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CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

Rango Ley

Publicación 2014-12-10

Última actualización 2019-01-07

Estado Vigente

Departamento HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fuente InfoLEG

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El control estará a cargo de la oficina judicial y la sustanciación se realizará en audiencia.

TÍTULO III

INHABILITACIÓN

ARTÍCULO 384.- Ejecución. Si la sentencia de condena impusiera pena de

inhabilitación, el juez con funciones de ejecución practicará el

cómputo y, por intermedio de la oficina judicial, ordenará las

inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan.

Los planteos que se suscitaran relativos a su cumplimiento y el trámite

de la rehabilitación se regirán por lo dispuesto en el Título II del

presente Libro.

TÍTULO IV

EJECUCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 385.- Ejecución civil. La ejecución de las condenas civiles

dispuestas en la sentencia se regirá por las normas del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación.

TÍTULO V

COSTAS E INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 386.- Imposición. Toda decisión que ponga término al

procedimiento se pronunciará sobre el pago de las costas procesales.

Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que los jueces hallen razón suficiente para eximirla total o parcialmente.

Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los Defensores sólo

podrán ser condenados en costas en los casos de temeridad, malicia o

culpa grave.

Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación. ARTÍCULO 387.- Contenido. Las costas

comprenderán:

a. La tasa de justicia;

b. Los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos;

c. Los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación del proceso.

ARTÍCULO 388.- Condena. Las costas serán impuestas al acusado si fuera

condenado. El precepto no regirá para la ejecución penal ni para las

medidas cautelares.

Si en una sola sentencia se pronunciaran absoluciones y condenas, los

jueces establecerán el porcentaje que corresponda a cada uno de los

responsables.

Los condenados por un mismo hecho responderán solidariamente por las costas.

ARTÍCULO 389.-Absolución y archivo. Si la sentencia fuera absolutoria

por haberse demostrado la inocencia del imputado, las costas serán

soportadas por el Estado y el querellante, en la proporción que fije el

juez.

Cuando la persecución penal no pudiera proseguir, originando el archivo

del procedimiento, cada parte soportará sus propias costas.

ARTÍCULO 390.- Acción privada. En el procedimiento por delito de acción

privada los jueces decidirán sobre las costas de conformidad a lo

previsto en este Título, salvo acuerdo de las partes.

ARTÍCULO 391.- Regulación, liquidación y ejecución. El director o jefe

de la oficina judicial practicará la liquidación de los gastos y tasas

judiciales.

Se podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de CINCO (5) días, ante el juez que se sortee a tal efecto.

Los honorarios de los profesionales serán fijados por los jueces dentro

de los TRES (3) días posteriores a la lectura de la sentencia o

decisión.

La liquidación podrá ser revisada por el juez que reguló honorarios.

ARTÍCULO 392.- Remuneración. Los honorarios y demás gastos derivados de

la intervención de los peritos corresponderán a la parte que los

presentare.

Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte, total o

parcialmente, del pago de la remuneración del perito, si se demostrase

que ella no cuenta con los medios suficientes para solventarlo o si,

tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiera

producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En

este último caso, el juez regulará prudencialmente la remuneración del

perito, tomando en cuenta los honorarios de referencia del respectivo

colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la plaza. El

Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin perjuicio de lo que se

dispone en las reglas generales sobre distribución de costas.

ARTÍCULO 393.- Determinación de honorarios. Para la determinación de

los honorarios se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso,

las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en

general, todos l os trabajos efectuados a favor del cliente y el

resultado obtenido, conforme lo dispongan las leyes específicas que

regulen la materia.

Los honorarios de los demás intervinientes en el proceso se determinarán según las leyes respectivas.

ARTÍCULO 394.- Revisión. Si a causa de la revisión del procedimiento,

el condenado fuera absuelto o se le impusiera una pena menor, será

indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o

inhabilitación sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso.

El precepto regirá, análogamente, para el caso en que la revisión

tuviera por objeto una medida de seguridad. La multa o su exceso será

devuelta.

La revisión por aplicación de una ley más benigna o amnistía, no habilitará la indemnización aquí regulada.

ARTÍCULO 395.- Determinación. Toda persona tiene derecho a ser

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en

sentencia firme por error judicial.

En caso de ser obligado a reparar, el Estado repetirá contra algún otro obligado.

Serán solidariamente responsables quienes hayan contribuido dolosamente

o por culpa grave al error j udicial. La solidaridad alcanzará total o

parcialmente al denunciante o al querellante que haya falseado los

hechos o litigado con temeridad.

LIBRO QUINTO

ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

ARTÍCULO 396.- Atribuciones y deberes. Cuando se tratare de delitos

cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior de

establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad

superior militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y

tendrá las facultades y obligaciones previstas en los incisos c), e),

f), g), j) y k) del artículo 96 y del párrafo 4° del artículo 136,

hasta que se haga presente en el lugar la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 397.- Actos de las Fuerzas Armadas en tiempo de conflicto

armado y zona de combate. La autoridad militar en zona de combate podrá

detener al infractor del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido

en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o partícipe de la

infracción, y lo remitirá de inmediato a disposición del fiscal

competente.

Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en condiciones de

seguridad antes de los CINCO (5) días corridos a partir de la

detención, el comandante de la zona convocará a un fiscal que se

hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.

A este efecto, el comandante preferirá un fiscal federal o nacional y,

a falta de éstos, un fiscal provincial. Preferirá también un fiscal con

alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que

se halle en la misma aunque fuere circunstancialmente.

ANEXO II

Artículo 1°- Iníciase en el ámbito de la Procuración General de la

Nación y la Defensoría General de la Nación, un Programa de

Capacitación dedicado a la formación de empleados y funcionarios que

integran ambos organismos, para la correcta implementación del Código

Procesal Penal Federal que integra el Anexo I de la presente ley. (Denominación del Código sustituida por art. 2° de laLey N° 27.482B.O. 7/1/2019)

La capacitación deberá integrar los lineamientos del nuevo Código

Procesal Penal de la Nación y de litigio en sistemas adversariales, de

conformidad con las necesidades de cada organismo.