Historial de reformas

Uno. Se autoriza al Gobierno de la Nación para que, durante el año 2012, modifique o en su caso, reemplace el actual régimen de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por otro sistema de compensación. Dicha modificación nunca podrá suponer una disminución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio, ni incremento de los créditos asignados a esta finalidad.

Por tiempo indefinido hasta tanto el Gobierno de la Nación modifique o reemplace el actual régimen de subvenciones al transporte marítimo regular de pasajeros, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se bonificarán las cuantías de los billetes sobre las tarifas, que deberán ser previamente comunicadas a la Dirección General de la Marina Mercante, excepto la diferencia respecto de las tarifas de butaca de clase superior o camarote ocupado por una sola persona.

Dos. A partir del 1 de septiembre y con efectos indefinidos, la condición de residente en las Islas Canarias, Islas Baleares y en Ceuta y Melilla, a los efectos de obtención de la bonificación al transporte regular de pasajeros, marítimo y aéreo, se acreditará mediante el certificado de empadronamiento en vigor.

Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como adicionales de éste.

Los órganos gestores de la bonificación del Ministerio de Fomento podrán acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de residencia de la Plataforma de Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención, en base a lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.

Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias, las compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los títulos de transporte bonificados, la confirmación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención.

Tres. En todo caso, para las Comunidades de Canarias y de Baleares se estará a lo regulado en el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como en el artículo 5 de la Ley 30/1998, de 29 de Julio del Régimen Especial de las islas Baleares.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las cuantías unitarias de la prestación pública de aterrizaje, y de las prestaciones públicas por salida de pasajeros, PMR’s y seguridad en los aeropuertos de Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Son Bonet se bonificarán en un 10% durante los meses de noviembre a marzo, respecto de las cuantías establecidas con carácter general para las citadas prestaciones públicas en estos aeropuertos.

1. Las compañías navieras dispondrán de un mes de plazo a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para tomar las acciones oportunas conducentes a las modificaciones del sistema de bonificaciones preceptuado en el párrafo segundo del apartado uno, de la disposición adicional septuagésima segunda.

2. Los beneficiarios de las bonificaciones al transporte regular de pasajeros, marítimo y aéreo, deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, en tanto que no se pongan en funcionamiento los mecanismos que permitan el acceso de los órganos gestores a los servicios de verificación y consulta de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y éstos no puedan facilitar el acceso a la confirmación del cumplimiento de tales requisitos a las agencias y compañías que comercialicen títulos de transporte bonificados.