Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia

11. La colaboración, coordinación y cooperación de todos los organismos e instituciones públicas que intervengan en el ámbito de la infancia y la adolescencia, desarrollando protocolos específicos que contemplen la realidad y las necesidades de las personas sujetas a las actuaciones contempladas en este título.

12. La inmediatez, a fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas, evitando demoras indebidas y arbitrando los medios que faciliten este fin.

13. La participación y la implicación de la comunidad y de otros sistemas públicos de atención, como el educativo y el de protección.

14. La accesibilidad universal.

CAPÍTULO II. Acción preventiva

Artículo 161. Prevención.

1. La Generalitat dará prioridad a las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, las dificultades de adaptación y los problemas de conducta de las personas menores de edad. Para ello, promocionará servicios y programas de carácter social, afectivo y educativo en su entorno, que apoyen la atención de la población infantil y adolescente en situación de riesgo, mediante actuaciones específicas e inclusivas de ocio educativo, deporte y actividad física, formación, promoción ocupacional, empleo, convivencia familiar, educación emocional y otras que contribuyan a su adecuada socialización, que hagan innecesaria la adopción de medidas jurídicas de protección o la intervención del sistema de justicia juvenil.

2. Cuando el ministerio fiscal remita testimonio de particulares de hechos delictivos cometidos por una persona menor de catorce años al departamento de la Generalitat competente para la protección de la infancia y la adolescencia, éste valorará su situación a fin de determinar si existe una situación de desprotección, u otras carencias educativas, sociales, de vínculo afectivo o familiares, y propondrá, trasladará a la entidad competente, ejecutará o desestimará razonadamente las acciones pertinentes, dejando constancia de lo actuado.

CAPÍTULO III. Organización y gestión de los programas, servicios y centros destinados a la ejecución de medidas judiciales

Artículo 162. Programas de medio abierto.

1. Se denominan programas de medio abierto aquellos destinados a la ejecución de alguna de las siguientes medidas previstas la Ley orgánica 5/2000: tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, y realización de tareas socioeducativas.

2. Los programas de medio abierto se llevarán a cabo por equipos educativos propios de la administración la Generalitat, o de otras administraciones que, de acuerdo con lo previsto a este respecto en la Ley orgánica 5/2000 y en la normativa sobre sector público y régimen local, colaboren en su ejecución. También podrán desarrollar estos programas las entidades colaboradoras previstas en el artículo 180 de esta ley.

3. Siempre que sea posible y la naturaleza de la medida y las condiciones establecidas por el órgano judicial para su ejecución lo permitan, los programas contemplarán que éstas se lleven a cabo en recursos sociales o sanitarios destinados al conjunto de la población y no específicos para su cumplimiento. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana prestarán, a tal fin, la colaboración necesaria, poniendo a disposición del programa los recursos de su ámbito de competencia. En estos recursos se procurará que las personas menores de edad se atiendan por separado de las personas adultas.

4. Para el cumplimiento de las medidas que impliquen tratamiento ambulatorio, el personal sanitario del sistema sanitario valenciano elaborará y asumirá un programa de tratamiento, dando cuenta del mismo, y colaborando con la persona designada por la entidad pública competente en materia de justicia juvenil como responsable de la ejecución de la medida.

Artículo 163. Residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley.

1. Se denominan residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley aquellos centros destinados a la ejecución de las medidas privativas de libertad.

2. Estas residencias serán de titularidad y gestión de la Generalitat. Excepcionalmente podrán concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

3. Para el cumplimiento de estas medidas podrán también ser utilizados centros de la misma naturaleza, ubicados en otras comunidades autónomas. A tal efecto, se formalizarán los correspondientes acuerdos de colaboración.

4. Cuando la medida de internamiento tenga carácter terapéutico, derivado de un trastorno psíquico, enfermedad, o toxicomanía, podrá llevarse a cabo en los recursos especializados de la red asistencial sanitaria.

5. Todas las residencias socioeducativas deberán disponer de un proyecto global, que recoja la identidad de la residencia, el proyecto técnico de actuación y las normas de funcionamiento y convivencia.

6. Corresponde a la directora o al director de la residencia ejercer la guarda de las personas menores de edad internadas en él, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 164. Supervisión de las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley.

La conselleria competente en materia de la ejecución de las medidas de responsabilidad penal de personas menores de edad supervisará las residencias socioeducativas al menos una vez al semestre y siempre que así lo exijan las circunstancias, sin perjuicio de las funciones de inspección que correspondan a la inspección de servicios sociales, a los jueces de menores, al ministerio fiscal, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges. Este procedimiento de supervisión será objeto de regulación reglamentaria.

CAPÍTULO IV. Actuaciones complementarias a la ejecución de las medidas

Artículo 165. Actuaciones complementarias de inclusión social.

Las residencias o programas que ejecuten las medidas podrán promover o llevar a cabo otras actuaciones que contribuyan a la inclusión social de la persona menor de edad, siempre que redunden en su interés y cuenten con su consentimiento y el de quienes ejerzan su representación legal.

Artículo 166. Concurrencia con la acción protectora.

Cuando la persona que se encuentre cumpliendo una medida judicial esté bajo la tutela o guarda de la Generalitat, se establecerán los cauces de coordinación necesarios para que el programa de ejecución de la medida y el plan de protección se desarrollen sin mutuas interferencias y aprovechando las posibles sinergias.

Artículo 167. Actuaciones posteriores a la ejecución de las medidas.

1. Finalizada la ejecución de una medida, se llevará a cabo una evaluación para determinar las actuaciones sociales y educativas que la persona menor de edad precisa para culminar su inclusión social, ofreciéndole la orientación y apoyo necesario y orientándola hacia aquellos servicios y programas en los que pueda obtener ayuda o participar en acciones facilitadoras de su inclusión social.

2. La Generalitat, en colaboración con otras administraciones públicas, impulsará programas y ayudas para la inclusión social y la inserción laboral de las personas menores de edad que hayan estado sujetas a una medida judicial. Como mínimo, estos contemplarán ayudas a la emancipación y programas para la inserción laboral de la juventud.

3. La evaluación y la preparación de las actuaciones posteriores a la ejecución de la medida de quienes al finalizar esta sean todavía personas menores de edad y se encuentren bajo la tutela o guarda de la entidad pública, debe realizarse con al menos tres meses de antelación a la fecha de finalización de la medida, en coordinación con el órgano competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia. En todo caso, se valorará su posible participación en un programa de preparación para la vida independiente, de acuerdo con el objetivo establecido en su plan de protección.

TÍTULO V. Competencias públicas y cooperación para la promoción y protección de los derechos de la infancia

CAPÍTULO I. Distribución de competencias en materia de derechos de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana

Artículo 168. Competencias de la Generalitat.

1. Corresponden al Consell las siguientes competencias en materia de derechos de la infancia y la adolescencia:

2. Corresponde a las distintas consellerias ejecutar las actuaciones públicas de promoción, protección, defensa y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia que se encuentren comprendidas en su ámbito material de competencia y, en particular, las siguientes:

3. La gestión de las competencias contenidas en el apartado 2 de este artículo podrá realizarse por gestión directa, acción concertada o gestión indirecta, a excepción de las contenidas en los apartados h), i), j), l), n), r) y u), respecto de las que sólo será posible la gestión directa. Únicamente cabrá la acción concertada y la gestión indirecta de las prestaciones previstas en los apartados l) y r) del apartado 2 respecto de la gestión del programa de intervenciones técnicas en ellos previstos.

Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 56 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-2666

Artículo 169. Competencias de las entidades locales.

1. Las entidades locales ejercerán, de acuerdo con la normativa de régimen local, las siguientes competencias en materia de derechos de la infancia y adolescencia:

2. Las entidades locales también podrán asumir la guarda voluntaria de los niños, niñas y adolescentes residentes en su municipio, siempre que, con carácter previo, se delegue esta competencia por la Generalitat a petición de la propia entidad local. A tal fin, se deberá suscribir un convenio de colaboración donde se especifiquen las condiciones y características de esta delegación.

3. Las diputaciones provinciales prestarán a las entidades locales asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica para ejercer las competencias recogidas en este artículo, en los términos previstos en la normativa de régimen local.

Artículo 170. Ejercicio de las competencias de las entidades locales en materia de protección de la infancia y la adolescencia.

Las competencias de las entidades locales en materia de protección de la infancia y la adolescencia se ejercerán a través de los servicios de atención primaria de servicios sociales.

CAPÍTULO II. Cooperación, colaboración y coordinación administrativa

Artículo 171. Colaboración interadministrativa.

La Generalitat y las entidades locales podrán establecer instrumentos jurídicos de colaboración entre sí y con otras administraciones, para el ejercicio de las competencias que les atribuye la presente ley.

Artículo 172. Cooperación y coordinación interadministrativa.

1. Las distintas administraciones públicas con competencia en las materias que regula esta ley establecerán los cauces necesarios para una acción coordinada y conjunta.

2. En particular, en las actuaciones de prevención, protección y atención socioeducativa todas las administraciones están obligadas a:

Artículo 173. Colaboración y coordinación entre la Generalitat y las entidades locales.

1. La Generalitat prestará a las entidades locales la necesaria cooperación técnica y financiera para el efectivo cumplimiento de las funciones que le competen, en especial en la protección social y jurídica de niños, niñas y adolescentes, en la promoción de sus derechos y en la participación infantil.

2. La Generalitat ejercerá funciones de coordinación sobre la gestión de las entidades locales que realicen actuaciones en materia de atención, protección, e inclusión de niños, niñas y adolescentes y en materia de ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados de menores.

Artículo 174. Técnicas de coordinación interadministrativa para la promoción de los derechos y la protección de la infancia y la adolescencia.

1. En las diferentes demarcaciones territoriales en las que se estructura el sistema valenciano de servicios sociales se constituirán comisiones de coordinación para la promoción de los derechos y la protección de la infancia y la adolescencia, cuya composición y funciones se establecerán reglamentariamente, en las que participarán, al menos, representantes de los departamentos con competencias en educación, sanidad, servicios sociales y seguridad pública.

2. Los protocolos previstos en esta ley para la detección, notificación, valoración o intervención en situaciones de desprotección, así como aquellos otros que se implanten para garantizar la coherencia de las actuaciones públicas de promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, preverán expresamente mecanismos y procedimientos de coordinación interadministrativa.

Artículo 175. Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia.

1. La Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia es el órgano colegiado adscrito a la conselleria con competencias en materia de promoción y protección de los derechos de este sector de población cuyo objeto es coordinar las acciones de los distintos departamentos del Consell que desarrollen actuaciones que incidan en dichos derechos.

2. Compete a la Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia, además de las funciones que específicamente se le atribuyan, evaluar y coordinar las actuaciones de la administración de la Generalitat en esta materia.

3. La Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia impulsará el uso coordinado para el desarrollo de las políticas integrales de su ámbito competencia, de las tecnologías de la información y la comunicación de la administración de la Generalitat

Artículo 176. Colaboración con los órganos judiciales.

Las administraciones públicas colaborarán con los órganos judiciales para garantizar la mejor eficacia en la observancia y cumplimiento de la presente ley y de las normas de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Artículo 177. Colaboración con el ministerio fiscal.

1. Las administraciones públicas colaborarán con el ministerio fiscal en su labor de defensa de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes.

2. A fin de facilitar al ministerio fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de las niñas, niños y adolescentes, los órganos competentes de la Generalitat en materia de protección de la infancia y la adolescencia cumplirán, al menos, las siguientes obligaciones:

3. En materia de ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, el órgano competente de la Generalitat deberá comunicar al ministerio fiscal de forma inmediata los nuevos ingresos en residencias u hogares.

Artículo 178. Colaboración de los cuerpos policiales.

1. La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana prestará la cooperación y asistencia necesaria en la acción protectora y de forma especial, en la ejecución de las medidas administrativas acordadas. Así mismo, respaldarán y apoyarán, en las labores de vigilancia y seguridad, a las residencias u hogares de acogimiento y realizarán el acompañamiento y traslado de niños, niñas y adolescentes con medidas judiciales o con medidas jurídicas de protección, en los casos en que sea requerida su colaboración.

2. Los cuerpos de policía local colaborarán en la acción protectora dentro del ejercicio de las funciones que tienen atribuidas legalmente.

CAPÍTULO III. Iniciativa social

Artículo 179. Fomento de la iniciativa social.

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana fomentarán la participación de la iniciativa social en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

2. A tal fin, la Generalitat podrá realizar, entre otras las siguientes funciones:

Artículo 180. Entidades colaboradoras en la ejecución de medidas de justicia juvenil y la protección de la infancia y la adolescencia.

1. Son entidades colaboradoras en la ejecución de medidas de justicia juvenil y la protección de la infancia y la adolescencia, las asociaciones, fundaciones, cooperativas y demás entidades sin ánimo de lucro que realicen alguna de las siguientes actividades:

2. Las entidades colaboradoras habrán de reunir, además de los requisitos que, con carácter general exige la normativa de servicios sociales, los siguientes:

3. Las entidades reguladas en este artículo podrán participar en la provisión de prestaciones públicas de servicios sociales dirigidas a la infancia y a la adolescencia mediante acuerdos de acción concertada o a través de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.

4. Las entidades colaboradoras desarrollarán sus actuaciones bajo la coordinación de la administración competente en cada una de estas materias y de acuerdo con lo previsto en los instrumentos de planificación recogidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

TÍTULO VI. Órganos de garantía de los derechos y de participación

CAPÍTULO I. Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia

Artículo 181. Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia.

1. El Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia es el órgano colegiado superior de participación en materia de infancia y adolescencia, adscrito al órgano directivo de la Generalitat con competencias en materia de infancia y adolescencia.

2. Las funciones de este órgano son:

3. Su composición, recursos y régimen de funcionamiento se desarrollarán por medio de un reglamento.

4. El Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia hará públicos los datos, informes y estudios que reflejen la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana. Estos datos deberán de ser accesibles y contar con una versión adaptada y amigable para la infancia y servir de base para el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia, así como para la articulación y dotación presupuestaria de ayudas y prestaciones sociales autonómicas y municipales.

5. La composición de este órgano se ajustará a los siguientes principios:

CAPÍTULO II. Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana

Artículo 182. Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana.

1. El Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana, que estará adscrito a la conselleria con competencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, es el órgano mediante el cual la Generalitat hace efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados colectivamente en los asuntos que les conciernen.

2. Este consejo desempeñará las siguientes funciones:

3. El régimen de funcionamiento y la composición de este órgano se establecerá reglamentariamente, si bien deberá respetar los siguientes principios en cuanto a su composición:

4. Para cumplir con sus funciones habrá de disponer de información sobre las cuestiones objeto de consulta en un formato y contenido adaptado a la infancia.

CAPÍTULO III. Órganos colegiados para la protección de la infancia y la adolescencia

Artículo 183. Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

1. La Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia es el órgano adscrito a los servicios territoriales de la conselleria competente para la protección de la infancia y la adolescencia mediante el que se garantiza el carácter colegiado e interdisciplinar de las decisiones en esta materia.

2. Este órgano desempeñará las siguientes funciones:

3. El régimen de funcionamiento y la composición de esta comisión se determinará reglamentariamente, de acuerdo con los siguientes criterios:

Se modifica el apartado 2.a) por el art. 32 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-1010

Artículo 184. Comisión de Adopción y Alternativas Familiares.

1. La Comisión de Adopción y Alternativas Familiares es el órgano, adscrito a la conselleria con competencia en materia de la infancia y la adolescencia, mediante el que se garantiza el carácter colegiado e interdisciplinar de las decisiones relativas a la adopción o a otras medidas estables de integración familiar.

2. Este órgano desempeñará las siguientes funciones:

3. El régimen de funcionamiento y la composición de esta comisión se determinará reglamentariamente, de acuerdo con los siguientes criterios:

TÍTULO VII. Régimen sancionador

CAPÍTULO I. Sujetos responsables

Artículo 185. Sujetos responsables.

Serán responsables las personas físicas o jurídicas que, de manera dolosa o culposa, cometan las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta ley, así como aquellas que induzcan o cooperen en su comisión.

CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones

Artículo 186. Infracciones administrativas.

Son infracciones administrativas en materia de protección de los derechos de la infancia y adolescencia, las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.

Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 187. Infracciones leves.

Constituye infracción leve cualquiera de las tipificadas como infracciones graves o muy graves en la presente ley, cuando de ella no se deriven perjuicios físicos o psicológicos para personas menores de edad.

Artículo 188. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

1. No escuchar, las autoridades o el personal de la administración, a una persona menor de edad antes de dictar una resolución, cuando su audiencia esté prevista expresamente en un procedimiento administrativo que le afecte.

2. No observar, el centro o personal sanitario, los procedimientos establecidos mediante protocolo o reglamento para cumplir la obligación legal de identificar a una persona recién nacida.

3. Difundir a través de los medios de comunicación social, o de cualquier otro medio que permita el acceso público, la imagen, identidad o datos personales de niños, niñas o adolescentes, cuando suponga una intromisión ilegítima en su honor, imagen e intimidad, aunque se cuente con su consentimiento o el de sus representantes legales.

4. Incumplir, las personas progenitoras o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad, el deber de velar para que un niño, niña o adolescente a su cargo curse de manera real y efectiva la enseñanza obligatoria, cuando dicho incumplimiento motive una inasistencia reiterada que, de acuerdo con la normativa reglamentaria, constituya absentismo escolar.

5. Permitir que los niños, niñas y adolescentes asistan o participen en espectáculos que tienen prohibidos o restringidos por la presente ley.

6. Permitir que los niños, niñas y adolescentes realicen aquellas actividades que tiene prohibidas o restringidas por la presente ley o incumplir las obligaciones que esta impone para garantizar que no accedan a contenidos o servicios perjudiciales.

7. Incumplir alguna de las prohibiciones o restricciones de venta, dispensación o suministro de productos o sustancias a personas menores de edad contenidas en esta ley.

8. No observar las reglas contenidas en esta ley en materia de programación infantil y en materia de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.

9. Incumplir alguno de los deberes de notificación, reserva y colaboración establecidos en el capítulo I del título III de esta ley y en la Ley orgánica 1/1996.

10. Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de la infancia y la adolescencia o impedir su ejecución.

11. Impedir el acceso a los puntos de encuentro familiar, a los centros de protección de la infancia y la adolescencia, o a los centros atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, a las personas funcionarias que tengan encomendada su supervisión y control.

12. No atender los requerimientos que efectúen las personas funcionarias en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control de los puntos de encuentro familiar, de los centros de protección de la infancia y la adolescencia, o de los centros atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley.

13. Aplicar, la dirección o el personal de las residencias de acogimiento o socioeducativos, las medidas correctoras o disciplinarias o de limitación de sus derechos, a los niños, niñas o adolescentes, sin sujeción a lo dispuesto al respecto por su normativa reguladora.

14. Ejercer la guarda de personas menores de edad en residencias u hogares de acogimiento o en residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley sin la habilitación administrativa requerida.

15. Realizar actividades de mediación en la adopción internacional sin estar acreditado para ello.

16. Incumplir, los organismos acreditados para la adopción internacional, las funciones que deben realizar de acuerdo con la normativa en materia de adopción internacional y lo estipulado en el contrato con las personas que se ofrecen para la adopción.

17. No facilitar, las personas adoptantes, a la entidad pública de protección de la infancia y la adolescencia española, o al organismo acreditado, la información, documentación y entrevistas necesarias para la emisión de los informes de seguimiento postadoptivo exigidos por la autoridad competente del país de origen de la persona adoptada, o incumplir otras obligaciones, económicas o materiales, necesarias para que dichos informes puedan ser recibidos por tal autoridad extranjera en el tiempo y la forma requeridos.

18. No realizar, en el tiempo previsto, los trámites postadoptivos a que vengan obligados las personas adoptantes por la legislación del país de origen de sus hijos o hijas adoptivos.

19. Fomentar prácticas de exclusión, discriminación o no remoción de obstáculos para la igualdad de oportunidades de niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional o discapacidad en procesos de acogimiento familiar o de adopción.

Artículo 189. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. La reincidencia en infracciones graves, por comisión, en el término de tres años, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

2. Las acciones y omisiones consistentes en infracciones graves, cuando de ellas se deriven daños o perjuicios, de carácter irreversible para los derechos de la persona menor de edad.

3. Entregar o recibir a una persona menor de edad, eludiendo los procedimientos legales de la adopción, sin que medie compensación económica, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, o intermediar en esta entrega.

4. Proporcionar quienes tengan atribuido el ejercicio de la guarda de una persona menor de edad protegida, un trato degradante que afecte a su dignidad, así como vulnerar, causándole un perjuicio, los derechos que tiene reconocidos en el capítulo I, del título III de esta ley y en la Ley orgánica 1/1996.

Artículo 190. Prescripción.

1. Las infracciones tipificadas en esta ley prescribirán:

2. Las sanciones impuestas por infracciones tipificadas en esta ley prescribirán:

Artículo 191. Sanciones administrativas.

Las infracciones administrativas tipificadas en esta ley serán sancionadas de la forma siguiente:

1. Las infracciones leves, con amonestación por escrito o multa de 300 euros a 6.000 euros.

2. Las infracciones graves, con multa de 6.000,01 euros a 60.000 euros. Con carácter accesorio a la sanción pecuniaria, podrá imponerse alguna de las siguientes:

3. Las infracciones muy graves, con multa de 60.000,01 a 600.000 euros. Con carácter accesorio a la sanción pecuniaria, podrá imponerse alguna de las siguientes:

4. Las cuantías de las sanciones previstas en este artículo podrán ser revisadas por decreto del Consell, para mantener su proporcionalidad.

5. Los ingresos derivados de las sanciones establecidas en la presente ley se destinarán a programas de gastos con impacto directo en los derechos de la infancia y la adolescencia.

Artículo 192. Graduación de las sanciones administrativas.

La graduación de las sanciones establecidas en este artículo, atenderá especialmente a los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

2. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

3. La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a las condiciones de madurez, edad y vulnerabilidad de las personas afectadas y a su número.

4. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

5. El beneficio obtenido por la persona infractora.

6. El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos realizados por la administración.

7. La reparación espontánea de los daños causados, el cumplimiento voluntario de la legalidad o la subsanación de las deficiencias por la persona infractora a iniciativa propia, antes de la resolución del expediente sancionador.

CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador

Artículo 193. Órganos competentes.

Corresponderá resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones previstas en este título a los siguientes órganos administrativos:

1. Al órgano que tenga atribuida la potestad disciplinaria respecto de la persona infractora, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de la conducta tipificada en el artículo 188.1.

2. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de ordenación y asistencia sanitaria, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de la conducta tipificada en el número 2 del artículo 188.

3. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia audiovisual, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de la conducta tipificada en los números 3 y 6 del artículo 188.

4. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de educación, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de la conducta tipificada en el artículo 188.4.

5. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de espectáculos, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de la conducta tipificada en el artículo 188.5.

6. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de consumo, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que se deriven de las conductas tipificadas en los números 7 y 8 del artículo 188.

7. Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de protección infancia y adolescencia, en las restantes infracciones contempladas en esta ley.

Se modifica el apartado 6 por el art. 32 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-1010

Artículo 194. Plazo máximo para resolver y caducidad.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores seguidos por las infracciones previstas en esta ley será de un año desde que se dicte la resolución de inicio.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Artículo 195. Medidas cautelares.

El órgano que resulte competente de acuerdo con el artículo 56 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, podrá adoptar, antes o después del inicio de la instrucción, de forma motivada y con carácter cautelar, cualquier medida provisional previstas en la legislación de procedimiento administrativo común que sea necesaria para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción.

Disposición adicional primera. Prioridad en los presupuestos de la Generalitat.

En cumplimiento del principio de prioridad presupuestaria establecido en el artículo 3 de esta ley, los programas presupuestarios de gasto de la Generalitat con impacto directo en los derechos de la infancia y la adolescencia se incrementarán en cada ejercicio, como mínimo, en un porcentaje igual al incremento medio del presupuesto de gasto en su conjunto.

Disposición adicional segunda. Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

La Generalitat y las entidades locales, en sus respectivos ámbitos, promoverán la celebración anual del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en la fecha determinada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Disposición adicional tercera. Cobertura de puestos de trabajo de atención a la infancia y a la adolescencia en la Generalitat.

Para hacer efectiva la garantía de una atención de calidad a la infancia y la adolescencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de esta ley respecto de la cobertura de puestos de trabajo, en el ámbito de la Generalitat se consideran de atención directa a la infancia y la adolescencia todos los puestos de trabajo relacionados con la protección de personas menores de edad o con la atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, o con la tramitación y expedición de los títulos de familias numerosas o monoparentales, adscritos tanto a servicios centrales como territoriales.

Se modifca por el art. 76 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-1859#a7-8

Disposición adicional cuarta. Regulación del servicio de las madres de día y casas nido.

En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Consell regulará reglamentariamente el servicio de las casas nido y las madres de día.

Disposición transitoria primera. Exigibilidad del requisito de acreditación.

El requisito de acreditación de las residencias u hogares, establecido en el artículo 139.2 de esta ley, no será exigible hasta el momento que se determine en la normativa que regule su procedimiento de concesión.

Disposición transitoria segunda. Residencias socioeducativas cuya titularidad o gestión no corresponde a la Generalitat.

Los servicios de las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley cuya gestión no corresponda, a la entrada en vigor de esta ley, a la Generalitat, continuarán prestándose por el mismo medio hasta que se extinga el contrato o el instrumento jurídico que les sirva de cobertura jurídica. La gestión pública de estas residencias se implantará progresivamente en un plazo de doce años desde su entrada en vigor, periodo en el que podrán contratarse o concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Se modifica por el art. 57 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-2666

Disposición transitoria tercera. Ejercicio de las competencias de la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia y de la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares.

En tanto no entre en vigor las disposiciones reglamentarias que determinen su composición y régimen de funcionamiento, las competencias atribuidas en esta ley a la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia serán ejercidas por la Comisión Técnica de Medidas de Protección Jurídica del Menor, y las que se atribuyen a la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares las ejercerá el Consejo de Adopción de Menores de la Generalitat.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en la presente ley, y, de forma especial, la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana, y el Decreto 23/2010, de 22 de enero, del Consell, por el que se desarrolla el Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana.

2. Continuarán vigentes en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la presente ley: el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de medidas de protección jurídica del menor en la Comunitat Valenciana, el Decreto 62/2012, de 13 de abril, del Consell, por el que se regulan los órganos territoriales de coordinación en el ámbito de la protección de menores de la Comunitat Valenciana, el Decreto 65/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se regula el Consejo de Adopción de Menores de la Generalitat; y la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los centros de protección de menores en la Comunitat Valenciana.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de asociaciones de la Comunitat Valenciana.

El artículo 55 de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de asociaciones de la Comunitat Valenciana, queda redactado como sigue:

Artículo 55. Asociaciones infantiles y juveniles.

Disposición final segunda. Modificación del artículo 20 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana, queda redactado como sigue:

Disposición final tercera. Modificación del artículo 43 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana.

El artículo 43 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana, queda redactado como sigue:

Artículo 43. Derecho al consentimiento informado.

Cuando se trate de personas menores de edad emancipadas o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres y madres y sus representantes legales serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

Disposición final cuarta. Modificación del artículo 58 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana.

El artículo 58 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana, queda redactado como sigue:

“Artículo 58. Derechos en situación de vulnerabilidad.

A estos efectos, se reconoce a la familia acogedora como interlocutora válida en el proceso asistencial de la persona acogida.

Se modifica por el art. 151.3 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo. Ref. BOE-A-2025-11959

Disposición final quinta. Modificación del artículo 109 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat Valenciana.