Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Además de lo establecido en el apartado anterior, los remanentes de crédito de ejercicios anteriores correspondientes a gastos con financiación afectada que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 42.6 de esta ley, se incorporen al nuevo ejercicio, se financiarán con las desviaciones positivas de financiación que, en su caso, formen parte del remanente de tesorería afectado según la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, o, en su defecto, mediante la aplicación del fondo de contingencia o con la baja en otros créditos de operaciones no financieras.

Los créditos que, en aplicación de lo que prevén los apartados anteriores, sean incorporados a los estados de gastos del presupuesto corriente se destinarán a las mismas finalidades a que estaban destinados en el ejercicio anterior, sin perjuicio de que las incorporaciones de créditos y de remanentes con financiación afectada se adapten, en su caso, a las modificaciones y reprogramaciones que acuerde el agente financiador.

Las rectificaciones de crédito son modificaciones presupuestarias que se podrán autorizar cuando sea preciso alterar o desglosar los créditos aprobados en los presupuestos, para efectuar la correcta imputación contable de los ingresos o los gastos, en los casos en que se produzcan reorganizaciones administrativas o en los que la aplicación de alguna norma con efectos económico-financieros lo requiera.

También se podrán tramitar expedientes de rectificaciones de crédito cuando sea preciso para corregir total o parcialmente los saldos disponibles de partidas presupuestarias, como consecuencia de otros expedientes de modificaciones de crédito tramitados con anterioridad, en los casos en que no sea posible utilizar otro procedimiento, así como para corregir errores materiales que hayan podido producirse en el proceso de elaboración del presupuesto, previo informe del director general de Presupuestos, o bien en modificaciones de crédito efectuadas.

Con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, podrá acordar conceder anticipos de tesorería para atender gastos que no se puedan aplazar únicamente en los siguientes casos:

El importe del anticipo no podrá exceder, en cada ejercicio, el límite del 2% de los créditos para gastos autorizados por la ley de presupuestos generales o, en el caso de operaciones de endeudamiento, el importe de las correspondientes obligaciones.

Si el Parlamento de las Illes Balears no aprueba el proyecto de ley del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, dispondrá la cancelación del anticipo de tesorería con cargo a los créditos del presupuesto de gastos cuya minoración ocasione el menor trastorno para el servicio público.

De acuerdo con el artículo 40.3 de la presente ley, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción de la entidad, podrá otorgar la autorización previa para modificar los presupuestos de las entidades del sector público empresarial y fundacional por encima de los límites cuantitativos a los que se refiere el citado precepto legal, siempre que existan recursos adecuados y suficientes y se verifiquen el resto de requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 7/2010.

La falta de esta autorización, cuando proceda, podrá dar lugar a la nulidad de los actos o los negocios jurídicos por los que se comprometan gastos que impliquen rebasar los correspondientes límites, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 del Código Civil; y también a la exigencia de las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los artículos 141 y siguientes de esta ley.

Se podrán autorizar y comprometer gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que se subordinen al crédito que, para cada ejercicio presupuestario, autorice la ley anual de presupuestos generales de la comunidad autónoma, y siempre que se respeten las previsiones que contenga el plan presupuestario a medio plazo a que hace referencia el artículo 33 de la presente ley.

Solo se podrán autorizar y comprometer gastos de carácter plurianual en los casos en que el objetivo sea financiar las actividades o las actuaciones inherentes a los siguientes gastos y siempre que la ejecución de estas actividades o actuaciones se inicie en el ejercicio presupuestario en el que los gastos sean autorizados:

Las autorizaciones y los compromisos de gastos de carácter plurianual serán objeto de registro adecuado de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

El número de ejercicios a los que se podrán aplicar los gastos plurianuales no podrá ser superior a seis, correspondientes al ejercicio corriente y a otros cinco ejercicios futuros más.

En los contratos de obras de carácter plurianual se realizará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudicación en el mismo momento en que tenga lugar la adjudicación. Esta retención adicional se aplicará en el ejercicio en que acabe la obra, o en el siguiente, según el momento en que se prevea el pago del certificado final. Estas retenciones computan dentro de los límites porcentuales a que se refiere el apartado anterior.

En el caso de adquisiciones directas de bienes inmuebles por un importe superior a 500.000 euros, el desembolso inicial al formalizar el contrato no podrá ser inferior al 25% del precio, y el resto del precio se podrá distribuir en los cuatro ejercicios siguientes, dentro de las limitaciones porcentuales establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

Las limitaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo no serán de aplicación a los siguientes casos:

Excepcionalmente, en casos especialmente justificados, se podrá exceptuar la aplicación de las limitaciones citadas en el apartado 1 del presente artículo, o modificar los porcentajes y el número de anualidades máximas. Esta excepción será declarada, según el expediente de que se trate en cada caso, por los siguientes órganos:

En los casos de tramitación anticipada de expedientes de gasto a que hace referencia el artículo 71 de esta ley, se cumplirán asimismo los límites y las anualidades o los importes autorizados que prevén los apartados 1 a 5 anteriores, y se entenderán como ejercicio corriente a efectos del cumplimiento de estos límites y anualidades el ejercicio en que se apruebe el expediente.

Corresponderá al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos autorizar la imputación de los gastos a ejercicios futuros, sin perjuicio de las competencias en materia de ejecución del presupuesto de gastos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la presente ley, determine la correspondiente ley de presupuestos generales.

La aprobación y la modificación de autorizaciones y compromisos de gastos de carácter plurianual requerirán un informe previo de la dirección general competente en materia de presupuestos cuando superen los límites establecidos en el artículo 65.1 o cuando el importe global de las anualidades correspondientes a los ejercicios futuros exceda en total de un millón de euros, así como, si procede, la correspondiente fiscalización de la Intervención General.

Corresponderá a los órganos competentes del Parlamento de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears y de la Universidad de las Illes Balears, de acuerdo con las normas especiales aplicables a estos entes, autorizar la imputación de los gastos a ejercicios futuros correspondientes a sus presupuestos respectivos.

Los órganos competentes para autorizar y disponer gastos de carácter plurianual adaptarán, antes del día 31 de enero de cada año, las autorizaciones y los compromisos imputables al ejercicio en curso a los créditos previstos en los estados de gastos correspondientes, sin perjuicio de que, previamente, se puedan tramitar los expedientes de modificación de crédito que se consideren adecuados, de acuerdo con la presente ley.

No obstante, en casos excepcionales debidamente motivados, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos puede autorizar que la adaptación a que se refiere el apartado anterior se haga antes de 31 de marzo del ejercicio o inmediatamente después de haber aprobado el expediente de incorporación de créditos o de generación de crédito, a que hacen referencia los artículos 60 y 59 de esta ley, vinculados a la partida presupuestaria a la cual se imputarán los gastos plurianuales.

A efectos de este artículo se considerarán gastos en inversiones nuevas aquellas inversiones reales, con exclusión de las de carácter inmaterial, que no sean de mera reposición que financien los entes que forman parte del sector público autonómico a que se refiere el artículo 1.3 de esta ley y que, una vez implantadas, generan gastos recurrentes en ejercicios futuros al ejercicio de implantación derivados de la puesta en funcionamiento de dicha inversión.

Los gastos por inversiones nuevas que, con independencia de su importe, puedan generar nuevos gastos recurrentes –o un incremento de estos– de cuantía superior a 100.000 euros anuales, previamente al acto de autorización del gasto que corresponda a la inversión o la actuación inicial, deben ser autorizados por el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos o, en caso de que afecten a los presupuestos del Parlamento de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears o de la Universidad de las Illes Balears, por los órganos competentes en cada caso, de acuerdo con las normas especiales aplicables a estos entes.

Reglamentariamente, pueden desarrollarse los tipos de gasto, que, en todo caso, deben considerarse inversión nueva o gasto recurrente derivado de su puesta en funcionamiento a los efectos de este artículo, así como su registro adecuado e independiente y la forma de acreditar el impacto económico a que se refiere el apartado anterior.

La gestión del presupuesto de gastos comprende las fases de autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación del pago.

La autorización del gasto es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto con cargo a un crédito presupuestario determinado sin superar el importe disponible, calculado de manera cierta o aproximada por exceso, reservando a este efecto la totalidad o una parte del citado crédito presupuestario disponible.

La disposición o el compromiso del gasto es el acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, realizar un gasto a favor de un tercero y por un importe y unas condiciones exactamente determinados o determinables.

El reconocimiento o la liquidación de la obligación es el acto por el que se declara que existe un crédito exigible contra la comunidad autónoma o la entidad correspondiente, resultante de un gasto autorizado y comprometido.

La ordenación del pago es el acto por el que se acuerda ejecutar, en relación con una o diversas obligaciones, la orden del pago contra la Tesorería de la comunidad autónoma.

De acuerdo con la naturaleza de los gastos y según criterios de economía y agilidad administrativa, se podrán acumular en un solo acto diversas fases de la ejecución del presupuesto de gastos indicados en los apartados anteriores.

La Intervención General y la Tesorería General de la comunidad autónoma velarán por el correcto funcionamiento del procedimiento de la ejecución del presupuesto de gastos, y adecuarán, a tal efecto, el procedimiento contable de la manera que se determine por medio de la orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos a que se refiere el artículo 134.d) de esta ley.

Para el reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo a la hacienda de la comunidad autónoma, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, y de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, podrá ordenar la medida provisional de que estos créditos se imputen inmediatamente al presupuesto a efectos de llevar a cabo los pagos correspondientes sin necesidad de garantizar la obligación. Estos pagos serán de carácter a cuenta, determinándose el importe definitivo en la liquidación que resulte del procedimiento correspondiente, que se incoará en un plazo máximo de tres meses.

Los expedientes de gasto que tengan que generar obligaciones económicas para la hacienda de la comunidad autónoma se podrán tramitar en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior al de inicio de la actividad o prestación cuya ejecución tenga que dar lugar al reconocimiento de la obligación.

Reglamentariamente, se desarrollarán los requisitos exigibles en la tramitación de estos expedientes anticipados de gasto.

Dentro de los límites fijados anualmente por la ley de presupuestos generales, la autorización y la disposición de los gastos, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación del pago corresponderán, con carácter general, a los siguientes órganos:

Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la autorización previa del Consejo de Gobierno que, si procede, sea exigible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.f) de la presente ley.

Los pagos se ordenarán mediante las órdenes correspondientes que el ordenador de pagos librará a favor de los acreedores de la comunidad autónoma.

Bajo la autoridad superior del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, corresponderán al director general competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de pagos de la Administración de la comunidad autónoma y de los organismos autónomos y demás entidades integrantes de la hacienda pública autonómica.

Con carácter general, la disposición material de fondos se efectuará, necesariamente, con la firma del director general competente en materia de tesorería, sin perjuicio de la eventual delegación o suplencia en otros órganos o unidades administrativas debidamente autorizados, y la de un representante de las unidades administrativas de la dirección general competente en materia de tesorería debidamente autorizado. Excepcionalmente, cuando se trate de pagos soportados por documentos contables que no se hayan podido tramitar de acuerdo con los automatismos y las garantías establecidos en el correspondiente sistema informático, la disposición material de fondos requerirá, necesariamente, la firma del director general competente en materia de tesorería y la del interventor general, sin perjuicio de las eventuales delegaciones o suplencias en otros órganos o unidades administrativas debidamente autorizados.

Con el objetivo de agilizar la ordenación de pagos y el servicio de caja se podrán crear las ordenaciones de pagos secundarias que se estimen necesarias, cuyos titulares serán nombrados por el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

La expedición de órdenes de pago a cargo de los presupuestos generales de la comunidad autónoma se ajustará al plan de tesorería que establezca el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

Excepcionalmente, la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y el resto de entidades que integran el sector público administrativo podrán formalizar, con cargo a los correspondientes créditos de inversiones, nombramientos de personal funcionario interino de programa o contrataciones de personal laboral de carácter temporal para desarrollar programas temporales vinculados a la ejecución de obras o la realización de servicios, siempre que se justifique una necesidad urgente e inaplazable, y concurran los requisitos generales aplicables al nombramiento interino y a la contratación temporal de acuerdo con las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma y el resto de leyes aplicables, así como los siguientes requisitos específicos:

El nombramiento o la contratación podrán exceder el ejercicio presupuestario cuando se trate de programas de desarrollo de obras o servicios que tengan que exceder el ejercicio corriente y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan con los requisitos de los artículos 64 a 66 de la presente ley.

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en las condiciones establecidas en los apartados anteriores requerirán los informes previos que, en su caso, prevean las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Los nombramientos y los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes de esta ley.

Las providencias y las diligencias de embargo, los mandamientos de ejecución, las resoluciones de inicio de procedimientos administrativos de compensación y los demás actos de contenido similar, dictados por órganos judiciales o administrativos en relación con derechos de cobro que los particulares tengan ante la Administración de la comunidad autónoma o sus organismos autónomos, y cuyo pago se tenga que realizar con cargo a la Tesorería de la comunidad autónoma, se comunicarán a la dirección general competente en materia de tesorería.

La comunicación contendrá, como mínimo, el nombre o la denominación social y el número de identificación fiscal de la persona o entidad correspondiente, el importe del embargo, la ejecución o la retención que tenga que realizarse y la especificación del derecho de cobro afectado, con expresión del importe y las resoluciones y los documentos contables correspondientes a este derecho.

Los órganos de la administración autonómica a los que se notifiquen los actos indicados en el apartado 1 anterior únicamente los remitirán a la dirección general competente en materia de tesorería cuando estos cumplan con los requisitos especificados en el apartado 2 anterior. En caso contrario, los citados órganos devolverán, motivadamente, los documentos recibidos al órgano judicial o administrativo que haya dictado el acto.

Las órdenes de pago que en el momento de ser expedidas no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos que acrediten el derecho del acreedor tendrán el carácter de pagos a justificar, sin perjuicio de que se apliquen a los correspondientes créditos presupuestarios.

Los perceptores de estas órdenes de pagos a justificar estarán obligados a justificar la aplicación de las cuantías recibidas en el plazo máximo de tres meses. El director general competente en materia de tesorería podrá, excepcionalmente, ampliar este plazo a seis meses, a propuesta del órgano gestor del crédito, previo informe de la Intervención General.

En el transcurso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores del presente artículo, el órgano competente aprobará o rectificará la cuenta justificativa.

Reglamentariamente, se desarrollarán las normas aplicables a estos pagos a justificar.

A efectos de la presente ley, se entenderá por pago indebido aquel que se realice por error material, aritmético o de hecho a favor de una persona que no tenga ningún derecho de cobro ante la administración con respecto a dicho pago o en una cuantía que exceda la que conste en el acto que haya reconocido el derecho del acreedor.

El perceptor de un pago indebido total o parcial estará obligado a restituirlo. El órgano que haya cometido el error que ha originado el pago indebido ha de disponer inmediatamente, de oficio, la restitución de las cuantías pagadas indebidamente, de acuerdo con los procedimientos reglamentariamente establecidos.

La revisión de los actos de los que deriven reintegros diferentes a los que correspondan a los pagos indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, se realizará de acuerdo con el procedimiento general de revisión de oficio de actos nulos o anulables que sea de aplicación, según la causa que determine su invalidez, o de conformidad con los procedimientos específicos que, en su caso, establezcan las normas reguladoras de los diferentes ingresos.

La efectividad de los ingresos por razón de pagos indebidos u otros reintegros a favor de la comunidad autónoma que, si procede, se declaren por la correspondiente resolución administrativa se someterá a lo establecido en el título I de la presente ley respecto de los derechos que integran la hacienda pública de la comunidad autónoma.

Salvo lo que se establezca en la normativa reguladora de los diferentes reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos devengará el interés previsto en el artículo 23 de la presente ley, desde el momento en que se realice el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor devuelva voluntariamente los fondos percibidos sin el requerimiento previo de la administración, con excepción de los casos a que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 del presente artículo.

En los casos de aportaciones o transferencias a favor de entidades instrumentales del sector público autonómico, corresponderá al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos declarar la obligación de reintegro que, en su caso, proceda, por incumplimiento de las condiciones establecidas para su entrega o por falta de justificación de la aplicación de los fondos.

La gestión del presupuesto de ingresos comprenderá la fase del reconocimiento del derecho.

La extinción de los derechos podrá producirse por su cobro en metálico, y, en los casos previstos en esta ley o en las disposiciones especiales que resulten de aplicación, por su cobro en especie o por compensación.

En la gestión de las devoluciones de ingresos se distinguirán el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo origen es la realización de un ingreso indebido u otra causa establecida legalmente, y el pago de la devolución.

Sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria y del régimen general en materia de intereses de demora de las obligaciones regulado en el artículo 29 de esta ley, en las devoluciones de ingresos indebidos derivadas de la revisión administrativa o jurisdiccional del acto que dio origen a la obligación de realizar el ingreso, el derecho a la devolución incluirá, además de la cuantía ingresada, el resultado de aplicar a dicha cuantía el interés legal del dinero computado desde el día del ingreso hasta el día en que se ordene el pago de la devolución.

El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y de obligaciones, el día 31 de diciembre de cada ejercicio, siempre que se correspondan con ingresos liquidados y con gastos realizados hasta el día 31 de diciembre del mismo ejercicio.

Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario y los estados contables relativos a la liquidación se regularán por una orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

La liquidación del presupuesto determinará el resultado presupuestario del ejercicio, constituido por la diferencia entre el importe de los derechos reconocidos en el ejercicio y el importe de las obligaciones reconocidas en el mismo ejercicio.

El remanente de tesorería se desglosará de modo que se pueda determinar la parte de esta magnitud que corresponda a obligaciones o derechos que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, traigan causa de gastos con financiación afectada, y demás obligaciones y derechos pendientes de pago o de cobro.

El remanente de tesorería afectado y el remanente de tesorería no afectado, cuando sean positivos, constituirán fuentes de financiación de incorporaciones de crédito y de ampliaciones de crédito en los términos establecidos, respectivamente, en los artículos 60.3 y 57.3, segundo párrafo, de la presente ley.

De acuerdo con el artículo 60.1 de la presente ley, los remanentes de crédito de los estados de gastos del presupuesto cerrado se anularán, con excepción de los remanentes de crédito que se incorporen al presupuesto corriente del ejercicio en curso en los términos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del mismo artículo.

La Administración de la comunidad autónoma realizará un seguimiento de los datos de ejecución del presupuesto y, en su caso, ajustará el gasto público para garantizar que al acabar el ejercicio no se incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda, ni se exceda, con respecto a la variación de gasto computable, la regla de gasto.

En todo caso, y a tal efecto, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos podrá declarar indisponibles determinados créditos del presupuesto de gastos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la presente ley.

En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración de la comunidad autónoma formulará un plan económico-financiero que permita conseguir estos objetivos o la regla de gasto, con el contenido y el alcance que establece la normativa básica estatal.

La aprobación de estos planes corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

En caso de incurrir en alguno de los supuestos previstos en la normativa básica estatal para la elaboración de un plan de reequilibrio, la Administración de la comunidad autónoma formulará el correspondiente plan, con el contenido y el alcance que establece la citada normativa estatal.

La aprobación de estos planes corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio se elaborarán en los plazos previstos en la normativa básica estatal y, una vez aprobados inicialmente por el Consejo de Gobierno, se remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera para la comprobación de la idoneidad de las medidas que se incluyan en él y la adecuación de las previsiones a los objetivos que se fijen.

Los planes que apruebe el Consejo de Gobierno, junto con los informes o los requerimientos que haya emitido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se remitirán al Parlamento de las Illes Balears.

Sin perjuicio de los planes que, en su caso, sean exigibles de acuerdo con los artículos 82 a 84 anteriores, los entes que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma en situación de inestabilidad presupuestaria en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 4 de esta ley, o con fondos propios negativos, elaborarán un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y equilibrio patrimonial, cuya aprobación corresponderá al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

Los planes de ajuste se elaborarán en el mismo ejercicio presupuestario en el que se determine la situación de inestabilidad e incluirán las previsiones temporales concretas relativas a la aprobación de las medidas que se prevean, a la ejecución efectiva de estas medidas y a los informes de seguimiento a que se refiere el apartado 3 siguiente.

Corresponderá a la dirección general competente en materia de presupuestos realizar el seguimiento de los planes de ajuste, para lo que podrá recabar toda la información que sea relevante a las entidades instrumentales y a la Intervención General de la comunidad autónoma.

La ejecución de los créditos correspondientes a transferencias corrientes y de capital de la Administración de la comunidad autónoma a favor de los entes sometidos a estos planes de ajuste quedará condicionada a los informes favorables a los que se refiere el apartado anterior.

Constituyen la Tesorería de la comunidad autónoma todos los recursos financieros, ya sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, titularidad de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de sus organismos autónomos y demás entidades instrumentales integrantes de la hacienda pública.

Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedarán sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública.

El consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, a propuesta del director general competente en materia de tesorería, ha de aprobar un plan de tesorería anual.

La elaboración del plan de tesorería corresponderá a la dirección general competente en materia de tesorería, y deberá incluir la siguiente información:

Para elaborar el plan de tesorería, la dirección general competente en materia de tesorería podrá solicitar a las consejerías y a los entes instrumentales del sector público autonómico los datos, las previsiones y toda la documentación necesaria respecto de los pagos y los cobros de estos órganos y entes, en la medida en que puedan tener incidencia en el plan.

Mediante resolución del director general competente en materia de tesorería las previsiones a que hacen referencia las letras a) y b) del apartado 2 anterior se actualizarán periódicamente a lo largo del ejercicio, según el ritmo de ejecución de los cobros y los pagos y, en general, de los cambios que se produzcan en las correspondientes previsiones.

Las propuestas de ordenación de pagos, y las órdenes de pago, se ajustarán a las previsiones del plan de tesorería.

En todo caso, el plan de tesorería recogerá la prioridad absoluta en el pago de los intereses y del capital de la deuda pública, así como, posteriormente, la prioridad de las nóminas del personal, de las cargas de la Seguridad Social, de las deudas tributarias y de las deudas que resulten de resoluciones judiciales firmes, de las obligaciones de naturaleza financiera distintas a la deuda pública, de las deudas por operaciones comerciales y de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta, asimismo y para cada grupo o categoría de obligaciones que se establezca en el plan, los criterios de la antigüedad de la obligación y de la cuantía, en el marco de estas previsiones generales.

Asimismo, las transferencias corrientes o de capital a favor de entidades integrantes del sector público instrumental autonómico se adecuarán a las necesidades efectivas de tesorería de estas entidades.

De acuerdo con lo que se establezca en la normativa estatal, y con la periodicidad que corresponda, se publicará en la página web de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos la información sobre el cumplimiento de los plazos de pago a los acreedores por operaciones comerciales y, particularmente, sobre el periodo medio de pago a los proveedores regulado en las normativas estatal y europea aplicables en materia de morosidad comercial y en materia de sostenibilidad financiera.

La publicación y la remisión de la información que, en su caso, deba efectuarse a la Administración del Estado, se realizarán a través de la Intervención General de la comunidad autónoma.

A tal efecto, la Intervención General de la comunidad autónoma podrá solicitar a las consejerías y a los entes instrumentales del sector público autonómico los datos, las previsiones y toda la documentación que haga falta respecto de los pagos de estos órganos y entes, en la medida en que puedan tener incidencia en la información que se tenga que publicar o enviar a la Administración del Estado.

Con carácter general, los fondos de la Tesorería de la comunidad autónoma se podrán canalizar mediante cuentas en el Banco de España o cuentas en entidades financieras.

Con el fin de optimizar la gestión de la tesorería, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos podrá autorizar al director general competente en materia de tesorería para que suscriba operaciones a corto plazo de adquisición temporal de activos financieros con rendimiento fijo o variable, en los mercados primarios o secundarios, con las condiciones de seguridad y de liquidez que se autoricen. Estas operaciones tendrán carácter no presupuestario, salvo los rendimientos y los gastos que se deriven de las mismas, los cuales se imputarán al presupuesto.

Corresponderá al director general competente en materia de tesorería la apertura y la cancelación de cuentas de titularidad de la Administración de la comunidad autónoma o de los organismos autónomos con cualquier entidad de crédito, designar a las personas autorizadas para utilizarlas y sustituir a estas personas por otras. En el caso de apertura de cuentas, se especificarán su finalidad y sus condiciones esenciales de uso.

Los contratos relativos a estas cuentas se formalizarán por escrito y contendrán una cláusula por la que se excluya la facultad de compensación por parte de la entidad financiera, y otra en la que se prevea expresamente, en su caso, el beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos al que se refiere el artículo 92 siguiente, sin perjuicio de la imposibilidad de compensar unilateralmente o embargar los fondos públicos que resulta de la legislación vigente, incluso en los casos en que no existan estas cláusulas.

Los excedentes transitorios de fondos de las entidades integrantes del sector público instrumental autonómico con tesorería propia quedarán sometidos a las necesidades de la Tesorería de la comunidad autónoma, siempre que, en el caso de entidades de derecho privado, reciban aportaciones de la Administración de la comunidad autónoma o de otras entidades instrumentales de derecho público para sufragar su déficit de explotación.

Los ingresos a favor de la Administración de la comunidad autónoma y de los organismos autónomos se podrán realizar en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería y en las entidades de crédito colaboradoras o autorizadas para hacerlo, mediante efectivo, giros, transferencias, cheques o cualquier otro instrumento de pago admitido en el comercio, bancario o no bancario, de acuerdo con las normas de desarrollo que se establezcan mediante una orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

La Administración de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos podrán pagar, asimismo, sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior, en los términos que se establezcan mediante una orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, sin perjuicio de dar preferencia al sistema de pago mediante transferencia a las cuentas abiertas en las entidades de crédito por los correspondientes perceptores.

La Administración de la comunidad autónoma podrá recurrir al endeudamiento a corto y a largo plazo, por medio de la apelación al crédito privado o de emisión de deuda pública, en el marco del artículo 132 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y de acuerdo con los requisitos y las condiciones que se señalan en este capítulo; en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas; en la Ley Orgánica 2/2012; y en el resto de normativa aplicable.

Las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma o, en su caso, las leyes de concesión de créditos extraordinarios o suplementarios fijarán el importe máximo de variación del saldo de la deuda viva del ejercicio y la finalidad del correspondiente endeudamiento. Este límite será efectivo al cierre del ejercicio y se podrá sobrepasar a lo largo de este.

En todo caso, las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma se coordinarán con la política de endeudamiento del conjunto del Estado español en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La intervención de un fedatario público solo será preceptiva cuando así lo disponga expresamente la legislación aplicable. En todo caso, no será preceptiva para las operaciones de apelación al crédito privado con entidades financieras legalmente establecidas.

Para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para emitir deuda pública será precisa, en todo caso, la autorización del Estado.

Corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos:

Una vez acordada la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo se podrá tramitar la contratación de un crédito puente, que se cancelará cuando se formalice definitivamente la operación de endeudamiento inicialmente acordada. Los créditos puente tendrán la consideración de operación accesoria a la operación de endeudamiento principal, y a extinguir, y, por lo tanto, no tendrán la consideración de operación de tesorería de las que regula el artículo 97 siguiente, por lo que no quedarán sujetas a los límites establecidos para este tipo de operaciones.

Corresponderá al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos realizar todas las operaciones necesarias para concertar el endeudamiento y los derivados financieros a los que se refiere el artículo 98 siguiente en las condiciones más favorables, y, con ello, determinar las condiciones finales de todas estas operaciones financieras en el marco de las condiciones básicas aprobadas por el Consejo de Gobierno.

De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, las operaciones de amortización anticipada por renegociación o refinanciación de operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma que acuerde el Consejo de Gobierno se contabilizarán transitoriamente, tanto las nuevas operaciones que se concierten como las que se cancelen anticipadamente, en las cuentas no presupuestarias que determine la Intervención General de la comunidad autónoma. En todo caso, se traspasará el saldo neto al presupuesto de la comunidad autónoma al cierre del ejercicio, con las adaptaciones presupuestarias previas necesarias.

La deuda pública de la comunidad autónoma se podrá representar mediante anotaciones en cuenta, títulos valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca. En todo caso, los títulos o instrumentos representativos de esta deuda pública estarán sujetos, en aquello que no establece esta ley, a las normas que les sean de aplicación según su modalidad y sus características, y disfrutarán de los mismos beneficios que la deuda pública del Estado.

La obligación de pagar los intereses de la deuda pública y la de devolver los capitales que se tengan que reembolsar prescribirán a los cinco años, plazo que se contará, respectivamente, desde el vencimiento de los intereses y desde el día del llamamiento a reembolso. No obstante, cuando los capitales llamados a reembolso estén afectos a fianzas constituidas ante la Tesorería de la comunidad autónoma, el plazo de prescripción de la obligación de reembolso empezará a contar desde la fecha en que, con conocimiento de la persona interesada, deje de ser necesaria la fianza o se acuerde su levantamiento.