UNION POSTAL UNIVERSAL

Cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas podrá adherir a la Unión.

Cualquier país soberano no miembro de la Organización de las Naciones Unidas podrá solicitar su admisión en calidad de país miembro de la Unión.

La adhesión o la solicitud de admisión en la Unión deberá incluir una declaración formal de adhesión a la Constitución y a las Actas obligatorias de la Unión. Esta será transmitida por el Gobierno del país interesado al Director General de la Oficina Internacional quien, según el caso, notificará la adhesión o consultará a los países miembros sobre la solicitud de admisión.

El país no miembro de la Organización de las Naciones Unidas se considerará como admitido en calidad de país miembro si su solicitud fuere aprobada por los dos tercios, por lo menos, de los países miembros de la Unión. Los países miembros que no hubieren contestado en el plazo de cuatro meses se considerarán como si se abstuvieran.

La adhesión o la admisión en calidad de miembro será notificada por el Director General de la Oficina Internacional a los gobiernos de los países miembros. Será efectiva a partir de la fecha de esta notificación.

Cada país miembro tendrá la facultad de retirarse de la Unión mediante denuncia de la Constitución formulada por el Gobierno del país interesado al Director General de la Oficina Internacional y por éste a los gobiernos de los países miembros.

El retiro de la Unión se hará efectivo al vencer el plazo de un año a contar del día en que el Director General de la Oficina Internacional reciba la denuncia mencionada en el párrafo 1.

Cada Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:

Si las circunstancias lo exigen, podrá superarse el importe máximo de los gastos previstos en el párrafo 1, siempre que se observen las disposiciones del reglamento general relativas a los mismos.

Los gastos de la Unión, incluyendo eventualmente los gastos indicados en el párrafo 2, serán sufragados en común por los países miembros de la Unión. Con este fin, cada país miembro elegirá la categoría de contribución en la que desea ser incluido. Las categorías de contribución están determinadas por el reglamento general.

En caso de adhesión o admisión en la Unión en virtud del artículo 11, el país interesado elegirá libremente la categoría de contribución en la cual él desee ser incluido desde el punto de vista del reparto de los gastos de la Unión.

La Constitución es el Acta fundamental de la Unión. Contiene las reglas orgánicas de la Unión.

El reglamento general incluye las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio para todos los países miembros.

El convenio postal universal y su reglamento de ejecución incluyen las reglas comunes aplicables al servicio postal internacional y las disposiciones relativas a los servicios de correspondencia. Estas actas serán obligatorias para todos los países miembros.

Los acuerdos de la Unión y sus reglamentos de ejecución regulan los servicios distintos de los de correspondencia, entre los países miembros que sean parte en los mismos. Ellos no serán obligatorios sino para estos países.

Los reglamentos de ejecución, que contienen las medidas de aplicación necesarias para la ejecución del convenio y los acuerdos, serán adoptados por el Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Congreso.

Los protocolos finales eventuales anexados a las actas de la unión indicadas en los párrafos 3, 4 y 5 contienen las reservas a dichas Actas.

Cualquier país podrá declarar en cualquier momento que su aceptación de las actas de la unión incluye todos los territorios cuyas relaciones internacionales estén a su cargo, o algunos de ellos solamente.

La declaración indicada en el párrafo 1 deberá ser dirigida al Director General de la Oficina Internacional.

Cualquier país miembro podrá, en cualquier momento, dirigir al Director General de la Oficina Internacional una notificación denunciando la aplicación de las actas de la unión respecto a las cuales formuló la declaración indicada en el párrafo 1. Esta notificación producirá sus efectos un año después de la fecha de su recepción por el Director General de la Oficina Internacional.

Las declaraciones y notificaciones determinadas en los párrafos 1 y 3 serán comunicadas a los países miembros por el Director General de la Oficina Internacional.

Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán a los territorios que posean la calidad de miembro de la Unión y cuyas relaciones internacionales se encuentren a cargo de un país miembro.

Las actas de la unión emitidas por el Congreso serán firmadas por los plenipotenciarios de los países miembros.

Los reglamentos de ejecución serán autenticados por el presidente y por el secretario general del Consejo Ejecutivo.

Los países signatarios ratificarán la constitución lo antes posible.

La aprobación de las actas de la unión, excepto la constitución, se regirá por las normas constitucionales de cada país signatario.

En caso de que un país no ratificare la constitución o no aprobare las otras actas firmadas por él, la constitución y las otras actas no perderán por ello validez para los países que las hubieren ratificado o aprobado.

Los países miembros que no hubieren firmado el presente protocolo podrán adherir al mismo en cualquier momento.

Los países miembros que sean parte en las actas renovadas por el Congreso, pero que no las hubieren firmado, deberán adherir a ellas en el más breve plazo posible.

Los instrumentos de adhesión relativos a los casos indicados en los párrafos 1 y 2 se dirigirán al Director General de la Oficina Internacional. Este notificará dicho depósito a los gobiernos de los países miembros.

Los representantes de los países miembros se reunirán en congreso a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor de las actas del congreso precedente.

Cada país miembro se hará representar en el congreso por uno o varios plenipotenciarios, provistos por su gobierno de los poderes necesarios. Podrá, si fuere necesario, hacerse representar por la delegación de otro país miembro. Sin embargo, se establece que una delegación no podrá representar más que a un solo país miembro además del suyo.

En las deliberaciones cada país miembro dispondrá de un voto.

En principio, cada congreso designará al país en el cual se realizará el congreso siguiente. Si esta designación resultare ser inaplicable, el Consejo Ejecutivo estará autorizado a designar el país en el cual el congreso celebrará sus reuniones, previo acuerdo con este último país.

Previo acuerdo con la Oficina Internacional, el gobierno invitante fijará la fecha definitiva y el lugar exacto del congreso. En principio, un año antes de esta fecha, el gobierno invitante enviará una invitación al gobierno de cada país miembro. Esta invitación podrá ser dirigida ya sea directamente, por intermedio de otro gobierno o por mediación del Director General de la Oficina Internacional. El Gobierno invitante también se encargará de notificar a todos los gobiernos de los países miembros las resoluciones adoptadas por el congreso.

Cuando deba reunirse un congreso sin que hubiere un gobierno invitante, la Oficina Internacional, con el consentimiento del Consejo Ejecutivo y previo acuerdo con el gobierno de la Confederación Suiza, tomará las disposiciones necesarias para convocar y organizar el congreso en el país sede de la Unión. En este caso, la Oficina Internacional ejercerá las funciones de gobierno invitante.

Previo acuerdo con la Oficina Internacional, los países miembros que hubieran tomado la iniciativa del congreso extraordinario fijarán el lugar de reunión de ese congreso.

Por analogía se aplicarán los párrafos 2 a 6 a los congresos extraordinarios.

El Consejo Ejecutivo está compuesto por un presidente y por treinta y nueve miembros que ejercen sus funciones durante el período que separa dos congresos sucesivos.

La Presidencia corresponderá por derecho al país huésped del congreso. Si este país renunciare, se convertirá en miembro de derecho y, por ende el grupo geográfico al cual pertenezca dispondrá de un puesto suplementario, al cual no se aplicarán las disposiciones restrictivas del párrafo 3. En este caso, el Consejo Ejecutivo elegirá para la Presidencia a uno de los miembros pertenecientes al grupo geográfico de que forma parte el país sede.

Los treinta y nueve miembros del Consejo Ejecutivo serán elegidos por el congreso sobre la base de una distribución geográfica equitativa. En cada congreso se renovará la mitad, por lo menos, de los miembros; ningún país miembro podrá ser elegido sucesivamente por tres congresos.

El representante de cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo será designado por la administración postal de su país. Este representante deberá ser un funcionario competente de la administración postal.

Las funciones de miembro del Consejo Ejecutivo son gratuitas. Los gastos de funcionamiento de este Consejo corren a cargo de la Unión.

El Consejo Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones.

Para nombrar a los funcionarios en el grado de 2, el Consejo Ejecutivo examinará los títulos de competencia profesional de los candidatos recomendados por las administraciones postales de los países miembros de los que son nacionales, procurando que los puestos de subdirectores generales sean llenados, en la medida posible, con candidatos provenientes de regiones diferentes y de otras regiones distintas de las que son oriundos el Director General y el Vicedirector General, teniendo en cuenta la consideración dominante de la eficacia de la Oficina Internacional y respetando al mismo tiempo el régimen interno de promociones de la Oficina.

En su primera reunión, que será convocada por el presidente del congreso, el Consejo Ejecutivo elegirá, entre sus miembros, cuatro vicepresidentes y redactará su reglamento interno.

Convocado por su presidente, el Consejo Ejecutivo se reunirá, en principio, una vez por año, en la sede de la Unión.

El representante de cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo que participe en los períodos de sesiones de este órgano, con excepción de las reuniones que se realicen durante el congreso, tendrá derecho al reembolso, ya sea del precio de un pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica, de un pasaje en primera clase por ferrocarril o al coste del viaje por cualquier otro medio, con la condición de que este importe no exceda del precio del pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica.

El presidente del Consejo Consultivo de Estudios Postales representará a éste en las sesiones del Consejo Ejecutivo en cuyo orden del día figuren asuntos relativos al órgano que dirige.

Con el fin de asegurar una relación eficaz entre los trabajos de ambos órganos, el presidente, el vicepresidente y los presidentes de las Comisiones del Consejo Consultivo de Estudios Postales podrán, si expresaren el deseo, asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo en calidad de observadores.

La administración postal del país donde se reúna el Consejo Ejecutivo será invitada a participar en las reuniones en calidad de observador, cuando ese país no fuere miembro del Consejo Ejecutivo.

El Consejo Ejecutivo podrá invitar a sus reuniones, sin derecho a voto, a cualquier organismo internacional o cualquier persona calificada que deseare asociar a sus trabajos. Podrá igualmente invitar en las mismas condiciones a una o varias administraciones postales de los países miembros interesados en los puntos que figuren en su orden del día.

El Consejo Ejecutivo remitirá a las administraciones postales de los países miembros de la Unión y a las uniones restringidas, para su conocimiento, después de cada período de sesiones:

El Consejo Ejecutivo presentará al congreso un informe sobre el conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las administraciones postales, dos meses antes, por lo menos, de la apertura del congreso.

El Consejo Consultivo de Estudios Postales está compuesto por treinta y cinco miembros que ejercen sus funciones durante el período que separa dos Congresos sucesivos.

Los miembros del Consejo Consultivo son elegidos por el congreso, en principio, sobre la base de una repartición geográfica lo más amplia posible.

El representante de cada uno de los miembros del Consejo Consultivo será designado por la administración postal de su país. Deberá ser un funcionario calificado de la misma.

Los gastos de funcionamiento del Consejo Consultivo correrán por cuenta de la Unión. Sus miembros no recibirán remuneración alguna. Los gastos de viaje y de estada de los representantes de las administraciones que participen en el Consejo Consultivo correrán por cuenta de éstas. Sin embargo, el representante de cada uno de los países considerados menos favorecidos de acuerdo con las listas formuladas por la Organización de las Naciones Unidas, tendrá derecho, excepto para las reuniones que tienen lugar durante el congreso, al reembolso ya sea del precio de un pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica, de un pasaje de primera clase en ferrocarril o al coste del viaje por cualquier otro medio, con la condición de que este importe no exceda del precio del pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica.

En su primera reunión, que será convocada e inaugurada por el presidente del congreso, el Consejo Consultivo elegirá entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y los presidentes de las comisiones.

El Consejo Consultivo redactará su reglamento interno.

El Consejo Consultivo se reunirá, en principio, todos los años en la sede de la Unión. La fecha y el lugar de la reunión serán fijados por su presidente, previo acuerdo con el presidente del Consejo Ejecutivo y el Director General de la Oficina Internacional.

El presidente, el vicepresidente y los presidentes de las Comisiones del Consejo Consultivo forman el Comité Directivo. Este Comité prepara y dirige los trabajos de cada período de sesiones del Consejo Consultivo y se encarga de todas las tareas que este último resuelva confiarle.

Las atribuciones del Consejo Consultivo serán las siguientes:

Los miembros del Consejo Consultivo participarán efectivamente en sus actividades. Los países miembros que no pertenezcan al Consejo Consultivo podrán, a petición de los mismos, colaborar en los estudios emprendidos.

El Consejo Consultivo, si correspondiere, formulará proposiciones para el congreso, que emanen directamente de sus actividades definidas en el presente artículo previo acuerdo con el Consejo Ejecutivo, el propio Consejo Consultivo presentará estas proposiciones, cuando se trate de cuestiones de su competencia.

El Consejo Consultivo establecerá, durante su período de sesiones que preceda al congreso, el proyecto de programa de trabajo básico del próximo Consejo para ser sometido al congreso teniendo en cuenta las peticiones de los Países miembros de la Unión, así como del Consejo Ejecutivo y de la Oficina Internacional. Este programa básico, que abarca a un número limitado de estudios sobre temas de actualidad y de interés común, se revisará cada año en función de las realidades y de las nuevas prioridades.

Con el fin de asegurar una relación eficaz entre los trabajos de ambos órganos, el presidente, los vicepresidentes y los presidentes de las Comisiones del Consejo Ejecutivo podrán, si expresaren el deseo, asistir a las reuniones del Consejo Consultivo en calidad de observadores.

El Consejo Consultivo podrá invitar a sus reuniones sin derecho a voto:

El Consejo Consultivo de Estudios Postales dirigirá a las administraciones postales de los Países miembros y a las Uniones restringidas, para información, después de cada período de sesiones:

El Consejo Consultivo formulará, destinado al Consejo Ejecutivo, un informe anual sobre sus actividades.

El Consejo Consultivo formulará, destinado al congreso, un informe sobre el conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las administraciones postales de los países miembros, por lo menos dos meses antes de la apertura del congreso.

Para la organización de sus trabajos y la conducción de sus deliberaciones, el congreso aplicará el reglamento interno de los congresos, que está anexado al presente reglamento general.

Cada Congreso podrá modificar este reglamento en las condiciones fijadas en el mismo reglamento interno.

Para la documentación de la Unión se utilizarán las lenguas francesa, inglesa, árabe y española. También se utilizarán las lenguas alemana, china, portuguesa y rusa, con la condición de que la producción, en estas últimas lenguas, se limite a la documentación de base más importante. También se utilizarán otras lenguas, con la condición de que de ello no resulte un aumento de los gastos de los cuales debe hacerse cargo la Unión según el párrafo 6.

El o los países miembros que hubieran solicitado una lengua distinta de la lengua oficial constituirán un grupo lingüístico. Se considerará que los países miembros que no hubieran formulado una solicitud expresa han solicitado la lengua oficial.

La documentación será publicada por la oficina internacional en la lengua oficial y en las lenguas de los grupos lingüísticos constituidos, ya sea directamente o por intermedio de las oficinas regionales de dichos grupos, conforme a las modalidades convenidas con la oficina internacional. La publicación en las diferentes lenguas se hará según el mismo modelo.

La documentación publicada directamente por la oficina internacional será distribuida, en principio, simultáneamente en las diferentes lenguas solicitadas.

La correspondencia entre las administraciones postales y la Oficina Internacional y entre esta última y terceros podrá intercambiarse en cualquier lengua para la cual la Oficina Internacional disponga de un servicio de traducción.

Los gastos de traducción a una lengua que no sea la lengua oficial, inclusive los gastos resultantes de la aplicación del párrafo 5, serán sufragados por el grupo lingüístico que hubiera solicitado dicha lengua. La unión tomará a su cargo los gastos de traducción a la lengua oficial de los documentos y de la correspondencia recibidos en inglés, árabe y español, así como todos los demás gastos correspondientes al suministro de los documentos. El tope de los gastos que la Unión debe sufragar para la producción de los documentos en alemán, chino, portugués y ruso será fijado por una resolución del congreso.

Los gastos que deban ser sufragados por un grupo lingüístico se repartirán entre los miembros de este grupo proporcionalmente, según su contribución a los gastos de la Unión. Estos gastos podrán repartirse entre los miembros del grupo lingüístico según otra clave de repartición, siempre que los interesados se pongan de acuerdo al respecto y notifiquen su decisión a la Oficina Internacional por intermedio del portavoz del grupo.

La Oficina Internacional dará curso a toda petición de cambio de lengua solicitado por un país miembro luego de un plazo que no podrá exceder de dos años.

Para las deliberaciones de las reuniones de los órganos de la Unión se admitirán las lenguas francesa, inglesa, española y rusa, mediante un sistema de interpretación --con o sin equipo electrónico-- cuya elección correrá por cuenta de los organizadores de la reunión, luego de consultar al Director General de la Oficina Internacional y a los países miembros interesados.

Se autorizarán igualmente otras lenguas para las deliberaciones y reuniones indicadas en el párrafo 9.

Las delegaciones que utilicen otras lenguas proveerán la interpretación simultánea en una de las lenguas mencionadas en el párrafo 9, ya sea por el sistema indicado en el mismo párrafo, cuando las modificaciones de orden técnico necesarias puedan ser introducidas en el mismo, o por intérpretes particulares.

Los gastos de los servicios de interpretación se repartirán entre los países miembros que utilicen la misma lengua, según la proporción de su contribución a los gastos de la Unión. Sin embargo, los gastos de instalación y mantenimiento del equipo técnico correrán a cargo de la Unión.

Las administraciones postales podrán convenir la lengua a utilizar en la correspondencia de servicio en sus relaciones recíprocas. De no existir tal acuerdo, se utilizará la lengua francesa.

El Director General y el Vicedirector General de la Oficina Internacional serán elegidos por el congreso por el período que media entre dos congresos sucesivos, siendo la duración mínima de su mandato de cinco años. Su mandato será renovable una sola vez. Salvo decisión en contrario del congreso, la fecha en que entrarán en funciones será el 1 de enero del año siguiente al congreso.

Por lo menos siete meses antes de la apertura del congreso, el Director General de la Oficina Internacional enviará una nota a los gobiernos de los países miembros invitándolos a presentar las candidaturas eventuales para los cargos de Director General y de Vicedirector General, indicando al mismo tiempo si el Director General o el Vicedirector General en funciones están interesados en la renovación eventual de su mandato inicial. Las candidaturas, acompañadas de un currículum vitae, deberán llegar a la Oficina Internacional por lo menos dos meses antes de la apertura del congreso. Los candidatos deberán ser nacionales de los países miembros que los presenten. La Oficina Internacional preparará la documentación necesaria para el congreso. La elección del Director General y la del Vicedirector General se realizarán por votación secreta, siendo la primera elección para el cargo de Director General.

En caso de que quedara vacante el cargo de Director General, el Vicedirector General asumirá las funciones de Director General hasta la finalización del mandato previsto para él; será elegible para dicho cargo y se lo admitirá de oficio como candidato, bajo reserva de que su mandato inicial como Vicedirector General no hubiere sido renovado ya una vez por el congreso precedente y de que declarare su interés de ser considerado como candidato para el cargo de Director General.

En el caso de que quedaran vacantes simultáneamente los cargos de Director General y de Vicedirector General, el Consejo Ejecutivo elegirá, en base a las candidaturas recibidas a raíz de un llamado a concurso, un Vicedirector General para el período que abarque hasta el próximo congreso. Se aplicará por analogía el párrafo 2 a la presentación de candidaturas.

En caso de que quedara vacante el cargo de Vicedirector General, el Consejo Ejecutivo encargará, a propuesta del Director General, a uno de los subdirectores generales de la Oficina Internacional que asuma las funciones de Vicedirector General hasta el próximo congreso.

El Director General organizará, administrará y dirigirá la Oficina Internacional, de la cual es el representante legal. Tendrá competencia para clasificar los puestos de los grados G 1 a D 1 y para nombrar y promover a los funcionarios a dichos grados. Para los nombramientos en los grados P 1 a D 1 examinará los títulos de competencia profesional de los candidatos recomendados por las administraciones postales de los Países miembros de los que son nacionales, teniendo en cuenta una equitativa distribución geográfica continental y de lenguas, así como todas las demás consideraciones correspondientes, respetando el régimen interno de promociones de la Oficina. También tendrá en cuenta que, en principio, las personas que ocupen los puestos de los grados D 2, D 1 y P 5 deben ser nacionales de diferentes países miembros de la Unión. Informará al Consejo Ejecutivo, una vez por año, en el Informe sobre las actividades de la Unión, sobre los nombramientos y las promociones a los grados P 4 a D 1.

El Director General tendrá las atribuciones siguientes:

El Vicedirector General asistirá al Director General y será responsable ante él.

En caso de ausencia o de impedimento del Director General, el Vicedirector General ejercerá los poderes de aquél. Lo mismo ocurrirá en el caso de vacante del cargo de Director General de que trata el artículo 108, párrafo 3.

La Oficina Internacional estará siempre a disposición del Consejo Ejecutivo, del Consejo Consultivo de Estudios Postales y de las administraciones postales para suministrarles los informes pertinentes sobre los asuntos relativos al servicio.

Estará encargada especialmente de reunir, coordinar, publicar y distribuir los informes de cualquier naturaleza que interesen al servicio postal internacional; de emitir, a petición de las partes en causa, una opinión sobre los asuntos en litigio; de dar curso a las peticiones de interpretación y de modificación de las actas de la Unión y, en general, de proceder a los estudios y trabajos de redacción o de documentación que dichas actas le asignen o cuya petición se le formule en interés de la Unión.

Procederá igualmente a efectuar las encuestas solicitadas por las administraciones postales para conocer la opinión de las demás administraciones sobre un punto determinado. El resultado de una encuesta no revestirá el carácter de un voto y no obligará oficialmente.

A los fines pertinentes presentará al presidente del Consejo Consultivo de Estudios Postales los problemas que competan a este órgano.

Intervendrá, en carácter de oficina de compensación, en la liquidación de las cuentas de cualquier clase relativas al servicio postal internacional, entre las administraciones postales que reclamaren esta intervención.

Dos ejemplares de las actas de las uniones restringidas y de los acuerdos especiales celebrados en aplicación del artículo 8 de la constitución deberán ser transmitidos a la Oficina Internacional por las oficinas de esas uniones o, en su defecto, por una de las partes contratantes.

La Oficina Internacional velará por que las actas de las uniones restringidas y los acuerdos especiales no determinen condiciones menos favorables para el público que las que figuran en las actas de la unión, e informará a las administraciones postales sobre la existencia de las uniones y de los acuerdos antes mencionados. Señalará al Consejo Ejecutivo cualquier irregularidad constatada en virtud de la presente disposición.

Bajo reserva de las excepciones determinadas en los párrafos 2 y 5, el procedimiento siguiente regirá la presentación de proposiciones de cualquier naturaleza que las administraciones postales de los países miembros sometan al congreso:

Las proposiciones relativas a la constitución o al reglamento general deberán llegar a la Oficina Internacional por lo menos seis meses antes de la apertura del congreso; las que lleguen con posterioridad a esa fecha, pero antes de la apertura del congreso, sólo podrán tomarse en consideración si el congreso así lo decidiere por mayoría de dos tercios de los países representados en el congreso y si se respetaran las condiciones establecidas en el párrafo 1.

En principio, cada proposición deberá tener sólo un objetivo y deberá contener sólo las modificaciones justificadas por dicho objetivo.

Las proposiciones de orden redaccional llevarán en el encabezamiento la indicación "Proposición de orden redaccional" colocada por las administraciones que las presenten y serán publicadas por la Oficina Internacional con un número seguido de la letra R. Las proposiciones que carezcan de esta indicación pero que, a juicio de la Oficina Internacional, atañen solamente a la redacción, serán publicadas con una anotación apropiada; la Oficina Internacional redactará una lista de estas proposiciones para el congreso.

El procedimiento fijado en los párrafos 1 y 4 no se aplicará ni a las proposiciones relativas al reglamento interno de los congresos, ni a las enmiendas de las proposiciones ya efectuadas.

Para ser tomada en consideración, cada proposición relativa al convenio o a los acuerdos y presentada por una administración postal entre dos congresos deberá estar apoyada por otras dos administraciones, por lo menos. No se dará curso a las proposiciones cuando la Oficina Internacional no reciba, al mismo tiempo, el número necesario de declaraciones de apoyo.

Estas proposiciones se transmitirán a las demás administraciones postales por mediación de la Oficina Internacional.

Las proposiciones relativas a los reglamentos de ejecución no requerirán apoyo, pero sólo serán tomadas en consideración por el Consejo Ejecutivo si éste estuviera de acuerdo con su urgente necesidad.

Las proposiciones relativas al convenio, a los acuerdos y a sus protocolos finales se someterán al procedimiento siguiente: se dará a las administraciones postales de los países miembros un plazo de dos meses para examinar la proposición notificada por circular de la Oficina Internacional y, dado el caso, para que remitan sus observaciones a dicha Oficina. No se admitirán las enmiendas. Las contestaciones serán reunidas por la Oficina Internacional y comunicadas a las administraciones postales, invitándolas a pronunciarse a favor o en contra de la proposición. Aquellas que no hubieran transmitido su voto en el plazo de dos meses se considerarán como si se abstuvieran. Los plazos mencionados se contarán a partir de la fecha de las circulares de la Oficina Internacional.

Las proposiciones de modificación de los Reglamentos de Ejecución serán tratadas por el Consejo Ejecutivo.

Si la proposición se refiriere a un Acuerdo o a su Protocolo Final, sólo las administraciones postales de los países miembros que sean parte en este acuerdo podrán tomar parte en las operaciones indicadas en el párrafo 1.

Las modificaciones que se introduzcan en el convenio, en los acuerdos y en los protocolos finales de esas actas se sancionarán por una notificación del Director General de la Oficina Internacional a los gobiernos de los países miembros.

La Oficina Internacional notificaráa las administraciones postales las modificaciones introducidas por el Consejo Ejecutivo en los reglamentos de Ejecución y en sus protocolos finales. Igualmente se procederá con las interpretaciones mencionadas en el artículo 93, párrafo 3, letra c), punto 2, del convenio y en las disposiciones correspondientes de los acuerdos.

Los reglamentos de ejecución entrarán en vigor en la misma fecha y tendrán la misma duración que las actas emitidas por el congreso.

Bajo reserva del párrafo 1, las decisiones de modificación de las Actas de la Unión que se adopten entre dos Congresos no se ejecutarán hasta tres meses después, por lo menos, de su notificación.

Bajo reserva de los párrafos 2 a 6, los gastos anuales correspondientes a las actividades de los órganos de la Unión no deberán rebasar las siguientes sumas para los años 1991 y siguientes:

Los gastos correspondientes a la reunión del próximo congreso (desplazamiento de la Secretaría, gastos de transporte, gastos de instalación técnica de la interpretación simultánea, gastos de reproducción de documentos durante el congreso, etc.) no deberán rebasar el límite de3.676.000 francos suizos.

El Consejo Ejecutivo estará autorizado a rebasar los límites fijados en los párrafos 1 y 2 para tener en cuenta los aumentos de las escalas de sueldos y las contribuciones por concepto de pasividades o subsidios, inclusive los ajustes por lugar de destino admitidos por las Naciones Unidas para ser aplicados a su personal en funciones en Ginebra.

Se autoriza asimismo al Consejo Ejecutivo a ajustar cada año el monto de los gastos que no sean los relativos al personal, en función del índice suizo de los precios al consumo.

Por derogación del párrafo 1, el Consejo Ejecutivo, o en caso de extrema urgencia el Director General, podrá autorizar que se rebasen los límites fijados para hacer frente a reparaciones importantes e imprevistas del edificio de la Oficina Internacional sin que, no obstante, el monto a rebasar exceda de 65.000 francos suizos por año.

Si los créditos previstos en los párrafos 1 y 2 resultaren insuficientes para asegurar el correcto funcionamiento de la Unión, estos límites sólo podrán rebasarse con la aprobación de la mayoría de los países miembros de la Unión. Toda consulta deberá estar acompañada de una exposición completa de los hechos que justifiquen tal solicitud.

Los países que adhieran a la Unión o que se admitan en calidad de miembros de la Unión, así como aquellos que se retiren de la Unión, deberán pagar su cuota por el año entero en que su admisión o retiro se hubiera hecho efectivo.

Los países miembros pagarán por anticipado su parte contributiva a los gastos anuales de la Unión, sobre la base del presupuesto fijado por el Consejo Ejecutivo. Estas partes contributivas deberán pagarse a más tardar el primer día del ejercicio financiero al cual se refiere el presupuesto. Transcurrido este plazo, las sumas adeudadas redituarán intereses a favor de la Unión, a razón del 3 por ciento anual durante los seis primeros meses y del 6 por ciento anual a partir del séptimo mes.

Para remediar las insuficiencias de tesorería de la Unión, se constituirá un Fondo de Reserva cuyo monto será fijado por el Consejo Ejecutivo. Dicho Fondo será alimentado en primer lugar por los excedentes presupuestarios. Podrá servir asimismo para equilibrar el presupuesto o para reducir el monto de las contribuciones de los países miembros.

En lo que respecta a las insuficiencias pasajeras de tesorería, el Gobierno de la Confederación Suiza anticipará, a corto plazo, los fondos necesarios según condiciones que deberán fijarse de común acuerdo. Dicho Gobierno vigilará, sin gastos, la contabilidad financiera y las cuentas de la Oficina Internacional dentro de los límites de los créditos fijados por el congreso.

Los países miembros contribuirán a cubrir los gastos de la Unión según la categoría de contribución a la que pertenezcan. Estas categorías son las siguientes:

Además de las categorías de contribución enumeradas en el párrafo 1, cualquier país miembro podrá elegir pagar una cantidad de unidades de contribución superior a 50 unidades.

Los países miembros serán clasificados en una de las categorías de contribución precitadas en el momento de su admisión o de su adhesión a la Unión, según el procedimiento indicado en el artículo 21, párrafo 4, de la constitución.

Los países miembros podrán cambiar ulteriormente de categoría de contribución, con la condición de que este cambio sea notificado a la Oficina Internacional antes de la apertura del congreso. Dicha notificación, que será puesta en conocimiento del congreso, regirá en la fecha de entrada en vigor de las disposiciones financieras sancionadas por el congreso.

Los países miembros no podrán exigir que se les baje más de una categoría por vez. Los países miembros que no hagan conocer su deseo de cambiar de categoría de contribución antes de la apertura del congreso se mantendrán en la categoría a la cual pertenecían hasta ese momento.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales que hicieran necesarios los programas de ayuda internacional, el Consejo Ejecutivo podrá autorizar a bajar una categoría de contribución a un país miembro que lo solicitare, si éste aportare la prueba de que ya no puede mantener su contribución según la categoría inicialmente elegida.

Por derogación de los párrafos 4 y 5, los ascensos de categoría no están sujetos a restricción alguna.

En caso de diferendo que deba ser resuelto por juicio arbitral, cada una de las administraciones postales en causa elegirá una administración postal de un país miembro que no esté directamente interesada en el litigio. Cuando varias administraciones hagan causa común, se considerarán como una sola para la aplicación de esta disposición.

En caso de que una de las administraciones en causa no diere curso a una propuesta de arbitraje en el plazo de seis meses, la Oficina Internacional, si se le formulare la petición, propiciará, a su vez, la designación de un árbitro por la administración en falta o designará uno de oficio.

Las partes en causa podrán ponerse de acuerdo para designar un árbitro único, que podrá ser la Oficina Internacional.

La decisión de los árbitros se adoptará por mayoría de votos.

En caso de empate, los árbitros elegirán para solucionar el diferendo, a otra administración postal igualmente desinteresada en el litigio. Si no hubiere acuerdo en la elección, esta administración será designada por la Oficina Internacional entre las administraciones no propuestas por los árbitros.

Si se tratare de un diferendo relativo a uno de los acuerdos, los árbitros no podrán ser designados fuera de las administraciones participantes en el acuerdo.

La libertad de tránsito, cuyo principio se enuncia en el artículo 1 de la Constitución, implica la obligación, para cada administración postal, de encaminar siempre por las vías más rápidas que emplea para sus propios envíos, los despachos cerrados y envíos de correspondencia al descubierto que le son entregados por otra administración. Esta obligación se aplica igualmente a la correspondencia-avión, tomen o no parte en su reencaminamiento las administraciones postales intermediarias.

Los países miembros que no participen en el intercambio de cartas que contengan materias biológicas perecederas o materias radiactivas tendrán la facultad de no admitir envíos en tránsito al descubierto a través de su territorio. También la tendrán con los envíos mencionados en el artículo 41, párrafo 9.

Los países miembros que no realicen el servicio de cartas con valor declarado o que no acepten la responsabilidad por los valores transportados por sus servicios marítimos o aéreos estarán sin embargo obligados a encaminar por las vías más rápidas los despachos cerrados que les sean entregados por las otras administraciones, pero su responsabilidad quedará limitada a la que se fija para los envíos certificados.

La libertad de tránsito de las encomiendas postales a encaminar por las vías terrestres y marítimas quedará limitada al territorio de los países que participen en este servicio.

La libertad de tránsito de las encomiendas-avión estará garantizada en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, los países miembros que no sean parte en el acuerdo relativo a encomiendas postales no podrán ser obligados a participar en el encaminamiento de encomiendas-avión por vía de superficie.

Los países miembros que sean parte en el acuerdo relativo a encomiendas postales, pero que no realicen el servicio de encomiendas postales con valor declarado o que no acepten la responsabilidad por los valores en los transportes efectuados por sus servicios marítimos o aéreos, estarán sin embargo obligados a encaminar por las vías más rápidas los despachos cerrados que les sean entregados por las otras administraciones, pero su responsabilidad quedará limitada a la que se fija para las encomiendas del mismo peso sin valor declarado.

Cuando, debido a circunstancias extraordinarias, una Administración postal se vea obligada a suspender temporalmente y de manera general o parcial la ejecución de servicios, quedará obligada a comunicarlo sin demora, por cualquier medio de telecomunicación apropiado, a la administración o a las administraciones interesadas, indicando, si fuera posible, la duración probable de la suspensión de servicios. Igual obligación tendrá cuando se reanuden los servicios suspendidos.

Si se juzgare necesario efectuar una notificación general, habrá que avisar a la Oficina Internacional sobre la suspensión o la reanudación del servicio. Dado el caso, la Oficina Internacional deberá avisar a las administraciones por telegrama o por télex.

La administración de origen tendrá la facultad de reembolsar al expedidor las tasas de franqueo (artículo 20), las tasas especiales (artículo 26) y las sobretasas aéreas (artículo 21) si, debido a una suspensión del servicio, la prestación relacionada con el transporte de su envío hubiere sido suministrada sólo parcialmente o no hubiere sido suministrada en absoluto.

Las administraciones tendrán la facultad de utilizar en el servicio postal internacional códigos de barras generados por ordenador y un sistema de identificación único para fines de búsqueda y localización y otras necesidades de identificación. Los códigos de barras y el sistema de identificación único podrán utilizarse para identificar, por ejemplo:

Las administraciones que opten por el empleo de códigos de barras en el servicio postal internacional deberían respetar las especificaciones técnicas establecidas por el Consejo Consultivo de Estudios Postales. La Oficina Internacional notificará a todas las administraciones dichas especificaciones.

Las administraciones que no apliquen un sistema informatizado de códigos de barras no estarán obligadas a tener en cuenta las especificaciones establecidas por el Consejo Consultivo de Estudios Postales.

No obstante, las administraciones que no empleen un sistema informatizado de códigos de barras podrán considerar útil adoptar el sistema único para la identificación de los envíos, envases y documentos conexos, especificado por el Consejo Consultivo de Estudios Postales. Los países que empleen los tradicionales sistemas manuales para la numeración de envíos, envases y documentos en los servicios postales internacionales podrán utilizar este sistema.

Los países que utilicen un sistema manual de identificación y que decidan emplear el sistema único deberían ajustarse a las especificaciones establecidas por el Consejo Consultivo de Estudios Postales.

Las tasas relativas a los diferentes servicios postales internacionales se fijarán en el convenio y en los acuerdos.

Se prohibe cobrar tasas postales de cualquier naturaleza, fuera de las que se determinan en el convenio y los acuerdos.

La unidad monetaria prevista en el artículo 7 de la Constitución y utilizada en el Convenio y los Acuerdos, así como en sus Reglamentos de Ejecución será el derecho especial de giro (DEG).

Los países miembros de la Unión tendrán derecho a elegir, de común acuerdo, otra unidad monetaria o una de sus monedas nacionales para la formulación y la liquidación de las cuentas.

Los países miembros de la Unión para cuya moneda el FMI no calcule la cotización en relación con el DEG, o que no formen parte de este organismo especializado serán invitados a declarar unilateralmente una equivalencia entre sus monedas y el DEG.

Los sellos de correos destinados al franqueo serán emitidos únicamente por las administraciones postales.

Los temas y los motivos de los sellos de correos deberán guardar conformidad con el espíritu del preámbulo de la constitución de la UPU y con las decisiones adoptadas por los órganos de la Unión.

Los textos, colores y dimensiones de las fórmulas deberán ser los que determinen los reglamentos del convenio y de los acuerdos.

Las fórmulas para uso de las administraciones en sus relaciones recíprocas deberán estar redactadas en lengua francesa, con o sin traducción interlineal, a menos que las administraciones interesadas se pongan directamente de acuerdo para proceder de otro modo.

Las fórmulas para uso de las administraciones postales, así como sus copias eventuales deberán llenarse de manera tal que las inscripciones sean perfectamente legibles. La fórmula original se transmitirá a la administración que corresponda o a la parte más interesada.

Las fórmulas para uso del público deberán llevar una traducción interlineal en lengua francesa cuando no estén impresas en esa lengua.

Cada administración postal podrá facilitar a las personas que lo soliciten tarjetas de identidad postales válidas como documento justificativo para las operaciones postales efectuadas en los países miembros que no hayan notificado su negativa a admitirlas.

La administración que entregue una tarjeta estará autorizada a cobrar por ese concepto una tasa que no podrá ser superior a 1,63 DEG.

No corresponderá responsabilidad alguna a las administraciones cuando se compruebe que la entrega de un envío postal o el pago de un efecto monetario se ha llevado a cabo mediante la presentación de una tarjeta regular. No serán tampoco responsables de las consecuencias que pueda ocasionar la pérdida, la sustracción o el empleo fraudulento de una tarjeta regular.

La tarjeta tendrá validez por un plazo de diez años a contar del día de su emisión. Sin embargo, cesará su validez cuando: