Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

Mediante la modificación del artículo 132, se simplifican varios criterios de la tramitación de obras e instalaciones en la zona de dominio público ferroviario. Por otro lado, la modificación del artículo 133 permite aclarar diferentes cuestiones en relación con el límite de edificación paralelo a la red ferroviaria que la casuística vivida desde la aprobación de la Ley 4/2014 hacen recomendable adoptar para ajustar mejor estos límites a la realidad existente, sobre todo en zonas urbanas, sin poner en riesgo la propia seguridad ferroviaria. El artículo 161 se modifica para revisar el procedimiento de establecimiento de nuevas líneas de tranvía que transcurren por más de un municipio: se elimina la necesidad de redactar un plan especial urbanístico para su consecución, y se fija el estudio informativo como herramienta de planificación de estas nuevas líneas en el ámbito urbano, siempre contando con la necesaria cooperación de los ayuntamientos afectados. El artículo 162 permitirá hacer lo mismo para el caso de tranvías que circulen solo por un único municipio. Finalmente, la modificación del artículo 195 se aborda para redefinir el estudio de viabilidad que había que elaborar, previo a la redacción del proyecto, en caso de querer implantar grandes infraestructuras de transporte. En el caso de las infraestructuras ferroviarias, este estudio de viabilidad queda insertado en el marco del estudio informativo y todo el proceso de análisis se asocia a él, mientras que en el caso de las infraestructuras no ferroviarias se remite a la legislación sectorial de cada uno de los proyectos para que incluya, en el marco de su planificación, el estudio de viabilidad. A su vez, se elimina la necesidad de realizar estos estudios en el caso de las estaciones de viajeros, dado que no parece necesaria su obligatoriedad por su menor envergadura.

La disposición final sexta modifica los artículos 17, 19, 36, 40 y 47 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y añade una nueva disposición adicional, la sexta. La modificación de los artículos 17 y 19 de la Ley 5/1990, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, supone una actualización de los trámites referidos a estudios y proyectos que incluyen travesías urbanas, o bien los necesarios para la tramitación de anteproyectos o proyectos relativos a nuevas carreteras, duplicaciones de calzadas y variantes, e implica, entre otras novedades, que se permita la publicación electrónica de dichos proyectos. De la Ley 5/1990 se cambian, asimismo, los artículos 36 y 40, para aumentar la seguridad del tráfico y mejorar el espacio paisajístico y medioambiental, y, de acuerdo con ello, el artículo 47, para poder agilizar el desmontaje de estructuras u obras ejecutadas dentro de la zona de influencia de las carreteras, como por ejemplo las vallas de publicidad instaladas de forma ilegal.

Finalmente, se añade una disposición adicional a la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, para garantizar que los proyectos de nuevo trazado, duplicaciones de calzada, acondicionamientos, mejoras locales de carreteras y los proyectos que incluyan acondicionamientos en zonas de alto potencial y calidad visual, incorporen interpretación, criterios de protección, gestión y ordenación del paisaje en el sentido de lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje. A petición del departamento de movilidad o del departamento con competencias en materia de paisaje de cada consejo insular, también se pueden revisar los proyectos ya aprobados o en ejecución, a los efectos de adaptarlos e incluir en ellos medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje o en aplicación de las Directrices de Paisaje Insulares, priorizando la solución técnica que, sin menoscabo de la seguridad vial, minimice las afectaciones en el paisaje, aunque implique la eliminación de elementos ya instalados o construidos en el caso de proyectos en ejecución. Esta disposición no será aplicable para proyectos cuya ejecución ya haya finalizado.

La disposición final séptima modifica la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. Esta ley establece importantes hitos tanto por el cumplimiento de sus objetivos como por la entrada en vigor de otros aspectos, que conducirán a los anteriores, pero que, por el hecho de implicar modificaciones de procesos productivos, cambios en la logística de distribución y comercialización de determinados productos en el mercado de las Illes Balears o, incluso, ambos, prevé un plazo suficiente para la necesaria adaptación de los comercios, distribuidores y fabricantes. Hay que reconocer, no obstante, que debido a la falta de libre circulación de equipamiento y de personas, establecida como consecuencia de la COVID-19, se están atrasando los procesos de homologación y de modificación de la maquinaria, necesarios para producir en unas nuevas condiciones, de materia primera, de tipo de envasado, etc. Por otra parte, un número importante de empresas se han visto obligadas a parar completamente su actividad y se encuentran sometidas a procesos temporales de regulación de empleo (ERTE). Ante este futuro incierto, una vez que se reactive la economía y, muy especialmente, el sector HORECA, primero hay que dar salida al excedente de fabricación actualmente en stock.

Así, por lo tanto, las especiales dificultades de todo orden ante la imprevista situación actual con motivo de la COVID-19, ajena por completo a la voluntad de fabricantes, distribuidores y comercios, supone un motivo justificado que hay que valorar para los plazos más cercanos establecidos por la ley autonómica. No es así para aquellos otros que ya habían entrado en vigor antes de la declaración del estado de alarma ni tampoco para los que la ley prevé más a largo plazo.

Por todo ello, en consonancia con otras muchas medidas urgentes extraordinarias adoptadas por las administraciones para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, se propone aplazar la entrada en vigor de los artículos que la ley balear preveía a más corto plazo para el 1 de enero de 2021.

Para las medidas previstas en el apartado sexto del artículo 25, dada su complejidad y las especiales dificultades de interpretación que se han manifestado desde la promulgación de la Ley 8/2019, se considera técnicamente procedente atender las demandas de los sectores implicados y, además de ofrecer una redacción más clara, y a su vez proporcionar más seguridad jurídica, establecer un plazo un poco más largo.

Resulta igualmente necesario establecer un plazo para que las empresas que ponen en el mercado de las Illes Balears productos en envases de carácter comercial o industrial, hasta ahora mayoritariamente acogidas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, que las exceptuaba de la obligación de establecer un sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada del productor, se puedan constituir y presentar la correspondiente solicitud de autorización ante el Gobierno de las Illes Balears.

En cuanto a la normativa en materia de servicios sociales, juventud y dependencia, y con el fin de simplificar los procedimientos previstos y ganar eficacia y eficiencia, la disposición final octava modifica varias normas, la primera de las cuales es la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears. La modificación se concreta con medidas de financiación de los servicios sociales comunitarios y del régimen de acreditación de entidades del tercer sector que pueden concertar.

Esta ley configura, entre otras cuestiones, por un lado, la financiación del sistema público de servicios sociales. Concretamente, el artículo 70 de esta ley prevé la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos que son los que se configuran como los servicios que tienen un carácter universal, abierto y polivalente, que constituyen el canal normal de acceso al sistema de servicios sociales y garantizan la universalidad del sistema y su proximidad a las personas usuarias y a los ámbitos familiar y social.

En el contexto actual, y pensando en la nueva situación económica y social que surgirá a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, hay que tener en cuenta que, al margen de que la realidad social que se derive será muy diferente, las respuestas del sistema de servicios sociales tienen que adaptarse con el máximo de flexibilidad posible. En esta situación, resulta indispensable garantizar la estabilidad de los equipos profesionales, que está vinculada, claramente, con la financiación de las figuras profesionales que, hasta ahora, se ha tramitado mediante convenios, mayoritariamente de periodicidad anual. Esto ha supuesto una duplicación de tramitaciones respecto a la fijación de los criterios de distribución, y a su vez una dilatación temporal en la tramitación administrativa que ocasiona cargas administrativas innecesarias que demoran la financiación real de los servicios sociales municipales. Para resolverlo, se modifica el procedimiento para la tramitación de esta financiación para que pueda cubrir de forma más ágil y rápida las necesidades sociales, las cuales, después de la crisis sanitaria, serán más evidentes que nunca.

Por otro lado, la Ley 4/2009, de 11 de junio, regula en el capítulo III del título VII la acreditación administrativa. Esta acreditación prevé estándares de calidad específicos y diferentes a los previstos para la autorización administrativa, con el objetivo de que las entidades que prestan servicios sociales con un grado de calidad superior a los estándares mínimos establecidos por la autorización o en la normativa que los regule se puedan integrar dentro de la red pública de servicios sociales.

Sin embargo, con la regulación vigente hasta ahora se exige, en primer lugar y en cualquier caso, la comprobación de las condiciones que posibilitaron la autorización. Esta comprobación podría tener sentido si la entidad no hubiera obtenido previamente la autorización administrativa, o si las condiciones valoradas hubieran cambiado, pero no en cualquier caso, dadas las cargas administrativas y el retraso en la resolución del procedimiento que implica esta nueva comprobación. Por ello, y en atención a los principios de agilidad administrativa y de confianza legítima, se modifica el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de forma que, si el servicio que se quiere acreditar ya ha sido autorizado, no sea necesario revisar el procedimiento previo de autorización, y que este trámite se sustituya por una declaración de vigencia de las condiciones de la autorización emitida por la misma entidad titular del servicio.

En segundo lugar, idénticos motivos fundamentan la modificación del artículo 87 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, que prevé en todo caso la realización de una visita del personal de la administración pública competente a las instalaciones de la entidad social. En este caso, además, hay que decir que desde la aprobación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, se han incorporado nuevos servicios al sistema público de servicios sociales, servicios que no implican la prestación dentro de un centro en concreto o con unas condiciones estructurales concretas, de forma que la visita in situ pierde su valor. Asimismo, es importante destacar que los requisitos que se valoran en la acreditación, con carácter general, hacen referencia al grado de calidad en el empleo del personal profesional o a la transparencia de la gestión de la entidad, de forma que el trámite de la inspección física dentro del procedimiento de acreditación se convierte, en la mayoría de los casos, en un trámite innecesario que puede resultar contrario a la reducción de cargas administrativas y a los principios de buena administración.

Esta disposición también modifica normas reglamentarias en materia de juventud y de dependencia. En primer lugar, modifica el régimen de los cursos de director y monitor de actividades de tiempo libre en caso de emergencia, lo que resulta necesario dadas las restricciones a la movilidad derivadas de la declaración del estado de alarma por la COVID-19, que han supuesto la paralización de la actividad presencial de las escuelas que imparten los diplomas de director y de monitor de actividades de educación de tiempo libre infantil y juvenil, reguladas por el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud. Esta situación ha afectado a un gran número de cursos previstos o ya empezados, que se han visto interrumpidos sin que la normativa vigente les dé solución de continuidad.

Actualmente, el artículo 27.1 del Decreto 23/2018 prevé que hasta el 33 % de los módulos teóricos de los diplomas de director o de monitor se pueden hacer a distancia. Este porcentaje resulta en estos momentos insuficiente para que los jóvenes puedan continuar con la formación que les habilitará para trabajar en actividades de tiempo libre cuando la situación se restablezca.

Por lo tanto, se modifica el Decreto 23/2018 para introducir una disposición adicional séptima que permita a los consejos insulares, en circunstancias tan extraordinarias como las actuales, autorizar a las escuelas de educación en el tiempo libre infantil y juvenil a impartir íntegramente a distancia parte o la totalidad de los módulos teóricos de los cursos de director y de monitor de actividades de educación de tiempo libre infantil y juvenil que se hayan comunicado debidamente o que se hayan iniciado en el momento de declararse estas situaciones, sin los límites previstos en el apartado 1 del artículo 27.

En todo caso, la formación a distancia tiene que respetar el programa, los contenidos y la duración recogidos en los artículos 22 y 23 de este decreto y los criterios y las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 27.

También se establece que, en las mismas situaciones extraordinarias, quedarán suspendidos los plazos que hayan podido establecer las escuelas de educación en el tiempo libre infantil y juvenil para que los alumnos que han superado la parte teórica cursen los módulos de las prácticas profesionales no laborales, las cuales quedarán pospuestas al momento en el que se puedan realizar presencialmente.

La nueva disposición establece que las condiciones, la duración y los efectos de estas medidas, totalmente excepcionales, se fijarán mediante una resolución del órgano competente de cada consejo insular. El mantenimiento de estas medidas debe circunscribirse al tiempo mínimo imprescindible para paliar los efectos de las situaciones extraordinarias antes mencionadas.

La disposición también pretende validar las resoluciones y medidas en este sentido adoptadas previamente por los consejos insulares con ocasión de la situación derivada de la COVID-19, en especial la Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consejo Insular de Mallorca del día 6 de abril de 2020 relativa a la formación en línea de los cursos de monitor/a y director/a de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (BOIB n.º 58, de 18 de abril), las cuales continuarán vigentes y producirán plenos efectos desde el momento en el que se dictaron, siempre que resulten compatibles con esta disposición.

En cualquier caso, estas previsiones solo son aplicables a las escuelas de educación en el ocio infantil y juvenil que ya estén inscritas en los correspondientes censos de escuelas en el momento de decretarse la situación excepcional. En ningún caso tienen efectos en la formación impartida por otras entidades o centros.

También se modifica el apartado 8 para dotar de carácter de principio general la nueva disposición, de acuerdo con el artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Asimismo, se modifica el apartado 1 del artículo 18 del Decreto 63/2017, de 22 de diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia para gente mayor en situación de dependencia: se establecen listas según proveedores, lo que permite que puedan gestionarse con mayor agilidad y facilita la comparación entre los servicios prestados por cada proveedor. Por la misma razón, también se modifica el apartado 1 del artículo 19 del mismo decreto.

Finalmente, se modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto 63/2017, de 22 de diciembre, para agilizar los cambios de opción, por lo que se complementa la opción presencial del beneficiario dependiente con una tramitación de oficio del mismo técnico de dependencia.

Dado que estas modificaciones lo son de una norma reglamentaria, el último apartado establece su deslegalización, y señala que las modificaciones contenidas en esta disposición pueden ser alteradas mediante una disposición reglamentaria.

La disposición final novena modifica en primer lugar tres normas presupuestarias y de hacienda pública de rango legal. La primera, mediante la modificación del artículo 10, apartado 2, de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020, para aumentar los límites para gastos de capital, tanto para la administración autonómica como para el Servicio de Salud de las Illes Balears, a un millón de euros, y también para aumentar los límites para gastos corrientes del Servicio de Salud de las Illes Balears a setecientos cincuenta mil euros, sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno. La segunda, mediante la modificación de la letra f) del artículo 21.2 de la misma Ley 19/2019, con el fin de facilitar la aplicación inmediata de lo previsto en esta ley respecto a la movilidad forzosa del personal estatutario del Servicio de Salud, incluso entre islas. Y la tercera, mediante la modificación del apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019, para facilitar la tramitación de los gastos menores, con la eliminación de la necesidad de emitir un informe previo.

A continuación modifica puntualmente la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el fin de agilizar la imputación al presupuesto corriente de determinadas obligaciones, con la atribución de determinadas competencias del Consejo de Gobierno a favor del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos por razón de la cuantía.

También se modifican dos normas reglamentarias relacionadas con la hacienda pública, para las que se prevé la deslegalización posterior, sin perjuicio de que, además, y con el fin de poder realizar las adaptaciones necesarias en los sistemas de información contable, se establezca que no tengan efectos hasta el 1 de septiembre de 2020. En este sentido, el punto 6 de la disposición modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 21 del Decreto 62/2006, de 7 de julio, por el que se regula el régimen de control interno que debe ejercer la Intervención General de la comunidad autónoma de las Illes Balears, referido a la exención de fiscalización previa, con el fin de dejar más claro que los gastos de personal están exentos de fiscalización por todos los conceptos y en todas las fases de gestión del presupuesto, incluidas las relativas al personal de conciertos educativos y a los mandamientos de pago que se deriven de la nómina. El punto 7 modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se regula la facturación electrónica de los proveedores de bienes y servicios en el ámbito de sus relaciones con la comunidad autónoma de las Illes Balears, referido a los proveedores obligados a presentar facturas en formato electrónico, y establece que todas las facturas emitidas por personas jurídicas deberán emitirse en formato electrónico, incluso las de cuantía inferior a cinco mil euros.

La disposición final décima introduce modificaciones legislativas en materia de función pública, que tienen como finalidad facilitar y agilizar el procedimiento existente de atribuciones temporales de funciones. Esta modificación se aplicaría en determinados supuestos de carácter excepcional, cuando por circunstancias sobrevenidas resulte necesario dotar de más personal determinados sectores prioritarios de la actividad pública que no disponen de personal suficiente para atender estas necesidades, priorizando, como primera opción, la voluntariedad de las atribuciones temporales de funciones.

Asimismo, se amplía su duración hasta un máximo de dos años, de manera excepcional y siempre que las necesidades del servicio lo requieran.

La disposición final undécima modifica el tercer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional primera del Decreto 47/2011, de 13 de mayo, por el que se crean determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes Balears y se establece un procedimiento extraordinario de integración, para dar cumplimiento a un acuerdo sindical, cuya ejecución debe tener lugar antes de la resolución de las convocatorias vinculadas a la oferta pública de empleo de 2017.

La disposición final duodécima contiene modificaciones normativas en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas), que pretenden mejorar la actividad de control de la oferta del chárter náutico en las Illes Balears. Se pone de manifiesto, con las diversas patronales del sector, la necesidad de adoptar medidas para impedir la oferta ilegal de embarcaciones de alquiler. Hasta ahora, resultaba imposible adoptar medidas contra una oferta realizada sin la correspondiente alta de la actividad, por lo que la oferta en medios de comunicación, e incluso en los mismos muelles de nuestros puertos, no podía impedirse adecuadamente. La actual situación de crisis, en la que la actividad de chárter náutico ha sido objeto de suspensión, recomienda la adopción de cualquier medida que proteja al sector de ofertas fuera de la norma ante una temporada que se prevé que será breve, máxime cuando la voluntad de adoptar estas medidas ya era conocida y también reclamada.

La nueva obligación en las actividades de difusión también tiene que estar asociada a la tipificación de su incumplimiento en la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas) en las Illes Balears. En la modificación propuesta se actualizan los anexos de declaración responsable para identificar mejor las embarcaciones y los barcos. Transcurridos cinco años desde la aprobación de la principal norma sancionadora de las actividades náuticas, resulta necesaria una adecuación de sus preceptos.

En primer lugar, la modificación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, en nombre de la mejor protección de las empresas que llevan a cabo su actividad conforme a esta norma, requiere la tipificación de los supuestos de incumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas de manera urgente. En segundo lugar, la experiencia de estos últimos años, con la aprobación de normas que regulan las materias objeto del régimen sancionador de la Ley 2/2015, recomiendan la tipificación de algún nuevo supuesto, tanto en la actividad de chárter náutico como en la de las escuelas de navegación. La pretensión no es otra que es mejorar el control y agilizar también la expedición de las titulaciones, retrasada en muchas ocasiones por la inadecuada certificación de las prácticas de navegación.

Finalmente, se actualizan los importes de las sanciones.

Dado que, en el marco de la crisis de la COVID-19 deben tomarse medidas para reactivar la economía lo antes posible para revertir o paliar la crisis económica y social que se ha sufrido a causa de la crisis sanitaria generada por el virus, y entendiendo que esta reactivación inmediata deberá tener un componente claro de sostenibilidad y recoger los postulados de entidades internacionales como la Comisión Europea, el FMI o el Banco Mundial, según los cuales la transición energética es clave para esta reactivación, se proponen las modificaciones legislativas contenidas en las disposiciones finales decimotercera a decimosexta.

Desde la Unión Europea ya se ha anunciado un plan de reactivación basado en la transición energética y la eficiencia energética. En este sentido, pues, hay una garantía de inversión pública que pretende promover la inversión privada. Sin ir más lejos, actualmente hay adjudicados 40 millones de euros de una línea del IDAE para parques fotovoltaicos en Balears, que producirá una inversión privada de cerca de 230 millones de euros y una previsión de que el próximo año se puedan sumar 20 millones de euros más del IDAE y 120 millones de euros de inversión privada. Por todo ello, esta ley contiene medidas encaminadas a la implementación de energías renovables y también de la eficiencia energética, porque es una apuesta segura, sostenible, necesaria y de futuro.

Además de reactivar la economía, la apuesta por el sector de las renovables fomenta el empleo de calidad durante todo el año, tanto en la instalación como en el mantenimiento de las instalaciones.

Para que estas medidas puedan implementarse en un tiempo rápido y las inversiones se realicen de forma casi inmediata, se proponen una serie de cambios en varias normativas. Así, la disposición final decimotercera modifica la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears, con el objeto de poder acelerar la tramitación de los parques fotovoltaicos. Para que la inversión público-privada se ponga en marcha de forma inmediata, hay que poder declarar estratégicos los proyectos de energías renovables en cualquier momento de su tramitación. Asimismo, para mejorar la instrucción de estos proyectos, hace falta que sea la dirección general competente en materia de energía la que tramite los expedientes de dichos proyectos. También es importante que la tramitación no se alargue en administraciones públicas insulares y locales, por lo que se determina un mes como máximo para la elaboración de los correspondientes informes. Toda esta modificación normativa agilizará la tramitación de los proyectos que se declaren estratégicos para implementar las renovables a las Illes Balears.

La disposición final decimocuarta modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, dado que en el marco de la transición energética es importante también la protección del territorio y el impacto ambiental de las instalaciones de renovables. Una vez delimitado el PDS de energía en las zonas de aptitud alta, media y baja para la implantación de energías renovables, hace falta una revisión de la ocupación del terreno para que la evaluación ambiental sea lo más eficiente posible. Así, pues, según el terreno donde se ubiquen las diferentes instalaciones, estas tendrán una tramitación ordinaria, una simplificada o una exención de la evaluación ambiental. Se entiende que, para agilizar el trámite con el fin de que los proyectos de renovables sean un motor económico, hay que revisar estas medidas de ocupación (en función del tipo de suelo donde se ubiquen). Es urgente revisarlas para que casi de forma inmediata se lleven a cabo inversiones públicas y privadas que generarán recaudación para la comunidad autónoma y empleo de calidad.

La disposición final decimoquinta modifica la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, dado que es necesaria una modificación para que las instalaciones de menos de 10 ha que tienen que tramitarse con utilidad pública, no computen como suelo ocupado, tal como pasa con las de más de 10 ha, y así también se agilizaría la implantación de renovables en muchos más ámbitos.

La disposición final decimosexta modifica la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, dado que, en el contexto de la implantación de renovables, es clave favorecer su implantación. Por ello se entiende que es urgente que en suelo rústico se puedan ubicar renovables sobre el terreno sin computar en el parámetro de ocupación. Esta medida puede activar el sector del autoconsumo en suelo rústico y favorecer también la inversión público-privada, así como dinamizar el empleo.

La disposición final decimoséptima modifica el artículo 25 del Decreto 63/2016, de 21 de octubre, por el cual se crea el Consejo de la Juventud de las Illes Balears.

La disposición final decimoctava modifica la Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque natural marítimo terrestre de Es Trenc-Salobrar de Campos. Las condiciones de movilidad en el Parque natural marítimo-terrestre de Es Trenc-Salobrar de Campos han cambiado desde su declaración en junio de 2017. A raíz del inicio de los trabajos de redacción y elaboración del Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) se ha detectado que, dada la situación actual de los aparcamientos públicos y privados en el ámbito del parque, resulta necesario estudiar la movilidad actual en profundidad, a fin de definir la futura configuración del parque en esta materia.

La disposición final decimonovena modifica el Decreto 41/2014, de 5 de septiembre, por el cual se establecen los principios generales del procedimiento para obtener la carta de artesano, la carta de maestro artesano, el documento de calificación artesanal y la carta de maestro artesano honorífico. Las modificaciones del Decreto 41/2014, en su artículo 8, se deben a la necesidad de comprobar cada cinco años que las personas que han solicitado la acreditación continúan elaborando y vendiendo productos realmente artesanos. Por otra parte, respecto al artículo 6, punto 2, apartado c), se pretende adecuar la normativa a la realidad actual, ya que la mayoría de las personas que solicitan la acreditación no tienen formación académica relacionada con el oficio solicitado.

Las disposiciones finales vigésima, vigesimoprimera, vigesimosegunda, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta modifican respectivamente el Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears; el artículo 20.1 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears; la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears; la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears; el Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, i la Ley 3/2011, de 25 de marzo, de delegación de competencias al Consejo Insular de Menorca de las facultades que, como administración gestora, ejerce ahora la administración de la CAIB en relación con el Museo de Menorca y la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico.

La última disposición final, la vigesimoséptima, determina la vigencia inmediata de esta ley.

IV

En el actual escenario de contención y prevención de la COVID-19, es urgente y necesario parar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública; pero también es adecuada la vía de legislación de excepción para adoptar medidas de contenido económico y social con objeto de afrontar las consecuencias adversas de la declaración del estado de alarma, como también la adopción de medidas organizativas y procedimentales que permitan activar la administración y simplificar y agilizar los trámites administrativos que tienen que contribuir a la reactivación de nuestra economía.

La norma se adecúa al principio de proporcionalidad, porque contiene la regulación imprescindible para lograr el objetivo de minimizar el impacto en la actividad administrativa ante la situación excepcional actual, y permite reactivar el funcionamiento de la administración, agilizar determinados trámites y procedimientos e incrementar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica administrativa.

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, porque establece normas claras que aseguran la mejor protección de los derechos de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos.

Finalmente, en cuanto al principio de eficiencia, esta ley no impone cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta proporcionada, en atención a la particular situación existente y a la necesidad de garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.

Esta ley se dicta al amparo de los títulos competenciales establecidos en los puntos 3, 5, 14, 15, 28 y 44 del artículo 30 y en los puntos 1, 3, 4 y 5 del artículo 31 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta ley es establecer medidas extraordinarias y urgentes para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19. Asimismo, pretende impulsar la actividad económica y la simplificación administrativa, para facilitar la actividad empresarial en las Illes Balears y contrarrestar los efectos de la desaceleración económica producida por la crisis provocada por la COVID-19, mediante:

– La supresión o la reducción de los trámites administrativos exigibles a las empresas y a los profesionales para iniciar una actividad económica.

– La agilización y la simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la comunidad autónoma, de los consejos insulares y de los ayuntamientos de las Illes Balears.

– La efectividad del derecho de los ciudadanos, las empresas y los profesionales de acceder al ejercicio de la actividad económica de una manera ágil y eficiente.

A estos efectos, se establecen medidas provisionales y específicas directamente dirigidas a paliar los efectos del estado de alarma, como también algunas medidas generales de simplificación administrativa. Por ello, se acomete la modificación de las normas que dificultan el acceso o el ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, se simplifican los trámites y se reducen los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados, para promover el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta ley es de aplicación a las entidades siguientes:

– La Administración de la comunidad autónoma.

– Los consejos insulares.

– Los ayuntamientos de las Illes Balears.

– Las entidades instrumentales que dependen de cualquiera de las administraciones públicas de las Illes Balears o están vinculadas a ellas, en lo que suponga ejercicio de potestades administrativas.

CAPÍTULO II. Estímulo económico y simplificación administrativa

Sección 1.ª Reglas generales

Artículo 3. Régimen general de la intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica.

1. Los mecanismos de intervención administrativa alternativos a la autorización o licencia para el ejercicio de la actividad económica son, con carácter general, la declaración responsable y la comunicación previa.

2. En el marco de la legislación básica aplicable a cada caso, estos mecanismos alternativos se rigen excepcionalmente y a petición del interesado por lo que dispone esta ley.

Artículo 4. Mecanismos de colaboración.

Las administraciones públicas de las Illes Balears deben establecer mecanismos de colaboración y coordinación para el ejercicio de las facultades de intervención, especialmente en los ámbitos de la inspección y la sanción, mediante protocolos y convenios de colaboración que han de concretar la coordinación de servicios y recursos para llevar a cabo la actividad de intervención, inspección o control conjunta.

Sección 2.ª Medidas temporales de reactivación económica, de simplificación administrativa y de apoyo social

Artículo 5. Régimen excepcional de declaración responsable para determinadas obras e instalaciones a ejecutar en suelo urbano.

1. Se pueden acoger al régimen excepcional de declaración responsable previsto en este artículo los actos sujetos a licencia urbanística según el artículo 146 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, siempre que se ejecuten en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que sean conformes con la ordenación urbanística.

A tal efecto, el interesado que desee acogerse al régimen excepcional previsto en este artículo tiene que presentar una declaración responsable subscrita por la persona promotora y dirigida al ayuntamiento correspondiente antes del 31 de diciembre de 2021, en la forma establecida en este artículo.

A partir del 1 de enero de 2022, todas las obras, actuaciones e instalaciones que se pretenda promover quedan sometidas al régimen de intervención preventiva general del título VII de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

2. Este régimen excepcional de declaración responsable no es de aplicación:

3. Para acogerse al régimen excepcional previsto en este artículo, las obras de reforma integral tienen que mejorar la eficiencia energética de las construcciones e instalaciones e incorporar mecanismos de ahorro de agua que supongan una reducción del consumo.

4. A los efectos de este artículo, la declaración responsable es el documento mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento en el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.

La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de terceros, y sólo produce efectos entre el ayuntamiento y el promotor. Tampoco puede ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se refiera.

5. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud, siempre que se acompañe con la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

La declaración responsable se tiene que presentar con una antelación mínima, respecto de la fecha en que se pretende iniciar la realización del acto, de quince días hábiles.

En todo caso, la ejecución de las obras o instalaciones se tiene que iniciar en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la declaración responsable al ayuntamiento. En caso contrario, la declaración responsable pierde la vigencia y es necesario presentar una nueva, siempre que sea antes del 31 de diciembre de 2021, o solicitar y obtener una licencia urbanística, si es a partir del 1 de enero de 2022.

La declaración responsable tiene que fijar el plazo para la ejecución de la actuación, que en ningún caso no será superior a dos años. Este plazo se puede prorrogar en los mismos términos previstos para las licencias.

El comienzo de cualquier obra o instalación al amparo de la declaración responsable se tiene que comunicar al ayuntamiento.

6. La declaración responsable subscrita por la persona promotora y dirigida al ayuntamiento correspondiente se presentará junto con un proyecto técnico de los que prevé el artículo 152.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, e incluirá una motivación expresa de no incurrir en ninguno de los supuestos que requieren licencia previa, y el justificante de pago de los tributos correspondientes si, de acuerdo con la legislación de haciendas locales y, en su caso, con la ordenanza fiscal respectiva, se establece que le es de aplicación el régimen de autoliquidación.

En la declaración responsable se incluirá la manifestación de manera expresa y clara de que las obras cumplen las exigencias establecidas anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean aplicables.

En todo caso el proyecto tiene que ser completo de la actuación prevista, con suficiente definición de los actos que se pretenden llevar a cabo, y tener preceptivamente el grado de detalle y el contenido establecidos en los apartados segundo y tercero del artículo 152 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

El proyecto técnico debe ajustarse también a las condiciones establecidas en el Código técnico de la edificación, lo redactará personal técnico competente y será visado por el colegio profesional competente según lo que establezca la normativa estatal vigente. También tiene que concretar las medidas de garantía suficientes para la realización adecuada de la actuación, y definir los datos necesarios para que el órgano municipal competente pueda valorar si se ajusta a la normativa aplicable. Una vez presentado ante el ayuntamiento el proyecto técnico, adquiere el carácter de documento oficial, y de la exactitud y la veracidad de los datos técnicos que en él se consignan, responde la persona autora con carácter general.

Cuando las actuaciones requieran alguna autorización previa o algún informe administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación, no se puede presentar la declaración responsable sin que estos la acompañen o, si procede, se adjunte el certificado administrativo del silencio producido, cuando dicha normativa prevea su obtención previa a cargo de la persona interesada. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o la utilización del dominio público, se tiene que aportar la autorización o la concesión de la administración titular de este.

Cuando la normativa sectorial que los prevé impida que la solicitud y la obtención previa de los informes y las autorizaciones sea a cargo de la persona interesada, el órgano municipal los solicitará de oficio a las otras administraciones en el plazo máximo de cinco días desde la presentación de la documentación completa de la declaración responsable. En este caso, el órgano municipal comunicará de forma inmediata las actuaciones realizadas a la persona interesada, y le señalará que no puede iniciar los actos sujetos a la declaración responsable hasta que el órgano sectorial competente no comunique la emisión del informe o el otorgamiento de la autorización.

Cuando se realicen reformas integrales que afecten elementos estructurales de la edificación, la declaración responsable también se tiene que acompañar de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil del promotor de la obra.

La presentación de la declaración responsable, si no va acompañada de toda la documentación preceptiva, no tiene los efectos previstos en este artículo.

7. La declaración responsable de las obras ligadas a la instalación o la adecuación de actividades permanentes o a infraestructuras comunes vinculadas a estas, se regirá por lo que prevé la legislación reguladora de actividades.

8. Una vez recibida la declaración responsable, el órgano competente hará las comprobaciones pertinentes para verificar la conformidad de los datos declarados así como la documentación presentada y, si de las comprobaciones efectuadas se desprende la falsedad o la inexactitud de aquellos, se suspenderá la actividad, con la audiencia previa de la persona interesada, sin perjuicio de que, si corresponde, se pueda incoar un procedimiento de subsanación de deficiencias o, en su caso, sancionador. Si hay riesgo para las personas o las cosas, la suspensión se podrá adoptar de forma cautelar e inmediata, mediante resolución motivada, que podrá adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad.

9. Por resolución de la administración pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la actuación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan al hecho, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las circunstancias siguientes:

10. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se pueden entender adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación.

11. Las actuaciones que, pudiéndose acoger al régimen excepcional de este artículo, se lleven a cabo sin haber presentado declaración responsable, o que excedan las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia con carácter general, y se les aplicará el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

12. El régimen aplicable al final de obras, primera ocupación o utilización de los edificios y las instalaciones no queda afectado por este artículo y, en consecuencia, se requerirán las actuaciones, las licencias y los actos que establece la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, para el tipo de obras e instalaciones que se hayan ejecutado.

13. A los efectos de lo que dispone este artículo, sólo se puede presentar una declaración responsable sobre una misma edificación o vivienda una vez cada seis meses, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse al régimen previsto en el artículo 156 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, para las modificaciones durante la ejecución de las obras.

14. Este artículo no es aplicable a los actos sujetos al régimen de comunicación previa en esta ley, los cuales continúan sometidos al procedimiento establecido en el artículo 153 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

15. Para todo lo que no disponga explícitamente este artículo, se estará al régimen general de intervención preventiva del título VII de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

Artículo 6. Procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos para la implantación de actividades de recogida municipal de residuos (puntos verdes).

1. Con carácter extraordinario, para impulsar y revitalizar la actividad económica a raíz de la crisis provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, y con el fin de atender la necesidad de áreas urbanizadas aptas para actividades que requieren espacios adecuados con un nivel bajo de edificación –como por ejemplo los vinculados a la recogida municipal de residuos (puntos verdes)–, se establece un procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales municipales de infraestructuras y equipamientos para la implantación de actividades de recogida municipal de residuos.

2. Los sistemas generales de infraestructuras y equipamientos para la implantación de actividades de recogida municipal de residuos deberán delimitarse preferentemente en suelo urbano o urbanizable, aunque también podrán delimitarse en cualquier clase de suelo, siempre que estén debidamente justificados y no haya otras alternativas ya ordenadas en el planeamiento.

En caso de que se delimiten en suelo rústico, se tienen que ubicar preferentemente en categorías de suelo rústico común.

En el caso de municipios con más de un 90 % de suelo rústico protegido también se pueden ubicar en áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) que no sean de naturaleza boscosa, siempre y cuando se justifique la imposibilidad de su delimitación en suelo urbano, urbanizable, o rústico común; en este caso dentro del mismo procedimiento se tienen que añadir medidas compensatorias equivalentes para incrementar las superficies de suelo rústico protegido y, si no es posible, de incrementar el nivel de protección de este.

3. La edificabilidad global máxima no puede superar 0,1 m² de techo por cada m² de suelo. El uso residencial y turístico es incompatible.

4. La administración promotora hará una propuesta de delimitación y de ordenación del ámbito que se someterá a la tramitación ambiental correspondiente. Junto con la documentación técnica para la ordenación se elaborará un estudio de movilidad generada que incluya las medidas necesarias para garantizar una conectividad adecuada en el sistema viario. Asimismo se elaborará un estudio de impacto paisajístico que incorpore las medidas correctoras necesarias para garantizar la integración adecuada en el entorno.

5. Posteriormente, la propuesta se aprobará inicialmente con el efecto de suspensión de licencias previsto en la legislación urbanística, y se expondrá al público por un periodo común de 24 días hábiles, tanto en cuanto a la documentación sustantiva como a la ambiental, y se solicitarán los informes preceptivos, que serán emitidos en un plazo máximo de 20 días hábiles.

6. Una vez concluido el trámite de exposición pública, consulta y audiencia, se formulará la propuesta final para completar el trámite de declaración ambiental estratégica y, posteriormente, con los ajustes que hagan falta, para proceder a la aprobación definitiva por parte del órgano competente de la administración promotora, previo informe de la comisión insular competente en ordenación del territorio y urbanismo, que se emitirá en un plazo máximo de 20 días hábiles.

7. La aprobación definitiva de la propuesta se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y, una vez publicada, se puede llevar a cabo la ejecución prevista en la ordenación del sector delimitado y se considerará integrada en el planeamiento urbanístico municipal. La aprobación definitiva de esta ordenación tiene los efectos previstos para los planes en la legislación urbanística (publicidad, ejecutividad, obligatoriedad y declaración de utilidad pública).

8. Dado el carácter extraordinario de este procedimiento se limita su aplicación temporal de forma que sólo se podrá iniciar durante un periodo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.

Artículo 7. Incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos.

(Derogado)

Se deroga por la disposición derogatoria única del Decreto-ley 4/2025, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2025-14462

Se modifica por la disposición final 1 de la Ley 3/2022, de 15 de junio. Ref. BOE-A-2022-13846#df

Se modifica por la disposición final 1 del Decreto-ley 3/2022, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2022-9388

Téngase en cuenta la disposición transitoria única para su aplicacion.

Artículo 8. Excepción de limitaciones temporales estivales para obras.

Durante 2020 y hasta el 15 de junio de 2021 todo tipo de obras de edificación, modificación, reparación y derribos estarán exentas de las limitaciones temporales estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en cualquier normativa autonómica, insular o municipal. Los ayuntamientos pueden prorrogar de forma motivada esta exención, en función de las circunstancias concurrentes, sin necesidad de modificar la normativa municipal.

Se modifica por la disposición final 3 de la Ley 3/2021, de 10 de noviembre de 2021. Ref. BOE-A-2021-19807#df-3

Se modifica por la disposición final 3 del Decreto-ley 4/2021, de 3 de mayo. Ref. BOE-A-2021-11616#df-3

Artículo 9. Suspensión temporal del requisito de acreditación del depósito de fianza de contratos de alquiler de vivienda habitual para la solicitud de ayudas públicas al alquiler.

Se exime a los arrendatarios de la exigencia de acreditación del depósito de fianza a que hace referencia el artículo 59 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, en las solicitudes de ayudas al alquiler convocadas a partir de la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta suspensión no exime de la obligación de los arrendadores de depositar las fianzas de contratos de alquiler de vivienda, cuyo incumplimiento constituye una infracción administrativa tipificada en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.

Artículo 10. Prestación económica extraordinaria de compensación de atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales para personas en situación de dependencia a las que se ha suspendido el servicio de centro de día debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.

1. Se crea una prestación económica extraordinaria destinada a compensar los gastos económicos derivados de atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a las que se ha suspendido el servicio de centro de día durante el periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Estas prestaciones extraordinarias tienen una vigencia temporal inicial de cuatro meses a contar a partir de día 1 de mayo de 2020.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, puede prorrogar la vigencia de esta prestación extraordinaria mientras dure el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 o se mantenga la situación de emergencia social provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19.

2. Son requisitos de los destinatarios a percibir la prestación:

La prestación únicamente es aplicable a PIA firmado antes de la declaración del estado de alarma si la persona ya había ingresado en el centro.

3. La prestación se concede de oficio a instancia del trabajador social al que corresponde el seguimiento del PIA, que tiene que informar de la aceptación de la persona beneficiaria o de su representante legal, y hacerlo constar en el sistema informático de atención a la dependencia. Esta propuesta tiene que incluir una declaración de veracidad de los datos bancarios de la cuenta corriente que indique el perceptor.

El órgano instructor emitirá la resolución de reconocimiento de la prestación sobre la información aportada por el trabajador social.

4. Son causas de pérdida de la prestación:

5. La prestación económica es de cuantía mensual única según el grado de dependencia reconocido, con independencia de la capacidad económica de los beneficiarios.

El importe de la prestación para cada grado se corresponde con el 75 % de las cuantías máximas establecidas para las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar:

La prestación reconocida se abona mensualmente, incluida en la nómina ordinaria de prestaciones económicas por reconocimiento de situaciones de dependencia.

6. Las prestaciones otorgadas en aplicación de este artículo producen efectos económicos a partir del día 1 de mayo de 2020 y se otorgan por un periodo máximo de cuatro meses, que pueden ser prorrogables mediante una resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes.

7. Se establecen las obligaciones de comunicación siguientes:

8. Las prestaciones otorgadas de acuerdo con estas medidas extraordinarias quedan exentas de la aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 17 y 18 del Decreto 84/2010, de 25 de junio.

Artículo 11. Medidas extraordinarias en materia de selección de personal funcionario interino para prestar servicios en el Servicio de Ocupación de las Illes Balears, en la Dirección General de Emergencias e Interior y en el Servicio de Renta Social Garantizada de la Dirección General de Servicios Sociales, para atender necesidades urgentes ocasionadas por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19.

Excepcionalmente, mientras dure la situación de crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de mayo de 2021, en caso de agotamiento de las bolsas vigentes para la selección de personal funcionario interino, o cuando estas bolsas no sean operativas por razón de la suspensión de efectos derivada de la interposición de recursos, o cualquier otro motivo que impida, dificulte o haga antieconómico el llamamiento de los trabajadores de la bolsa, el Servicio de Ocupación de las Illes Balears, la Dirección General de Emergencias e Interior y el Servicio de Renta Social Garantizada de la Dirección General de Servicios Sociales pueden utilizar, para la selección de personal funcionario interino, la oferta genérica, siempre que con ello se garantice suficientemente el cumplimiento de los principios generales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad.

De estas ofertas se dará publicidad a través de los canales a los que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020, y también se informará a los representantes sindicales.

Véase, en cuanto a la aplicación de este precepto a las actuaciones y procedimientos de preparación, planificación, ejecución y control de los proyectos que deban financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico, la disposición final 4 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre de 2021. Ref. BOE-A-2022-230

Artículo 11 bis. Criterios para la selección de personas participantes en programas promovidos por el Servicio de Empleo de las Illes Balears.

1. En los programas temporales de duración determinada en el tiempo del Servicio de Empleo de la Illes Balears (SOIB) que tengan como destinatarios colectivos que presenten más dificultades de integración laboral, un nivel de formación más bajo, o cuando existan necesidades sociales que justifiquen programas temporales del SOIB, la selección o preselección de los candidatos se tiene que llevar a cabo de acuerdo con los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales establecidos en materia de políticas de activación para el empleo previstos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y el Plan Anual de Políticas de Empleo, y de acuerdo con los colectivos prioritarios establecidos en el artículo 30 del Texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, o aquellos otros colectivos que se determinen como prioritarios respecto a su inserción en el mercado laboral.

A estos efectos, se debe considerar de manera preferente el enfoque preventivo ante la situación de paro, especialmente de larga duración, la atención individualizada a las personas demandantes de empleo y servicios mediante acciones integradas de políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad, articuladas con un itinerario individual y personalizado de empleo, así como asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de integración laboral.

2. En estos programas, cualquiera que sea el sistema utilizado de selección de los participantes, se deben seguir los criterios y los procedimientos establecidos por el SOIB para la cobertura de ofertas de empleo temporal, por lo que no es de aplicación la normativa establecida para los procedimientos de selección de personal de las distintas administraciones públicas, aunque la entidad beneficiaria sea una entidad u organismo público. En este caso, el personal destinatario seleccionado no se tiene que considerar incluido en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo.

Véase, en cuanto a la aplicación de este precepto a las actuaciones y procedimientos de preparación, planificación, ejecución y control de los proyectos que deban financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico, la disposición final 4 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre de 2021. Ref. BOE-A-2022-230

Se modifica por la disposición final 1.1 del Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero. Ref. BOE-A-2021-4805#df

Artículo 12. Personal inspector de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de mayo de 2021, el personal funcionario de la comunidad autónoma de las Illes Balears con funciones inspectoras está facultado para inspeccionar y levantar acta, si procede, respecto de cualquier materia que le sea encargada relacionada principalmente con el cumplimiento de las normas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dentro del ámbito competencial de la Administración de las Illes Balears, siempre que la función inspectora no requiera una elevada especialización en relación con las competencias materiales de la consejería de adscripción.

Artículo 13. Medidas relativas al disfrute de vacaciones del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma.

1. El régimen de disfrute de vacaciones del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma, durante el año 2020, se rige por las previsiones siguientes:

2. Se suspende, para el año 2020, la aplicación del punto 3 del artículo 41 del vigente Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se considera como periodo ordinario de vacaciones el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, sin perjuicio del que corresponde a los centros y trabajos especiales, por la actividad mayor que desarrollan en este periodo. Este periodo ordinario se puede circunscribir al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto como consecuencia de circunstancias sobrevenidas por motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19 que hagan necesaria la presencia de personal en determinadas unidades en los meses de junio y septiembre.

3. Asimismo, para el año 2020, se suspenden todas las cláusulas de los convenios colectivos, de los acuerdos y de los pactos que afectan los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el sentido de que el periodo ordinario de vacaciones comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se puede circunscribir al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto como consecuencia de circunstancias sobrevenidas por motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19 que hagan necesaria la presencia de personal en determinadas unidades en el meses de junio y septiembre.

CAPÍTULO III. Medidas específicas relativas al Servicio de Salud de las Illes Balears

Sección 1.ª Medidas para la protección individual para evitar el contagio de la COVID-19

Artículo 14. Adquisición de equipos de protección individual para evitar el contagio de la COVID-19.

1. El Servicio de Salud de las Illes Balears podrá adquirir mediante tramitación de emergencia el suministro de equipos de protección individual necesarios para evitar el contagio de la COVID-19.

2. Si es necesario, se podrán realizar pagos a cuenta. La entrega de los fondos necesarios para afrontar estos gastos se puede llevar a cabo a justificar

3. Se podrá adquirir mediante la tramitación de emergencia hasta el día 31 de diciembre de 2021, con posibilidad de prórroga por plazos de seis meses por razones sanitarias vinculadas a la COVID-19, si así lo acuerda el Consejo de Gobierno.

Artículo 15. Fabricación de equipos de protección individual por parte de empresas de las Illes Balears y procedimiento de adquisición.

1. El Servicio de Salud de las Illes Balears puede adquirir, mediante contratación de emergencia, el suministro de batas de protección, guantes, mascarillas, buzos, delantales de plástico, gafas, capuchas, polainas, pantallas, solución hidroalcohólica, viricida, y cualquier otro producto que se haya previsto como necesario para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, elaborados o producidos por empresas de las Illes Balears, durante los 24 meses posteriores a la vigencia de esta Ley.

2. El Servicio de Salud de las Illes Balears puede abonar las materias primas o los productos acabados por adelantado.

3. El Gobierno de las Illes Balears puede establecer incentivos económicos para las empresas de las Illes Balears que produzcan y distribuyan este material en el ámbito de la comunidad autónoma.

Sección 2.ª Medidas para la adquisición de medicamentos

Artículo 16. Adquisición de medicamentos con precio fijado.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.f) de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-807

Artículo 17. Adquisición hospitalaria de medicamentos con protección de patente.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.f) de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-807

Se modifica, con efectos dese el 26 de enero de 2021, el apartado 5 por la disposición final 1.1 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre de 2021. Ref. BOE-A-2022-230

Se modifica el apartado 5 por la disposición final 1.1 del Decreto-ley 3/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-9286#df

Esta modifiicación produce efectos desde el 26 de enero de 2021, según determina la disposición final 6 del citado decreto-ley.

Artículo 18. Adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.f) de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-807