Ley 2/2023, de 7 de febrero, de la actividad física y el deporte de las Illes Balears

Esta información debe ponerse a disposición de las personas usuarias al menos en una de las lenguas cooficiales.

Se regula, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el ejercicio profesional de la actividad física y el deporte para la salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las persones consumidoras y usuarias de los servicios deportivos, a través de la calidad en la prestación de éstos, de conformidad con las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales, las calificaciones y los certificados de profesionalidad expedidos por las administraciones públicas.

El objeto de los servicios deportivos regulados en esta ley incluye cualquier manifestación de actividades deportivas orientadas a objetivos educativos, de rendimiento deportivo, iniciación, aprendizaje, ocio saludable, recreación, salud y otros objetivos análogos.

Las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos tendrán estos derechos:

Los derechos regulados en este artículo se entenderán sin perjuicio de los derechos y deberes que reconozca la normativa vigente en materia de consumo, en materia educativa, en materia de lengua y en materia de turismo.

La administración deportiva del Gobierno de las Illes Balears, en el ejercicio de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las personas consumidoras o destinatarias de los servicios deportivos mediante el establecimiento de los sistemas de control e inspección oportunos.

La consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de deportes ejercerá las funciones de control e inspección, sin perjuicio de las competencias propias de la inspección de otros organismos o entidades.

Tiene el carácter de ejercicio profesional de la actividad física y el deporte, a efectos de esta ley, aquella que se manifiesta específicamente en el seno de la actividad física y el deporte mediante la aplicación de conocimientos y técnicas específicas, y que permite que la actividad se realice de forma segura, saludable y sin menosprecio de la salud e integridad física de las personas consumidoras y destinatarias de estos servicios.

Si la actividad profesional se ejerce específicamente en una modalidad o especialidad deportiva, se exigirá, como mínimo, la certificación de la formación de ciclo inicial de personal técnico en la modalidad o la especialidad deportiva correspondiente regulada en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, o la certificación de la formación de nivel 1 de período transitorio en la modalidad o la especialidad deportiva correspondiente prevista en el citado Real Decreto 1363/2007, así como en las formaciones del período transitorio previstas en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

En cuanto a la prestación de servicios públicos municipales, los ayuntamientos de los municipios con más de 3.000 habitantes tendrán que garantizar, ya sea por sí mismos o mancomunadamente, que la gestión y la organización técnica de los servicios deportivos se dirija a través de personas que acrediten la formación deportiva necesaria, de acuerdo con los términos legalmente establecidos.

Los titulares de las instalaciones con más de 500 personas usuarias diarias, de media durante el año anterior, tendrán que cubrir la dirección técnico-deportiva con una persona que acredite la posesión de la correspondiente titulación oficial de la familia de las actividades físicas y deportivas, bien calificaciones profesionales o certificados profesionales, exigidos en el marco legal establecido por el Estado.

Las actividades profesionales requerirán la presencia física en su desarrollo, excepto si:

En el supuesto de que la actividad profesional se ejerza al margen de la organización federativa correspondiente, no será exigible ninguna licencia federativa.

La utilización por los centros, las entidades deportivas o los autónomos de las Illes Balears de páginas web, aplicaciones u otras tecnologías de la información y la comunicación de carácter análogo que incluyan planes de entrenamiento en línea e información de contenido técnico-deportivo, tendrá que disponer de la supervisión de una persona profesional cualificada de acuerdo con la normativa estatal y, en todo caso, que acredite los conocimientos y las cualificaciones necesarias para poder realizar las actividades pertinentes y visibilizar en estos medios la formación de dicho profesional.

El ejercicio profesional de la actividad física y el deporte precisa la suscripción previa de un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que se causen a terceros con motivo de la prestación de los servicios deportivos.

Este seguro no será obligatorio en caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otra persona que ya tenga asegurados los riesgos de la actividad que comprenda el ejercicio profesional.

Tampoco será obligatorio para aquellas personas tituladas en ciencias de la actividad física y el deporte que estén colegiadas como ejercientes en su colegio profesional, siempre que este disponga de un seguro colectivo de responsabilidad profesional.

El ejercicio profesional regulado por esta ley podrá llevarse a cabo a través de sociedades profesionales, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. Esta prestación podrá realizarse en base a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y en sus normas de desarrollo.

Las sociedades profesionales están sometidas a las mismas obligaciones que la ley citada establece para las personas que llevan a cabo actividades profesionales reguladas.

La potestad disciplinaria es la facultad de investigar y, si procede, sancionar los agentes de la actividad deportiva con ocasión de infracciones de las reglas del juego o la competición, o de las normas generales de conducta deportiva establecidas en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.

Se entienden por infracciones de las reglas del juego o de la competición las acciones u omisiones que, durante el desarrollo del juego, de la competición o de la prueba vulneren, impidan o perturben su desarrollo. No se considerará ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva la facultad de dirección del juego, la prueba o la competición por los jueces o árbitros a través de la aplicación de las reglas técnicas de la modalidad o la actividad deportiva correspondiente.

Son infracciones de las normas generales de conducta deportiva las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de cualquier norma de aplicación en el deporte no incluida en el apartado anterior o de los principios generales de la conducta deportiva que se derivan de los artículos 4 y 5 de esta ley.

La potestad disciplinaria se extiende a las entidades deportivas y a las personas deportistas que formen parte de estos, al personal técnico y directivo, a los jueces o las juezas, árbitros y, en general, a todas aquellas personas y entidades que en su condición de agentes de la actividad deportiva se encuentren regulados en esta ley.

El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde:

La competencia del Tribunal del Deporte de las Illes Balears se articula en vía administrativa de recurso contra las decisiones de las personas y entidades descritas en el párrafo anterior, o en primera instancia cuando así lo determine esta ley.

La competencia en materia organizativa y de competición se extiende sobre las cuestiones siguientes: el acceso, la exclusión, la organización, la ordenación y el funcionamiento de la competición federativa, además de sobre la concesión o la denegación de las licencias y habilitaciones deportivas.

El ejercicio de la competencia de control de legalidad deportiva en el ámbito organizativo corresponde:

El ejercicio de la competencia de control de la legalidad deportiva en el ámbito electoral es la facultad que se atribuye a los legítimos titulares para conocer y resolver las cuestiones que se planteen en relación con los procesos electorales o las mociones de censura de los órganos de representación y de gestión y administración de las federaciones deportivas de las Illes Balears.

El ejercicio de la competencia de control de legalidad deportiva en el ámbito electoral de las federaciones deportivas corresponde:

La competencia en materia asociativa se extiende sobre estas cuestiones:

Los acuerdos y las decisiones de funcionamiento ordinario y gestión interna que adoptan los órganos directivos, de gobierno o de representación de las entidades deportivas pueden ser objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria.

El ejercicio de la competencia del control de legalidad deportiva en materia asociativa relativa a procesos electorales de los clubes deportivos corresponde:

El ejercicio de la competencia del control de legalidad deportiva en materia asociativa relativa a las mociones de censura contra cualquier miembro de la junta directiva de los clubes deportivos corresponde:

Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de juego o competición, o a las normas generales de conducta deportiva, las siguientes:

Serán también infracciones muy graves a las reglas de juego o competición y a la conducta deportiva aquellas que con tal carácter establezcan las entidades deportivas en los estatutos y reglamentos respectivos, en función de la especificidad de la modalidad deportiva dentro de las limitaciones que, sobre infracciones y sanciones, impone esta ley.

Las infracciones muy graves podrán ser objeto de alguna de estas sanciones:

Las sanciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado anterior únicamente podrán imponerse, de manera excepcional, por la reincidencia en faltas muy graves o por la especial trascendencia social o deportiva de la infracción.

Se considerarán como circunstancias atenuantes el arrepentimiento espontáneo y la existencia de provocación suficiente inmediatamente anterior a la comisión de la infracción.

Se considerarán como circunstancias agravantes de la responsabilidad la reincidencia, el precio, el perjuicio económico ocasionado y el número de personas afectadas por la infracción respectiva.

Se entenderá producida la reincidencia cuando la persona infractora haya cometido, al menos, una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme, en el plazo de un año.

Los órganos disciplinarios sancionadores podrán, en el ejercicio de su función, aplicar la sanción en la extensión que consideren adecuada, ponderando, en todo caso, la naturaleza de los hechos, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

El plazo de prescripción de las infracciones y de las sanciones será de veinticuatro meses, dieciocho meses o doce meses, según se trate de infracciones muy graves, graves o leves.

El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contar el día en que se cometieron los hechos y se interrumpe en el momento en que se acuerda iniciar el procedimiento sancionador.

El plazo de prescripción de las sanciones empezará a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la cual se impuso la sanción o desde el momento en que se infringiera su cumplimiento, si este ya hubiera empezado.

Su cómputo se retomará si el expediente permanece paralizado durante tres meses por causa no imputable al presunto responsable.

Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de inexistencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario y garantizarán el principio de contradicción y audiencia a las personas interesadas.

Las sanciones impuestas a través del procedimiento disciplinario serán inmediatamente ejecutivas, salvo que el órgano encargado de la resolución del recurso acuerde su suspensión.

Las actas subscritas por los jueces o árbitros del acontecimiento o la actividad deportiva ordinaria constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas. Tendrán igual naturaleza las ampliaciones o aclaraciones.

Las manifestaciones del árbitro o juez plasmadas en las actas se presumen ciertas, excepto prueba en contra.

En el establecimiento de sanciones pecuniarias se tendrá que prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

Para graduar las sanciones, se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes, la naturaleza de los hechos, las consecuencias y los efectos producidos, la existencia de intencionalidad y la concurrencia de circunstancias modificativas.

En lo que no prevé esta ley, serán de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en otras disposiciones reglamentarias sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de las administraciones públicas.

Los procedimientos disciplinarios iniciados por infracciones susceptibles de ser calificadas de infracción leve o grave, cuando requieran la intervención inmediata de los órganos disciplinarios por razón del desarrollo normal del juego, la prueba o la competición, o sea necesaria y justificada una intervención rápida de los comités jurisdiccionales, pueden tramitarse por el procedimiento de urgencia.

El procedimiento de urgencia que establezcan las diferentes federaciones tiene que respetar lo que se disponga en esta ley y tiene que regular, en cualquier caso, la forma y los plazos preclusivos para el cumplimiento del trámite de audiencia y reconocer el derecho de la persona infractora a conocer, antes de que caduque el trámite de audiencia, la acusación que se haya formulado en su contra, como también el derecho a hacer las alegaciones que considere pertinentes, a recusar las personas que integran del comité o el órgano disciplinario que tenga atribuida la potestad sancionadora, y a proponer pruebas que tiendan a demostrar los hechos en que la persona infractora base su defensa.

El procedimiento de urgencia puede iniciarse mediante el acta del partido, la prueba o la competición que refleje los hechos que puedan dar lugar a la sanción, que deben firmar el árbitro o quien esté oficialmente encargado de extenderla y las personas que compiten o por quien las representa, si se trata de deportes de competición individual, o las personas representantes o delegadas de los clubes deportivos, si se trata de competición por equipos, así como las ampliaciones, los anexos o las aclaraciones de las mismas en las que se haga constar la comisión de las presuntas infracciones.

Las sanciones impuestas a través de los procedimientos disciplinarios, y relativas a infracciones de las reglas de juego o competición y a las normas de la conducta deportiva, serán inmediatamente ejecutivas, sin que la mera interposición de los recursos o las reclamaciones que correspondan en contra suspendan su ejecución.

Los órganos que, en el ámbito disciplinario, tramiten los recursos o las reclamaciones podrán, de oficio o a instancia del recurrente, suspender razonadamente la ejecución de la sanción impuesta, valorando especialmente los intereses públicos y privados concurrentes, así como las consecuencias que para ellos puede suponer la eficacia inmediata o el aplazamiento de la ejecución.

Únicamente podrán imponerse sanciones personales consistentes en multa a personas deportistas y al personal técnico cuando éstos sean profesionales, y a los directivos y al resto de colectivos del deporte cuando perciban cualquier tipo de remuneración.

Con carácter accesorio podrán imponerse sanciones consistentes en multa siempre que estén previstas en las disposiciones estatutarias y reglamentarias para la categoría de infracción de que se trate y que, en su conjunto, resulten congruentes con la gravedad de esta. De estar previstas, estas sanciones en ningún caso podrán superar el 10% de la escala que, si procede, se corresponda cuando la multa sea la sanción principal.

El impago de las sanciones pecuniarias tendrá la consideración de incumplimiento de sanción.

En todo caso se tendrá en cuenta, para la imposición de sanciones pecuniarias, el nivel de retribución del infractor.

No tendrán carácter sancionador, a efectos de esta ley, las cantidades que las federaciones deportivas establezcan en sus reglamentos respecto a las entidades deportivas adscritas a estas, relativas a la organización, la participación y el desarrollo de las competiciones y pruebas deportivas.

El Tribunal del Deporte de las Illes Balears es el órgano supremo jurisdiccional deportivo en los ámbitos disciplinario, organizativo y de competición, y electoral en las Illes Balears, y decide, en última instancia en vía administrativa, sobre las cuestiones electorales, competitivas y disciplinarias deportivas de su competencia establecidas en esta ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. Asimismo, asume las funciones de mediación y de arbitraje en la materia deportiva. Está adscrito orgánicamente a la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears, que le presta el apoyo material, de personal y presupuestario, y actúa con total autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones que se le encomiendan.

Los acuerdos del Tribunal del Deporte de las Illes Balears agotan la vía administrativa y, en contra, se podrá interponer recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los acuerdos se ejecutarán en primera instancia a través de la federación deportiva correspondiente, que será responsable de su cumplimiento efectivo.

Al Tribunal del Deporte de las Illes Balears le será de aplicación la normativa sobre órganos colegiados prevista en la legislación vigente.

El Tribunal del Deporte de las Illes Balears está integrado por nueve miembros y un secretario o una secretaria con voz y sin voto. Todos tienen que ser licenciados o graduados en derecho, deben tener experiencia profesional en el mundo jurídico y, preferentemente, experiencia en materia deportiva. En atención al principio de representación equilibrada, se tiene que garantizar una presencia de mujeres y hombres según la cual ningún sexo no supere el 60 % del conjunto de personas ni sea inferior al 40 %.

Podrá actuar en pleno y en secciones, por razón de las competencias que tiene encomendadas. A tal efecto, se establecerán tres secciones, que actuarán, respectivamente, en los ámbitos disciplinario, organizativo y de competición, y electoral, en la forma que se establezca reglamentariamente.

Los cargos son honoríficos, si bien las personas integrantes del Tribunal tienen derecho a recibir las dietas de asistencia a las reuniones, las dietas de desplazamiento y una compensación por cada ponencia asignada, que tiene que fijar al Gobierno de las Illes Balears.

Las personas que integran el Tribunal del Deporte de las Illes Balears son nombradas por el Consejero o la Consejera competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears:

Sin perjuicio de que sean aplicables a las personas que integran el Tribunal las causas de abstención o de recusación previstas en la legislación vigente, la condición de miembro será incompatible:

Una vez designadas, las personas integrantes del Tribunal del Deporte de las Illes Balears elegirán de entre ellas la persona titular de la presidencia y la vicepresidencia, que ratificará el consejero o la consejera competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears.

La persona titular de la secretaría del Tribunal del Deporte de las Illes Balears será designada por la dirección general competente en materia de deportes entre el personal de la Administración del Gobierno de las Illes Balears y debe tener la licenciatura o el grado en derecho.

El mandato de las personas integrantes del Tribunal del Deporte de las Illes Balears es de cinco años renovables y cesan en el cargo cuando finaliza el plazo por el cual han sido designadas, una vez se han designado los nuevos miembros.

En caso de que se retrase, por cualquier causa, la renovación del Tribunal, los miembros cesantes quedarán automáticamente en situación de prórroga y seguirán desarrollando las funciones hasta que se publique la nueva composición del Tribunal en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears». La prórroga no podrá exceder de un año.

Las personas integrantes del Tribunal, en el ejercicio de sus funciones, tienen que actuar de acuerdo con los principios de integridad, imparcialidad, objetividad y transparencia.

En caso de que las personas integrantes del Tribunal dejen de asistir a las reuniones por causa no justificada por un periodo superior a tres meses, en el ejercicio de sus funciones incumplan los principios mencionados antes, incurran en cualquier actuación irregular manifiesta, o les sea aplicable alguna de las causas que impiden el ejercicio de sus funciones públicas, el titular de la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears las puede sustituir, suspender o destituir mediante resolución motivada.

En caso de vacante de un miembro titular del Tribunal del Deporte de las Illes Balears, la vacante se cubre de la misma forma que se utilizó para designar el miembro vacante. Si esta vacante es la de la persona titular de la presidencia o de la vicepresidencia, una vez cubierta, el Tribunal la elige para que la pueda ratificar la persona titular de la dirección general competente en materia de deportes.

Si quedan vacantes al mismo tiempo la presidencia y la vicepresidencia del Tribunal del Deporte de las Illes Balears, mientras no se produzca su sustitución, ocupa la presidencia el vocal de mayor edad, y la vicepresidencia el segundo vocal de mayor edad.

En caso de tenerse que cubrir una vacante en la forma prevista en este artículo, la duración del mandato de la persona nombrada será igual a la que reste por cumplir a los otros miembros, a fin de que la renovación del Tribunal se haga en bloque.

En los ámbitos disciplinario, organizativo y de competición, y electoral, el alcance de los cuales se define respectivamente en los artículos 155, 156 y 157 de esta ley, el Tribunal del Deporte de las Illes Balears tiene las funciones siguientes:

El Tribunal del Deporte de las Illes Balears también puede actuar para resolver de forma inapelable, mediante el arbitraje, las cuestiones dispositivas que le sometan sobre materia de su competencia, de mutuo acuerdo, las personas interesadas. El arbitraje puede ser de equidad o de derecho, y las personas interesadas pueden someter a la decisión del Tribunal cuestiones litigiosas para que sean resueltas cumpliendo los principios de igualdad y contradicción, y cuestiones dudosas para que sean decididas por el Tribunal con carácter vinculante.

El Tribunal del Deporte de las Illes Balears puede emitir, con carácter no vinculante, informes jurídicos sobre cualquier cuestión que le consulten personas físicas o jurídicas o la administración competente en materia deportiva, siempre que se trate de cuestiones relacionadas con las materias de su competencia.

Asimismo, el Tribunal del Deporte de las Illes Balears puede actuar por la vía de la mediación entre las partes, en todas aquellas cuestiones vinculadas con el mundo del deporte sobre materias de su competencia, excepto cuestiones de tipo disciplinario y de dopaje deportivo, que le sean sometidas por convención voluntaria entre las partes.

En los procedimientos en los cuales sean parte o reúnan la condición de personas interesadas las federaciones y otras entidades deportivas, las notificaciones y comunicaciones se realizarán utilizando únicamente medios electrónicos.

Cuando se ignore el lugar donde se tiene que hacer la notificación o bien, una vez esta se ha intentado, no se haya podido practicar, la notificación se tiene que hacer por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que se puedan establecer otras formas de notificación complementarias a través del resto de medios de difusión.

Corresponderá a la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears la función inspectora sobre el cumplimiento de los deberes y las obligaciones establecidos en materia deportiva en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Son funciones de la inspección:

El ejercicio de la función inspectora deberá coordinarse, en su caso, con los demás órganos que tengan competencia en esta materia.

La función inspectora en materia de deportes la ejercerá el personal funcionario del órgano administrativo que tenga atribuida esta competencia y así figure en la relación de puestos de trabajo.

La persona titular de la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, podrá habilitar el personal técnico para ejercer esta función inspectora.

En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector tiene la condición de agente de la autoridad y dispone como tal de la protección y las facultades establecidas en la normativa que resulte de aplicación.

Cuando lo considere necesario para cumplir mejor sus funciones, el personal inspector podrá solicitar la cooperación y la intervención de personas y de servicios dependientes de otras administraciones, organismos e instituciones públicas o privadas. Igualmente, podrá recabar, cuando se considere necesario para cumplir sus funciones, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, de acuerdo con la legislación aplicable.

Los hechos constatados por el personal inspector deportivo en las actas que subscriba, observando los requisitos legales pertinentes, disfrutan de la presunción de certeza que se atribuye en el marco del procedimiento administrativo común a las expedidas por el personal funcionario en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

Los titulares y gestores de instalaciones físico-deportivas, las entidades deportivas, las persones organizadoras de actividades físico-deportivas reguladas en esta ley y cualquier persona que se encuentre en su ámbito de aplicación estarán obligados a permitir y facilitar al personal inspector el acceso y el examen de sus instalaciones, sedes, equipamientos, documentos, libros y registros preceptivos para su funcionamiento, teniendo que prestar la colaboración que les sea requerida para el cumplimiento de la función inspectora.

El personal inspector podrá requerir la presencia de los inspeccionados o, en su defecto, de personas que debidamente les representen en las dependencias administrativas, con objeto de comprobar las diligencias de inspección.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento de inspección.

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia administrativa deportiva corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears sobre cualquier persona física o jurídica por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en esta ley. Esta competencia se extiende a la iniciación y la resolución del procedimiento sancionador previsto en este título.

La competencia para la instrucción y la propuesta de resolución del procedimiento sancionador citado corresponde a la persona instructora designada en la resolución de inicio.

La potestad sancionadora de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se ejercerá conforme a los principios y al procedimiento contenidos en la legislación de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas deportivas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de estos por dolo, culpa o simple negligencia.

Las infracciones de los preceptos del título presente son objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del expediente oportuno y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que de tales hechos puedan derivarse.

Si durante la tramitación del procedimiento sancionador se tuviera conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito penal, se comunicará este hecho al Ministerio Fiscal y tendrá que suspenderse el procedimiento administrativo una vez la autoridad judicial haya incoado el proceso penal que corresponda.

El procedimiento sancionador es el que rige con carácter general en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

El procedimiento sancionador en materia administrativa deportiva se tramitará de conformidad con el procedimiento ordinario previsto en la legislación de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un año, a contar desde la fecha de la resolución de inicio del procedimiento. En caso de vencimiento del plazo sin que se haya dictado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador agota la vía administrativa y contra esta podrá interponerse recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso administrativo.

En cualquier momento de la tramitación del procedimiento sancionador, el órgano competente para iniciar el expediente puede decidir, mediante resolución motivada, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como la protección de las personas y los bienes, que se tienen que notificar a la persona interesada.

Estas medidas, que no tienen carácter de sanción, pueden consistir en: