Ley 10/2022, de 23 de diciembre, del tiempo libre educativo para la infancia y la juventud de las Illes Balears

Son infracciones muy graves en materia de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil las siguientes:

Son infracciones muy graves en materia de profesionales del tiempo libre educativo infantil y juvenil:

Constituyen infracciones leves en materia de instalaciones infantiles y juveniles las acciones y omisiones siguientes, siempre y cuando no se tengan que calificar como graves o muy graves:

Constituyen infracciones graves en materia de instalaciones infantiles y juveniles las acciones y omisiones siguientes, siempre y cuando no se tengan que calificar como muy graves:

Son infracciones muy graves en materia de instalaciones infantiles y juveniles:

Las infracciones que tipifica esta ley prescriben al año si son leves, a los dos años si son graves, y a los tres años si son muy graves.

El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contar desde la fecha de comisión de la infracción. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo empieza a contar desde la fecha en que haya acabado la conducta infractora.

Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, y se reinicia el plazo de prescripción si el expediente sancionador está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Las infracciones graves pueden suponer también, como accesoria, la sanción de clausura temporal, inhabilitación temporal para prestar servicios, llevar a cabo actividades o hacer la actividad para la cual se está titulado, en el ámbito del tiempo libre educativo, hasta el máximo de un año o hasta la reparación de las deficiencias o la corrección de la conducta tipificada como infracción, en su caso.

Las infracciones muy graves, además, pueden suponer como sanciones accesorias las siguientes:

El órgano sancionador tiene que acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez que se conviertan en firmes, mediante la publicación de los nombres de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas, en los términos indicados en el artículo 80 de esta ley.

En las infracciones consistentes en la venta, el suministro o la dispensación de productos o bienes prohibidos, se puede imponer como sanción accesoria, además de las que prevé esta ley, el cierre temporal, hasta un plazo de cinco años, de los establecimientos, los locales, las instalaciones, los recintos o los espacios en que se haya cometido la infracción.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de una medida provisional, de una sanción accesoria o de cualquier otra resolución que implique el cese de una actividad o el cierre de un servicio o instalación, de forma temporal o definitiva, permite al órgano que la haya acordado imponer multas coercitivas de hasta 300 euros por cada día que transcurra sin atender la resolución administrativa.

En caso de impago, las multas coercitivas son exigibles por vía de apremio una vez transcurridos treinta días desde la notificación.

Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las sanciones que se puedan imponer.

Las sanciones por las infracciones que determina esta ley se imponen de acuerdo con lo que disponen los artículos precedentes y se gradúan teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que concurren en el momento de la infracción administrativa, especialmente las siguientes:

Si el beneficio económico conseguido como consecuencia de la comisión de la infracción supera la cuantía de la sanción establecida en esta ley, la sanción se elevará hasta la cuantía necesaria porque supere entre el 10% y el 25% del beneficio obtenido.

El objetivo de la sanción tiene que ser la corrección de las distorsiones y de los perjuicios causados y hacer efectiva la protección del interés superior de la persona menor de edad.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las impuestas por infracciones graves, a los tres; y las impuestas por infracciones leves, al año.

El plazo de prescripción de las sanciones empieza a contar desde el día siguiente al que sea ejecutable la resolución por la cual se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para interponer un recurso.

Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento de ejecución, y se reinicia el plazo de prescripción si el procedimiento está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

El procedimiento sancionador que tienen que aplicar los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en materia de tiempo libre es el que establece la normativa del procedimiento sancionador aplicable en los ámbitos de competencia de las administraciones públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Este procedimiento se tiene que aplicar con respecto al procedimiento y los principios generales en materia sancionadora que establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público; y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Antes de iniciar un procedimiento sancionador, el órgano competente puede ordenar la apertura de un periodo de información o actuaciones previas con el fin de determinar, con la máxima precisión, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o las personas que puedan ser responsables y las circunstancias relevantes concurrentes.

La información previa puede tener carácter reservado y la duración no puede ser superior a un mes, salvo acuerdo expreso y motivado sobre la prórroga por otro plazo determinado.

Las actuaciones previas las tiene que llevar a cabo el personal funcionario que tenga atribuidas funciones de investigación, indagación e inspección en materia de tiempo libre y, si no hay, la persona o el órgano administrativo que determine el órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento.

No se considera iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de inspección, por las actas o los documentos en que se plasmen, por la verificación de análisis o controles de la administración, ni por las actuaciones previas a que hace referencia el apartado anterior. El procedimiento se inicia mediante el acuerdo o la resolución establecidos en el artículo 70 de esta ley.

Antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, o excepcionalmente y por causas justificadas el personal inspector, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, puede adoptar de manera motivada las medidas provisionales que sean necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales tienen que ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo o la resolución de iniciación del procedimiento –que se tiene que efectuar dentro de los quince días siguientes a la adopción–, que puede ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, las medidas mencionadas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo mencionado o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso sobre estas medidas.

Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de manera motivada, las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que se dicte, el cumplimiento de la finalidad del procedimiento y la defensa de los intereses generales, para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción –si hay elementos de juicio suficientes para ello–, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y onerosidad menor.

Se pueden acordar las medidas provisionales que establece el artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, como por ejemplo las siguientes:

Previamente a la resolución que establezca las medidas provisionales, se tiene que dar audiencia a la persona interesada por un periodo mínimo de cinco días, excepto que haya necesidad perentoria de adoptar esta decisión sin este trámite, cosa que tiene que apreciar motivadamente el personal inspector o el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento.

No se pueden adoptar medidas provisionales que puedan causar un perjuicio de difícil o imposible reparación a las personas interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Las medidas provisionales pueden ser levantadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no se pudieron tener en cuenta en el momento de adoptarlas. En todo caso, se extinguen cuando tenga efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio mediante un acuerdo o una resolución del órgano competente, por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

El acuerdo o la resolución de iniciación se tiene que formalizar y notificar con el contenido mínimo establecido en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Las personas interesadas disponen de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de la resolución o del acuerdo de inicio para aportar las alegaciones, los documentos o las informaciones que consideren adecuadas y, si procede, proponer las pruebas que consideren convenientes indicando los medios de los cuales se valdrán.

Después de llevar a cabo la notificación a que hace referencia el apartado anterior, el órgano instructor del procedimiento tiene que hacer de oficio todas las actuaciones necesarias para examinar los hechos y tiene que solicitar los datos y las informaciones que sean relevantes para determinar, si procede, la existencia de hechos constitutivos de infracción.

Una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para presentarlas, el órgano instructor puede establecer la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez para que se puedan practicar todas las pruebas que crea pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, a petición de las personas interesadas, puede decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. El órgano instructor del procedimiento tiene que comunicar a las personas interesadas, con la antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación, se tienen que consignar el lugar, la fecha y la hora en que se tiene que practicar la prueba, con la advertencia, si procede, que la persona interesada puede nombrar técnicos para que la asistan.

Las pruebas se tienen que practicar de oficio, o se tienen que admitir, a propuesta de la persona presuntamente responsable, todas las pruebas adecuadas para determinar los hechos y las posibles responsabilidades, y solo se pueden rechazar las pruebas propuestas por las personas interesadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante una resolución motivada.

Los hechos que constate el personal funcionario que tenga reconocida la condición de autoridad y que se formalicen en un documento público que observe los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses pueda señalar o aportar la ciudadanía.

Las pruebas técnicas y los análisis contradictorios o dirimentes que propongan las personas interesadas suspenden el plazo para resolver el procedimiento, desde que se soliciten y mientras se llevan a cabo, y se incorporan los resultados al expediente.

Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el elemento básico de la decisión que se tome en el procedimiento, porque se trata de una pieza imprescindible para la evaluación de los hechos, se tiene que incluir en la propuesta de resolución.

El órgano instructor tiene que resolver la terminación del procedimiento, con el archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que se produce alguna de las circunstancias previstas en el artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la persona presuntamente infractora reconoce voluntariamente su responsabilidad, el órgano instructor tiene que elevar el expediente al órgano competente para resolver el procedimiento, sin perjuicio de que pueda continuar la tramitación si hay indicios razonables de fraude o encubrimiento de otras personas o entidades o si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento es de interés general.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor tiene que formular una propuesta de resolución que se tiene que notificar a las personas interesadas. La propuesta de resolución tiene que indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos y las informaciones que se consideren pertinentes. A esta notificación se tiene que adjuntar una relación de los documentos que constan en el expediente para que las personas interesadas puedan obtener copias de los que consideren convenientes.

En la propuesta de resolución, se tienen que fijar de manera motivada los hechos que se consideren probados y la calificación jurídica exacta, la infracción que, si procede, constituyan los hechos, la persona o las personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial las que constituyan los cimientos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que se hayan adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero de este artículo, la propuesta tiene que declarar esta circunstancia.

Las personas interesadas, en un plazo no superior a quince días, pueden alegar y presentar los documentos y las justificaciones que consideren pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo las personas interesadas manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el trámite se considerará realizado. Se puede prescindir del trámite de audiencia cuando no consten en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por la persona interesada.

La propuesta de resolución se tiene que trasladar inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, las alegaciones y las informaciones que consten en ella.

Una vez iniciado un procedimiento sancionador, si la persona presuntamente infractora reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien haya que imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se haya justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por parte del presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, excepto en cuanto a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y los perjuicios causados por la comisión de la infracción.

Se aplicará una reducción del 50% del importe de la sanción correspondiente si el presunto responsable realiza las dos acciones siguientes:

Se aplicará una reducción del 25% del importe de la sanción correspondiente si el presunto responsable presta su conformidad con el contenido de la propuesta de resolución y justifica el ingreso del mencionado importe durante los quince días siguientes a la notificación.

En los casos de los puntos 3 y 4 anteriores, la aplicación de las reducciones implica que la persona interesada renuncia o desiste de formular cualquier acción o de presentar cualquier recurso contra la sanción en vía administrativa.

El órgano competente tiene que dictar la resolución una vez recibidos el expediente con la propuesta de resolución, los escritos de alegaciones y, en su caso, las actuaciones complementarias.

La resolución tiene que ser motivada y tiene que decidir todas las cuestiones que planteen las personas interesadas y todas las derivadas del procedimiento.

En la resolución no se pueden aceptar hechos diferentes de los determinados en el curso del procedimiento, independientemente de una valoración jurídica diferente. Sin embargo, cuando el órgano competente para resolver el procedimiento considere que la infracción o la sanción reviste más gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se tiene que notificar a la persona inculpada para que aporte todas las alegaciones que considere convenientes en el plazo de quince días.

La resolución que ponga fin al procedimiento tiene que ser ejecutiva cuando no sea posible interponer ningún recurso ordinario en vía administrativa. En la resolución se pueden adoptar las disposiciones cautelares necesarias para garantizar la eficacia mientras no sea ejecutiva, que pueden consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, si procede, se hayan adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se puede suspender cautelarmente, si la persona interesada manifiesta a la administración la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. La suspensión cautelar mencionada finaliza cuando:

Cuando las conductas sancionadas hayan causado daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no haya quedado determinada en el expediente, se tiene que fijar mediante un procedimiento complementario, la resolución del cual es ejecutiva inmediatamente. Este procedimiento es susceptible de terminación convencional, pero ni esta terminación ni la aceptación por parte de la persona infractora de la resolución que se dicte implican el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento sancionador es de un año desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Excepcionalmente, el órgano competente para resolver el procedimiento, a propuesta, si procede, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente, puede acordar de manera motivada –en los supuestos previstos en la legislación básica sobre el procedimiento– ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, de manera que no exceda la mitad del establecido inicialmente. Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos, que se tiene que notificar a las personas interesadas, no se puede interponer ningún recurso.

Para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracción de leve, se tiene que tramitar el procedimiento simplificado que se regula en este artículo.

La iniciación se produce por acuerdo del órgano competente, en el cual se tiene que especificar el carácter simplificado del procedimiento, y se tiene que comunicar al órgano instructor correspondiente. Simultáneamente, se tiene que notificar a la persona interesada, que no se puede oponer a la tramitación simplificada.

Únicamente se abrirá el trámite de audiencia en el supuesto de que la resolución sea desfavorable para la persona interesada.

Si durante la tramitación del procedimiento simplificado se aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, tiene que decidirse que se continúe tramitando el procedimiento general, cosa que se tiene que notificar a las personas interesadas.

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador tiene que contener los mismos extremos que la que se dicta en el procedimiento ordinario.

Salvo que quede menos para la tramitación ordinaria correspondiente, el procedimiento tramitado de manera simplificada se tiene que resolver en seis meses a contar desde el día siguiente que se haya notificado a la persona interesada el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50, apartado 3, letra b), de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

En el caso de infracciones muy graves, el órgano competente tiene que incluir en la resolución del expediente sancionador que se publiquen en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» las sanciones impuestas una vez sean firmes.

A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se considerará que la resolución es firme cuando, una vez expirado el plazo para presentar recurso en vía contenciosa administrativa, no se haya hecho uso de este recurso; o bien que haya recaído sentencia firme en la vía judicial.

En los supuestos en que la conducta pueda ser constitutiva de delito, la administración tiene que pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se tiene que abstener de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte una sentencia firme, decrete el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones, o el Ministerio Fiscal efectúe la devolución del expediente.

La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la imposición de una sanción administrativa.

En el supuesto de que se considere que no ha habido delito, la administración tiene que iniciar o continuar el expediente sancionador basándose en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

El Gobierno de las Illes Balears y el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) pueden acordar la implantación de un sistema que permita simplificar o, incluso, unificar, la inscripción de escuelas a los departamentos de juventud y como centro acreditado del SOIB, respectivamente, para impartir formación vinculada al tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Este sistema tiene que facilitar que las escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil inscritas en los censos de los departamentos de juventud estén capacitadas para impartir los certificados de profesionalidad del SOIB en materia de actividades de tiempo libre educativo con niños, niñas y jóvenes y, igualmente, que los centros acreditados por el SOIB puedan impartir los cursos de monitor/monitora y director/directora de actividades de tiempo libre educativo, definiendo con detalle cuando se puede obtener la titulación de los departamentos de juventud, la titulación del SOIB o las dos simultáneamente.

A los efectos de facilitar la acreditación de escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil para impartir certificados de profesionalidad en el sector del tiempo libre educativo, el Gobierno de las Illes Balears, el Instituto Balear de la Juventud y los consejos insulares pueden ceder espacios que cumplan los requisitos para impartir certificados de profesionalidad a una o a varias escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil. En el supuesto de que un mismo espacio se emplee por varias escuelas, se tienen que fijar mediante convenio los días y los horarios reservados a cada una.

También a los efectos de facilitar la acreditación de escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil para impartir certificados de profesionalidad en el sector del tiempo libre educativo, el Gobierno de las Illes Balears, el Instituto Balear de la Juventud y los consejos insulares pueden establecer ayudas destinadas a contribuir al cumplimiento de los requisitos demandados por el SOIB.

Al colectivo de profesionales, las escuelas de formación, las actividades, las instalaciones y el resto de los servicios que regula esta ley les son de aplicación las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, especialmente las previstas en los artículos 15, 16, 20, 47, 48, 57, 58, 59 y 60, y las demás que disponga la normativa en este ámbito.

Sin perjuicio del deber de comunicación que tienen todos los y las profesionales del tiempo libre educativo infantil y juvenil en caso de que detecten abuso o maltrato infantil, los centros, las entidades o las empresas que acogen o desarrollan habitualmente actividades de tiempo libre educativo con personas menores de edad, tienen que designar un delegado o una delegada de protección contra el maltrato, con las funciones y las características previstas en el artículo 48 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y las otras que le sean de aplicación.

El establecimiento de precios públicos por los servicios ofrecidos por el Gobierno o sus entidades instrumentales se tiene que hacer mediante un decreto del Consejo de Gobierno, sin perjuicio que la cuantía o su actualización se pueda aprobar por orden o resolución del consejero o la consejera competente en materia de tiempo libre del Gobierno.

La referencia a la orden que tiene que aprobar la consejería competente en materia de tiempo libre educativo, recogida en el apartado 7 del artículo 16 de la Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud, para el establecimiento de precios públicos del IBJOVE, se tiene que entender sin perjuicio que, por el tipo de servicio o de producto, se tenga que recurrir a un decreto del Consejo de Gobierno.

Se reconoce que el Consejo Insular de Formentera, dado su régimen especial de consejo insular unimunicipal, ejerce a la vez las competencias que esta ley y el resto del ordenamiento jurídico prevén para los consejos insulares y para los ayuntamientos.

En el ámbito de la cooperación interadministrativa, el Gobierno de las Illes Balears tiene que dispensar un tratamiento especial al Consejo Insular de Formentera por razón de su singularidad y en atención al carácter unimunicipal de este.

A efectos de todo lo que dispone el apartado anterior, el Gobierno puede acordar con el Consejo Insular de Ibiza las fórmulas pertinentes para que este coopere con el Consejo Insular de Formentera en ámbitos determinados en materia de políticas de tiempo libre educativo, sin perjuicio de las relaciones bilaterales que se puedan establecer entre los consejos insulares de las islas de Ibiza y Formentera.

El Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre será totalmente vigente en todo aquello que no contradiga esta ley, hasta que otro decreto de principios generales lo sustituya, en su caso.

Mientras no se haga el desarrollo reglamentario previsto en la disposición final sexta, al conjunto de actividades, servicios, escuelas e instalaciones recogidos en esta ley se les aplicarán los títulos preliminar, primero, segundo, tercero y cuarto del Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre, en todo aquello que no contradiga lo establecido en esta ley.

El régimen transitorio que prevé esta disposición se aplica a las instalaciones que, de acuerdo con la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, y su normativa de despliegue, sean consideradas albergues juveniles y se encuentren en funcionamiento desde antes de 18 de junio de 2022 o, en el caso de las de gestión o titularidad públicas, se hayan puesto en marcha entre aquella fecha y la entrada en vigor de esta ley.

A las instalaciones del apartado anterior les son aplicables todas las disposiciones relativas a las instalaciones infantiles y juveniles contenidas en esta ley y, en concreto, las relativas a los albergues para el tiempo libre, si bien de manera transitoria, y por un máximo de seis meses desde la publicación al «Butlletí Oficial de les Illes Balears» de esta ley, se les establecen las excepciones siguientes:

Pasado el plazo de seis meses establecido en el apartado anterior, las instalaciones afectadas por esta disposición que no cumplan íntegramente las condiciones para ser albergues para el tiempo libre quedan sometidas a la normativa turística, sin perjuicio del régimen previsto a la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears.

El régimen transitorio que recoge esta disposición es aplicable a estas instalaciones mientras permanezcan inalteradas las condiciones comunicadas en la declaración responsable presentada y continúen cumpliendo los requisitos esenciales para funcionar como instalaciones infantiles y juveniles. En caso contrario, quedan sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en esta ley.

El régimen transitorio que recoge esta disposición es también aplicable a las instalaciones que hayan presentado una solicitud completa de ampliación de plazas como albergue juvenil o solicitado licencia de obras o reformas, en edificio existente, para iniciar la actividad de albergue juvenil, ante la administración municipal competente, antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears, siempre que el cómputo total de plazas del albergue resultante respete el límite máximo de plazas aplicable de acuerdo con el régimen jurídico vigente y que corresponda.

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo que dispone esta ley y, en particular:

Se modifica el título del Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, que pasa a ser Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre.

Se modifica el artículo 19 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, que queda redactado de la siguiente manera:

El apartado 1 del artículo 37 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

Se suprime el apartado 2 del artículo 37 del Decreto 23/2018, de 6 de julio.

El apartado 3 del artículo 37 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

El apartado 4, letra i), del artículo 37 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

Se introduce un nuevo artículo, el 43 bis, en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, con la redacción siguiente:

El título del artículo 46 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

El apartado 1 del artículo 46 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

El apartado 4 del artículo 48 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente:

El segundo párrafo del apartado 7 del artículo 48 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado como se indica:

El apartado 2 del artículo 51 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, queda modificado de la manera siguiente: