LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 33 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 33: Son causales para imponer la exoneración:

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a

partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se

dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial,

en su caso.

La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.

Artículo 61.- Sustitúyese el artículo 37 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 37: Los plazos de prescripción para la aplicación de las

sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la

reglamentación, se computarán de la siguiente forma:

En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.

Artículo 62.- Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 24.185 el siguiente:

Artículo 16 bis: El ejercicio regular del derecho a huelga no dará

causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la

remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.

TÍTULO III

Contratos y acuerdos transaccionales

CAPÍTULO I

Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales

Artículo 63.- Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, previa

intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura

General de la Nación conforme lo establezca la reglamentación, a

disponer por razones de emergencia, las que a los efectos de esta ley

constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el

artículo 54 de la ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o

rescisión de los contratos: (i) de obra pública, de concesión de obra

pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus

contratos anexos y asociados; (ii) cuyos montos superen los diez

millones (10.000.000) de módulos establecidos en el artículo 28 del

decreto 1030/2016 o el que en el futuro lo reemplace; y (iii) hayan

sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados,

cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante.

La facultad a la que se refiere el primer párrafo sólo podrá ser

ejercida, previo informe de transparencia y siempre que ello resulte

financiera o económicamente más conveniente para el interés público.

Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los

contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización

autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se hayan suscripto en el

marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a

las inversiones o a la producción.

Artículo 64.- A los fines de lo establecido en el artículo 63, se

entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el

interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra

pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por

ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten

con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que

dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará

previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el

que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la

materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la

publicación de la presente ley.

Artículo 65.- En toda controversia o reclamo administrativo, judicial

y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o

entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos

incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que

existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder

Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos

transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos

y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el

acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los

intereses del Estado nacional.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la

celebración de los acuerdos transaccionales en los que será obligatorio

contar con dictámenes favorables previos de la Procuración del Tesoro

de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, quienes a su vez

podrán requerir los informes técnicos que estimen convenientes a

cualquier órgano o entidad del sector público nacional y a

instituciones idóneas y representativas en la materia a fin de que el

Estado cuente con un rango de monto admisible para proceder a la

transacción.

Capítulo II

Concesiones

Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional podrá otorgar concesiones de

obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo

fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para

la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras

públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro

de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos

que fija la presente ley.

Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la

constitución de una sociedad de propósito específico que deberá

constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones

previstos en la Ley General de Sociedades.

Podrán otorgarse concesiones de obras, infraestructuras públicas y

servicios públicos para la explotación, administración, reparación,

ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la

finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de

otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza

con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba

realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación

económico-financiera de cada emprendimiento.

La tarifa, peaje y/o remuneración compensará la ejecución,

modificación, ampliación y/o los servicios de administración,

reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la

ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva.

A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la

presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades

y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades

que estime convenientes.

Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 4°: Las concesiones de obras, infraestructuras públicas y

servicios públicos se otorgarán mediante el procedimiento de licitación

pública nacional o internacional.

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas

privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras,

infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados

de interés público, conforme a los criterios y procedimientos

establecidos en la reglamentación.

Toda persona podrá presentar ante el Poder Ejecutivo iniciativas

privadas para la ejecución de obras, infraestructuras públicas y

servicios públicos mediante el sistema de concesión. En todos los casos

el financiamiento deberá ser privado.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los

requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y

obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas

competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios

convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público.

La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público

objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente

conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las

bases de la licitación o concurso.

En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de

construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra

pública en todo lo que sea pertinente.

Artículo 68.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 7°: El contrato de concesión deberá definir: el objeto de la

concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º

de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir

para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; las garantías

a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si

la hubiere; el procedimiento de control contable y/o económico

financiero y de fiscalización de los trabajos técnicos; las

obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las

bases de valuación para el caso de rescisión.

La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se

adjudiquen las concesiones de obra pública deberá contemplar los

siguientes aspectos:

asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, sus

procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el destino de las

sanciones de índole pecuniaria;

podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, del Estado y/o

de terceros, así como también, los procedimientos de revisión del

precio del contrato con el fin de preservar su ecuación

económico-financiera;

los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de

financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;

unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la

ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite máximo, en más o en

menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,

compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio

económico-financiero original del contrato y las posibilidades y

condiciones de financiamiento;

vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes,

razones de interés público u otras causales con indicación del

procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de

extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En

el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no

será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que

establezca una limitación de responsabilidad, en especial las

contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el

decreto 1023/01 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del

contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada

por el tribunal judicial competente;

siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya

transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original

del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra.

Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad

contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que

ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de

las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario cedente.

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión se deberá obtener la

aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y

avalistas, y la autorización de la administración. Toda cesión que se

concrete conforme con los recaudos antes referidos en este inciso

producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación

originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se

disponga una solución distinta.

Artículo 69.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° bis: A lo largo del plazo de vigencia de los contratos de

concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos la

administración deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la

ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su

perfeccionamiento.

Generada una distorsión de dicho equilibrio por causas no imputables a

ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el

contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su

extinción de común acuerdo, conforme al plazo que será establecido en

la reglamentación o en la documentación licitatoria. De no arribarse a

un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración

de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral

respectivo. En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación

determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de

extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos

y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de

alguna de las partes.

Los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación

económico-financiera por medio de la explicitación del Valor Actual

Neto (VAN) y/o la Tasa Interna de Retorno (TIR), conforme a los

parámetros que deberán establecerse en la documentación licitatoria.

La documentación licitatoria y contractual establecerá los mecanismos

de recomposición del equilibrio económico-financiero del contrato.

En aquellos supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la

administración que resulten determinantes de la ruptura sustancial de

la economía del contrato de concesión, podrá prorrogarse el plazo de la

concesión por hasta igual término al de su duración inicial. En los

casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos

acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera de manera

absoluta la realización de la obra o la continuidad de su explotación.

Artículo 70.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° ter: La extinción del contrato por razones de interés

público se regirá únicamente por las disposiciones del presente

artículo y no será de aplicación directa, supletoria ni analógica

ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en

especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y

26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias.

La decisión de la autoridad concedente que disponga la extinción del

contrato de concesión por razones de interés público, a efectos de

encontrarse adecuadamente fundada deberá:

razones que sustentan una evaluación distinta del interés público

comprometido en el contrato de concesión;

concesionario, en el caso que no haya mediado previo acuerdo de las

partes, a la consideración del panel técnico y/o al tribunal arbitral

actuantes en el marco del contrato, en los supuestos que el contrato de

concesión no contemple fórmulas u otros mecanismos para su

determinación. A dicho efecto, podrá utilizarse como parámetro objetivo

de ponderación las inversiones no amortizadas;

concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que

materialicen la extinción del contrato por razones de interés público o

la toma de posesión de la obra o infraestructura por el concedente.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 12: Todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.

Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan

entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán

ser sometidas a consideración de un panel técnico o tribunal arbitral a

solicitud de cualquiera de ellas.

Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales

independientes e imparciales, en todos los casos de acreditada

idoneidad y trayectoria en la materia. Estos órganos tendrán

competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de

índole técnica, de interpretación del contrato y económica o

patrimonial que pudieran suscitarse durante su ejecución o extinción,

aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación

de los conflictos que resulten compatibles con los tiempos de ejecución

de los contratos.

En el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de

jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será

aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional

e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 72.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 12 bis: No serán de aplicación directa, supletoria ni analógica a las contrataciones sujetas a la presente ley:

El pago del precio del contrato y/o la remuneración del concesionario

constituyen una obligación de dar dinero si el deudor debe cierta

cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de

constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El

Estado nacional sólo se liberará si el concesionario percibe las

cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden

modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.

Artículo 73.- El Poder Ejecutivo nacional podrá, previa intervención de

la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de

la Nación, renegociar, por razones de emergencia, la reconducción de

los contratos de obra pública y servicios de consultoría de obra

pública celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley que

se encuentren en estado de paralización, a los efectos de posibilitar

el aporte de financiamiento privado tendiente al reinicio y

finalización de las obras comprometidas.

La reglamentación establecerá las condiciones, requisitos y

procedimientos aplicables, los que deberán garantizar la transparencia,

eficiencia y eficacia de la reconducción.

Artículo 74.- Deróguense los artículos 8° y 11 de la ley 17.520.

Artículo 75.- La autoridad de aplicación de la ley 17.520 será definida por el Poder Ejecutivo nacional.

TÍTULO IV

Promoción del empleo registrado

Artículo 76.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones

laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la

fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá

comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales

deficientemente registradas.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que

producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el

artículo precedente.

Esos efectos podrán comprender:

condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier

naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las

leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus

modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley

24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la

seguridad social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y

sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o

incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o

constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y

cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se

encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;

origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a

los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.

(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.

(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.

(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.

(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.

(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.

(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán

de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por

ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos

para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales

para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 78.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista

en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60)

meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que

se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al

salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años

de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la

obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de

prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y

sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los

fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la

prestación adicional por permanencia.

Artículo 79.- La regularización de las relaciones laborales deberá

efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde

la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente

título de la ley.

Artículo 80.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se

encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso

administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley

en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane

incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y

derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y

gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o

parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa,

contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

Artículo 81.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las

instituciones de la seguridad social, con facultades propias o

delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio,

determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas

causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a

los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes

impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales

regularizadas en el marco de este título.

TÍTULO V

Modernización laboral

Capítulo I

Modificaciones a la ley 24.013

Artículo 82.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se

encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las

formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y

diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema

de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12)

trabajadores inclusive.

Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único

para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales

legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad

recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de

la relación a los destinatarios correspondientes.

Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo

7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por

cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.

Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración

laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio

electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o

ante las autoridades administrativas del trabajo locales.

El sistema deberá expedir la constancia pertinente.

Artículo 85.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que

determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la

autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad

recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y

consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la

determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el

reconocimiento de los años de servicio trabajado.

Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara

enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda

que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya

ingresados conforme al régimen del cual se trate.

Artículo 86.- Sustitúyese el Registro del Capítulo 2 del Título II de la ley 24.013 por el siguiente:

Del Sistema Único de Registro

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:

Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios

familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el

trabajador;

Capítulo II

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°: Ámbito de aplicación.

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus

disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la

actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se

halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto

que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las

convenciones colectivas de trabajo;

disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que

resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias

del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente;

la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte

compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del

Régimen de Trabajo Agrario;

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de

un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las

relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación

cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios

profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas

correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice

conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación

correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los

efectos, inclusive a la seguridad social.

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad.

Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que

registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados

con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras

empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las

obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los

trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas

devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo

indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis

(6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán

ampliar dicho período de prueba:

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso

sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la

extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una

vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de

pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la

efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas

en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En

especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que

contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto

de trabajo de naturaleza permanente.

(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la

relación laboral, con las excepciones que se establecen en este

artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los

derechos sindicales.

(iv) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones

a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las

prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por

accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta

la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el

contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de

lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de

la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al

período de prueba.

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores

contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a

solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o

intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo

que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su

empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones,

indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de

la relación laboral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y

sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin

preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios,

los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con

motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores

contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas

deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en

las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa

(90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la

Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin

de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social

establecida en el presente artículo.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda

prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante

los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y

cinco (45) días después del mismo.

Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la

licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a

diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al

período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento

pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia

que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los

noventa (90) días.

La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su

embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que

conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el

empleador.

La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará

de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social,

que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la

retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de

conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las

reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el

derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de

derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la

notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a

consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos

aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los

beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242: Justa causa.

Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso

de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes

del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan

la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo

en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un

contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las

modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de

extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos

o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones,

mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las

retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de

la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o

cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna

inoficiosa la intimación.

Artículo 95.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por

un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de

discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión,

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género,

orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o

discapacidad.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y

en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio

del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada

especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento

(50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o.

1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del

régimen especial aplicable al caso.

Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta

indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros

referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente

artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que

establezca agravamientos indemnizatorios.

El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.

Capítulo III

Fondo de cese

Artículo 96.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán

sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744

por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que

disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por

contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la

indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que

libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación

por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.

En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.

Capítulo IV

De los trabajadores independientes con colaboradores

Artículo 97.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros

tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un

emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial

unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo

de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los

servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente

como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una

cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al

Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de

Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y

requisitos que establezca la reglamentación.

Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.

El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la

relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se

encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral

que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello

de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

Capítulo V

Trabajo agrario

Artículo 98.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727 por los siguientes:

Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación

continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con

carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos

previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo

dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus

modificatorias.

Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será

de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el

artículo 92 bis de la ley 20.744.

Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las

asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán

proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la

realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la

presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la

Comisión de Trabajo Agrario.

El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.

Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la

libertad de contratación y elección del personal por parte del

empleador.

Capítulo VI

Derogaciones

Artículo 99.- Deróganse los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la

ley 24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de

la ley 25.345; el artículo 15 de la ley 26.727 y el artículo 50 de la

ley 26.844.

Artículo 100.- Derógase la ley 25.323 y toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente título.

TÍTULO VI

Energía

Capítulo I

Hidrocarburos. Modificaciones a la ley 17.319

Artículo 101.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, procesamiento,

transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los

hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas

o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las

reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional

con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo

como objetivos principales, además de los dispuestos por el artículo 3°

de la ley 26.741, maximizar la renta obtenida de la explotación de los

recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.

Artículo 103.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según

corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de

explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y

habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y

en las condiciones que determina esta ley.

Artículo 104.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 5º: Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones,

sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes,

constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia

financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas

inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta

los riesgos propios de la actividad minera.

Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio

sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán

transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus

derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder

Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de

comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades

indicadas en el párrafo anterior.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores

podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la

no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este

derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo

nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los

requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente

probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía

sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en

su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada

en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del

suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá

realizar objeción alguna.

Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El

Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y

exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el

cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido

en el artículo 6º.

Artículo 107.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 12: El Estado nacional y las provincias tienen derecho a

percibir una participación en el producido de la explotación de

yacimientos de hidrocarburos de su dominio por empresas estatales,

privadas o mixtas, con arreglo a los artículos 59, 61 y 93.

Artículo 108.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 14: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer

reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el

territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con

excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o

concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo

nacional o provincial, según corresponda, prohíba expresamente tal

actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a

las actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra

el Estado nacional o provincial de sumas invertidas en dicho

reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización

previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño

que le ocasionen.

Artículo 109.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los

trabajos con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en

sus artículos 32 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales

labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de

transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se

requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y

las demás disposiciones que sean aplicables.

Artículo 110.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 21: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá

efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de

incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la

correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá

disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos

exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el

artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del

yacimiento.

Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán

sometidos al pago de la regalía comprometida en el proceso de

adjudicación, con la excepción prevista en el artículo 63.

Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por Explotación No Convencional de

Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos

mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en

yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o

pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands,

tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o

caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja

permeabilidad.

El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá

requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no

convencional. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un

plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos

aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento

descubierto, siendo dicha solicitud el objeto de la concesión a

otorgar; y sólo podrá ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2028.

Vencido dicho plazo, no se admitirán otras solicitudes de reconversión.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda,

decidirá en el plazo de sesenta (60) días. Aprobada la solicitud de

reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez

de treinta y cinco (35) años computados desde la fecha de la solicitud.

Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional

de Hidrocarburos deberá tener como objetivo la Explotación No

Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma

podrá desarrollar actividades complementarias de explotación

convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el

artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de

Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de

explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la

unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no

convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad

geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el

desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente y aplicará

a la zona unificada pagos al Estado nacional o provincial, según

corresponda, que correspondan al área que los prevea en mayor cantidad

y el plazo de la concesión que sea menor.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no

afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de

Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones

existentes al momento de su concesión, conforme lo dispuesto en el

último párrafo del artículo 35 de la presente ley, debiendo la

autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión

resultante de la subdivisión.

Artículo 112.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 28: El titular de una concesión de explotación tendrá derecho

a una autorización de transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo

determinado en la Sección 4ª del presente título.

Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según

corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las

personas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17

cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22 de la

presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá

además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas cuyas

concesiones hayan vencido, o las que por cualquier motivo hayan quedado

sin concesionario, a quienes reúnan los requisitos y observen los

procedimientos especificados por la Sección 5ª del presente título.

Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en la presente

ley. Esta modalidad de concesión no implica garantizar la existencia en

tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo

otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos

de acuerdo con los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis

de la presente ley.

Artículo 114.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 31: Todo concesionario de explotación está obligado a

efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean

necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de

toda área abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y

eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y

magnitud de las reservas comprobadas.

Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 35: De acuerdo con la siguiente clasificación, las concesiones

de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las

cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con

más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23 de la

presente ley:

En nuevas concesiones el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según

corresponda, al momento de definir los pliegos de bases y condiciones

conforme artículo 47 podrá determinar otros plazos de hasta diez (10)

años como máximo de los plazos previstos en los incisos a), b) y c) del

presente artículo, de manera fundada y motivada que justifique el

apartamiento de los mismos. En ningún caso, los plazos podrán ser

fijados a perpetuidad.

Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan

sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y

Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, continuarán

rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el

marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley.

Artículo 116.- Sustitúyese la denominación de la Sección 4ª de la ley 17.319 por la siguiente:

Sección 4ª

Autorizaciones de transporte y habilitaciones de procesamiento y de almacenamiento subterráneo.

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 39: Las autorizaciones de transporte confieren el derecho de

transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran

instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto

oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o

compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de

aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el

buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y

normas técnicas vigentes.

Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 40 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 40: Las autorizaciones de transporte serán otorgadas por el

Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, a las

personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de la

presente ley. La autoridad de aplicación nacional llevará un registro

de los autorizados para transportar y de los habilitados para procesar

hidrocarburos.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido

por el artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para

el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los

lotes concedidos, estarán obligados a obtener una autorización de

transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos,

cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las

aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de

los lotes de la concesión, dicha autorización será facultativa y será

otorgada en las mismas condiciones que la concesión de explotación.

Los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento,

separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de

industrialización de hidrocarburos podrán solicitar una autorización de

transporte de hidrocarburos y/o sus derivados a la autoridad hasta sus

instalaciones de industrialización y desde las mismas hasta los centros

y/o instalaciones de ulteriores procesos de industrialización o

comercialización. Estas autorizaciones no estarán sujetas a plazo.

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 41: Las autorizaciones a que se refiere la presente sección

que se otorgasen a concesionarios de explotación que hubieren

ejercitado el derecho conferido por el artículo 28 serán otorgadas y

prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las

concesiones de explotación vinculadas a las autorizaciones de

transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al

dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni

gravamen alguno y de pleno derecho.

En los casos de cesión de una autorización de transporte otorgada en

virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, los autorizados podrán

solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una

de ellas, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones y se

encuentren transportando hidrocarburos al momento de solicitar la

prórroga.

Las concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la sanción

de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los

Argentinos, se regirán por los términos y condiciones de su

otorgamiento.

Las habilitaciones a las que se refiere la presente sección que se

otorguen a los titulares de proyectos y/o instalaciones para el

acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o

cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos no estarán

sujetas a plazo.

Artículo 120.- Sustitúyese el artículo 42 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 42: Las autorizaciones de transporte y las habilitaciones de

procesamiento en ningún caso implicarán un derecho de exclusividad para

quien realiza la actividad.

Artículo 121.- Sustitúyese el artículo 43 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 43: Mientras las instalaciones tengan capacidad vacante y no

existan razones técnicas que lo impidan, los autorizados estarán

obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin

discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de

circunstancias. Si una persona es titular de capacidad de transporte y

no la usare, la misma debe ser puesta a disposición de terceros para su

utilización; pero siempre subordinado a las necesidades del propio

autorizado a transportar. Los autorizados a transportar hidrocarburos

no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de

su posición dominante en el mercado.

Quienes fueren habilitados a procesar hidrocarburos deberán procesar

los hidrocarburos de terceros hasta un máximo del cinco por ciento (5%)

de la capacidad de sus instalaciones siempre que no se comprometa la

seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el

servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos

asociados a la conexión a la planta. Dicho porcentaje podrá ser

incrementado: (i) por acuerdo de partes en cualquier momento y/o; (ii)

por la autoridad de aplicación una vez transcurridos cuatro (4) años

desde la habilitación comercial de la planta y en caso de persistir la

capacidad remanente u ociosa de la planta. Si se tratare de plantas de

procesamiento de combustible líquido, el servicio de procesamiento

incluirá el servicio de almacenaje.

Las previsiones del presente artículo no resultarán aplicables a las

unidades de proceso que integran complejos de refinación y sus

instalaciones de almacenamiento vinculadas, a las plantas de

licuefacción de gas natural ni a las autorizaciones de transporte de

hidrocarburos otorgadas a los titulares de dichas plantas de

licuefacción de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 último

párrafo.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda,

establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de

transporte.

Artículo 122.- Sustitúyese el artículo 44 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 44: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley y

su reglamentación, o en los actos de autorización, con relación a

transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de

aplicación las normas que rijan los transportes.

Artículo 123.- Incorpórase, después del artículo 44 de la ley 17.319, la Sección 4ª Bis “Almacenamiento subterráneo”.

Incorpórase como artículo 44 bis de la ley 17.319, el siguiente texto:

Artículo 44 bis: Las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de

gas natural confieren el derecho de almacenar gas natural en

reservorios naturales de hidrocarburos depletados, incluyendo el

proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Podrán ser

otorgadas en:

explotación de terceros, con autorización de estos ante la autoridad de

aplicación;

Todo otro proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural que no

sea realizado bajo los supuestos antes señalados no requerirá

autorización bajo la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar autorización de almacenamiento

subterráneo de gas natural a cualquier sujeto que: (i) cumpla con los

requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera; (ii) cuente

con la conformidad del titular del permiso de exploración y/o la

concesión de explotación en cuya área se emplace el reservorio natural

que se utilizará para el almacenaje; y (iii) se comprometa a construir

a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar

adelante la actividad de almacenaje.

Las autorizaciones de almacenamiento no estarán sujetas a plazo. Los

titulares de una autorización de almacenamiento subterráneo de gas

podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos hasta

sus instalaciones de almacenamiento y desde éstas hasta el sistema de

transporte, las que tampoco estarán sujetas a plazo.

Los autorizados no estarán obligados a almacenar gas natural de

terceros, teniendo libertad para realizar la actividad en beneficio

propio o de terceros, y acordar libremente los precios por la venta del

gas natural almacenado y por el servicio de almacenaje, incluyendo la

reserva de su capacidad.

La autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural no se

encontrará sujeta al pago de bonos de explotación y no se podrá imponer

pagos análogos por el otorgamiento de estas autorizaciones a través de

normativa provincial. El gas natural utilizado en los almacenamientos

subterráneos sólo pagará regalías al momento de su primera

comercialización en los términos del artículo 59 de la ley 17.319 y sus

modificatorias. En el caso de almacenamiento de gas natural propio, las

regalías se abonarán a los Precios al Ingreso del Sistema de Transporte

(PIST) promedio de cuenca al momento de su producción previo a ser

almacenado.

Artículo 124.- Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17, 22 y

27 bis de la presente ley, los permisos de exploración y las

concesiones de explotación regulados por esta ley serán adjudicados

mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier

persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5° de la

presente ley y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Artículo 125.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los

procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de

aplicación nacional o provincial, según corresponda, confeccionará el

pliego respectivo, en base al pliego modelo elaborado entre las

autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía

de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de

su origen, las informaciones disponibles concernientes a la

presentación de propuestas.

El pliego modelo contendrá condiciones y garantías a que deberán

ajustarse las ofertas, así como las inversiones mínimas necesarias a

las que deberá comprometerse el adjudicatario, y las restantes

condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas. Asimismo,

el pliego modelo establecerá mecanismos de ajustes de las regalías que

se consideren convenientes, los que podrán considerar para su

formulación la totalidad de las inversiones realizadas, los ingresos

obtenidos y los gastos operativos incurridos, entre otras variables.

La evaluación de ofertas tendrá en cuenta el valor total del proyecto,

incluyendo las regalías ofertadas, inversiones comprometidas y

producción asociada conforme lo establecido en el pliego respectivo.

Los oferentes competirán en el valor de la regalía sobre un valor base

del quince por ciento (15%), que regirá el proyecto en cualquiera de

sus etapas. La regalía a ofertar se identificará como el quince por

ciento (15%)+“X”. Dicho término “X” se establece en un porcentaje (%) a

exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo.

El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10)

días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se

consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando

la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos,

necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con

una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el

comienzo de recepción de ofertas.

Artículo 126.- Incorpórase el artículo 47 bis de la ley 17.319 según el siguiente texto: