UNION POSTAL UNIVERSAL

Cuando un envío certificado se hubiere perdido en circunstancias de fuerza mayor, la administración en cuyo territorio o servicio ocurrió la pérdida sólo será responsable ante la administración expedidora cuando ambos países acepten cubrir los riesgos resultantes del caso de fuerza mayor.

Los derechos de aduana y de otra índole cuya anulación no pudiere obtenerse correrán a cargo de las administraciones responsables de la pérdida.

La administración que hubiere efectuado el pago de la indemnización subrogará en los derechos hasta el total del importe de dicha indemnización, a la persona que la hubiere recibido, para cualquier reclamación eventual, ya sea contra el destinatario, contra el expedidor o contra terceros.

Salvo prueba en contrario, la responsabilidad corresponderá a la administración postal que, habiendo recibido el envío sin formular observaciones y hallándose en posesión de todos los medios reglamentarios de investigación, no pudiere establecer la entrega al destinatario ni, si correspondiere, la transmisión regular a otra administración.

Salvo prueba en contrario, y bajo reserva del párrafo 4, 7 y 8, no corresponderá responsabilidad alguna a la administración intermediaria o de destino:

Salvo prueba en contrario, la administración que hubiere entregado una carta con valor declarado a otra administración estará exenta de toda responsabilidad, si la oficina de cambio que se hizo cargo del envío no hubiere cursado a la administración expedidora, por el primer correo utilizable después de la verificación, un acta donde hiciere constar la falta o la alteración, ya sea del paquete entero de los valores declarados, ya sea del envío mismo.

Si la pérdida, la expoliación o la avería se hubiere producido durante el transporte, sin que sea posible determinar en el territorio o en el servicio de qué país ocurrió el hecho, las administraciones en causa soportarán el perjuicio por partes iguales. No obstante, si la expoliación o la avería se hubiere constatado en el país de destino o, en caso de devolución al expedidor, en el país de origen, corresponderá a la administración de este país demostrar:

La responsabilidad de una administración frente a las demás administraciones no podrá exceder en ningún caso del máximo de declaración de valor que hubiere adoptado.

Cuando una carta con valor declarado se hubiere perdido, fuere expoliada o averiada en circunstancias de fuerza mayor, la administración en cuya jurisdicción territorial o en cuyos servicios hubiere ocurrido la pérdida, la expoliación o la avería, sólo será responsable ante la administración de origen cuando ambas aceptaren cubrir los riesgos resultantes del caso de fuerza mayor.

Si la pérdida, la expoliación o la avería se hubiere producido en el territorio o en el servicio de una administración intermediaria que no efectúe el servicio de cartas con valor declarado o que hubiere adoptado un máximo inferior al monto de la pérdida, la administración de origen soportará el perjuicio no cubierto por la administración intermediaria en virtud del artículo 1, párrafo 3, y del párrafo 5 del presente artículo

La norma prevista en el párrafo 7 se aplicará igualmente en caso de transporte marítimo o aéreo si la pérdida, la expoliación o la avería se produjere en el servicio de una administración que no acepte la responsabilidad (artículo 61, párrafo 2, punto 3º).

Los derechos de aduana y de otra índole, cuya anulación no hubiere podido obtenerse, correrán a cargo de las administraciones responsables de la pérdida, de la expoliación o de la avería.

La administración que hubiera efectuado el pago de la indemnización subrogará en los derechos, hasta el total del importe de dicha indemnización, a la persona que la hubiere recibido, para cualquier reclamación eventual, ya sea contra el destinatario, contra el expedidor, o contra terceros.

Bajo reserva del derecho de reclamar contra la administración responsable, la obligación de pagar la indemnización corresponderá ya sea a la administración de origen o a la administración de destino en los casos mencionados en el artículo 57, párrafo 5 y en el artículo 59, párrafo 7.

Este pago deberá efectuarse lo antes posible y, a más tardar, dentro del plazo de cuatro meses a contar del día siguiente al de la reclamación.

Cuando la administración a la que corresponda el pago no aceptare los riesgos derivados del caso de fuerza mayor y cuando, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo 2, no se hubiere determinado claramente si la pérdida se debe a un caso de esta naturaleza, podrá diferir excepcionalmente el pago de la indemnización por un nuevo período de tres meses.

La administración de origen o la de destino, según el caso, estará autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de la administración que, habiendo participado en el transporte y habiendo recibido normalmente la reclamación, hubiere dejado transcurrir tres meses:

Las administraciones postales que indiquen en el protocolo final del Convenio Postal Universal que no estarán obligadas a cumplir con el artículo 66, párrafo 4, del convenio, en lo que se refiere a dar una solución definitiva a una reclamación en el plazo de tres meses, deberán comunicar un plazo en el cual darán solución definitiva al asunto.

La devolución de la fórmula C 9 que no esté completada según las condiciones establecidas en el artículo 151, párrafos 9 y 12, del reglamento no podrá considerarse como una solución definitiva.

La obligación de restituir las tasas corresponderá a la administración de origen.

Este pago deberá efectuarse lo antes posible y, a más tardar, dentro del plazo de cuatro meses a contar del día siguiente al de la reclamación.

La administración responsable o por cuya cuenta se hubiere efectuado el pago, de conformidad con el artículo 66 estará obligada a reembolsar a la administración que hubiere efectuado el pago, y que se denomina administración pagadora, el importe de la indemnización pagada al derechohabiente dentro de los límites del artículo 57, párrafo 3; este pago deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses a contar de la fecha de la notificación del pago.

Si la indemnización debiere ser sufragada por varias administraciones, de conformidad con los artículos 63 y 64, la totalidad de la indemnización adeudada deberá ser abonada a la administración pagadora, dentro del plazo mencionado en el párrafo 1, por la primera administración que, habiendo recibido regularmente el envío reclamado, no pudiere establecer la transmisión regular al servicio correspondiente. Esta administración deberá recuperar de las demás administraciones responsables la cuota-parte eventual de cada una de ellas en la compensación al derechohabiente.

Las administraciones de origen y de destino podrán ponerse de acuerdo para que la administración que deba efectuar el pago al derechohabiente tome a su cargo la totalidad del perjuicio.

El reembolso a la administración acreedora se efectuará conforme a las normas de pago previstas en el artículo 13.

Cuando la responsabilidad se hubiere reconocido, como en el caso indicado en el artículo 66, párrafo 4, el importe de la indemnización podrá igualmente recuperarse de oficio por medio de una cuenta con la administración responsable, ya sea directamente o por intermedio de una administración que mantenga cuentas regularmente con la administración responsable.

Inmediatamente después de pagar la indemnización, la administración pagadora deberá comunicar a la administración responsable la fecha y el monto del pago efectuado. Si, un año después de la fecha de expedición de la autorización de pago de la indemnización, la administración pagadora no hubiere comunicado la fecha y el importe del pago o no hubiere debitado la cuenta de la administración responsable, la autorización se considerará sin efecto y la administración que la hubiere recibido ya no tendrá derecho a reclamar el reembolso de la indemnización eventualmente pagada.

La administración cuya responsabilidad quedare debidamente demostrada y que, en un principio, se hubiere rehusado a pagar la indemnización deberá tomar a su cargo todos los gastos accesorios que resulten de la demora injustificada del pago.

Las administraciones podrán ponerse de acuerdo para liquidar periódicamente las indemnizaciones que hayan pagado a los derechohabientes y que consideren justificadas.

Si después del pago de la indemnización se localizare un envío certificado o una carta con valor declarado, o una parte de dicho envío o de la carta anteriormente considerado como perdido, se notificará al expedidor, o por aplicación del artículo 57, párrafo 5 y 6, y del artículo 59, párrafo 7, al destinatario, que el envío estará a su disposición durante un plazo de tres meses, contra reembolso de la indemnización pagada. Al mismo tiempo, se le preguntará a quién debe entregarse el envío. Si se rehusare o no respondiere dentro del plazo establecido se efectuará el mismo trámite ante el destinatario o el expedidor, según el caso.

Si el expedidor o el destinatario recibiere el envío contra reembolso del importe de la indemnización, este importe se restituirá a la administración o, si correspondiere, a las administraciones que hubieren soportado el perjuicio, en un plazo de un año a contar de la fecha de reembolso.

Si el expedidor y el destinatario rehusaren recibir el envío, éste pasará a ser propiedad de la administración o, si correspondiere, de las administraciones que hubieren soportado el perjuicio.

Cuando la prueba de la entrega fuere presentada después del plazo de cinco meses previsto en el artículo 66, párrafo 4, la indemnización pagada quedará a cargo de la administración intermediaria o la de destino, si la suma pagada no pudiere, por cualquier razón, ser recuperada del expedidor.

En caso de localización ulterior de una carta con valor declarado cuyo contenido fuere reconocido como de valor inferior al monto de la indemnización pagada, el expedidor deberá reembolsar el importe de esta indemnización contra entrega del envío, sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la declaración fraudulenta de valor mencionada en el artículo 53, párrafo 5.

Bajo reserva del artículo 75, los despachos cerrados intercambiados entre dos administraciones o entre dos oficinas del mismo país por medio de los servicios de una o de varias otras administraciones (servicios terceros) estarán sujetos al pago de los gastos de tránsito por concepto de retribución por las prestaciones de servicios relativas al tránsito territorial y al tránsito marítimo.

Cuando un país admitiere que su territorio sea atravesado por un servicio de transporte extranjero sin participación de sus servicios, según el artículo 3, los despachos así encaminados no estarán sujetos al pago de los gastos de tránsito territorial.

Salvo acuerdo especial, se considerarán como servicios terceros los transportes marítimos efectuados directamente entre dos países por medio de navíos de uno de ellos.

El tránsito marítimo comienza cuando los despachos dejan de estar bajo el control de una administración postal y termina cuando la compañía marítima informa a la administración de destino que los despachos están a su disposición.

Los gastos de tránsito previstos en el artículo 71, párrafo 1, se calcularán según los baremos indicados en el cuadro siguiente:

Las distancias utilizadas para determinar los gastos de tránsito según el cuadro del párrafo 1 se tomarán de la "lista de las distancias kilométricas relativas a los recorridos territoriales de los despachos en tránsito", prevista en el artículo 111, párrafo 2, letra c), punto 1º, del reglamento, para los recorridos territoriales.

Bajo reserva del artículo 75, cada administración que, en sus intercambios por las vías aéreas y de superficie con otra administración, reciba una cantidad mayor de envíos de correspondencia que los que ha expedido tendrá derecho a cobrar a la administración expedidora una remuneración, a título de compensación, por los gastos que le origine el correo internacional recibido en exceso.

La remuneración prevista en el párrafo 1 será fijada de la manera siguiente.

Cuando, en una relación determinada, una administración que fuere remunerada según las tasas de gastos terminales diferenciadas LC y AO indicadas en el párrafo 2 constatare que la cantidad media de envíos (LC o AO) contenida en un kilogramo de correo recibido es superior al promedio mundial, que es de 48 envíos LC y de 5,6 envíos AO, podrá obtener la revisión de las tasas correspondientes si, con respecto a ese promedio mundial:

Cualquier administración podrá renunciar total o parcialmente a la remuneración prevista en el párrafo 1.

Por acuerdo bilateral o multilateral, las administraciones interesadas podrán aplicar otros sistemas de remuneración para la liquidación de las cuentas relativas a gastos terminales.

Cuando se utilice una tasa uniforme para los envíos LC/AO en virtud del artículo 73, párrafo 2, letras a) y c), esa tasa será aplicable también a los envíos prioritarios, los envíos no prioritarios y los envíos mixtos.

Cuando se utilicen tasas separadas para los envíos LC y los envíos AO en virtud del artículo 73, párrafo 2, letras b) y c), el país de origen y el país de destino podrán decidir, por acuerdo bilateral, que las tasas aplicables a los envíos prioritarios y a los envíos no prioritarios sean fijadas sobre la base de la estructura real del tráfico. A falta de acuerdo, se aplicarán las disposiciones fijadas en el artículo 73, párrafo 2, letras b) y c), y 3. En este caso, los envíos prioritarios serán asimilados a los LC y los envíos no prioritarios serán asimilados a los AO.

Para los envíos mixtos intercambiados en virtud del artículo 20, párrafo 12, los gastos terminales se liquidarán por acuerdo bilateral entre los países interesados.

Cuando una administración decida abandonar la separación del correo en LC y AO para adoptar un sistema basado en la prioridad, y cuando éste produzca en los gastos terminales los efectos señalados en el párrafo 2, el nuevo sistema sólo podrá introducirse el 1 de enero o el 1º de julio, siempre que la Oficina Internacional haya sido informada con tres meses de anticipación como mínimo.

Los gastos de tránsito especificados en el artículo 72 no se aplicarán al transporte por medio de servicios extraordinarios especialmente creados o mantenidos por una administración postal a petición de una o de varias otras administraciones. Las condiciones de esta categoría de transporte se reglamentarán de común acuerdo entre las administraciones interesadas.

Cuando los despachos de superficie provenientes de una administración se reencaminen por medios de transporte territoriales y marítimos a la vez, las condiciones de este reencaminamiento serán objeto de un acuerdo particular entre las administraciones interesadas.

La cuenta de gastos de tránsito del correo de superficie será formulada anualmente por la administración de tránsito, para cada administración de origen, según el peso de los despachos de los envíos de correspondencia recibidos en tránsito durante todo el año. A dicho peso se aplicarán los baremos fijados en el artículo 72.

La administración deudora quedará exonerada del pago de los gastos de tránsito cuando el saldo anual no exceda de 163,35 DEG.

Toda administración estará autorizada a someter a consideración de una Comisión de Arbitros los resultados anuales que, en su opinión, difieran demasiado de la realidad. Este arbitraje se constituirá tal como está dispuesto en el artículo 127 del reglamento general.

Los árbitros tendrán derecho a fijar con arreglo a derecho el monto de los gastos de tránsito que se debe pagar.

La cuenta de gastos terminales será formulada anualmente por la administración acreedora, según el peso real de los despachos de superficie (inclusive los despachos S. A. L.) y de los despachos-avión recibidos durante todo el año, al cual se aplicarán las tasas fijadas en el artículo 73.

Para permitir la determinación del peso anual, las administraciones de origen de los despachos deberán indicar permanentemente para cada despacho el peso total de las sacas que contengan envíos LC/AO, por una parte, y el peso total de las sacas M, por otra.

Cuando resulte necesario determinar por separado los pesos que corresponden a los envíos LC, por una parte, y a los envíos AO, por otra, dichos pesos se calcularán por aplicación de las proporciones determinadas durante un período estadístico cuyas modalidades están indicadas en el reglamento de ejecución.

Las administraciones interesadas podrán convenir en calcular los gastos terminales en sus relaciones recíprocas con métodos estadísticos diferentes. También podrán convenir la fijación de una periodicidad distinta de la prevista en el reglamento de ejecución para el período de estadística.

La administración deudora quedará exonerada del pago de los gastos terminales cuando el saldo anual no exceda de 326,70 DEG.

Toda administración estará autorizada a someter a consideración de una Comisión de Arbitros los resultados anuales que, en su opinión, difieran demasiado de la realidad. Este arbitraje se constituirá tal como está dispuesto en el artículo 127 del reglamento general.

Los árbitros tendrán derecho a fijar con arreglo a derecho el monto de los gastos terminales que se debe pagar.

Los gastos de tránsito estarán a cargo de la administración de origen de los despachos y serán pagaderos --bajo reserva del párrafo 3-- a las administraciones de los países atravesados, o cuyos servicios participen en el transporte territorial o marítimo de los despachos.

Cuando la administración del país atravesado no participe en el transporte territorial o marítimo de los despachos, los gastos de tránsito correspondientes serán pagaderos a la administración de destino, si esta última sufraga los gastos correspondientes a dicho tránsito.

Los gastos de transporte marítimo de los despachos en tránsito podrán pagarse directamente entre las administraciones postales de origen de los despachos y las compañías de navegación marítima o sus agentes, mediante el acuerdo previo de la administración postal del puerto de embarque en cuestión.

Podrán intercambiarse despachos cerrados entre las oficinas de correos de uno de los países miembros y los comandantes de las unidades militares puestas a disposición de la Organización de las Naciones Unidas y entre el comandante de una de estas unidades militares y el comandante de otra unidad militar puesta a disposición de la Organización de las Naciones Unidas, por medio de los servicios territoriales, marítimos o aéreos de otros países.

Podrá efectuarse asimismo un intercambio de despachos cerrados entre las oficinas de correos de uno de los países miembros y los comandantes de divisiones navales o aéreas o de barcos o aviones de guerra de este mismo país que se hallaren estacionados en el extranjero o entre el comandante de una de estas divisiones navales o aéreas o de uno de estos barcos o aviones de guerra y el comandante de otra división o de otro barco o avión de guerra del mismo país, por medio de los servicios territoriales, marítimos o aéreos de otros países.

Los envíos de correspondencia incluidos en los despachos mencionados en los párrafos 1 y 2 deberán estar exclusivamente dirigidos a o provenir de miembros de unidades militares o de los estados mayores y tripulaciones de los barcos o aviones destinatarios o expedidores de los despachos. La administración postal del país que ha puesto a disposición la unidad militar o a la cual pertenezcan los barcos o aviones determinará, de acuerdo con su reglamentación, las tarifas y las condiciones de envío que se les aplicarán.

Salvo acuerdo especial, la administración del país que ha puesto a disposición la unidad militar o del que dependan los barcos o aviones de guerra, deberá acreditar a las administraciones correspondientes los gastos de tránsito de los despachos calculados conforme al artículo 72, los gastos terminales calculados conforme al artículo 73 y los gastos de transporte aéreo calculados conforme al artículo 85.

Las administraciones estarán obligadas a encaminar por las comunicaciones aéreas que utilicen para el transporte de su propia correspondencia-avión, los envíos de esta clase que reciban de las demás administraciones.

Las administraciones de los países que no dispongan de un servicio aéreo encaminarán la correspondencia-avión por las vías más rápidas utilizadas por el correo; lo mismo ocurrirá si, por alguna razón, el encaminamiento por vía de superficie ofreciere ventajas sobre la utilización de las líneas aéreas.

Los despachos-avión cerrados deberán encaminarse por el vuelo solicitado por la administración del país de origen, siempre que este vuelo sea utilizado por la administración del país de tránsito para la transmisión de sus propios despachos. Si no fuere este el caso, o si el tiempo para el transbordo fuere insuficiente, se notificará a la administración del país de origen.

Cuando la administración del país de origen lo deseare, sus despachos serán transbordados directamente, en el aeropuerto de tránsito, entre dos compañías aéreas diferentes, siempre que las compañías aéreas interesadas acepten realizar el transbordo y que se informe previamente de ello a la administración del país de tránsito.

Los gastos de transporte para todo el recorrido aéreo estarán:

Estas mismas reglas se aplicarán a los despachos-avión y a la correspondencia-avión en tránsito al descubierto exentos de gastos de tránsito.

Los gastos de transporte para un mismo recorrido deberán ser uniformes para todas las administraciones que utilicen este recorrido.

Cada administración de destino que efectúe el transporte aéreo del correo internacional dentro de su país tendrá derecho al reembolso de los gastos suplementarios originados por dicho transporte, siempre que la distancia media ponderada de los recorridos efectuados sea superior a 300 kilómetros. Salvo acuerdo que establezca la gratuidad, los gastos deberán ser uniformes para todos los despachos-avión y los despachos prioritariosprovenientes del extranjero, ya sea que ese correo se reencamine o no por vía aérea.

Salvo acuerdo especial entre las administraciones interesadas, el artículo 72 se aplicará a la correspondencia avión para sus recorridos territoriales o marítimos eventuales; sin embargo, no corresponderá pago alguno por gastos de tránsito por:

La tasa básica que se aplicará en las liquidaciones de cuentas entre administraciones por concepto de transporte aéreo se fijará en 0,568 milésimo de DEG como máximo, por kilogramo de peso bruto y por kilómetro; esa tasa se aplicará proporcionalmente a las fracciones de kilogramo.

Los gastos de transporte aéreo relativos a los despachos-avión se calcularán de acuerdo con la tasa básica efectiva (inferior o, a lo sumo, igual a la tasa básica fijada en el párrafo 1) y las distancias kilométricas mencionadas en la "Lista de Distancias Aeropostales", por una parte y, por la otra, según el peso bruto de estos despachos; dado el caso, no se tendrá en cuenta el peso de las sacas colectoras.

Los gastos adeudados por concepto de transporte aéreo dentro del país de destino se fijarán, si correspondiere, en forma de precio unitario. Este precio unitario incluirá todos los gastos de transporte aéreo dentro del país, sea cual fuere el aeropuerto de llegada de los despachos, con exclusión de los gastos de transporte correspondientes por vía de superficie. Se calculará sobre la base de las tasas efectivamente pagadas por el transporte del correo dentro del país de destino, pero sin sobrepasar la tasa máxima establecida en el párrafo 1, y según la distancia media ponderada de los recorridos efectuados por el correo internacional en la red interna. La Oficina Internacional calculará la distancia media ponderada en función del peso bruto de todos los despachos-avión que lleguen al país de destino, inclusive el correo que no sea reencaminado por vía aérea dentro de ese país.

Los gastos adeudados por concepto de transporte aéreo, entre dos aeropuertos de un mismo país, de los despachos-avión en tránsito podrán también fijarse en forma de precio unitario. Dicho precio se calculará sobre la base de la tasa efectivamente pagada por el transporte aéreo del correo dentro del país de tránsito, pero sin sobrepasar la tasa máxima establecida en el párrafo 1, y según la distancia media ponderada de los recorridos afectados por el correo internacional en la red aérea interna del país de tránsito. La distancia media ponderada se determinará en función del peso bruto de todos los despachos-avión en tránsito por el país intermediario.

El monto de los gastos mencionados en los párrafos 3 y 4 no podrá exceder en conjunto de los que debieran pagarse realmente por el transporte.

Los precios para el transporte aéreo interno e internacional, obtenidos por la multiplicación de la tasa básica efectiva por la distancia y que sirven para calcular los gastos indicados en los párrafos 2, 3 y 4, se redondearán al décimo superior cuando la cantidad formada por la cifra de centésimos y la de milésimos fuere igual o superior a 50; se redondearán al décimo inferior en el caso contrario.

Los gastos de transporte aéreo relativos a la correspondencia-avión en tránsito al descubierto se calcularán, en principio, según lo indicado en e artículo 85, párrafo 2, pero de acuerdo con el peso neto de esta correspondencia. Se fijarán sobre la base de cierto número de tarifas medias, las que no podrán exceder de diez y cada una de las cuales, relativa a un grupo de países de destino, estará determinada en función del tonelaje del correo descargado en los diversos destinos de ese grupo. El monto de esos gastos que no podrá exceder de los que deberán pagarse por el transporte, se aumentará en un 5 por ciento.

La cuenta de los gastos de transporte aéreo de la correspondencia-avión en tránsito al descubierto se efectuará, en principio, de acuerdo con los datos de estados estadísticos formulados anualmente, de conformidad con las disposiciones del artículo 214, párrafo 1.

La cuenta se efectuará sobre la base del peso real cuando se trate de correspondencia mal encaminada, depositada a bordo de los barcos o transmitida con frecuencia irregular o en cantidades demasiado variables. Sin embargo, esta cuenta sólo se formulará si la administración intermediaria solicitare ser remunerada por el transporte de esa correspondencia.

Salvo las excepciones indicadas en los párrafos 2 y 4, los gastos de transporte aéreo relativos a los despachos-avión se pagarán a la administración del país del cual depende el servicio aéreo utilizado.

Por derogación del párrafo 1:

Los gastos relativos al transporte aéreo de la correspondencia-avión en tránsito al descubierto se pagarán a la administración que efectúe el reencaminamiento de esta correspondencia.

Salvo si se hubieren tomado otras disposiciones, los gastos de transporte de la correspondencia-avión transbordada directamente entre dos compañías aéreas diferentes de conformidad con el artículo 83, párrafo 4, serán liquidados por la administración de origen, ya sea directamente al primer transportista, que se encargará entonces de remunerar al transportista siguiente, o directamente a cada transportista que intervenga en el transbordo.

La administración de origen de un despacho desviado durante el transporte deberá pagar los gastos de transporte de este despacho relativos a los recorridos realmente seguidos.

Liquidará los gastos de transporte hasta el aeropuerto de descarga inicialmente previsto en la factura de entrega cuando:

Los gastos suplementarios resultantes de los recorridos realmente seguidos por el despacho desviado se reembolsarán en las condiciones siguientes:

Se aplicarán por analogía los párrafos 1 a 3 cuando solamente una parte de un despacho se desembarque en un aeropuerto distinto del indicado en la factura AV 7.

La administración de origen de un despacho o de una saca mal encaminado a raíz de un error en el rotulado deberá pagar los gastos de transporte relativos a todo el recorrido aéreo, conforme al artículo 84, párrafo 1, letra a).

Las administraciones tendrán la facultad de expedir por avión con prioridad reducida los despachos de correo de superficie, bajo reserva de la aprobación de las administraciones que reciben estos despachos en los aeropuertos de su país.

Cuando los despachos de superficie provenientes de una administración sean reencaminados por avión por otra administración, las condiciones de dicho reencaminamiento serán objeto de un acuerdo particular entre las administraciones interesadas.

Los despachos de superficie transportados por avión podrán ser transbordados directamente entre dos compañías aéreas diferentes en las condiciones dispuestas en el artículo 83, párrafo 4.

El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios postales por medios físicos. Consiste en recolectar, transmitir y distribuir correspondencia, documentos o mercadería en plazos muy cortos.

Dicho servicio se identifica, en la medida de lo posible, con el logotipo que figura a continuación, compuesto por los elementos siguientes:

Las tasas del servicio serán fijadas por la administración de origen teniendo en cuenta los costes y las exigencias del mercado.

Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al congreso y relativas al presente convenio y a su reglamento deberán ser aprobadas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes. Por lo menos la mitad de los países miembros representados en el congreso deberán estar presentes en la votación.

Para que tengan validez, las proposiciones relativas al reglamento de Ejecución del convenio que hubieren sido remitidas por el congreso al Consejo Ejecutivo para su decisión o que fueren presentadas entre dos congresos deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo.

Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre dos congresos y relativas al presente Convenio deberán reunir:

El artículo 5 no se aplicará a Australia, a Bahrein, a Barbados, a Belice, a Botswana, a Brunei Darussalam, a Canadá, a Domínica, a Egipto, a las Fijí, a Gambia, a Ghana, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los Territorios de Ultramar dependientes del Reino Unido, a Granada, a Guyana, a Irlanda, a Jamaica, a Kenya, a Kiribati, a Kuwait, a Lesotho, a Malasia, a Malawi, a Mauricio, a Nauru, a Nigeria, a Nueva Zelanda, a Papúa-Nueva Guinea, a Salomón (islas), a Samoa Occidental, a San Cristóbal y Nieves, a San Vicente y Granadinas, a Santa Lucía, a Seychelles, a Sierra Leona, a Singapur, a Swazilandia, a Tanzania (Rep. Unida), a Trinidad y Tobago, a Tuvalu, a Uganda, a Vanuatu, a Yemen (Rep. Arabe), a Zambia y a Zimbabwe.

Este artículo tampoco se aplicará a Dinamarca cuya legislación no permite la devolución o la modificación de dirección de los envíos de correspondencia a petición del expedidor, una vez que el destinatario ha sido informado de la llegada del envío a él dirigido.

Por derogación del artículo 18, las administraciones postales de San Vicente y Granadinas, y Turquía, que no conceden en su servicio interno franquicia postal a los cecogramas, tendrán la facultad de cobrar las tasas de franqueo y las tasas especiales indicadas en el artículo 18, que no podrán sin embargo ser superiores a las de su servicio interno.

Por derogación del artículo 18, las administraciones de Alemania (Rep. Fed. de), de los Estados Unidos de América, de Canadá, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Japón tendrán la facultad de cobrar las tasas especiales enumeradas en el artículo 26, párrafo 1, y la tasa de reembolso que son aplicadas a los cecogramas en su servicio interno.

Por derogación de los artículos 18 y 20 del convenio y del artículo 131, párrafo 2, del reglamento de Ejecución, las administraciones postales de Bielorrusia, India, Indonesia, Líbano, Nepal, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen (Rep. Arabe) y Zimbabwe admitirán las grabaciones sonoras como cecogramas sólo si son expedidas por un instituto de ciegos oficialmente reconocido o si están dirigidas a él.

Las administraciones de Canadá, de Estados Unidos de América, de Kenya, de Tanzania (Rep. Unida), y de Uganda no estarán obligadas a desaconsejar el empleo de sobres cuyo formato exceda de las dimensiones recomendadas, ya que esos sobres son muy utilizados en sus países.

La administración de India no estará obligada a desaconsejar el empleo de sobres cuyo formato sea superior o inferior a las dimensiones recomendadas, ya que dichos sobres son muy utilizados en su país.

La obligación de participar en el intercambio de pequeños paquetes que excedan del peso de 500 gramos no se aplicará a las administraciones de Australia, Cuba, Myanmar y Papúa-Nueva Guinea, que se encuentran en la imposibilidad de efectuar este intercambio.

La obligación de participar en el intercambio de pequeños paquetes que excedan del peso de 1 kilogramo no se aplicará a la administración de Italia, que se encuentra en la imposibilidad de efectuar ese intercambio.

El artículo 38 no se aplicará a Bahamas, a Bahrein, a Barbados, a Belice, a Botswana, a Brunei Darussalam, a Canadá, a Checoslovaquia, a Dominica, a las Fiji, a Gambia, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los Territorios de Ultramar dependientes del Reino Unido, a Granada, a Guyana, a Irak, a Irlanda, a Jamaica, a Kenya, a Kiribati, a Kuwait, a Lesotho, a Malasia, a Malawi, a Myanmar, a Nauru, a Nigeria, a Nueva Zelanda, a Papúa-Nueva Guinea, a la Rep. Pop. Dem. de Corea, a Salomón (Islas), a Samoa Occidental, a San Cristóbal y Nieves, a San Vicente y Granadinas, a Santa Lucía, a Seychelles, a Sierra Leona, a Singapur, a Swazilandia, a Tanzania (Rep. Unida), a Trinidad y Tobago, a Tuvalu, a Uganda, a Vanuatu y a Zambia, cuya legislación no permite la devolución o la modificación de dirección de los envíos de correspondencia a petición del expedidor.

El artículo 38 se aplicará a Australia en la medida en que sea compatible con la legislación interna de dicho país.

Las administraciones postales de Afganistán, Angola, Cuba, Djibouti, México y Paquistán no estarán obligadas a observar las disposiciones fijadas en la última frase del artículo 41, párrafo 8, según la cual "Esta información debe indicar de manera precisa la prohibición que se aplica al envío, así como los objetos que han dado lugar a la confiscación".

Las delegaciones de Afganistán, Angola, Bielorrusia, Bulgaria (Rep. Prop.), Cuba, Djibouti, Polonia (Rep. Pop.), Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudán, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Yemen (Rep. Dem. Pop.) reservan a las administraciones postales de sus países el derecho de suministrar informes sobre las razones de la confiscación de un envío postal solamente dentro de los límites de las informaciones provenientes de las autoridades aduaneras y según la legislación interna.

A título excepcional, la administración postal del Líbano no aceptará cartas certificadas que contengan monedas o papel moneda o cualquier otro valor al portador o cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas, alhajas y otros objetos de valor. No la obligarán de manera rigurosa las disposiciones del artículo 60, párrafo 1, del Convenio, en lo que se refiere a su responsabilidad en caso de expoliación o de avería ni tampoco en lo que se refiere a los envíos que contengan objetos de vidrio o frágiles.

A título excepcional, las administraciones postales de Bolivia, de la República Popular de China, de Irak y de Nepal no aceptarán las cartas certificadas que contengan monedas, billetes de banco, papel moneda u otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos.

Con referencia al artículo 41, las administraciones postales de Bangladesh y El Salvador no aceptarán las cartas con valor declarado que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

Con referencia al artículo 41, las administraciones postales de los países siguientes: Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria (Rep. Pop.), Centroafricana (Rep.), Colombia, Chile, El Salvador, Etiopía, Italia, Kampuchea Dem., Nepal, Panamá (Rep.), Perú, Rep. Dem. Alemana, Rep. Pop. Dem. de Corea, San Marino, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela no aceptarán las cartas ordinarias y certificadas que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

Con referencia al artículo 41, las administraciones postales de los países siguientes: Benín, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rep.), Djibouti, Malí, Mauritania, Níger, Omán, Senegal y Yemen (Rep. Arabe) no aceptarán las cartas ordinarias que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

No obstante los párrafos 1 a 3, se admitirán en todos los casos los envíos de sueros y vacunas, así como los envíos de medicamentos de urgente necesidad y de difícil obtención.

Con referencia al artículo 41, la administración postal de Nepal no aceptará las cartas certificadas o con valor declarado que contengan billetes o monedas, salvo acuerdo especial celebrado a dicho efecto.

Las administraciones postales de Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Colombia, Côte d'Ivoire(Rep.), Chile, Djibouti, India, Líbano, Madagascar, Mali, Mauritania, México, Nepal, Níger, Senegal, Togo y Turquía estarán autorizados a no aplicar el artículo 57 en lo referente a la responsabilidad en caso de expoliación o de avería parcial.

La administración postal del Brasil estará autorizada a no aplicar los artículos 57 y 60 en lo referente a la responsabilidad en caso de avería. Además, los artículos 57 y 60 no se aplicarán en caso de expoliación de los envíos depositados en desacuerdo con lo que se indica en el artículo XIII, párrafo 2, del presente protocolo final.

Por derogación del artículo 57, párrafo 1, la administración postal de la República Popular de China sólo responderá por la pérdida y por la expoliación total o la avería total del contenido de los envíos certificados.

Las administraciones postales de Bangladesh, de Bolivia, de Gabón, de Guinea, de Irak, de México, de Nepal y de Nigeria no estarán obligadas a cumplir con el artículo 66, párrafo 4, del Convenio, en lo que se refiere a dar una solución definitiva en un plazo de cinco meses, o comunicar a la administración de origen o de destino, según el caso, cuando un envío postal hubiere sido retenido, confiscado o destruido por la autoridad competente debido a su contenido, o incautado en virtud de su legislación interna.

Las administraciones postales de Djibouti, de Gabón, de Guinea, de Irak, de Líbano, de Madagascar y de Mauritania no estarán obligadas a observar el artículo 66, párrafo 4, del Convenio, en lo que se refiere a dar una solución definitiva a una reclamación en un plazo de cinco meses. Además, no aceptan que otra administración indemnice al derechohabiente por su cuenta, al expirar el plazo precitado.

La administración postal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estará autorizada a cobrar un suplemento de 0,65 DEG además de los gastos de tránsito mencionados en el artículo 72, párrafo 1, 1º Recorridos territoriales, por cada kilogramo de envíos de correspondencia transportado en tránsito por el Transiberiano.

Las administraciones postales de la República Arabe de Egipto y de la República Democrática de Sudán estarán autorizadas a cobrar un suplemento de 0,16 DEG sobre los gastos de tránsito mencionados en el artículo 72, párrafo 1, por cada saca de correspondencia en tránsito por el lago Nasser entre El Shallal (Egipto) y Wadi Halla (Sudán).

Podrán intercambiarse directamente o por intermedio de uno o de varios países, envíos denominados "encomiendas postales", cuyo peso unitario no podrá exceder de 20 kilogramos. Basándose en acuerdos bilaterales, las administraciones podrán intercambiar encomiendas postales que excedan de 20 kilogramos.

El intercambio de encomiendas postales que excedan de 10 kilogramos será facultativo. Los países que fijen un peso inferior a 20 kilogramos admitirán, sin embargo, las encomiendas que transiten en sacas o en otros envases cerrados de hasta 20 kilogramos de peso. Para las encomiendas de un peso superior a 20 kilogramos, será obligatorio el acuerdo de los países de tránsito.

Por derogación de los párrafos 1 y 2, las encomiendas postales relativas al servicio postal e indicadas en el artículo 17 podrán alcanzar el peso máximo de 30 kilogramos.

En el presente acuerdo, en su protocolo final y en su reglamento de ejecución, la abreviatura "encomienda" se aplicará a todas las encomiendas postales.

Cualquier país cuya administración postal no se encargue del transporte de encomiendas y que adhiera al acuerdo tendrá la facultad de hacer cumplir sus cláusulas por las empresas de transporte. Podrá, al mismo tiempo, limitar este servicio a las encomiendas procedentes de o con destino a localidades servidas por estas empresas.

La administración postal de ese país deberá ponerse de acuerdo con las empresas de transporte para asegurar la ejecución completa, por estas últimas, de todas las cláusulas del acuerdo, especialmente para organizar el servicio de intercambio. Servirá de intermediaria para todas sus relaciones con las administraciones de los otros países contratantes y con la Oficina Internacional.

La "encomienda ordinaria" es la que no está sujeta a ninguna de las formalidades especiales prescritas para las categorías que se definen en los párrafos 2 y 3.

Se denomina:

Se denomina, según la forma de encaminamiento o de entrega:

El intercambio de encomiendas "libres de tasas y derechos" y "contra reembolso" exigirá el acuerdo previo de las administraciones de origen y de destino. En cuanto a las encomiendas "con valor declarado", "frágiles", "embarazosas", "avión" y "por expreso", el intercambio podrá hacerse sobre la base de los informes que figuran en la Compilación de Encomiendas Postales publicada por la Oficina Internacional.

Las encomiendas definidas en el artículo 4 se ajustarán a las siguientes fracciones de peso:

Los países que, a causa de su régimen interno, no puedan adoptar el sistema de peso métrico decimal, tendrán la facultad de sustituir las fracciones de peso indicadas en el párrafo 1 por los equivalentes siguientes (en libras avoirdupois):

Las administraciones de destino deberán fijar un plazo para el tratamiento de las encomiendas postales aéreas con destino a su país. Dicho plazo, más el tiempo normalmente necesario para el trámite aduanero, no deberá ser menos favorable que el aplicado a los envíos comparables de su servicio interno.

Las administraciones de destino deberán fijar asimismo, en la medida de lo posible, un plazo para el tratamiento de las encomiendas de superficie con destino a su país.

Las administraciones de origen deberán fijar objetivos en materia de calidad para las encomiendas-avión y las encomiendas de superficie con destino al extranjero, tomando como punto de referencia los plazos fijados por las administraciones de destino.

Las tasas y los derechos que las administraciones estarán autorizadas a cobrar a los expedidores y a los destinatarios de las encomiendas postales estarán constituidos por las tasas principales definidas en el artículo 8, y dado el caso por:

Excepto los casos previstos por el presente acuerdo, las tasas serán conservadas por la administración que las hubiere cobrado.

Las administraciones establecerán las tasas principales que cobrarán a los expedidores.

Las tasas principales deberán guardar relación con las cuotas-parte y, por regla general, su producto no deberá exceder en conjunto de las cuotas-parte que las administraciones están autorizadas a reclamar y que se determinan en los artículos 47 a 51.

Las administraciones establecerán las sobretasas aéreas que cobrarán por el encaminamiento de encomiendas por vía aérea. Para la fijación de las sobretasas tendrán la facultad de adoptar escalones de peso inferiores a la primera fracción de peso.

Las sobretasas deberán guardar relación con los gastos de transporte aéreo y, por regla general, su producto no deberá exceder, en conjunto, de los gastos de dicho transporte.

Las sobretasas deberán ser uniformes para todo el territorio de un mismo país de destino, cualquiera sea el encaminamiento utilizado.

Las encomiendas por expreso estarán sujetas al pago de una tasa suplementaria llamada "tasa de expreso" cuyo importe se fijará en 1,63 DEG como máximo o en el monto de la tasa aplicable en el servicio interno, si fuere más elevada. Esta tasa deberá ser pagada completamente y por adelantado en el momento del depósito, aun si la encomienda no pudiere ser distribuida por expreso, entregándose solamente el aviso de llegada.

Cuando la entrega por expreso originare dificultades especiales a la administración de destino en lo que respecta a la situación del domicilio del destinatario, o al día u hora de llegada a la oficina de destino, la entrega de la encomienda y el cobro eventual de una tasa complementaria se regirán por las disposiciones relativas a las encomiendas de la misma clase del régimen interno. Esta tasa complementaria se exigirá aun cuando la encomienda fuere devuelta al expedidor o reexpedida; sin embargo, en estos casos, el monto de la tasa no podrá exceder de 1,63 DEG.

Si la reglamentación de la administración de destino lo permitiere, los destinatarios podrán solicitar a la oficina de distribución, bajo reserva de lo que está previsto en el párrafo 1, que las encomiendas que les están destinadas sean entregadas por expreso en cuanto lleguen. En este caso, la administración de destino estará autorizada a cobrar, en el momento de la distribución, una tasa de 1,63 DEG como máximo o la tasa del servicio interno si fuere más elevada.

Las encomiendas libres de tasas y derechos estarán sujetas al pago de una tasa denominada "tasa de franquicia en la entrega", cuyo importe se fija en 0,98 DEG por encomienda como máximo. Dicha tasa será cobrada por la administración de origen, la cual la conservará como remuneración por los servicios prestados en el país de origen.

Cuando la franquicia en la entrega fuere solicitada con posterioridad al depósito de la encomienda, se cobrará al expedidor, en el momento de presentar la petición, una tasa adicional por petición de franquicia en la entrega. Esa tasa, cuyo importe se fija en 1,31 DEG como máximo, será cobrada por la administración de origen. Si la petición hubiere de transmitirse por vía telegráfica o por cualquier otro medio de telecomunicación apropiado, el expedidor también deberá pagar la tasa correspondiente.

La administración de destino estará autorizada a cobrar una tasa de comisión de 0,98 DEG por encomienda como máximo. Esta tasa es independiente de la tasa de presentación a la aduana mencionada en el artículo 15, letra c). Será cobrada al expedidor en provecho de la administración de destino.

Las encomiendas con valor declarado darán lugar a que se cobren al expedidor y por anticipado las siguientes tasas:

Estará autorizado, además, el cobro por las administraciones que aceptaren cubrir los riesgos derivados del caso de fuerza mayor, de una "tasa por riesgo de fuerza mayor", que se fijará de tal modo que la suma total constituida por esta tasa y la tasa normal de seguro no exceda del máximo determinado en el párrafo 1, letra c).

Las administraciones podrán cobrar, además, a los expedidores o a los destinatarios las tasas especiales fijadas por su legislación interna por las medidas excepcionales de seguridad tomadas con respecto a las encomiendas con valor declarado.