Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears

Los responsables de la descontaminación y la recuperación tienen que responder de sus obligaciones, según queda establecido en el artículo 36 de la Ley 22/2011.

Los gastos de limpieza y recuperación de suelos degradados tienen que ser a cargo del obligado u obligados, en cada caso, a realizar estas operaciones.

Una vez realizadas las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos degradados, los sujetos responsables de la recuperación tienen que presentar un informe elaborado por una entidad acreditada en materia de suelos, en el que se tiene que certificar que la contaminación remanente se sitúa en valores inferiores a los de los objetivos a alcanzar aprobados.

Un suelo deja de tener la condición de degradado una vez que sea firme la resolución administrativa que así lo declare, después de la comprobación, por parte de personal funcionario del órgano competente, de las actuaciones de recuperación practicadas, según lo anterior.

La declaración administrativa de desclasificación de un suelo como degradado tiene como efecto la exclusión del Registro de suelos degradados del Inventario de suelos degradados y contaminados de las Illes Balears.

Los gestores de residuos registrados, sean peligrosos o no, están obligados a presentar durante el primer trimestre del año, a menos que en una norma de rango superior, sectorial o específica se establezca un periodo menor, los datos relativos a los residuos producidos y gestionados durante el año anterior.

Igualmente están obligados los productores cuando así se especifique expresamente, y en los mismos plazos que se indican en el apartado anterior.

El Gobierno de las Illes Balears, a los efectos de poder hacer el seguimiento del nivel de consecución de los objetivos establecidos en esta ley y de la planificación de residuos, y para poder dar cumplimiento a las obligaciones de información al Estado español o a la Unión Europea, puede establecer obligaciones adicionales de información a los productores y gestores de residuos a través de disposiciones de carácter general o bien directamente en los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad.

Los consejos insulares y los entes locales, durante el primer trimestre del año, tienen que enviar al órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears un informe sobre la situación y la gestión de los residuos gestionados durante el año anterior en su ámbito competencial, incluyendo los datos desglosados según el modelo del anexo 7 de esta ley. Estos datos, una vez creado el Ente de Residuos de las Illes Balears, tienen que ser publicados por la Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de las Illes Balears antes del día 30 de junio de cada año.

Los productores u otros poseedores iniciales de residuos comerciales no peligrosos y de residuos industriales asimilables a los domésticos que opten por gestionarlos por si mismos de acuerdo con el artículo 12.5.c).2.º de la Ley 22/2011, tienen que enviar la información requerida, que tiene que ser suministrada por sus gestores, a los entes locales, los cuales la tienen que integrar y presentar conjuntamente con la suya.

A los efectos mencionados, en cualquier momento, el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears puede requerir a otras administraciones afectadas o a cualquiera de los agentes mencionados la información de que dispongan en relación con la producción o la gestión de residuos.

El Gobierno de las Illes Balears, mediante una orden del consejero competente en materia de residuos, podrá establecer y regular procedimientos y formatos editables de la información que tienen que suministrar los diferentes agentes, que se tiene que recoger y tiene que estar disponible digitalmente.

El Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares y los municipios, en el ámbito de las competencias propias, tienen que garantizar los derechos de participación y de acceso a la información en materia de residuos, en los términos previstos en la normativa aplicable, y también de acuerdo y a través de la Oficina de Prevención de Residuos prevista en el artículo 35.3 de esta ley.

El órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, con la colaboración de los consejos insulares y de las entidades locales, tiene que recopilar y mantener actualizada la información sobre la gestión de los residuos en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Esta información tiene que incluir todas las infraestructuras disponibles y, para cada una, la cuantificación y la caracterización de los residuos entrantes y salientes, los tratamientos realizados y los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos.

El órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, anualmente y a través de la Oficina de prevención de residuos, una vez creado el Ente de Residuos de las Illes Balears, tiene que hacer pública la información sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados por los planes de residuos de las Illes Balears.

En los seis primeros meses de cada año, los consejos insulares y el Gobierno de las Illes Balears, en su caso, darán a conocer a través de su sede electrónica las cuentas de beneficios o pérdidas de sus empresas concesionarias para el tratamiento de residuos.

Los órganos de las administraciones públicas, en el ámbito de las competencias correspondientes, tienen que velar por la observancia de la legislación sectorial en materia de residuos.

Corresponde a la consejería competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, a los ayuntamientos o a los entes públicos en los que hayan delegado competencias, la inspección, la vigilancia y el control del cumplimiento de esta ley y sus disposiciones de desarrollo, todo ello sin perjuicio de las competencias que otros órganos tengan atribuidas por aplicación de la normativa vigente.

Para ello disponen de las facultades siguientes:

Las personas que llevan a cabo operaciones de tratamiento de residuos, las que recojan o transporten residuos con carácter profesional, los agentes y negociados y los establecimientos y empresas que producen residuos están sujetos a las inspecciones que las autoridades competentes estimen adecuadas.

Estos sujetos tienen el deber de colaborar y facilitar al personal inspector las tareas pertinentes y, especialmente, las previstas en el apartado 3 del artículo 71 anterior.

Las actuaciones inspectoras se tienen que llevar a cabo por personal funcionario que ocupe puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones en materia de inspección o de residuos del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos insulares o de los municipios, por el cuerpo de agentes de medio ambiente de las Illes Balears, por la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local, cada uno en el ámbito de sus propias competencias.

En el ejercicio de las funciones propias, el personal inspector puede solicitar la colaboración de otros agentes de la autoridad. Los inspectores pueden ir acompañados, para el cumplimiento de las funciones propias, de asesores técnicos debidamente identificados y autorizados por quien sea titular del órgano competente de la inspección, los cuales, en ningún caso, tienen la consideración de agentes de la autoridad. Este personal está obligado a guardar secreto con respecto a los datos y las informaciones de las que tengan conocimiento en el ejercicio de estas funciones.

Los inspectores necesariamente tienen que tener formación específica en materia de residuos.

El personal de las entidades colaboradoras de la administración en materia de medio ambiente puede realizar tareas de inspección y control de las instalaciones de gestión de residuos y expedir certificados relacionados con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa que les afecta o en las respectivas autorizaciones, si bien no tienen carácter de agente de la autoridad y sus declaraciones no tienen presunción de veracidad.

Cuando así lo determine el órgano competente en materia de residuos o en materia de suelos contaminados del Gobierno de las Illes Balears, se podrá requerir de los interesados la necesidad de que determinados certificados o investigaciones de campo tengan que hacerse necesariamente por parte de entidades acreditadas en la materia.

De toda visita de inspección se tiene que extender un acta descriptiva de los hechos y, en especial, de los que pueden ser constitutivos de una infracción administrativa, y se tienen que hacer constar las observaciones que realice el responsable de la actividad. Se tienen que recoger las posibles irregularidades detectadas y se tienen que documentar las actuaciones desarrolladas por la inspección orientadas a evaluar la eficacia de las condiciones impuestas para el ejercicio de la actividad.

El acta de inspección, con las formalidades exigidas, tiene presunción de veracidad y valor probatorio, sin perjuicio de las otras pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de los intereses propios. El acta tiene que ir firmada por el agente inspector y se tiene que entregar una copia a la persona interesada.

Las actas de inspección se pueden complementar con un informe posterior cuando sea necesario valorar el cumplimiento de la normativa, los resultados de los muestreos o, en general, cuando tengan que realizarse valoraciones posteriores de los hechos comprobados en la inspección.

Los órganos competentes para llevar a cabo las tareas de inspección en materia de residuos tienen que garantizar que todas las instalaciones o actividades que disponen de una autorización en materia de residuos diferente de la autorización ambiental integrada regulada en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, están cubiertas por un plan de inspección. La periodicidad de su revisión y actualización la tiene que establecer cada uno de los órganos competentes.

Los planes de inspección tienen que estar a disposición del público, entre otros, por los medios electrónicos, sin más limitación que la que establece la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Los planes de inspección tienen que incluir actuaciones adecuadas con el fin de detectar las actividades ilegales o no autorizadas.

Además de las infracciones tipificadas por la normativa básica estatal y sus normas de desarrollo, tienen la consideración de infracción, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, las siguientes:

Los entes locales, en el ámbito de sus competencias propias, a través de las ordenanzas, tienen que tipificar las infracciones y sanciones correspondientes, ajustando la clasificación de las infracciones, las sanciones, el procedimiento y otros requisitos a lo que establece tanto la normativa básica estatal como esta ley.

El régimen de sanciones aplicables es el que regula la legislación básica del Estado en materia de residuos y suelos contaminados, a excepción de las multas, que se establecen en los siguientes importes:

La multa puede llegar hasta el doble del beneficio obtenido si, a consecuencia de la comisión de la infracción, el infractor obtiene un beneficio cuantificable. En aplicación de este criterio, el importe de la multa puede superar los límites máximos establecidos en el apartado anterior para los diferentes tipos de infracciones.

En los casos en los que la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor y el pago voluntario, en ambos casos antes de lo que dicte la resolución, supondrá una reducción del importe que se tenga que abonar en los términos establecidos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se gradúan teniendo en cuenta los criterios siguientes, que pueden ser apreciados separadamente o conjuntamente:

El Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares (teniendo en cuenta el artículo 10.2 de esta ley) y los municipios, tienen que ejercer la potestad sancionadora en materia de residuos en función de las competencias que tienen atribuidas.

En los casos en que la potestad sancionadora corresponda al Gobierno de las Illes Balears, esta tiene que ser ejercida por:

Los entes locales tienen que ejercer la potestad sancionadora en el supuesto de abandono, vertido o eliminación no autorizados de los residuos cuya recogida y gestión les corresponda, y en el supuesto de que sean entregados sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas municipales reguladoras.

En caso de concurrencia de infracción en diferentes leyes bajo la competencia de la consejería competente en materia de medio ambiente, en aplicación del artículo 52.3 de la Ley 22/2011, los servicios jurídicos de esta consejería tienen que tramitar el expediente, y se tiene que imponer, con el informe previo de cada departamento afectado, la sanción de más gravedad.

Cuando del supuesto hecho infractor, denunciado por un particular o por un agente de la autoridad, y en todo caso corroborado por estos, se sospeche que es constitutivo de un presunto delito ecológico, se tiene que informar al órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, el cual tiene que enviar las propias conclusiones a la secretaría general de la consejería en que esté adscrito para remitirlas, hecha la consulta previa a los servicios jurídicos, al Ministerio Fiscal.

Siguiendo y ateniéndose a la previsión del artículo 56 de la Ley 22/2011, en caso de infracciones graves y muy graves, el Gobierno de las Illes Balears, por razones de interés público, dará a conocer a través de los medios de comunicación que considere adecuados las resoluciones firmes de los expedientes sancionadores resueltos y las sanciones impuestas a los infractores.

La tramitación de los procedimientos administrativos y el cumplimiento de las obligaciones de información contenidos en esta ley se tienen que llevar a cabo por vía electrónica.

Los registros regulados en esta ley son públicos. Cualquier persona física o jurídica puede conocer el contenido de las inscripciones practicadas, con las restricciones establecidas por la normativa relativa a la protección de datos personales.

Mientras la Administración del Estado no desarrolle esta materia, y dado que no se han cumplido las previsiones que establece la disposición adicional octava de la Ley 22/2011 en relación con los subproductos y el fin de la condición de residuo, el Gobierno de las Illes Balears, ateniéndose a la previsión de la disposición transitoria de la ley mencionada anteriormente, tiene que seguir los procedimientos que se regulan en los apartados siguientes, teniendo en cuenta los principios contenidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Ley 22/2011.

Tienen la consideración de subproducto los materiales que, inicialmente procedentes de un productor de residuos, obtengan esta declaración mediante una resolución del órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears, con la solicitud previa presentada de manera justificada o motivada por los interesados, el productor del residuo y su destinatario. Esta resolución será válida para el periodo de tiempo que se determine.

Perderán la consideración de residuo los materiales que, procedentes de un gestor de residuos autorizado, en consideración a las previsiones de una norma que lo regule así o con la solicitud previa de su generador de manera motivada y justificada, cumpliendo los requisitos del artículo 5.1 de la Ley 22/2011, obtengan esta declaración mediante una resolución del órgano competente en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears. Esta condición se mantendrá mientras se den las condiciones que dieron lugar a aquella declaración y así lo pueda acreditar su titular.

Las autorizaciones que se resuelvan siguiendo el procedimiento de fin de la condición de residuos y de subproducto se tienen que registrar y se tienen que comunicar a la Comisión de Coordinación estatal prevista en la Ley 22/2011.

En caso de que no se cumplan los objetivos en materia de prevención, reutilización, preparación para la reutilización o reciclaje que marca la normativa vigente en materia de residuos para el año 2020, el Gobierno de las Illes Balears tiene que promover el establecimiento de un canon para gravar la disposición del rechazo de los residuos municipales destinados a depósito controlado e incineración, con o sin recuperación energética, a fin de que entre en vigor el 1 de julio de 2021.

El canon sobre la eliminación en depósito controlado y la incineración de residuos tiene que ser un tributo indirecto, de naturaleza real y de carácter extra-fiscal que tiene que gravar la eliminación en vertedero y la incineración de los residuos en instalaciones situadas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

El canon tiene que ser compatible con cualquier otro tributo aplicable a las operaciones gravadas y, en particular, con la percepción de tasas por parte de las entidades locales.

La finalidad del canon tiene que ser fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente, así como desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración.

Se tienen que establecer diferentes tipos de gravamen en euros por tonelada de residuos municipales, según su tratamiento finalista y según si la entidad local responsable de la recogida ha iniciado o no el pago por generación previsto en el artículo 9 de esta ley y la recogida selectiva de fracción orgánica.

Los tipos de gravamen aplicables a la eliminación en vertederos serán superiores a los tipos de gravamen aplicables a la incineración de residuos con recuperación energética en coherencia con el principio de jerarquía previsto al artículo 6.2 de la presente ley.

Ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de residuos de Ca Na Putxa, en la isla de Ibiza, y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 13 de esta ley, se faculta al Consejo Insular de Ibiza para que pueda adoptar un acuerdo plenario mediante el cual, previa autorización del Consejo Insular de Mallorca que fije las eventuales condiciones de la recepción, incluida la duración de la misma, se determine el traslado de la totalidad de la fracción rechazo de los residuos a las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca para su valorización energética.

Con el fin de concretar la operativa y los aspectos técnicos del traslado al que se refiere el apartado anterior, antes de su puesta en marcha, y previa autorización del Consejo Insular de Mallorca, se llevará a cabo por la entidad concesionaria del servicio público obligatorio insular una prueba piloto de este traslado, cuyo coste será asumido por el Consejo Insular de Ibiza o por las personas públicas o privadas beneficiarias del servicio, según corresponda.

De acuerdo con la letra b) del artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se establece una subvención legal a favor del Consejo Insular de Mallorca a cargo de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears con el fin de coadyuvar en la financiación del coste soportado como administración receptora de residuos, directa o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe máximo de 50.000.000 de euros distribuidos proporcionalmente hasta diez anualidades.

La subvención legal establecida en el apartado anterior debe tramitarla y resolverla, previa solicitud del Consejo Insular de Mallorca, la consejería competente en materia de residuos, de acuerdo con las normas aplicables a los procedimientos de concesión directa de subvenciones, en el marco del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de residuos de Ca na Putxa, en la isla de Ibiza, y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 13 de esta ley, se faculta al Consejo Insular de Ibiza para que pueda adoptar un acuerdo plenario mediante el cual, previa autorización del Consejo Insular de Mallorca que fije las eventuales condiciones de la recepción, incluida la duración de la misma, se determine el traslado de la totalidad de la fracción rechazo de los residuos a las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca para su valorización energética.

Con el fin de concretar la operativa y los aspectos técnicos del traslado al que se refiere el apartado anterior, antes de su puesta en marcha, y previa autorización del Consejo Insular de Mallorca, se llevará a cabo por la entidad concesionaria del servicio público obligatorio insular una prueba piloto de este traslado, cuyo coste será asumido por el Consejo Insular de Ibiza o por las personas públicas o privadas beneficiarias del servicio, según corresponda.

De acuerdo con la letra b) del artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se establece una subvención legal a favor del Consejo Insular de Mallorca a cargo de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con el fin de coadyuvar en la financiación del coste soportado como administración receptora, directa o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe máximo de 50.000.000 de euros distribuidos proporcionalmente hasta diez anualidades.

La subvención legal establecida en el apartado anterior debe tramitarla y resolverla, previa solicitud del Consejo Insular de Mallorca, la Consejería competente en materia de residuos, de acuerdo con las normas aplicables a los procedimientos de concesión directa de subvenciones, en el marco del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Los planes directores sectoriales de residuos no peligrosos aprobados inicialmente a la entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación. En caso de que el plan director sectorial de residuos no peligrosos aprobado inicialmente solo contenga los aspectos estrictamente territoriales, el correspondiente consejo insular podrá tramitar y aprobar un plan de prevención y gestión de residuos no peligrosos, siguiendo el procedimiento de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, sin que sea preceptivo el informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, teniendo que integrar el componente ambiental en todas las fases de elaboración y aprobación, incluido su seguimiento, en los términos que establece la normativa reguladora de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y su contenido será:

En la primera revisión de los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos, los consejos insulares tienen que adaptar su planeamiento a la presente ley.

Las previsiones de los artículos 29.4.c) y 32.2 de esta ley no serán efectivas mientras los planes insulares de residuos no las hayan tenido en cuenta y se hayan puesto en funcionamiento las infraestructuras necesarias.

La aplicación de la disposición prevista en el apartado c) del artículo 12 y de los artículos 29.4.c) y 32.2 de esta ley tiene que ser efectiva mientras no rompa el equilibrio económico-financiero de las concesiones administrativas vigentes.

Mientras no se modifique la declaración actual de servicio público, y se cumpla la previsión del artículo 13 de esta ley, sin romper el equilibrio económico-financiero de la concesión administrativa vigente del Consejo Insular de Mallorca, la valorización de residuos de construcción y demolición en canteras y otros espacios degradados en la isla de Mallorca se llevará a cabo respetando las condiciones establecidas por el Plan director sectorial vigente para la gestión de los residuos de la construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca (publicado en el «BOIB» de 23/11/2002).

Se modifican el artículo 58.2, la denominación del capítulo tercero del título II y los artículos 67 y 68 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, que quedan redactados de la siguiente forma:

Los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos no peligrosos y peligrosos.»

Se modifica el apartado 2.b del artículo 1 de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio, que tendrá la siguiente redacción: