano que formula la Oficina Regional del PNUD para América Latina y Caribe «Formando el futuro: Desarrollo Humano Resiliente en América Latina y el Caribe» que enfatizará la necesidad de adoptar el concepto de resiliencia.

– Asimismo, desde 2021, se está apoyando el trabajo en Asistencia Electoral de PNUD, en países prioritarios de la cooperación española y a países de cooperación avanzada. Junto con aterrizajes nacionales en países específicos, en la contribución se incluye también el apoyo a programas regionales y/o globales que refuercen el trabajo en tres pilares del programa de asistencia electoral: (1) refuerzo de la integridad de la información de los procesos electorales (2) refuerzo de la inclusión y (3) fortalecimiento de las instituciones para la mejora de los ciclos electorales.

– Con FIDA en el pasado se apoyó el Proyecto PRORURAL Inclusivo y Resiliente que contribuye a superar la persistencia de la pobreza monetaria de la vulnerabilidad de las familias rurales pobres a través del apoyo al desarrollo e implementación de Planes de Inclusión y Resiliencia, pero este apoyo ha cesado en la actualidad.

Por otra parte, en el ámbito multilateral, desde AECID se contribuye a Fondos Globales especializados en diferentes áreas temáticas, como la salud, la acción climática, educación o seguridad alimentaria. Las contribuciones a estos Fondos Globales o Programas Especializados tienen un enfoque centrado en resultados específicos y sitúan al donante en una situación más preeminente en comparación con otras modalidades de cooperación multilateral. Se integran, por lo general, en el sistema del Banco Mundial, estando anclados a la fuerza técnica y financiera del mismo. República Dominicana es país elegible en tres de ellos- Fondo Global-VIH; Fondo Pandemias y Fondo de Adaptación.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

El BID es un socio histórico y clave en proyectos de agua y saneamiento implementados en el país, trabajando en estrecha colaboración con la cooperación española en el marco del FCAS y ahora también en el marco del FEDES, donde se acaban de aprobar dos operaciones reembolsables centradas en saneamiento de aguas residuales en ciudades costeras una, y en la gestión de residuos sólidos y cierre de vertedero de Santo Domingo la otra.

1.2.3 Unión Europea.

La cooperación con la Unión Europea es fundamental, especialmente a través de las Team Europe Initiatives y el Marco Indicativo Plurianual 2021-2027 que buscan una respuesta conjunta a desafíos como el cambio climático y la recuperación económica post-COVID-19.

El primer análisis conjunto para República Dominicana lo realizó en 2020 el Equipo Europa en Santo Domingo: la UE y 5 Estados miembros de la UE están presentes en el país (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España). El documento⁽¹⁴⁾ analiza en particular los compromisos del país dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (NDS) 2030 y otros documentos políticos, así como los desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de identificar cómo la UE y sus Estados miembros pueden sincronizar sus esfuerzos en sectores clave y alinear su posición en torno a estos desafíos y avances.

⁽¹⁴⁾ Joint analysis document completed in 2020 - next step: Joint Response and Team Europe Initiative.

Existe una programación conjunta cuya última actualización es del 21 de agosto de 2023.

Existe una Team Europe Initiative vigente «República Dominicana - Transición Verde y Sostenible». Su objeto es contribuir a una transición económica más verde, sostenible e inclusiva apoyando al sector público y privado para promover iniciativas de economía más verde, mejorar el clima empresarial optimizando la transparencia y adoptando una cultura de producción y consumo sostenibles. Por otro lado, busca contribuir a la integración del cambio climático y las salvaguardas ambientales en la planificación financiera y las inversiones públicas.

Las TEIs regionales en América Latina y el Caribe (ALC) incluyen iniciativas clave como la TEI Regional Green Transition, que engloba el programa EUROCLIMA; la TEI 5 Grandes Bosques de Mesoamérica; la TEI Sargassum; la TEI Alianza Digital UE-LAC; y la TEI de Sociedades Inclusivas, entre otras. Al abordar los programas de cooperación delegada, además de identificar a FIAP como líder del consorcio, es importante destacar la participación de AECID como socio implementador en diversas iniciativas, como EUROCLIMA, Sociedades Inclusivas y 5 Grandes Bosques de Mesoamérica.

La nueva estrategia europea Global Gateway tiene por objeto promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, de la energía y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. La Comisión Europea y el Alto Representante de la UE pusieron en marcha esta estrategia en 2021. El objetivo de Global Gateway es movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo. Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores de la UE: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales.

El Programa Regional de Sociedades Inclusivas se encuentra enmarcado dentro de la Iniciativa de Equipo Europa (TEI) Sociedades Inclusivas, coliderada por AECID e INTPA, y está estrechamente vinculado al Global Gateway. En este contexto, AECID desarrollará cuatro Escuelas Taller centradas en agua y saneamiento, incorporando además una línea de digitalización alineada con las inversiones del GGIA. En el caso de República Dominicana, el proceso de identificación y formulación de la Escuela Taller de Boca Chica ha sido liderado por el INFOTEP.

1.3 Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a las 5 P «para no dejar a nadie atrás»⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (Ley 1-12).

La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 fue promulgada mediante la Ley 1-12, la misma contiene 19 objetivos generales, 57 objetivos específicos, 460 líneas de acción, 25 compromisos de Estado, 7 políticas transversales y 3 pactos nacionales. A la fecha, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) muestra diversos avances y desafíos en toda su estructura. Los objetivos y metas muestran un avance moderado, pero con algunas metas cumplidas; los compromisos de Estado se han alcanzado y encuentran en implementación en casi su totalidad; las políticas transversales están siendo implementadas por las instituciones públicas y medidas a través de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI); en tanto, los pactos educativo y eléctrico se encuentran concertados y en funcionamiento, mientras el pacto fiscal sigue pendiente.

La END 2030 fue pionera en cuanto a la visión de desarrollo sostenible pues entró en vigor en 2012, tres años antes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La misma dispone de un contenido que responde casi en su totalidad a las 5 Ps del desarrollo sostenible, con un contenido que refleja la integración de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad.

1.3.1 Personas.

La Estrategia Nacional de Desarrollo prioriza la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos, con un enfoque especial en los grupos en situación de vulnerabilidad. Entre las acciones destacadas se incluyen:

– Educación de calidad para todas y todos: Se propone universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.

– Igualdad de género: Plantea la construcción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de la mujer y la reducción de la violencia de género.

– Protección a la población vulnerable: Propone la protección del adulto mayor, entre otros medios, a través de espacios de retiro y larga estadía para adultos mayores desprotegidos, y fomentar su inclusión económica y social; y la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para propiciar su desarrollo.

– Inclusión de personas con discapacidad: Garantizar la igualdad de oportunidades y desarrollar mecanismos y servicios integrales para su inserción educativa y social.

1.3.2 Prosperidad.

La END busca mejorar las condiciones económicas y laborales de la población:

– Empleabilidad y capacitación: Fortalecer el sistema de capacitación laboral para facilitar la inserción de la población en condición de pobreza al trabajo productivo, incluyendo el apoyo a instituciones de formación técnico profesional.

– Apoyo a emprendedores: Fomentar iniciativas emprendedoras y el desarrollo de microempresas, con un enfoque especial en mujeres y jóvenes.

– Protección social: Disminuir la pobreza mediante un sistema de protección social eficiente que considere las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

1.3.3 Planeta.

Incluye medidas para la protección ambiental y la sostenibilidad:

– Protección ambiental: Plantea la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos marinos.

– Producción y consumo sostenibles: Busca promover la producción y el consumo sostenibles.

– Gestión de riesgos: Desarrollar un sistema integral de prevención de riesgos de desastres.

1.3.4 Paz.

La estrategia busca construir un clima de seguridad ciudadana y justicia:

– Prevención de la violencia: Promover la educación en valores para la convivencia social y la paz, y asegurar la coordinación entre instituciones y comunidades para la prevención y persecución del delito.

– Sistema de justicia: Fortalecer la independencia del sistema judicial, mejorar el acceso a la justicia y universalizar la reforma del sistema penitenciario para la rehabilitación y reinserción social.

– Seguridad ciudadana: Crear sistemas de control interno para garantizar la actuación de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas conforme a principios de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

1.3.5 Alianzas.

La estrategia enfatiza la colaboración y cooperación entre diferentes actores:

– Participación ciudadana: Desarrollar mecanismos de participación y veeduría social basados en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

– Regulación y transparencia: Establecer una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos políticos y promover la inclusión de nuevos actores políticos y sociales.

– Fortalecimiento institucional: Crear y desarrollar un marco legal e institucional para la planificación y desarrollo de asentamientos humanos ordenados y sostenibles.

1.4 Conclusiones.

La Cooperación Española ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de la República Dominicana a través del Marco de Asociación País (MAP) 2019-2022 todavía vigente. El presente Marco de Asociación integra e incorpora las recomendaciones de la evaluación del anterior para poder responder a todas estas recomendaciones y mejorar la efectividad de la cooperación española.

El MAP 2019-2022 ha mantenido una continuidad en sectores clave como agua y saneamiento, género, educación y formación técnico profesional, y justicia, áreas en las que ya se han mostrado avances significativos. En la evaluación, se identificó la necesidad de mejorar el proceso participativo y, por tanto, es importante incluir de manera constante a la sociedad civil y los titulares de derechos en todo el ciclo del nuevo Marco de Asociación para que éste no sólo se alinee con las prioridades del gobierno, sino también con las necesidades y aspiraciones de la población.