Acta de la XV Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación, hecha en Cuenca el 14 de noviembre de 2024

Rango Acuerdo Internacional
Publicación 2025-03-14
Estado Vigente
Texto Tal como se publicó
Departamento Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Fuente BOE
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Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.

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Adicionalmente, con fondos de cooperación delegada de la UE, a través del programa EUROCLIMA; se ha ejecutado el proyecto «Elaboración del Balance de Energía en Términos de Energía útil para los sectores Industria, Residencial, Transporte y/o comercial». El proyecto, con una financiación de 1,4M€, se ha implementado en tres países, desde la sede en Ecuador de la Organización Latinoamérica de la Energía-OLADE.

Educación superior y técnica (ODS4).

La Cooperación Española, a través de la AECID, continua en este ámbito con su trayectoria de apoyo a las Escuelas Taller presentes en el país. (Escuela taller San Lorenzo, Escuela Taller en Bambú, Escuela Taller con Conquito).

También se ha apoyado la creación y el desarrollo de maestrías en la gestión de recursos hídricos, ciencias de los alimentos o el apoyo a la generación de líneas de investigación académico-social ligadas a postgrados con especial énfasis en maestrías de investigación, todo ello con la Universidad Central de Ecuador.

Mención especial merece el trabajo realizado con la Universidad Regional Amazónica IKIAM y el proyecto Investigación de Excelencia, Posgrado e Igualdad donde se financiaron 10 proyectos de investigación, 3 grupos de investigación de la Universidad y se crearon 3 programas de posgrado en colaboración con instituciones españolas y expertos de España.

Señalar, asimismo, la coordinación y el trabajo conjunto que se han dado entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias-INIAP de Ecuador e instituciones españolas en investigaciones en el desarrollo de germoplasma de papa, en enfermedades que afectan al árbol de la Teca, la mejora genética de la naranjilla o el tomate de árbol. INIA-CSIC o el Instituto de Vasco de Investigación NEIKER son algunas de las instituciones que han participado en el intercambio de conocimiento.

Por último, hay que destacar también el apoyo realizado a diversas universidades ecuatorianas e institutos de investigación, en el marco del Programa Canje de Deuda Ecuador-España, en su última fase de implementación en concordancia con las prioridades nacionales del fortalecimiento del talento humano y el Programa de I+D+i.

2.3 Análisis de la estrategia nacional de desarrollo.

Los principios guía del Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 (PDNE) son la democracia y la participación ciudadana, el compromiso, la solidaridad, la transparencia, la inclusión, la no discriminación, el desarrollo sustentable, la autonomía económica, la alternabilidad, la igualdad y el pluralismo. Estos principios son fundamentales para reconstruir nuestras instituciones, planificar y articular políticas públicas, y mejorar la calidad de vida de los/as ecuatorianos/as (pág. 12).

El PDNE se centra en cinco ejes fundamentales:

1. Eje social, que busca mejorar la calidad de vida de los/as ecuatorianos/as y erradicar la violencia, garantizando la paz ciudadana a través de la provisión de servicios públicos, educación, salud y empleo adecuado.

2. Eje de desarrollo económico, que fortalece la dolarización mediante el impulso productivo, la innovación y la inversión para mejorar la estabilidad económica y atraer inversiones nacionales y extranjeras.

3. Eje de infraestructura, energía y medio ambiente, que se enfoca en mejorar la infraestructura vial, portuaria y energética, mientras se precautela el uso responsable de los recursos naturales.

4. Eje institucional, que garantiza la transparencia, eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos a través del manejo adecuado de entidades estatales y una ejecución presupuestaria eficaz.

5. Eje gestión de riesgos, que se orienta a consolidar un sistema integrado entre los distintos niveles de gobierno, para coordinar y articular acciones en favor de las comunidades, contribuir a su resiliencia y reducir los riesgos de desastres en el contexto actual de cambio climático.

La visión a largo plazo del PDNE que apunta al 2030, busca conseguir las siguientes metas:

– Reducción de la Pobreza: Centrada en pobreza multidimensional y por ingresos en Ecuador mediante una inversión pública enfocada en cumplir los objetivos del régimen de desarrollo, asegurando servicios sociales universales y de calidad.

– Inclusión Económica y Social: Mediante la implementación de políticas integrales para garantizar la inclusión económica y social, especialmente para poblaciones vulnerables, mediante la generación de empleo digno y el fortalecimiento de un sistema de protección social integral y resiliente.

– Mejora en la Salud: Ecuador aspira a contar para el 2030 con un sistema de salud integrado, eficiente y resiliente, con una mayor cobertura, acceso y calidad de servicios a nivel nacional, así como una reducción de enfermedades prevenibles y muertes evitables.

– Educación de Calidad: Se pretende garantizar el acceso universal a una educación de calidad en todos los niveles, mejorando la infraestructura educativa y cerrando brechas de acceso, lo que permitirá al país posicionarse en la media regional en evaluaciones internacionales.

– Desarrollo de la Educación Superior: Ecuador buscará mejorar el acceso a una oferta académica pertinente y de calidad en la educación superior, promoviendo la articulación con el sector productivo para estimular la generación de empleo calificado y el desarrollo económico.

– Desarrollo Territorial Equitativo: Se trabajarán políticas que reduzcan desequilibrios entre áreas urbanas y rurales, garantizando acceso equitativo a servicios básicos, y promoviendo la agricultura familiar campesina como eje estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo local.

– Ciudades Inclusivas y Sostenibles: El objetivo es que para 2030 las ciudades ecuatorianas sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con políticas que garanticen el acceso a oportunidades económicas y la mejora del hábitat urbano.

– Promoción de la Igualdad de Género: Ecuador trabajará para fortalecer la igualdad de género, reduciendo la violencia contra las mujeres y la discriminación hacia personas LGBTIQ+, además de disminuir la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres.

– Inclusión de Personas con Discapacidad: Se implementarán políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso universal a servicios esenciales para las personas con discapacidad, garantizando su integración plena en la sociedad.

– Promoción del Empleo Juvenil: Se buscará reducir la tasa de desempleo juvenil mediante políticas activas de empleo, programas de capacitación y fomento del emprendimiento, facilitando así la transición de los jóvenes al mercado laboral.

– Fortalecimiento de la Economía y Comercio Internacional: Ecuador apostará por diversificar su matriz productiva, aumentar la producción de bienes con alto valor agregado y fortalecer su participación en el comercio mundial, promoviendo la inversión y la exportación.

– Sostenibilidad Ambiental y Energética: El país se compromete a garantizar la conservación del medio ambiente y a transitar hacia una matriz energética sostenible, mediante políticas que fomenten el uso de energías renovables y la gestión responsable de recursos naturales.

– Seguridad Ciudadana y Justicia: Se trabajará en fortalecer la seguridad ciudadana, reduciendo los índices de criminalidad y violencia, así como en modernizar el sistema de justicia para garantizar la transparencia y eficacia en la lucha contra la corrupción.

De manera esquemática, el Plan se estructura de la siguiente manera:

Eje Objetivos Políticas Metas
Social. 3 34 46
Desarrollo Económico. 3 19 28
Infraestructura, energía y medio ambiente. 2 9 21
Institucional. 1 8 10
Gestión de riesgos. 1 2 2

Vinculación con la Agenda 2030 en base a las cinco P.

Prosperidad

Eje PDNE Objetivo y políticas del PDNE estratégicos para CE ODS asociados
Desarrollo económico. Objetivo Nacional 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. Política 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. Política 5.2 Fortalecer los sistemas agroalimentarios y prácticas innovadoras que propendan a la sostenibilidad ambiental. Política 5.3 Incrementar la productividad, desarrollo y la diversificación de la producción acuícola y pesquera, incentivando el uso de tecnologías modernas y limpias. Política 5.5 Fomentar la productividad, competitividad, comercialización, industrialización y generación de valor agregado en el sector agroindustrial, industrial y manufacturero a nivel nacional.

Personas y paz

Eje PDNE Objetivo y políticas del PDNE estratégicos para CE ODS asociados
Social. Objetivo Nacional 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. Políticas: 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema. 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. 1.7 Implementar programas de prevención y promoción que aborden los determinantes de la salud alrededor de los diferentes problemas de malnutrición en toda la población, con énfasis en desnutrición crónica infantil-DCI. 1.9 Promover la inclusión social, el ejercicio de derechos y la no discriminación de los Pueblos y Nacionalidades. 1.10 Fortalecer la bioeconomía de los Pueblos y Nacionalidades.
Social. Objetivo Nacional 3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. Políticas: 3.5 Fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. 3.14 Reducir la discriminación y violencia basada en género mediante la prevención, atención y protección integral a la población ecuatoriana y extranjera residente dentro del territorio ecuatoriano, especialmente a la población vulnerable integrada por mujeres, niños, niñas, adolescentes, y. personas LGBTIQ+ 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia.

Planeta

Eje PDNE Objetivo y políticas del PDNE estratégicos para CE ODS asociados
Infraestructura energía y medio ambiente. Objetivo Nacional 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible. Políticas: 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. 7.7 Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático.
Gestión de riesgos. Objetivo Nacional 10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico. Política 10.1 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres mediante una gestión efectiva y oportuna con visión prospectiva. Política 10.2 Implementar medidas de comprensión, prevención, mitigación y participación ciudadana para la gestión de riesgos de desastres.

Alianzas

Eje PDNE Objetivo y políticas del PDNE estratégicos para CE ODS asociados
Institucional. Objetivo Nacional 9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social. Políticas: 9.1 Fomentar la participación ciudadana con enfoques de igualdad, en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, que permita realizar el monitoreo y evaluación de la gestión pública, fortaleciendo la rendición de cuentas. 9.2 Impulsar el Gobierno Abierto que propicie la transparencia y el acceso de información oportuna y cercana a la ciudadanía. 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad. 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.

2.4 Ventaja comparativa.

La evaluación del MAP precedente pone de manifiesto que «existe un amplio consenso en que la Cooperación Española tiene una ventaja comparativa en Ecuador en los sectores estratégicos de desarrollo productivo, género en desarrollo, y agua potable y saneamiento básico». Esta ventaja, desde un punto de vista sectorial, se complementa con el valor destacado por los socios y actores de la Cooperación Española sobre la capacidad de la AECID para articular proyectos con un componente reembolsable y otro no reembolsable complementario.

Las contrapartes de la Cooperación Española valoran positivamente la proximidad y flexibilidad de la AECID, que les ha permitido ajustarse al difícil contexto de estos años. La lucha contra la violencia de género y la búsqueda de la igualdad de género, por su parte, se proyectan como la principal seña de identidad de la Cooperación Española.

Es de resaltar el alcance y profundidad de las intervenciones relacionadas con las personas en situación de vulnerabilidad y localizadas en emplazamientos más remotos, que se implementan a través de las ONGD españolas y nacionales, así como su papel en el conocimiento y las alianzas a nivel local. En de mencionar la existencia de la Coordinadora de ONGD españolas en Ecuador, como la plataforma de coordinación y su representación en el país.

Asimismo, es de destacar el apoyo realizado al sector del Talento Humano, a través del Programa I+D+i que ha permitido fortalecer la investigación en el país desarrollada por algunos de sus principales institutos públicos de investigación, así como el fortalecimiento de la educación superior de diversas universidades ecuatorianas. Dicho Programa ha potenciado e impulsado la internacionalización, con el intercambio entre personal investigador y docente, y realización de pasantías entre centros homólogos en España y la región.

El bambú es un sector estratégico para la Cooperación Española, ya que la AECID se ha posicionado claramente ante la administración ecuatoriana en apoyo del sector del bambú. Son igualmente claves el acceso al agua la gestión sostenible de los recursos hídricos, el fomento del desarrollo rural y la investigación e innovación como sectores en donde la Cooperación Española se ha posicionado como un socio relevante.

3. Resultados de desarrollo sostenible

3.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

Este Marco de Asociación País se alinea con el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 que se enmarcada en la Agenda 2030 y establece su correspondencia y compromiso con el cumplimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2018 Ecuador declaró política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la planificación nacional (Presidencia de la República del Ecuador, 2018). En ese marco, el país se comprometió dar cumplimiento a los 17 objetivos que plantea la Agenda 2030, incluyendo metas e indicadores. A partir de ese momento se definió una estrategia técnico-política mediante la cual se implementarían las prioridades nacionales de desarrollo.Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de Planificación (SNP), se identificaron 175 indicadores, con sus respectivas desagregaciones, que permiten el monitoreo del cumplimiento de la Agenda 2030.

El PDNE 2024-2025 ha vinculado sus objetivos, políticas y metas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante una metodología que utiliza la herramienta Evaluación Rápida Integrada (RIA). Esta metodología se centra en la vinculación a nivel de metas, ya que representan la expresión más concreta y cuantificable de los resultados buscados mediante intervenciones de política pública. Como resultado de este ejercicio de vinculación, se encontró que 101 de las 107 metas incluidas en el PDNE se alinean con los ODS, lo que representa un 94,4 % de las metas del Plan relacionadas de manera directa con los contenidos de la Agenda 2030(57).

Hasta el momento Ecuador ha presentado dos Exámenes Nacionales Voluntarios en el Foro Político de Alto Nivel evento convocado bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En julio de 2024, Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó por tercera ocasión el Examen Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel(58). El informe incluyó las iniciativas de los diferentes sectores que aportan a la consecución de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El país cuenta con una plataforma para el seguimiento de los avances de la Agenda 2030, elaborada con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU). La Asamblea Nacional adoptó una resolución, en julio de 2017, que coloca los ODS como un referente obligatorio para su trabajo y que establece un Grupo Parlamentario para la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de la Agenda 2030. A escala local, al menos una treintena de Gobiernos locales han articulado su planificación para el cumplimiento de la Agenda. El sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional se han sumado a este compromiso nacional.

De acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad 2023 (Sustainable Development Report 2023), Ecuador está en el puesto 74 de 166 países, 21 posiciones por debajo respecto al reporte de 2021. De los 17 ODS, cuatro están en ruta para su cumplimiento –ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento; ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura; ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles; y ODS 13. Acción por el Clima–. Otros tres tienen avances moderados –ODS 3. Salud y Bienestar; ODS 5. Igualdad de Género; y ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante–. Ocho ODS no reflejan ninguna mejora –ODS 2. Hambre Cero; ODS 4. Educación de Calidad; ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS 12. Producción y Consumo Responsables; ODS 14. Vida Submarina; ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres; ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y ODS 17. Alianzas para Alcanzar los Objetivos–. Y dos ODS han mostrado un retroceso –ODS 1. Fin de la Pobreza; y ODS 10. Reducción de las Desigualdades–, lo que crea retos significativos para revertir su rumbo.

Visto que diez ODS no registran avances o empeoran, Ecuador enfrenta grandes desafíos para cumplir con la Agenda 2030. Es necesario prestar atención a temas como pobreza y pobreza extrema, inseguridad alimentaria, desnutrición infantil, educación, embarazo en niñas y adolescentes, muerte materna, salud, agua, saneamiento e higiene, reducción de las desigualdades, trabajo decente, protección social, fortalecimiento del tejido social, prevención de conflictos y cultura de paz, violencia basada en género y transparencia. Los ODS de la esfera del planeta, como la degradación de tierras, los riesgos de desertificación, la protección de la biodiversidad y los modos de producción no sostenibles, entre otros, requieren especial atención.

Para dar una respuesta conjunta y coordinada a estos retos impostergables, el Gobierno de la República del Ecuador y el Sistema de las Naciones Unidas suscribieron en julio de 2022 el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Ecuador para el periodo 2022-2026.

La Cooperación Española, a través de este Marco de Asociación País, plantea un decidido apoyo a la consecución de 9 de los 17 ODS, con una especial focalización en el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 6 (agua y saneamiento) con resultados intermedios del MAP asociados entre ellos principalmente en lo relacionado con la gestión de recursos hídricos. Destacan también el ODS 2 (lucha contra el hambre), ODS 12 (producción y consumo responsables), ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 5 (igualdad de género), asociados a diferentes resultados intermedios del MAP, algunos de forma transversal.

3.2 Alcance territorial.

El MAP 2019-2022 se focalizó en la región Costa, debido a la decisión de impulsar una actuación prioritaria para atender las necesidades provocadas por el terremoto ocurrido en el año 2016. El presente Marco de Asociación 2024-2028, dará continuidad al amplio trabajo que se ha generado en la zona, y que ha permitido la articulación con diversos actores, conocimiento desde el terreno, experiencia especializada y una trayectoria amplia de trabajo que avanza actualmente a través de múltiples proyectos en curso, sobre todo en el sector Agua y Saneamiento (en el que las necesidades insatisfechas siguen siendo importantes).

Lo anterior se completa con una estrategia territorial particular y dependiente de cada sector de actuación, de los indicadores de necesidades de la zona, de las posibilidades y oportunidades de intervención, así como de las alianzas que se puedan establecer con otros actores gubernamentales o de la cooperación nacional e internacional. La confluencia de todas o gran parte de estas variables nos permitirán generar una estrategia de intervención, y lograr así un mayor impacto.

La Cooperación Española dirigirá su actuación hacia el alineamiento con las políticas nacionales y locales, así como a la generación de sinergias entre todos los actores de la Cooperación Internacional, especialmente la española, buscando confluir en espacios sociales o territoriales, y orientando su trabajo en base a los principios de eficacia y eficiencia.

3.3 Resultados de desarrollo.

Tras la fase de análisis, se desarrolló la fase de consulta y participación con los principales agentes de cooperación en el país donde se definió la contribución de la CE a los objetivos de la Agenda 2030, así como las alianzas estratégicas.

A continuación, se presenta el Marco de Resultados, que establece el marco de trabajo entre la CE y Ecuador para los próximos años, en línea con la Agenda 2030, las estrategias de desarrollo sostenible de Ecuador y el Plan Director de la Cooperación Española. Este marco facilitará el seguimiento adecuado de los resultados definidos, promoviendo que los actores participantes colaboren y creen alianzas con el objetivo de ser más eficaces colectivamente.

Existen dos niveles relacionados con el marco de resultados de este MAP de manera que se constituye una cadena lógica de resultados que permitirá alcanzar los objetivos acordados.

– En primer lugar, los Resultados de Desarrollo (Nivel 1).

– En segundo lugar, los Resultados Intermedios (Nivel 2).

Es importante resaltar que el conjunto de resultados intermedios constituirá el marco orientador específico que guiará las acciones y liderazgo de la Cooperación Española en Ecuador en los años venideros.

Asimismo, es importante subrayar que, en todas las líneas de trabajo, programas y proyectos, y para la consecución de todos los resultados acordados, se incorporará de forma sistemática y horizontal el enfoque basado en derechos humanos donde la Cooperación Española trabajará para reforzar capacidades y apoyar medidas que mejoren la integración, la cohesión social y el acceso a derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.

También se incorporará el enfoque de feminista y de género y se reforzará la transversalización de género en todos los niveles y se promoverá activamente la igualdad de género desde un enfoque feminista. Este enfoque está íntimamente ligado al enfoque basado en derechos y con enfoque interseccional.

Se considerará el enfoque de sostenibilidad medioambiental en las acciones velando por el impacto positivo. También se tendrá en tendrá el enfoque de diversidad cultural, con especial atención al papel de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y sus derechos de acuerdo con el derecho internacional.

Asimismo, dada la vulnerabilidad del país a desastres naturales y fenómenos climáticos adversos, la cooperación española en Ecuador integrará un enfoque transversal de gestión de riesgos en todas sus acciones. Este enfoque implica la incorporación sistemática de la evaluación y mitigación de riesgos en la planificación y ejecución de proyectos, independientemente del sector al que pertenezcan. Se promoverá el fortalecimiento de capacidades locales e institucionales para la identificación de riesgos, el desarrollo de planes de contingencia y la implementación de estrategias de prevención y respuesta. Este enfoque también incluirá la adaptación al cambio climático, promoviendo prácticas sostenibles y resilientes que minimicen el impacto ambiental y protejan los recursos naturales.

La cooperación española en Ecuador potenciará la inclusión de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en todas sus intervenciones. Aprovechando su trayectoria en la promoción de la I+D, se impulsará la investigación aplicada, el intercambio de experiencias y conocimientos, y la creación de vínculos sólidos entre universidades, centros de investigación y el sector privado. Se fomentará la colaboración con instituciones académicas y científicas para desarrollar proyectos de innovación que respondan a los desafíos locales, promoviendo la sostenibilidad y la competitividad. La incorporación de componentes de innovación tecnológica será clave en modalidades de cooperación como la Cooperación Triangular, donde se buscará implementar soluciones innovadoras en sectores críticos. Estas acciones contribuirán a fortalecer las capacidades locales, mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Teniendo en cuenta el enfoque de construcción de paz y triple Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz, la Cooperación española se coordinará con las acciones humanitarias, de desarrollo y de construcción de paz para responder de manera más efectiva a crisis complejas y prolongadas que se viven en Ecuador. Se reconoce la interconexión de los desafíos a corto, mediano y largo plazo, y por ello se buscará promover una respuesta coherente y coordinada que proporcione asistencia inmediata, fomente el desarrollo a largo plazo y establezca una paz duradera. En el contexto de la crisis migratoria venezolana, donde más de 7 millones de personas han buscado refugio en países de América Latina y el Caribe, el Triple Nexo es crucial para abordar las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia de las comunidades de acogida.

En Ecuador, la aplicación del Triple Nexo es particularmente relevante debido al significativo flujo de personas migrantes y refugiadas venezolanas que el país ha recibido, presentándose un alto porcentaje que han elegido al país como destino final, pero manteniéndose igualmente la situación de personas en tránsito. Esto plantea un contexto actual que mezcla escenarios de ayuda humanitaria pero también de estabilización, donde juega un papel fundamental la construcción de paz para promover la cohesión social. Igualmente es importante la coordinación interactores, para lo cual la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) es clave.

Se presentan a continuación los cuatro Resultados de Desarrollo definidos por la CE conforme al procedimiento descrito que se desarrollarán individualmente en este apartado:

– Resultado de Desarrollo 1: Impulsar la igualdad de género y la inclusión.

– Resultado de Desarrollo 2: Impulsar un desarrollo rural territorial.

– Resultado de Desarrollo 3: Potenciar la acción por el clima y la transición ecológica.

– Resultado de Desarrollo 4: Fortalecer la calidad y el desempeño de los sistemas de la administración pública y la participación.

3.3.1 Resultado de desarrollo 1: Impulsar la igualdad de género y la inclusión.

En relación con el Resultado de Desarrollo 1: «Impulsar la igualdad de género y la inclusión de colectivos en situación de especial vulnerabilidad apoyando la generación y desarrollo de políticas públicas y los sistemas de atención y protección».

Este resultado pretende incidir directamente en el llamado Eje Social de las políticas públicas, el trabajo con los más desfavorecidos y las brechas de género e inequidad.

Las prioridades de la CE para este resultado se articulan en torno a dos resultados de desarrollo intermedios:

– Resultado Intermedio 1.1. Aumentadas las capacidades de prevención, respuesta y supervisión del Estado Ecuatoriano para hacer frente a la violencia con base en el género y otras violaciones de los Derechos Humanos.

– Resultado Intermedio 1.2. Promovidos los derechos económicos, políticos y sociales de colectivos en situación de vulnerabilidad o desigualdad.

Estos dos resultados intermedios se centran concretamente en dos sectores de actuación: Igualdad de género y la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia; y la promoción y defensa de los derechos humanos y de participación focalizando en los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Igualdad de género y lucha contra la violencia de género.

En el ámbito de la Igualdad y la lucha contra la violencia de género, las prioridades de la Cooperación Española se focalizarán en seguir apoyando los esfuerzos del Gobierno del Ecuador para afrontar el reto de la implementación y puesta en práctica de sus avances normativos.

Ecuador ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el 9 de noviembre de 1981, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Belém do Pará (1995), y ha suscrito la Plataforma de acción de Beijing (1995).

Para dar cumplimiento a estos compromisos de carácter vinculante, Ecuador ha adoptado una serie de normas y planes encaminados a combatir la violencia de género entre los que se destacan:

– El Decreto 371 que declara política pública la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo (2018).

– La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), que puede ser considerada una ley progresista, gracias a ella se reconocieron cuestiones como la existencia de violencia económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstetra, lo que permitió a su vez al Instituto Nacional de Encuestas y Censos INEC incluir datos estadísticos sobre estos temas en la segunda encuesta de 2019.

– La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (2016).

Estas leyes han dado lugar a una política de Estado aterrizada plasmada en los sucesivos Planes de Desarrollo y en concreto en el vigente, el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, y, sobre todo, el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2019-2025. Además, el Código Orgánico de la Función Judicial dio competencia y jurisdicción a los jueces y juezas de violencia contra la mujer para conocer este tipo de casos.

Adicionalmente, ante las alarmantes cifras de feminicidios en el país, el Gobierno del Ecuador decidió poner en marcha el Sistema Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este sistema articula veintidós instituciones que deben coordinar múltiples acciones, con objeto de prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia y reparar los derechos vulnerados.

Sin embargo, la violencia estructural e institucional que afecta a las mujeres y niñas en el país trasciende los textos legales y las instituciones y obliga al Estado a adoptar medidas adicionales para hacer frente a esta problemática.

La erradicación de los diversos tipos de violencia es una necesidad apremiante. El PDNE 2024-2025, anteriormente mencionado, tiene entre sus metas dos directamente relacionadas con el objetivo:

– Reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 1,14 en el año 2023 a 0,8 al 2025.

Para ello y con base en la importante conciliación normativa, se necesita ahora impulsar la adecuada implementación de políticas públicas y la puesta en marcha de procesos de concienciación que contribuyan al cambio de actitudes y comportamientos. Para esto, es necesario el trabajo conjunto de diversos actores, incluidos el Estado, la sociedad civil organizada, la academia y la comunidad.

De cara a lograr el aumento de las capacidades de prevención, respuesta y supervisión del Estado Ecuatoriano para hacer frente a la violencia con base en el género se impulsará la prevención del acoso en los espacios públicos, se continuará potenciando los sistemas de atención efectiva a las víctimas de violencia de género en el ámbito cantonal, se trabajará para evitar la revictimización en los procesos de denuncia y judiciales, facilitando el acceso a la justicia para todas las víctimas y adecuando los estándares judiciales a la definición y alcance de la ley. Todo ello, con un amplio enfoque interseccional y una atención específica a la violencia contra colectivos LGTBIQ+, mujeres en su diversidad, niños y niñas con discapacidad, mujeres indígenas y afrodescendientes, migrantes y víctimas de trata.

Derechos económicos, políticos y sociales de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo y con el objeto de dar cumplimiento al segundo resultado intermedio, se ha definido la apuesta clara de la Cooperación Española por facilitar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los colectivos en situación de vulnerabilidad, como son mujeres, migrantes y refugiados, jóvenes sin empleo ni trabajo, personas con discapacidad y personas LGTBI, entre otros.

En concreto, se continuará trabajando por promover la participación social, comunitaria y política de las mujeres, sobre todo de aquellas con menos acceso a los ámbitos de decisión, como mujeres afros e indígenas.

La Cooperación Española contribuirá a disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador. El país cuenta desde 2012, aunque su reglamento entró en vigor en 2017, con una Ley orgánica encargada de asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo la inclusión efectiva es muy débil y aún se debe trabajar para luchar contra las principales brechas identificadas en tres tipos de problemas: de naturaleza cultural/actitudinal (persistencia de estereotipos que relacionan discapacidad con incapacidad), estructural (falta de mecanismos que garanticen la efectiva aplicación de las leyes y políticas públicas de discapacidad) y presupuestarias.

La CE apoyará los procesos que permitan la plena participación social y política de las personas con discapacidad, su participación en los mecanismos de toma de decisiones nacionales y locales, y el fortalecimiento de sus organizaciones. Siguiendo la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.

Igualmente, la Cooperación Española trabajará para lograr la integración efectiva de la población migrante, promoviendo la inclusión social y las buenas relaciones entre los mismos y las comunidades de acogida. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 reconoce que la inmigración masiva de extranjeros ha saturado las capacidades de atención, prestación de servicios y control fronterizo. Destaca la presencia de casi medio millón de migrantes en el país con vocación de permanencia y la emigración ecuatoriana al extranjero, principalmente a Estados Unidos de 1.800.000 ecuatorianos.

Los esfuerzos se articularán a partir de lo señalado en el Exámen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2022)(59) en el cual se menciona que entre 2018 y 2020, se presentaron varias propuestas de modificación a la Ley de Movilidad Humana ante la Asamblea Nacional, las cuales incluían fuertes componentes de control y seguridad que podrían afectar negativamente el marco de protección legal para las personas migrantes. Al respecto se recomendó al país adoptar medidas para asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia. También se sugirió fortalecer el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y asegurar una mejor coordinación con la instancia rectora de migración. Además, se destacó la necesidad de combatir la discriminación y estigmatización que enfrentan las personas migrantes.

El ACNUR también recomendó proteger a los grupos más vulnerables, como niños no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género, y víctimas de trata, a través de visados humanitarios y alternativas migratorias flexibles. Se enfatizó la importancia de que las víctimas de trata, reclutamiento forzoso, o violencia generalizada, que podrían ser perseguidas si regresan a sus países de origen, puedan obtener el estatus de refugiado conforme a las definiciones internacionales.

Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) que señala que de las casi 417 mil personas que han decidido que Ecuador sea su destino final, casi 325 mil se encuentran en situación de necesidad, principalmente con brechas en protección, seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, alojamiento, integración, educación y violencia basada en género(60). En este contexto, la Cooperación Española priorizará lo establecido en el Plan de Respuesta Regional del R4V.

También, en sintonía con el trabajo que ya se viene realizando se seguirá impulsando la formación para el empleo con jóvenes de entre 16 y 25 años, de escasos recursos y en riesgo de exclusión social, mediante la puesta en marcha de programas de formación ocupacional, concretamente con escuelas taller que además de ofrecer una formación integral, facilitan la transición hacia el empleo y la integración sociolaboral como medida preventiva para evitar el reclutamiento de jóvenes por bandas o pandilla y la construcción de una cultural de paz.

Por último y a pesar de los esfuerzos realizados por el país, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han continuado resaltando las dificultades existentes en Ecuador para la implementación efectiva de estas políticas por parte del gobierno de forma que beneficie a todos los sectores de población y regiones de forma equitativa(61). En este sentido, la CE trabajará para fortalecer la implementación efectiva de políticas, presupuestos, cobertura y coordinación interinstitucional para seguir avanzando en el adecuado desarrollo de las políticas sociales que garanticen los derechos básicos de las personas.

Las metas del PDNE 2024-2025 vinculadas con este resultado son:

– Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81 % en el año 2023 a 9,12 % al 2025.

– Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84 % en el año 2023 al 30,11 % al 2025.

– Incrementar el número de procesos de formación, capacitación, promoción y apoyo técnico a los espacios, mecanismos e instancias de Participación Ciudadana de 1.020 en el año 2023 a 2.111 al 2025.

3.3.2 Resultado de Desarrollo 2: Impulsar un desarrollo rural territorial.

Continuando con el Resultado de Desarrollo 2, la CE buscará: «Impulsar un desarrollo rural territorial con comunidades más resilientes, fomentando su acceso a la seguridad alimentaria y nutricional, al agua potable y saneamiento, promoviendo el desarrollo productivo local con enfoque sostenible, asociativo y de cadena de valor, contribuyendo a mitigar la desnutrición crónica infantil».

Este resultado encierra diferentes sectores de actuación, desde los cuales se contribuirá a mitigar la desnutrición crónica infantil (DCI), una de las principales problemáticas priorizada por el gobierno ecuatoriano, alineado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS2, relativo al hambre cero; ODS6, relativo a los derechos humanos al agua y al saneamiento; y ODS12, relativo a la producción y consumo responsables.

Por tanto, las prioridades de la CE para este resultado se articulan en torno a tres resultados de desarrollo intermedios:

– Resultado Intermedio 2.1. Se la luchado contra la malnutrición, y en especial contra la desnutrición infantil, con la introducción de buenas prácticas nutricionales;

– Resultado Intermedio 2.2. Apoyada la agricultura familiar campesina sostenible, con enfoque de valor, y promover sistemas agroalimentarios sostenibles (SAS) más eficientes, inclusivos y resilientes al cambio climático.

– Resultado Intermedio 2.3. Se ha promovido la consecución de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, incluyendo la mejora de las condiciones de salubridad y los hábitos higiénicos, que contribuya a mitigar la desnutrición crónica infantil.

Estos resultados intermedios se centran concretamente en dos sectores: Desarrollo rural, agricultura, seguridad alimentaria y nutrición (DRASAN), con énfasis en la lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI), y: Agua, saneamiento e higiene (WASH), con las siguientes ámbitos temáticos y estrategias de intervención:

El desarrollo rural territorial(62) es un tipo de desarrollo con un marcado carácter multisectorial, que no se reduce a la agricultura, aunque ésta pueda ser una parte importante, sino que debe considerar todas las posibles rutas de salida de la pobreza, conjugando actividades productivas agrícolas y no agrícolas, pero teniendo también en cuenta los aspectos relevantes que inciden en la calidad de vida de las personas (educación, salud, servicios básicos, redes de protección social, etc.) con un enfoque territorial, como camino adecuado para la lucha contra el hambre y la garantía de la seguridad alimentaria.

Para la Cooperación Española en Ecuador, el alcance del Resultado «Impulsar un desarrollo rural territorial», se sustenta en tres pilares de actuación: la lucha contra la malnutrición; el apoyo a la agricultura familiar campesina, con particular incidencia en el papel de la mujer campesina; y la consecución de los derechos humanos al agua potable y saneamiento; todos a su vez, enfocados hacia la disminución de la desnutrición crónica infantil (DCI).

Seguridad alimentaria y nutricional (SAN) con énfasis en la lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI).

Como ya se ha visto en el contexto de país, la desnutrición sigue siendo uno de los principales retos en Ecuador, que presenta el mayor porcentaje de DCI en niños/as menores de 5 años, después de Guatemala, Haití y Honduras, siendo una de las tasas más elevadas en América Latina(63), cifras alarmantes para un país que produce abundancia de alimentos, y donde 3 de cada 10 niños menores de 2 años la padecen(64).

La desnutrición infantil es especialmente sensible en términos de desarrollo, ya que un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes en la vida adulta, además de dificultades para insertarse en el mercado laboral(65).

Será clave considerar la Desnutrición Crónica Infantil (retardo de la talla correspondiente a la edad, de acuerdo a los parámetros internacionales estipulados por la Organización Mundial de la Salud –OMS–) en niños y niñas menores de 5 años; y especialmente en el embarazo y los niños menores de 2 años, ya que es en esta etapa cuando se produce el desarrollo básico del niño, y una falta de atención adecuada afectaría a la salud y el desarrollo intelectual del niño el resto de su vida, teniendo consecuencias irreversibles.

El gobierno de Ecuador creó en 2021 la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, dependiente directamente de Presidencia, y articuladora de las entidades públicas, actores de la sociedad civil y empresas, para el cumplimento del Plan Estratégico Intersectorial 2021-2025 que transversaliza las acciones para erradicar la DCI en cuantas acciones se lleven a cabo desde cada uno de estos actores.

La Cooperación Española en Ecuador se alinea a este plan y abordará el Resultado Intermedio 2.1 «Luchar contra la malnutrición, y en especial contra la desnutrición infantil, con la introducción de buenas prácticas nutricionales» mediante acciones dirigidas a lograr un cambio social y de comportamiento sobre los hábitos de consumo, promoviendo alimentos nutritivos y aumentando el acceso a dietas saludables, mediante campañas de sensibilización sobre nutrición, acompañado de herramientas institucionales que integren estrategias de abordaje de la desnutrición infantil (incluyendo programas de refuerzo nutricional).

La meta del PDNE 2024-2025 vinculada con este resultado es:

– Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en menores de dos años del 20,1 % en 2022-2023 a 18,7 % en 2024-2025.

Agricultura familiar campesina (AFC) y sistemas agroalimentarios sostenibles (SAS).

En Ecuador, las zonas rurales con mayor porcentaje de agricultura familiar se caracterizan por unas elevadas tasas de pobreza y pobreza multidimensional extrema. A pesar de que la agricultura familiar campesina produce el 60 % de los alimentos consumidos en este país, existe un aumento de la superficie destinada a cultivos industriales que ha provocado un descenso de la superficie que se utiliza para cultivar alimentos básicos, lo cual está causando un debilitamiento continuo de las redes de comercialización locales e influyendo negativamente en el acceso de las comunidades vulnerables a los alimentos(66). Además, la agricultura familiar campesina debe afrontar otros retos como: la baja productividad, los elevados costos de producción, la insuficiente capacidad de comercialización y las dificultades de acceso a medios de producción (tierra, agua, capital e innovación), y a los servicios (financiación y asistencia técnica)(67).

Por otro lado, las perturbaciones y los factores de estrés climáticos que afectan a los ecosistemas y la biodiversidad suponen una amenaza adicional para los agricultores que tienen dificultad para adaptarse.

El segundo Resultado Intermedio está dirigido a «Apoyar la agricultura familiar campesina con enfoque de cadena de valor, y promover sistemas agroalimentarios sostenibles (SAS) más eficientes, inclusivos y resilientes al cambio climático, que contribuyan a la disminución de la desnutrición crónica infantil».

Las acciones que la Cooperación Española emprenderá en el marco de este resultado, estarán enfocadas en: fortalecer la agricultura familiar campesina y los sistemas alimentarios sostenibles, para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición (coadyuvando a la disminución de la prevalencia de la DCI), a través de mejoras en la producción, transformación, comercialización y fortalecimiento institucional; y asegurando la resiliencia y sostenibilidad de estos sistemas agroalimentarios, en condiciones climáticas y ambientales cambiantes.

Asimismo, estas actuaciones consideraran el enfoque agroecológico que, según FAO, se basa en los tres pilares del desarrollo sostenible incidiendo en el plano económico, social y ambiental sostenible donde además de aumentar la producción de alimentos, al mismo tiempo se proteja el medio ambiente y se promueva la inclusión social.

Las metas del PDNE 2024-2025 vinculadas con este resultado son:

– Incrementar el número de mujeres rurales de la AFC que se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sustentable y sostenible de 1.652 en el año 2023 a 2.852 al 2025.

– Incrementar el porcentaje de productores asociados, registrados como Agricultura Familiar Campesina que se vinculan a sistemas de comercialización de 33,7 % en el año 2023 a 45,7 % al 2025.

– Incrementar el porcentaje de cobertura con riego tecnificado parcelario de pequeños y medianos productores de 18,19 % en el año 2022 a 21,31 % al 2025.

– Incrementar el número de Escuelas de Fortalecimiento Productivo Pecuario establecidas de 97 en el año 2023 a 281 al 2025.

– Incrementar el valor agregado bruto de la manufactura per cápita de USD 856,04 en el año 2022 a USD 954,72 al 2025.

Agua, saneamiento e higiene.

A pesar de que Ecuador haya logrado ciertos avances en facilitar el acceso al agua potable y saneamiento, los datos del apartado de contexto-país demuestran que no existe una suficiente cobertura en zonas rurales y/o determinadas zonas periurbanas, lo cual se traduce que en estas áreas existan niñas y niños sin provisión del servicio, con alta prevalencia de desnutrición crónica infantil, lo cual debe ser abordado de forma emergente para coadyuvar al enfoque multidimensional en la lucha contra la DCI.

Por ello, la Cooperación Española a través del tercer Resultado Intermedio:» Promover la consecución de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, incluyendo la mejora de las condiciones de salubridad y los hábitos higiénicos, que contribuya a mitigar la desnutrición crónica infantil», realizará esfuerzos de forma coordinada con los dos primeros resultados intermedios, para apoyar de forma sinérgica el impacto deseado.

Esto se justifica en que el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no son suficientes para revertir la desnutrición crónica infantil: así, el acceso ad libitum a agua potable y a saneamiento elimina una fuente importante de enfermedades gastrointestinales, pero no resulta suficiente por sí solo, dado que los hábitos de higiene son causa de infección cuando no se realizan correctamente. Por ello, las intervenciones de la CE en agua potable y saneamiento incorporarán campañas sobre hábitos higiénicos, y las instituciones públicas deben capacitarse y generar normativa para dar continuidad a dichas campañas de higiene (reflejado en el primer resultado intermedio); a la par de implementar sistemas de agua y saneamiento; el refuerzo institucional necesario para la gestión y mantenimiento de estas infraestructuras; la gestión tarifaria de los consumos; el fortalecimiento de las JAAPS (juntas administradoras de agua potable y saneamiento), y su vinculación a entes públicos con competencia en estos servicios.

La meta del PDNE 2024-2025 vinculada con este resultado es:

– Incrementar la población con acceso a agua apta para consumo humano de 3.017.778 en el año 2023 a 4.007.994 al 2025.

3.3.3 Resultado de Desarrollo 3: Potenciar la acción por el clima y la transición ecológica.

El Resultado de Desarrollo 3 se centrará en «Potenciar la acción por el clima y la transición ecológica con el impulso de la investigación, las prácticas de innovación verde y la economía circular, así como con la protección y conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y su biodiversidad». Las prioridades de la CE para este resultado se vinculan con cuatro resultados de desarrollo intermedios específicos. Estos resultados intermedios se centran en dos temáticas: conservación y protección, por un lado, y mitigación y adaptación, por otro.

– Resultado Intermedio 3.1. Se ha promovido la protección, gestión y conservación de los recursos hídricos, los ecosistemas y la biodiversidad, así como el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

– Resultado Intermedio 3.2. Incorporadas medidas relativas a la lucha contra el cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, con especial atención al impulso de las energías renovables.

– Resultado Intermedio 3.3. Fomentada la investigación para el cambio de modelos de producción y consumo e incorporación de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.

La Constitución de Ecuador contiene provisiones sobre la gestión del cambio climático, mostrando la importancia de este tema en el ordenamiento jurídico del país. A nivel más específico, ha tomado varias medidas sobre esta cuestión, incluyendo la adopción de políticas y estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. Entre estas destaca la creación de la Subsecretaría de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Ambiente, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012-2025) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático publicado en 2023. Así mismo, la adaptación y mitigación del cambio climático es declarada como política de Estado en 2009 mediante Decreto Ejecutivo 1815.

Los principales impactos del cambio climático que afectan a Ecuador son la intensificación de eventos climáticos extremos, el incremento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, la disminución de la escorrentía anual, el incremento de enfermedades tropicales, la expansión de especiales invasoras y la extinción de especies(68).

Entre los factores más notorios que influyen en el cambio climático se haya la alta tasa de deforestación que sufre Ecuador, a pesar de esfuerzos recientes adoptados por el Ministerio de Ambiente. De acuerdo con este ministerio, 115.000 hectáreas fueron deforestadas entre 2016 y 2018(69). Según un estudio de 2021, Ecuador estaría en el quinto puesto de los países de América Latina con 623.510 hectáreas deforestadas de la cuenca amazónica ecuatoriana entre 2001 y 2020(70). Entre las principales razones para la deforestación se encuentran la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la explotación minera y de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura(71).

Conservación y protección.

Considerando la biodiversidad, Ecuador destaca entre uno de los 17 países más biodiversos de la tierra debido a factores orográficos, su ubicación en la región ecuatorial y la influencia de las corrientes marinas, entre otros. En el país se encuentran 24 de los 27 ecosistemas marinos y costeros reconocidos a nivel mundial. De igual modo, el Ministerio de Ambiente reconoció la existencia de 91 tipos de ecosistemas en la parte continental. A nivel de especies, Ecuador es el país con mayor número de especies por kilómetro cuadrado en el mundo(72). En reconocimiento a estos factores, cuenta con siete reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO.

En cuanto a los sectores productivos, el sector agropecuario es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático y al mismo tiempo su afectación tiene impacto directo en los sectores de población con mayores necesidades de protección, como lo es la población rural. Este sector representó el 8,2 % del PIB en 2021.

En este sentido, los objetivos de la política nacional de cambio climático de Ecuador establecen acciones para incrementar el rendimiento de los sectores productivos y estratégicos y proteger el patrimonio hídrico. Así mismo aborda otras dimensiones tales como la protección de la salud humana e incrementar la capacidad de respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos del cambio climático entre otros.

La Cooperación Española favorecerá acciones dirigidas a la gestión integral del recurso hídrico, apoyará al sector agropecuario desde un enfoque de sostenibilidad ambiental impulsando los bioemprendimientos y la bioeconomía, y ayudará en la restauración y manejo de superficies forestales y suelos. Todo ello con el necesario involucramiento del gobierno central, los gobiernos locales, la academia y la sociedad civil. La cooperación española como parte activa del Team Europe Iniciative –TEI– coordinará, además, con el resto de los Estados miembros acciones para el impulso del Pacto Verde Ecuador.

Las metas del PDNE 2024-2025 vinculadas con este resultado son:

– Incrementar la superficie potencial de riego y drenaje con viabilidad técnica de 9.402,81 ha en el año 2023 a 13.402,81 ha al 2025.

– Incrementar el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 264.039,89 ha en el año 2023 a 275.000,00 ha al 2025.

Mitigación y adaptación.

Las emisiones de CO2 en Ecuador representan un 0,1 % de las emisiones a nivel mundial. No obstante, las emisiones de este gas se han ido aumentando paulatinamente. En 2021 estas emisiones se habían incrementado un 9,8 % comparado con los valores de 2010(73).

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, en el año 2021, lanzó el Programa Ecuador Carbono Cero (PECC). El programa, tiene como objetivo impulsar que el sector productivo tomé medidas frente al cambio climático mediante la gestión de su huella de carbono permitiendo el reporte de sus compromisos y el acceso a incentivos ambientales y tributarios.

Con relación a la mitigación, la política nacional de cambio climático de Ecuador se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de carbono en sectores estratégicos. Entre los objetivos específicos de esta estrategia se encuentra el apoyo a los ecosistemas relevantes para la captura y el almacenamiento de carbono, fortalecer la eficiencia y soberanía energética, así como el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la proporción de generación de energías renovables.

La Cooperación Española apoyará iniciativas y proyectos innovadores en sectores tecnológicos y productivos, impulsará la investigación en el sector energético con especial atención a las energías renovables y buscará el trabajo conjunto entre universidades y centros de investigaciones ecuatorianos y españoles enfocados en la conservación medio ambiental y la biodiversidad. Colaborará en la construcción de aquellos planes, instrumentos regulatorios o legislativos que favorezcan la lucha contra el cambio climático e implementará medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria.

Aquí convergen dos resultados de la CE: i. Incorporar medidas relativas a la lucha contra el cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, con especial atención al impulso de las energías renovables. ii. Fomentar la investigación para el cambio de modelos de producción y consumo e incorporación de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Las metas del PDNE 2024-2025 vinculadas con este resultado son:

– Incrementar los residuos y/o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del productor de 44,06 % en el año 2022 a 56,06 % al 2025.

– Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad adaptativa de 82,98 % en el año 2023 a 82,81 % al 2025.

– Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16 % al 2025.

Género y cambio climático.

En el año 2012, Ecuador puso en marcha la Estrategia Nacional de Cambio Climático que tiene vigencia hasta 2025. La estrategia señala sectores prioritarios para la adaptación y mitigación, y destaca la importancia de analizar el diferente impacto que tiene el cambio climático en función de los grupos vulnerables a los que afecta. Ello, además, tiene implicaciones en las intervenciones que se deben realizar para su mitigación y/o adaptación.

Parece claro que los impactos climáticos, de no remediarse, aumentarán los niveles de pobreza y desigualdad, y que ello afectará con más fuerza a la parte de la población más pobre, al incidir este impacto climático sobre actividades económicas básicas (agricultura, pesca, turismo.). Mujeres, población afrodescendiente, indígenas, campesinos con una alta dependencia de los medios naturales, son actores claves para la adaptación al cambio climático debido a sus saberes y conocimientos empíricos. Para las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montuvias, el cambio climático puede significar la privación de sus medios de subsistencia por la pérdida y degradación de la biodiversidad o de las tierras, y fenómenos climáticos como las sequías y la variabilidad del clima pueden profundizar patrones.

En situaciones de crisis y desastres se acentúan las brechas de género, y puede originar un incremento de la violencia de género y una sobrecarga de trabajo para las mujeres debido a las tareas tradicionalmente asignadas a cada sexo.

El cambio climático no es solo un problema ambiental, si no un fenómeno que acentuará las desigualdades ya existentes.

Sequias, inundaciones y otros fenómenos climáticos pueden llevar a una rápida migración del área rural al urbano, con el consiguiente hacinamiento, falta de infraestructuras y población en situación precaria que puede hacer aumentar la violencia en general y la violencia de género en particular.

El posible panorama futuro se presenta con un menor recurso hídrico disponible y más contaminado, lo que afectaría a la soberanía alimentaria de las familias y mayor carga de trabajo para las mujeres rurales en la recolección de agua (al tener que desplazarse a lugares más lejanos). También apunta a procesos migratorios de los hombres, lo que implica la destrucción del tejido comunitario y un nuevo sobreesfuerzo por parte de las mujeres para lograr el sustento de la economía familiar.

Ante esta situación resulta imprescindible la transversalización de la perspectiva de género en la gestión del cambio climático, la gestión integral de riesgos y el empoderamiento y autonomía de las mujeres indígenas, afrodescendientes. montuvias y campesinas que les permita la toma de decisiones en el manejo de su ecosistema, aprovechando además sus conocimientos ancestrales.

La formación a las mujeres en tecnologías limpias que las liberen de trabajo, o el apoyo a emprendimientos económicos liderados por mujeres donde apliquen sus conocimientos para un desarrollo sostenible de su entorno, pueden ser iniciativas que coadyuven a los procesos de conservación y protección del medio ambiente.

El apoyo para la incorporación de la perspectiva de género en las Políticas, Planes Nacionales y Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a investigaciones y diagnósticos sobre cambio climático con un enfoque de género, es otra de las líneas de actuación que se consideran importantes.

3.3.4 Resultado de Desarrollo 4: Fortalecer la calidad y el desempeño de los sistemas de la administración pública con enfoque de innovación.

El Resultado de Desarrollo 4, apunta a «Fortalecidos los sistemas de la Administración Pública con enfoque de innovación» y la prioridad de la CE para este resultado se materializa en un resultado de desarrollo intermedio específico.

Resultado Intermedio 4.1. Se ha promovido la transformación de las instituciones de la administración pública para hacerlas más, eficaces, eficientes, transparentes, responsables, innovadoras y orientadas a la ciudadanía.

Calidad democrática y fortalecimiento institucional.

A pesar de las estrategias constitucionales para garantizar el buen gobierno, Ecuador es uno de los países en América Latina entre los que persisten una mayor desconfianza hacia sus instituciones, mostrando los retos en esta materia. Una encuesta realizada por Ipsos en 2022 ubica a Ecuador entre los países de América Latina con mayor porcentaje de población que desconfían de las instituciones políticas y del Estado con un 84 %(74). Al mismo tiempo, Ecuador se encuentra en el puesto 101 del ranking de los países según el índice de percepción de corrupción(75).

Sumado a estos altos niveles de desconfianza de las instituciones encargadas de la gestión pública, la ciudadanía espera que las instituciones públicas den respuesta oportuna a los problemas. Se demanda, por tanto, cambios de enfoques, de metodologías y de resultados en la gestión pública para contar con entidades más eficientes, eficaces, transparentes y que estén orientas a la ciudadanía. El 24 de agosto de 2023 tanto organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas como académicas se unieron para firmar el Compromiso Interinstitucional para Impulsar la Innovación Pública como una vía para apoyar el gobierno abierto y soluciones transformadoras. Esta iniciativa impulsa el corazón de la innovación pública promoviendo y fortaleciendo procesos de cambio y mejora en la esfera gubernamental.

La innovación pública puede ser descrita como los «cambios o generación de nuevas soluciones a problemáticas públicas que toman la forma de un bien, un servicio, un proceso e incluso un método y cuyo foco está en responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y en generar valor público»(76).

La Cooperación Española, en línea también con el trabajo que se viene abordando en materia de innovación pública a nivel regional, y en el marco también del Programa Democracia, promoverá el fortalecimiento institucional con especial atención a la transparencia, la mejora del servicio y el buen gobierno utilizando los diversos instrumentos disponibles de la cooperación técnica avanzada. Apoyará la incorporación de una cultura de innovación que permita asegurar que las intervenciones públicas respondan efectivamente a las necesidades de las personas de manera eficiente y efectiva. Asimismo, promoverá la mejora de los servicios públicos y apoyará colaboraciones entre el sector público y privado, sociedad civil academia y cooperación internacional.

Las metas del PDNE 2024-2025 vinculadas con este resultado son:

– Incrementar el número de procesos de formación, capacitación, promoción y apoyo técnico a los espacios, mecanismos e instancias de Participación Ciudadana de 1.020 en el año 2023 a 2.111 al 2025.

– Incrementar el porcentaje de instituciones que llevan a cabo el proceso de rendición de cuentas de 81,37 % en el año 2022 a 82,12 % al 2025.

– Incrementar el porcentaje de autoridades de elección popular que llevan a cabo el proceso de rendición de cuentas de 63,20 % en el 2022 a 63,95 % al 2025.

– Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.

4. Alianzas para la estrategia

4.1 Red de alianzas.

La Cooperación Española promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores (públicos, privados y agentes sociales) comprometidos con los ODS de forma que se puedan coordinar y armonizar las diferentes intervenciones. El Marco de Asociación País será el marco de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Ecuador, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles. Esta alianza entre diferentes actores de la CE con instituciones públicas y agentes sociales de Ecuador será un proceso continuo durante toda la vigencia del MAP, con el objetivo final de poner en relación con organismos públicos, privados y agentes sociales frente a un marco de resultados común, en el que se impulsará las alianzas multiactor como medio para contribuir a los ODS y metas seleccionadas desde las capacidades de los diferentes actores involucrados.

Para la promoción y apoyo a las políticas públicas de desarrollo del Estado ecuatoriano que permitan el alcance de los resultados previstos en este Marco de Asociación País se establecerán alianzas institucionales a varios niveles, y en particular se establecerán diálogos y asociaciones estratégicas con los siguientes actores:

– Entidades públicas españolas.

– Entidades públicas ecuatorianas de los diferentes niveles de gobierno y funciones del estado.

– El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales.

– Otros socios de cooperación financiera internacional que permitan expandir el impacto de la cooperación financiera conjunta o paralela.

– Otros socios de cooperación bilateral y, especialmente, de la Unión Europea.

– Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD): Las ONGD son importantes aliados de la cooperación española en Ecuador. La cooperación se seguirá llevando a cabo en colaboración con estas organizaciones para garantizar una mayor participación de la sociedad civil en los proyectos y programas.

– Otros actores de la sociedad civil, comunidades locales, organizaciones y movimientos sociales.

– Universidades y centros académicos y de investigación.

– Sector privado.

Se incluye en el anexo III, el detalle de las Alianzas con la que se abordará la estrategia de cooperación.

4.2 Modalidades e instrumentos.

La cooperación de España y Ecuador se implementará a través de las modalidades e instrumentos que se mencionan a continuación. La mayoría de los instrumentos no permiten compromisos en firme a medio plazo y en varios casos dependen de convocatorias públicas competitivas.

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