Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears

La formalización de la comunicación previa al inicio de la actividad, así como su modificación o baja, se podrá efectuar por medios telemáticos, a través del portal de acceso y de tramitación habilitado al efecto por el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, o a través de los procesos electrónicos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de hacer uso del resto de medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La persona comunicante tiene que garantizar que los datos recogidos en la comunicación previa son verdaderos y fidedignos, y tiene que asumir la responsabilidad de comunicar cualquier cambio o modificación.

La comunicación previa al inicio de la actividad correctamente efectuada supone su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears y la asignación del código de identificación medioambiental (NIMA), y tiene validez en todo el territorio nacional.

El cambio de titularidad de las actividades de producción de residuos, el cese total o parcial de la actividad y cualquier modificación de los datos inscritos se tienen que comunicar al Registro en un plazo de 10 días desde que tenga constancia la entidad o persona titular.

Todos los productores de residuos de las Illes Balears deben tener en cuenta y planificar medidas de minimización de los residuos que generen, siguiendo el orden de prioridades de las políticas en materia de residuos.

Los productores están obligados a elaborar y enviar al Gobierno de las Illes Balears un estudio de minimización en la producción de residuos cada cuatro años. Esta obligación tiene que ser incluida por las administraciones competentes como condición de los permisos ambientales y de actividades necesarios para el ejercicio de la actividad.

Quedan exentos de la presentación del estudio de minimización los productores de residuos peligrosos que, en cada centro, generen menos de 10 toneladas al año y los productores de residuos no peligrosos que, en cada centro, generen menos de 1.000 toneladas al año.

Los productores obligados tienen que presentar el primer estudio de minimización ante el órgano ambiental competente transcurrido un año desde la puesta en funcionamiento de la actividad y, posteriormente, con una periodicidad de cuatro años.

El estudio se tiene que elaborar por centro productor y reflejar el compromiso de la actividad de reducir la generación de residuos en la medida de sus posibilidades.

En caso de que una actividad incluya varios centros de trabajo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, la persona o entidad titular puede elaborar un plan de minimización de manera conjunta para todos los centros, siempre que las características de la actividad así lo permitan.

El contenido del estudio tiene que incluir, como mínimo, los datos siguientes:

En este estudio, los productores están obligados a especificar la cantidad de envases que han reutilizado, el porcentaje que ello supone con respecto al total de envases que utilizan, las medidas que se proponen para aumentar el número de envases reutilizados y el objetivo de aumento de los porcentajes mencionados para los próximos años hasta alcanzar el objetivo previsto en esta ley de una reducción de un 10%, con respecto al año 2010, para 2020 y de un 20% para 2030.

El Gobierno de las Illes Balears puede establecer por orden del consejero competente en materia de residuos la obligación que, con independencia del volumen generado en cada centro productor, determinados sectores estratégicos, por su magnitud o relevancia, tengan que presentar planes de minimización sectoriales.

Para obtener la autorización para instalaciones de gestión de residuos, la persona interesada tiene que presentar una solicitud mediante un formulario estandarizado, que tiene que ir acompañado de la documentación que incluye el anexo 3 de esta ley.

Las modificaciones sustanciales al proyecto inicialmente presentado, introducidas a petición de la persona o entidad solicitante antes de la resolución del expediente de autorización, serán motivo de un nuevo procedimiento.

El proyecto de la instalación tiene que ir acompañado de la memoria o el estudio de impacto ambiental cuando lo establezca la normativa de evaluación ambiental, y tiene que seguir la tramitación establecida en esta normativa.

La autorización del proyecto tiene que incluir el contenido del anexo VII de la Ley 22/2011 y tiene que establecer un plazo máximo para la puesta en funcionamiento de las instalaciones, que, en ningún caso, puede ser superior a cuatro años. En caso de no poner en funcionamiento las instalaciones en el plazo establecido, la autorización otorgada perderá la vigencia, a excepción de lo siguiente:

Esta autorización tiene que incorporar las condiciones que resulten propias de la instalación y, por lo tanto, exigibles a su titular, separadamente de aquellas otras aplicables, que tendrá que tener en cuenta su operador o explotador.

La resolución de autorización no permitirá, directamente, la puesta en funcionamiento de las instalaciones, sino que, una vez que la persona interesada comunique la disponibilidad de estas, se tendrán que someter a una visita de inspección con el fin de certificar que se ajustan a la normativa aplicable, así como al proyecto y a las condiciones impuestas en la autorización otorgada. Este certificado también podrá ser expedido por una entidad acreditada según la previsión del artículo 74 de esta ley.

El acta o el certificado favorables de la inspección previa tienen que formar parte, como anexo, de la autorización inicialmente otorgada, que se tiene que inscribir en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears, para desarrollar así su efectividad y eficacia como tal.

En caso de inspección desfavorable, se otorgará un plazo a fin de que la entidad o persona titular de la autorización enmiende las deficiencias detectadas. Si no lleva a cabo las enmiendas, se podrá revocar la autorización inicial.

Previamente a la inscripción al registro mencionado, la autorización podrá prever un periodo de prueba por un tiempo determinado, para el cual se tienen que establecer los requisitos adecuados.

La entidad o persona titular de la autorización prevista en este artículo queda obligada a comunicar al órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, en todo momento, el operador de la instalación. Este operador tiene que estar autorizado y tiene que acreditar haber constituido los seguros de responsabilidad ambiental y las garantías financieras previstas para esta instalación ante el órgano de la Tesorería del Gobierno de las Illes Balears, para lo que se tiene que tener en cuenta si se dispone de un sistema de gestión ambiental implantado en la empresa, que se tiene que acreditar a los efectos previstos por el artículo 49.1 de esta ley, relativo a la bonificación de fianzas.

Las entidades o personas titulares de las instalaciones autorizadas tienen que presentar cada dos años un certificado expedido por una entidad acreditada respecto al cumplimiento de la normativa vigente y al mantenimiento de las condiciones establecidas en la autorización.

Las instalaciones de gestión de residuos autorizadas tienen que exhibir en su entrada principal una placa identificativa en la que conste la información relativa a la autorización otorgada, de acuerdo con las indicaciones y el modelo del anexo 8 de esta ley.

Las modificaciones no sustanciales de las instalaciones de gestión de residuos autorizadas, a que se refiere el artículo 43.d), se pueden tramitar de acuerdo con el régimen previsto en este artículo.

A los efectos de esta ley, se entiende por modificación no sustancial cualquier alteración de las características, del funcionamiento o del alcance de la instalación que, atendiendo a criterios cualitativos y cuantitativos relacionados con la medida y producción de la instalación, el consumo de agua y energía, el volumen, el peso y la tipología de los residuos generados, el grado de contaminación producido o el riesgo de accidentes, entre otras, no suponga cambios esenciales o considerables en la autorización otorgada.

Pueden acogerse al régimen previsto en este artículo las instalaciones que cuenten con una autorización administrativa para la gestión de residuos y estén al corriente de la presentación del certificado previsto en el artículo 44.11 de esta ley.

La tramitación de la modificación no sustancial debe seguir el siguiente procedimiento:

De acuerdo con el artículo 43.f) de esta ley, la consejería competente en materia de residuos puede apreciar de oficio, en cualquier momento, que una modificación tiene el carácter de sustancial y exigir su tramitación pertinente, de manera motivada, cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, o cuando se acumulen sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo para una misma instalación.

Los propietarios de las instalaciones de gestión de residuos sometidas al Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, deben tramitar la autorización pertinente ante el órgano competente en esta materia del Gobierno de las Illes Balears, que requrirá un informe del servicio competente en materia de residuos.

En este caso, la autorización ambiental integrada tiene que sustituir la autorización de instalación prevista en el artículo anterior y tiene que seguir los mismos criterios y requisitos establecidos por el artículo 44 de esta ley.

El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada tiene que comunicar al servicio competente en materia de residuos las autorizaciones definitivamente otorgadas, modificadas o revocadas, a fin de que este lleve a cabo la inscripción, la modificación o la baja en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears.

La persona interesada, que tiene que tener el domicilio en las Illes Balears, tiene que presentar la solicitud de autorización mediante un formulario estandarizado, que tiene que ir acompañado de una memoria de explotación, firmada por un técnico o una técnica competente, que tiene que incluir el contenido establecido en los apartados b), c) y d) del anexo VI.2 de la Ley 22/2011.

Los operadores únicamente pueden llevar a cabo las operaciones de tratamiento de residuos que tengan específicamente autorizadas y siempre en las instalaciones debidamente autorizadas, para las mismas operaciones y sobre los residuos amparados por la autorización de la instalación correspondiente. Los tipos de residuos y las cantidades que se tienen que tratar tienen que ser los especificados en cada una de las autorizaciones de las instalaciones que operen.

Los operadores están obligados a depositar una fianza cuando así lo exijan las autorizaciones de las instalaciones en que prevean operar. En caso de operar en varias instalaciones en las que se establezca la obligación de constituir diferentes fianzas, se tendrá que acreditar, separadamente, el depósito para todas y cada una de estas.

Los operadores no pueden actuar en las instalaciones cuya autorización exija la constitución de una fianza hasta que esta se haya constituido y acreditado correctamente.

El incumplimiento de las condiciones de la autorización puede dar lugar a la revocación en cualquier momento.

Se consideran no permanentes las instalaciones en que se desarrollen actividades de gestión de residuos de duración temporal limitada inferior a tres meses. En casos excepcionales, transcurrido este plazo podrán autorizarse nuevas prórrogas con las mismas condiciones que la inicial y hasta una duración total de un año, a petición de la persona interesada y de manera motivada.

Estas instalaciones se tienen que someter a un procedimiento simplificado de autorización en caso de residuos peligrosos y de comunicación previa en caso de residuos no peligrosos.

El procedimiento mencionado puede quedar integrado en el de recuperación voluntaria u obligatoria de suelos contaminados regulado en el título VII de esta ley.

Junto con la solicitud o comunicación, se tiene que presentar una memoria ejecutiva de las instalaciones y la actividad que se tiene que desarrollar, acompañada de una declaración responsable de la entidad o persona titular que garantice el cumplimiento de todos los requisitos aplicables.

En cualquier caso, en la solicitud o comunicación previa se tienen que incluir las previsiones adecuadas con el fin de garantizar el desmantelamiento de las instalaciones, y la consejería competente en materia de residuos puede fijar una garantía financiera que así lo asegure. Igualmente, puede exigirse un seguro de responsabilidad ambiental para el periodo previsto para la actividad temporal.

Las instalaciones no permanentes se tienen que someter a inspección por parte de la autoridad competente en materia de autorizaciones de residuos y tienen que ser motivo de inscripción y otorgamiento de un NIMA temporal en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears.

A petición de la entidad o persona titular, una vez emitida certificación –que puede ser por parte de una entidad colaboradora acreditada– de la finalización de la actividad y comprobado el desmantelamiento y la gestión correcta de las instalaciones, se dará de baja del registro mencionado y se procederá a la devolución de las fianzas depositadas.

La actividad de recogedor de residuos prevista por la Ley 22/2011 y sometida a régimen de comunicación previa se podrá considerar de manera conjunta a la de transportista de residuos con carácter profesional, y se tiene que someter al mismo régimen administrativo.

Para la inscripción de negociante prevista en la Ley 22/2011 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears, es necesario acreditar que la persona física o jurídica que presenta la comunicación previa realiza dos acciones: la compra de residuos y la venta posterior.

Las personas físicas o jurídicas sometidas al régimen de comunicación previa que estén obligadas a presentar garantías financieras no se inscribirán en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears –y, por lo tanto, la comunicación no resultará válida– hasta que no hayan acreditado el depósito de las garantías ante el órgano de la Tesorería del Gobierno de las Illes Balears.

En el cálculo de las garantías financieras que corresponda establecer de acuerdo con la previsión de la Ley 22/2011 y el resto de la normativa sectorial, especialmente el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero, tanto para vertederos de residuos peligrosos como no peligrosos, se tiene que tener en cuenta y se tiene que bonificar el hecho de disponer de un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) o de un sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente, implantado y certificado por parte de la empresa operadora de las instalaciones de qué se trate. Esta previsión también es aplicable a los transportistas de residuos peligrosos.

El Gobierno de las Illes Balears podrá regular las modalidades y el cálculo de las garantías financieras aplicables para las actividades de gestión de residuos. La obligación de estas garantías puede incluir en determinados casos los residuos no peligrosos, no solo en el caso del depósito en vertedero.

Los plazos y procedimientos para la reclamación de los avales y las fianzas depositados ante el órgano de la Tesorería del Gobierno de las Illes Balears en virtud de las autorizaciones emitidas para la gestión de residuos, desde la finalización de la actividad de la empresa o renuncia de esta y, por lo tanto, desde la vigencia de la autorización de que se haya disfrutado, serán los que establezca por norma el Gobierno de las Illes Balears. En último caso, pasarán a formar parte del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos previsto en el artículo 33 de esta ley.

La Consejería competente en materia de residuos puede ejercer las funciones en materia de gestión de residuos y suelos contaminados a través de entidades colaboradoras, en aquellos procedimientos en que así se establezca, en los términos previstos en este capítulo y de acuerdo con lo que dispone el título IV de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación de las administraciones públicas de las Illes Balears, y también la normativa estatal aplicable.

A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que establece el artículo 74, se entienden por entidades colaboradoras las previstas en la Ley 7/2024, que pueden ejercer, además, las funciones siguientes:

La designación como entidad colaboradora en materia de residuos (ECMR) y suelos contaminados debe realizarse mediante resolución administrativa dictada por la consejería competente en materia de residuos por la que se declare la aptitud y la capacidad de una entidad colaboradora y de su personal técnico, para ejercer las funciones previstas en esta ley.

Para poder ser designada como entidad colaboradora en materia de residuos debe cumplirse con lo que prevé esta ley y, además, tener la acreditación como organismo de control de acuerdo con la normativa estatal.

Son obligaciones de las entidades colaboradoras las siguientes:

La consejería competente en materia de residuos está facultada para supervisar las actuaciones de las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones reconocidas en este capítulo.

Las personas afectadas por las actuaciones de las entidades colaboradoras pueden presentar reclamaciones en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

El incumplimiento de las obligaciones a que están sujetas las entidades habilitadas o su personal técnico faculta a la consejería competente en materia de residuos para acordar la suspensión temporal o la retirada definitiva de la habilitación a la entidad o, si procede, al personal técnico responsable, de acuerdo con lo que prevé el título IV de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación de las administraciones públicas de las Illes Balears, y sin perjuicio del régimen sancionador que establece esta ley y, en su caso, otras leyes sectoriales.

Desde la entrada en vigor de esta ley, queda prohibida la importación de residuos con destino a plantas de tratamiento públicas ubicadas en el territorio de las Illes Balears.

Los traslados de residuos entre comunidades autónomas que tengan como origen o destino el territorio de las Illes Balears se tienen que regular por las disposiciones contenidas en la legislación básica estatal y en la forma que determine el ministerio competente en materia de medio ambiente, y tiene que quedar garantizado el cumplimiento de objetivos.

El transporte de residuos entre islas o su traslado a la península, por motivos de economía de escala o gestión ambientalmente adecuada, tiene que ser objeto de subvención de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley estatal 22/2011 y las estipulaciones establecidas por el Régimen Especial de las Illes Balears (REB).

En los regímenes de subvención que se puedan implantar se tendrán que atender, específicamente, las circunstancias especiales y las peculiaridades de la isla de Formentera.

En aplicación de las previsiones del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, y las atribuciones regulatorias previstas por la disposición adicional segunda de este real decreto, se establece el régimen para los movimientos de residuos en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears que se indica a continuación.

Se realizará la notificación previa en caso de transportar residuos entre islas. También debe realizarse entre gestores o instalaciones de titularidad diferente en los siguientes casos:

Esta notificación se tiene que presentar ante el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears de manera telemática y mediante la aplicación electrónica que se ponga al alcance de los productores y los gestores.

El Gobierno de las Illes Balears se puede oponer a un movimiento de residuos en el interior del territorio autonómico, sujeto a notificación previa, cuando no haya instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos o cuando en los planes de residuos de las Illes Balears se haya previsto una solución alternativa al tratamiento.

No se requiere una notificación previa para los transportes de residuos de origen domiciliario recogidos por los servicios municipales con destino a las plantas de tratamiento establecidas y asignadas en cada caso en el ámbito del servicio público insularizado propio para cada isla, ni tampoco en los casos de recogida itinerante realizada por los transportistas privados con destino a las instalaciones propias debidamente autorizadas.

Todos los transportes de residuos se documentarán mediante el documento de identificación (DI) de traslado establecido para el traslado de residuos, y es obligatorio disponer de una copia durante todo el transporte. Este documento de identificación, en el caso de traslados dentro de esta comunidad autónoma, se generará telemáticamente siempre mediante la plataforma electrónica SINGER o la designada por el Gobierno de las Illes Balears que la sustituya.

Las exenciones contenidas en este artículo no eximen a los beneficiarios del resto de obligaciones y controles previstos en la normativa en materia de residuos, como el seguimiento telemático de la actividad o la presentación de memorias anuales.

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la consejería competente en materia de residuos, tiene que establecer la tasa que tendrán que abonar los usuarios de las aplicaciones informáticas mencionadas en este artículo, basándose en un coste fijo y en otro variable en función del volumen de información para el control de los movimientos de residuos, que tienen que revertir en el mantenimiento y la mejora de los mismos sistemas de control.

Las disposiciones relativas a los residuos de construcción y demolición, de cualquier procedencia, de un volumen inferior a 2 m³, seguirán el régimen previsto por la normativa estatal básica y les serán aplicables las previsiones establecidas para los residuos procedentes de obra menor previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, todos los proyectos de ejecución de obra incluirán un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición generados, con el contenido mínimo previsto.

Los promotores de proyectos de obra enumerados en el apartado anterior incluirán el justificante de presentación del estudio de gestión ante la consejería competente en materia de residuos en la solicitud de licencia municipal, cuando esta corresponda.

Los estudios de gestión de residuos obligados y previstos por el Real Decreto 105/2008 incluirán no solo los aspectos relativos en la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, sino también, si procede, las previsiones, los medios y la gestión de materiales consistentes en la valorización de residuos de la misma obra o de otra procedencia; siempre respetando los condicionantes y las limitaciones establecidos en los planes directores sectoriales de residuos de cada isla.

En aplicación del artículo 9.1 del Real Decreto 105/2008, se exime de tramitar la autorización administrativa de gestor de residuos regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8 del real decreto mencionado y también en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en esta ley, para las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición en la misma obra en que se hayan producido, entendiendo como tal aquella sujeta a una misma licencia municipal o proyecto de ejecución, cuando se cumplan, a la vez, las siguientes condiciones:

El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que siempre debe contemplar la posible valorización adecuada al proyecto, incluirá la justificación del cumplimiento de las letras a), b) y c) del apartado 1 de este artículo.

La aprobación de los planes de restauración de canteras, de conformidad con las obligaciones establecidas por la normativa sectorial en materia de minas, en que se prevea el relleno con residuos de la construcción y la demolición o de otros, tiene que contar con un informe previo, vinculante, emitido por el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, que tiene que establecer los condicionantes pertinentes en el ámbito de su competencia.

Atendiendo a lo anterior, el órgano competente en materia de residuos tiene que evaluar si se considera una valorización de residuos –y, por lo tanto, se sigue una tramitación de gestor de residuos en este sentido– o si se trata de una eliminación y resulta aplicable el Real Decreto 1481/2001, regulador del depósito de residuos en vertedero.

El uso efectivo de residuos en una cantera, con el plan de restauración aprobado, tiene que ser motivo, en cada caso de nueva tipología y/u origen de los residuos, de comunicación previa de la entidad o persona titular de la instalación, en la que se tiene que aportar un certificado expedido por una entidad acreditada de las pruebas de lixiviación que se hayan efectuado sobre una muestra representativa del residuo que se tenga que valorizar, de acuerdo con el anexo II del Real Decreto 1481/2001.

En este momento serán objeto de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears.

El certificado mencionado anteriormente se tiene que renovar y presentar anualmente antes del día 31 de marzo, junto con una memoria relativa a la actividad desarrollada en cuanto al relleno con residuos durante el ejercicio anterior.

En todo caso, la entidad o persona titular de la instalación tiene que cumplir los requisitos de control documental previstos en la normativa vigente en materia de residuos y, particularmente, los contenidos en la Ley 22/2011 y en el Real Decreto 180/2015.

En ningún caso se puede hacer una valorización de residuos que tengan la consideración de peligrosos en cantera; esta tiene que seguir el procedimiento previsto en la normativa relativa al depósito de residuos en vertedero.

El relleno mediante residuos, de construcción y demolición o de otros, de espacios degradados o de antiguas canteras que no dispongan de plan de restauración ni de la obligación de tenerlo, tiene que seguir el procedimiento que se establece en este artículo.

La persona interesada, titular de la cantera, de los derechos de explotación o lo que corresponda según la normativa minera, en conocimiento de lo anterior, tiene que presentar una solicitud ante el órgano competente en materia de residuos, en la que tiene que detallar los tipos de residuos que se tienen que valorizar en el relleno, la codificación de acuerdo con la Lista europea de residuos, las cantidades y la metodología propuesta, y las pruebas de lixiviación que se hayan efectuado y que certifique una entidad acreditada.

Atendiendo a lo anterior, el órgano competente en materia de residuos tiene que evaluar si se trata de un caso exceptuado por la Orden APM 1007/2007, de 10 de octubre, o norma que la sustituya, y si se considera una valorización de residuos –y, por lo tanto, se sigue una tramitación de gestor de residuos en este sentido– o si se trata de una eliminación y resulta aplicable el Real Decreto 1481/2001.

En el trámite que se siga para la recuperación de espacios degradados o de antiguas canteras sin plan de restauración, el órgano competente en materia de residuos podrá solicitar los informes adecuados de otros departamentos o administraciones afectados.

La validez y la efectividad de la autorización que se tenga que otorgar se producirá mediante la inscripción de esta en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears.

Las autorizaciones emitidas para los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil tienen que indicar, separadamente, si incluyen otros vehículos fuera de los sometidos al Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, y con respecto a los cuales, en todo caso, las instalaciones tienen que cumplir igualmente los anexos II y IV de la norma mencionada en todo lo que sea aplicable.

La autorización emitida a favor de los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil como gestores de residuos faculta a las entidades o personas titulares de los centros para tramitar la baja de los vehículos gestionados por estos centros, tanto si están sometidos al Real Decreto 20/2017 como si no, para los que se tendrá que expedir igualmente el certificado oficial de destrucción.

Toda la documentación original relativa a los vehículos dados de baja se conservará y quedará bajo custodia de los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil durante un plazo de cinco años.

Los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil quedan obligados a la destrucción efectiva de estos en el plazo de treinta días dictado para la expedición del certificado oficial de destrucción previsto en el Real Decreto 20/2017.

El pavimento impermeable a que hace referencia y obliga en varios artículos el Real Decreto 20/2017 mencionado es aquel en que se cumple, con certificación previa de la empresa suministradora, instaladora o de entidad colaboradora acreditada, un coeficiente de permeabilidad de K ≤ 1 * 106 m/s.

Queda prohibida, en el sector agrario, la aplicación directa sobre el terreno de los lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales, los cuales se tienen que someter necesariamente a un tratamiento previo en aplicación estricta del Real Decreto 1310/1990 y de la Directiva 86/278/CEE.

Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa por el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo operaciones de aplicación de los lodos de depuración en los suelos con fines agrarios.

Esta autorización de gestor, como prevé el artículo 27 la Ley 22/2011, de 28 de julio, queda vinculada a la autorización o al informe, preceptivo y vinculante, de la administración competente en materia de agricultura relativa a los requisitos de idoneidad, en aplicación de las normas mencionadas en el apartado 1 de este artículo, sobre las condiciones y los terrenos aptos para la aplicación de los lodos, que sustituirá a la de instalación prevista también por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

La administración competente en materia de agricultura, de acuerdo con el artículo 69 de esta ley, tendrá que proporcionar al órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears la información necesaria sobre la utilización de los lodos tratados destinados a la actividad agraria, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1310/1990 y requiere el ministerio competente en materia de medio ambiente.

Los consejos insulares quedan obligados a incluir las disposiciones pertinentes y las previsiones de tratamiento e infraestructuras necesarias en los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos no peligrosos.

Esta ley establece el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y suelos degradados existentes en el ámbito territorial de las Illes Balears.

La consejería competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears ejercerá las competencias en este ámbito y en los términos establecidos en la legislación básica del Estado.

Corresponde al titular del órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears iniciar y resolver los procedimientos de declaración de suelos degradados y de suelos contaminados, aprobar los proyectos de recuperación y desclasificar los suelos que han dejado de estar degradados o contaminados. Corresponde también al mismo órgano la aprobación de los programas de control y seguimiento y de los planes de mejora de los suelos degradados. Todo ello con el compromiso en relación con la recuperación y la conservación de la calidad biológica y química del suelo.

En cumplimiento de la legislación básica en materia de residuos, se crea el Inventario de suelos degradados y contaminados de las Illes Balears, el cual tiene que disponer de tres secciones:

El órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears administrará el Inventario, que tiene que ser de acceso público y telemático en los términos que establece la normativa vigente en materia de acceso a la información en materia de medio ambiente. Asimismo, la administración deberá generar mapas con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para su consulta y puesta a disposición del público.

Cualquier persona física o jurídica, entidad, pública o privada, causante o no, propietaria o no, de un terreno en el que se detecte una presunta contaminación del suelo por cualquier motivo, queda obligada a ponerlo en conocimiento de la administración competente en esta materia a la mayor brevedad.

El órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears, de manera justificada, puede requerir al presunto causante y/o a la persona o entidad propietaria o poseedora de un suelo, incluso una vez extinguido el título habilitante de posesión, presuntamente degradado o contaminado con motivo de las actividades que se han desarrollado, la realización, a su cargo, de investigaciones de campo y de detalle a los efectos de determinar si constituyen un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente.

No podrán considerarse en ningún caso exentas de responsabilidad ambiental y del principio de quien contamina paga aquellas personas físicas y jurídicas explotadoras directamente o mediante cesión a terceros de las actividades potencialmente contaminantes del suelo que no tramiten cada uno de los informes obligatorios derivados de esta ley y de la legislación nacional con especial indicación al informe de cese o transmisión de la actividad.

Estas actuaciones, así como las posteriores de descontaminación que correspondan, no se pueden financiar con cargo a gasto público, excepto las que tengan que ser motivo de ejecución subsidiaria.

Las personas causantes de la contaminación de un emplazamiento quedan obligadas a recuperarlo en función del uso urbanístico vigente existente cuando se produjo la contaminación, de manera que no se pueden requerir medidas de saneamiento complementarias derivadas de un nuevo uso del suelo, a menos que haya sido promovido por los mismos causantes. En todo caso, es el promotor del nuevo uso quien tiene que adoptar las medidas adicionales de recuperación.

Cuando se considere necesario, la resolución de declaración de un suelo como degradado o contaminado puede exigir la constitución de avales, fianzas u otras garantías suficientes con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de recuperación establecidas en cada caso.

A partir de los informes preliminares y periódicos de situación establecidos en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, o a partir de otras fuentes disponibles, siempre que haya indicios fundamentados de contaminación, el órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears podrá exigir al titular de una actividad o, en su caso, a la persona o entidad propietaria del suelo, la realización de un análisis de calidad del suelo en los términos y los parámetros que el órgano competente establezca.

En función de los resultados obtenidos, el órgano competente puede determinar, de manera razonada y justificada, la ampliación del alcance de esta investigación e incluir otros contaminantes además de los previstos por el Real Decreto 9/2005.

Los resultados se tienen que evaluar e interpretar comparándolos con los niveles genéricos de referencia establecidos en el Real Decreto 9/2005 y los niveles genéricos de referencia para metales pesados establecidos en el anexo 6 de esta ley o, en caso de no existir referencias estatales o autonómicas, con otras referencias internacionales para los contaminantes no previstos en esta normativa, y tienen que ser objeto de una valoración detallada de los riesgos que puedan suponer cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el anexo IV del Real Decreto 9/2005. En este caso, se tiene que tener en cuenta el uso más restrictivo de los que se puedan prever para el suelo en cuestión.

Cuando los resultados de la valoración detallada del riesgo determinen que el riesgo es inaceptable para la salud humana o los ecosistemas, se tiene que seguir la tramitación específica para suelos contaminados. En caso de que la valoración detallada del riesgo determine que es aceptable para la salud humana o los ecosistemas, pero se hayan obtenido valores superiores a los niveles de referencia para alguno o algunos de los parámetros analizados, se tiene que seguir la tramitación específica para suelos degradados.

En casos excepcionales, por el hecho de tratarse de zonas de especial vulnerabilidad, valor ambiental u otros, de manera motivada, se podrán requerir determinadas actuaciones de limpieza incluso para los espacios degradados en que el suelo presente valores de contaminantes superiores a los de fondo, pero inferiores a los niveles de referencia.

En cualquier caso, si se acredita la presencia de componentes peligrosos procedentes de la actividad humana, se tiene que iniciar el procedimiento pertinente, en el que el órgano competente podrá ordenar la adopción de las medidas necesarias en caso de riesgo grave para la salud de las personas o el medio ambiente, así como fijar los plazos adecuados para la presentación del proyecto de recuperación correspondiente.

Los productos libres no acuosos constituyen focos activos de contaminación y, por lo tanto, se tienen que extraer en todos los casos, dado que representan una situación no aceptable. Por este motivo, se iniciarán las acciones oportunas con el fin de devolver el medio a su situación original, incluso sin necesidad de requerimiento administrativo, lo cual, en todo caso, tiene que ser comunicado.

La extracción de fase libre, que necesariamente tendrá que continuar con la limpieza del suelo, alcanzará los valores objetivos fijados por el órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears, en cada caso, con la consulta previa a la administración competente en materia de aguas.

Atendiendo a lo que establece el artículo 38 de la Ley 22/2011, una vez hecha la notificación de inicio del procedimiento, el sujeto obligado a la recuperación del suelo afectado puede manifestar la intención de llevar a cabo su recuperación voluntaria. En este caso, tiene que presentar, sin perjuicio de las medidas adoptadas en el inicio del procedimiento y en el plazo máximo que se establezca, un proyecto de saneamiento y recuperación del terreno afectado.

Si en este plazo el obligado no ha presentado el proyecto mencionado, se entenderá que no quiere hacer uso de la recuperación voluntaria y se seguirá el procedimiento obligatorio.

El proyecto de recuperación voluntaria tiene que contar con la Resolución de aprobación expresa del órgano instructor del procedimiento, el cual tiene que establecer los valores de descontaminación que se tienen que alcanzar como objetivo. Si el proyecto no se ha ejecutado total y satisfactoriamente en los plazos establecidos en esta aprobación, se entenderá desestimada la petición de recuperación voluntaria y se iniciará el procedimiento que corresponda de recuperación obligatoria.

Este procedimiento se tiene que notificar a los causantes de la contaminación, a las personas o entidades propietarias registrales del suelo, al poseedor y poseedores en caso de que no sean los mismos, al ayuntamiento o ayuntamientos afectados en los que se localice la contaminación, al órgano competente en materia de aguas superficiales y subterráneas y a cualquier otro organismo que pueda verse afectado en el ámbito de sus competencias, así como a cualquier persona que se considere interesada en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La aprobación de un proyecto de recuperación voluntaria será motivo de registro en el Inventario de suelos degradados y contaminados de las Illes Balears.

Una vez llevada a cabo de manera satisfactoria la recuperación ambiental del suelo afectado de acuerdo con el proyecto aprobado, y después del informe y el certificado expedido por una entidad acreditada en materia de suelos, el órgano competente así lo hará constar en el registro mencionado antes.

Cuando a consecuencia del análisis de la calidad del suelo, de la valoración de riesgos, o en los supuestos previstos en el anexo III del Real Decreto 9/2005, así corresponda, se tiene que iniciar motivadamente el procedimiento de declaración de suelo contaminado.

El órgano competente en materia de suelos tiene que notificar el procedimiento a los causantes de la contaminación, a las personas o entidades propietarias registrales del suelo, al poseedor y poseedores en caso de que no sean los mismos, al ayuntamiento o ayuntamientos afectados en los cuales se localice la contaminación, al órgano competente en materia de aguas superficiales y subterráneas y a cualquier otro organismo que pueda verse afectado en el ámbito de las propias competencias, así como a cualquier persona que se considere interesada en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La propuesta de resolución se tiene que notificar a los interesados y al ayuntamiento o ayuntamientos respectivos donde se sitúe el terreno o terrenos objeto de la declaración, y se les tiene que otorgar un plazo de quince días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.

La resolución mediante la que se declare un suelo contaminado tiene que incluir, como mínimo, la información siguiente:

La declaración de un suelo como contaminado obligará a los responsables a realizar las operaciones de limpieza, descontaminación y recuperación ambiental que se establezcan en la forma y el plazo dictados. Esta obligación puede exigirse cualquiera que sea el periodo transcurrido desde que se produjo la contaminación.

Los responsables tienen que presentar una propuesta de plan de limpieza y recuperación, que tiene que incluir de manera detallada las actuaciones que se llevarán a cabo, junto con un plazo de ejecución. El plan de limpieza y recuperación tiene que ser aprobado por el órgano competente en materia de suelos contaminados. Esta aprobación tiene que incluir los valores objetivos que se tienen que alcanzar.

Si no se acepta el plan mencionado anteriormente, la recuperación se tiene que llevar a cabo en los términos y los plazos que dicte el órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears.

La firmeza de la declaración de un suelo como contaminado determina su inclusión automática en el Registro de suelos contaminados.

Las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados, a cargo del obligado u obligados, se tienen que efectuar de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Real Decreto 9/2005, con el alcance y el contenido establecidos en el anexo IV del mismo real decreto.

Una vez realizadas las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados, los sujetos responsables de la recuperación tienen que presentar un informe elaborado por una entidad acreditada en materia de suelos, en el que se tiene que certificar que la contaminación remanente se traduce en niveles de riesgo aceptables para el uso previsto del suelo y se sitúa en valores inferiores a los de los objetivos a alcanzar aprobados.

Un suelo deja de tener la condición de contaminado para un uso determinado una vez que sea firme la resolución administrativa que así lo declare, después de la comprobación, por parte de personal funcionario del órgano competente, de las actuaciones de recuperación practicadas, según lo anterior.

La declaración administrativa de desclasificación de un suelo como contaminado tiene como efectos los siguientes:

Cuando a consecuencia del análisis de la calidad del suelo se obtengan valores de los parámetros contaminantes por encima de los niveles de referencia, aunque de la valoración detallada del riesgo resulte un riesgo aceptable para la protección de la salud humana o los ecosistemas, de manera motivada, el órgano ambiental tiene que resolver motivadamente la necesidad o no de restablecer el emplazamiento a su estado original, mediante un procedimiento de declaración de suelo degradado.

El órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears tiene que notificar el inicio del procedimiento a los causantes de la contaminación, a las personas o entidades propietarias registrales del suelo, al poseedor y poseedores en caso de que no sean los mismos, al ayuntamiento o ayuntamientos afectados en los que se localice la contaminación, al órgano competente en materia de aguas superficiales y subterráneas y a cualquier otro organismo que pueda verse afectado en el ámbito de sus competencias, así como a cualquier persona que se considere interesada en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La propuesta de resolución se tiene que notificar a los interesados y al ayuntamiento o ayuntamientos respectivos donde se sitúe el terreno o terrenos objeto de la declaración, y se les tiene que otorgar un plazo de quince días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.

La resolución mediante la que se declare un suelo degradado tiene que incluir, como mínimo, la información siguiente:

La declaración de un suelo como degradado obliga a los responsables a realizar las operaciones de limpieza, descontaminación y recuperación ambiental que se establezcan en la forma y el plazo dictados. Esta obligación puede exigirse cualquiera que sea el periodo transcurrido desde que se produjo la contaminación.

Los responsables tienen que presentar una propuesta de plan de limpieza y recuperación, que tiene que incluir de manera detallada las actuaciones que se llevarán a cabo, junto con un plazo de ejecución. El plan de limpieza y recuperación tiene que ser aprobado por el órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears. Esta aprobación tiene que incluir los valores objetivos a alcanzar.

Si no se acepta el plan mencionado anteriormente, la recuperación se tiene que llevar a cabo en los términos y los plazos que dicte el órgano competente en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears.

La firmeza de la declaración de un suelo como degradado determina su inclusión automática en el Registro de suelos degradados.