Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado

La Orden de 15 de noviembre de 1988, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre autorización provisional para la prestación de servicios públicos de transporte escolar.

La Orden de 10 de noviembre de 1999, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre la distribución del excedente y el presupuesto anual del Fondo de formación y promoción cooperativa, en las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana.

La Orden de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de la Conselleria de Empleo y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo de la Formación de Personas Adultas en la Comunitat Valenciana.

La Orden de 31 de julio de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la prestación de servicios de transporte intermodal de acceso a los recintos aeroportuarios de la Comunitat Valenciana.

La Orden 46/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del deporte federado y los programas de tecnificación deportiva en la Comunitat Valenciana.

La Orden 56/2016, de 21 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las federaciones deportivas para la adquisición de material inmovilizado.

La Orden 62/2016, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las federaciones deportivas con participación como selecciones de la Comunitat Valenciana en los campeonatos de España.

La Orden 31/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a federaciones deportivas para el desarrollo del programa Esport a l’Escola.

La Orden 2/2021, de 30 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se regula el Observatorio de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la Comunitat Valenciana.

La Orden 32/2022, de 13 de mayo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas a los clubes y secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana con participación en competiciones oficiales internacionales y competiciones de máxima categoría estatal de deporte no profesional.

La Orden 15/2023, de 26 de mayo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de los planes de especialización deportiva.

El Decreto 110/1989, de 17 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula la prestación de los servicios públicos interurbanos de grúa de arrastre y autocargante de vehículos averiados.

El Decreto 47/1991, de 20 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se modifica el cuaderno de servicio para los servicios públicos interurbanos de grúa de arrastre y autocargante de vehículos averiados.

El Decreto ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat.

El Decreto ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado.

Les Corts acordaron la convalidación del Decreto ley 20/2024, de 30 de diciembre, así como su tramitación como proyecto de ley. Como resultado de este procedimiento, y tras la aprobación de diversas enmiendas que modificaron la redacción inicial, se aprobó la Ley 2/2025, de 15 de abril, de la Generalitat, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana, publicada en el DOGV el 16 de abril de 2025 y con entrada en vigor en la misma fecha. Cuando un decreto ley, además de ser convalidado, se tramita como proyecto de ley, el parlamento puede introducir modificaciones mediante enmiendas, de forma que la ley resultante, que puede diferir sustancialmente del texto original, sustituye al decreto ley, dejándolo sin vigencia. Aunque lo habitual es que la ley aprobada no incluya una disposición de derogación expresa, esta sustitución conlleva en la práctica la derogación del decreto ley inicial.

No obstante, la Administración General del Estado ha puesto en cuestión este criterio y ha señalado que, por razones de seguridad jurídica, resulta conveniente proceder a la derogación expresa del Decreto ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, ya que podría interpretarse que sigue en vigor pese a la entrada en vigor de la Ley 2/2025, de 15 de abril, de la Generalitat. En particular, la Administración General del Estado ha propuesto la derogación expresa de la disposición transitoria segunda del Decreto ley 20/2024, de 30 de diciembre, cuya constitucionalidad había sido objeto de observaciones. Aunque el contenido de dicha disposición ha sido sustituido en la nueva regulación prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2025, de 15 de abril, la Generalitat acepta la propuesta formulada y procede a la derogación expresa del Decreto ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, y, específicamente, de su disposición transitoria segunda. Este acuerdo se formalizó en el seno de la Comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat, celebrada el 6 de mayo de 2025, conforme al procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El Decreto 77/1984 de 30 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulación de transporte escolar.

El Decreto 90/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan la composición, competencias y funcionamiento del Consejo de la formación de personas adultas en la Comunitat Valenciana.

La Orden de 15 de noviembre de 1988, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre autorización provisional para la prestación de servicios públicos de transporte escolar.

La Orden de 10 de noviembre de 1999, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre la distribución del excedente y el presupuesto anual del Fondo de formación y promoción cooperativa, en las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana.

La Orden de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de la Conselleria de Empleo y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo de la formación de personas adultas en la Comunitat Valenciana, que regulaban el Consejo de la formación de las personas adultas. Con motivo de la duplicidad de funciones con el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana genera retrasos y cargas administrativas innecesarias, resulta urgente y necesaria su derogación.

La Orden de 31 de julio de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la prestación de servicios de transporte intermodal de acceso a los recintos aeroportuarios de la Comunitat Valenciana, al resultar redundante con la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres. Además, contiene obligaciones sin respaldo sancionador, lo que impide su cumplimiento efectivo. Su eliminación mejora la seguridad jurídica, evita duplicidades y simplifica el marco normativo en materia de transporte.

Orden 2/2021, de 30 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se regula el Observatorio de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la Comunitat Valenciana, en coherencia con la supresión del artículo 17 del Decreto 199/2020, de 4 de diciembre, del Consell, de regulación de la distribución de seguros en la Comunitat Valenciana.

Así mismo, se procede a la derogación de aquellas órdenes de bases de subvenciones que, por haber sido reguladas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, llevada a cabo por la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, siguen manteniendo la condición de disposición de carácter general.

Sin esta derogación no sería posible hacer efectivo lo dispuesto en el citado artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, ya que las nuevas bases de ayudas aprobadas como actos administrativos no podrían contradecir lo dispuesto en las anteriores, que tienen naturaleza de disposición de carácter general. Por lo que es urgente su derogación, a fin de dotar a la Administración de instrumentos ágiles y eficaces que faciliten la aprobación y la gestión de las nuevas subvenciones conforme al marco regulatorio vigente.

Se incluyen cuatro disposiciones finales.

La plena efectividad del régimen jurídico previsto en el capítulo III del título I, orientado a garantizar la unidad de mercado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, exige la progresiva armonización del ordenamiento autonómico. A tal efecto, en la disposición final primera se establecen plazos concretos para la adaptación normativa, asegurando una implementación coherente y homogénea del nuevo marco legal.

A fin de garantizar la aplicación eficaz de las medidas dirigidas a reforzar la unidad de mercado y la libertad de establecimiento, la disposición final segunda habilita al Consell para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo del capítulo III del título I.

Se incorpora una disposición final tercera con la finalidad de conservar el rango y naturaleza reglamentaria previa de las disposiciones de rango reglamentario modificadas a través de este decreto ley, así como del anexo IV «Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas» del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado mediante el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell. Y, por último, una disposición final cuarta, en la que se establece la entrada en vigor del decreto ley.

IV

En cuanto a la estructura, la presente ley consta de 133 artículos, distribuidos en nueve títulos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación. De igual modo, se cumple con el principio de necesidad, que ha quedado plenamente justificado. También se cumplen los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para lograr los objetivos mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información públicas, de conformidad con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y con el artículo 14 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

TÍTULO I. Medidas frente a la hiperregulación, para la agilización, la unidad de mercado y las empresas emergentes

CAPÍTULO I. Medidas frente a la hiperregulación

Artículo 1. Objeto del capítulo.

El presente capítulo tiene por objeto establecer los principios, instrumentos y procedimientos para prevenir y corregir la hiperregulación normativa, promoviendo un entorno jurídico claro, previsible, proporcionado y favorable al bienestar de la ciudadanía y a la actividad económica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente capítulo se aplicará a las disposiciones normativas de ámbito autonómico, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica estatal.

Artículo 3. Evaluación ex ante y ex post del impacto regulatorio.

1. El Plan anual normativo estará coordinado por la Presidencia de la Generalitat, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.

2. No podrán aprobarse proyectos normativos no previstos en el Plan anual normativo salvo causa justificada que deberá acreditarse en la Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN).

3. El departamento de Presidencia elevará al Consell, para su aprobación en el mes de diciembre, el Plan anual normativo que habrá de regir durante el ejercicio siguiente.

4. El Plan anual normativo identificará las normas cuya evaluación deba publicarse, de acuerdo con la magnitud de los impactos previstos en las personas destinatarias o en el coste para la Administración.

Artículo 4. Estabilidad normativa.

Los proyectos normativos deberán justificar su necesidad en términos de interés público, y demostrar, mediante la correspondiente Memoria de análisis de impacto normativo que los beneficios esperados superan los costes de cumplimiento, especialmente en lo relativo a las cargas administrativas.

Artículo 5. Simplificación normativa.

1. Como regla general, la aprobación de un proyecto normativo deberá suponer la supresión o simplificación de, al menos, una norma de rango equivalente.

2. Para evitar la fragmentación normativa y asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico, toda disposición normativa que modifique otra, que haya sido modificada al menos en dos ocasiones anteriores, deberá refundir el contenido vigente y derogar expresamente las normas anteriores que correspondan.

3. El «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» elaborará textos consolidados que integren las disposiciones normativas vigentes con sus respectivas reformas en el plazo de un mes desde la última modificación. Dichos textos tendrán carácter meramente informativo, sin alterar el contenido ni el valor jurídico de los textos oficiales.

Artículo 6. Lenguaje claro.

1. Las normas deberán redactarse utilizando un lenguaje claro, preciso y comprensible, adecuado al perfil de las personas a las que vayan dirigidas.

2. Cuando se trate de disposiciones de especial complejidad, o que afecten de manera significativa a un amplio sector de la sociedad, o a colectivos que así lo requieran se publicará una versión adaptada en lectura fácil que garantizará la accesibilidad y comprensión normativa, que no producirá efectos jurídicos.

3. Cuando sea necesario, el órgano promotor del proyecto elaborará guías, vídeos explicativos y herramientas digitales para facilitar a la ciudadanía y a las empresas la comprensión y el cumplimiento normativo.

Artículo 7. Regulación directamente aplicable.

Se procurará que las disposiciones reglamentarias sean completas, comprensibles y ejecutables por sí mismas, evitando las remisiones innecesarias a disposiciones posteriores.

Artículo 8. Revisión sistemática mediante inteligencia artificial y análisis de datos.

La Administración utilizará herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar ámbitos con gran dispersión normativa, así como preceptos y normas derogadas materialmente, que contengan redundancias, incoherencias y cargas administrativas innecesarias.

Artículo 9. Buzón en materia regulatoria.

Se creará un canal que recibirá y canalizará sugerencias, quejas y propuestas de simplificación normativa por parte de la ciudadanía y las empresas, así como por las personas empleadas públicas de la Generalitat.

Artículo 10. Cuadro de mando público de carga normativa.

Se implantará un cuadro de mando dinámico por materias, accesible desde GVA Oberta, que permitirá a la ciudadanía conocer:

1. El número de normas vigentes.

2. Los tipos y número de regímenes de intervención administrativa.

3. El tipo y número de cargas administrativas impuestas.

4. El número y tipo de acciones de simplificación llevadas a cabo.

Artículo 11. Rendición de cuentas sobre carga regulatoria.

El órgano competente en materia de simplificación administrativa realizará auditorias con carácter periódico a los distintos departamentos del Consell para analizar la evaluación de la simplificación normativa en su ámbito. El resultado de esa auditoría será público a través de GVA Oberta.

Artículo 12. Entornos de experimentación regulatoria.

1. Con el fin de impulsar la innovación y mejorar la calidad normativa, podrán habilitarse entornos de experimentación regulatoria que permitan aplicar, de forma controlada y temporal, marcos normativos flexibles a proyectos concretos, pudiendo suponer la excepción del cumplimiento de determinadas normas específicamente acotadas.

2. Su creación requerirá de la aprobación de un Acuerdo del Consell, que regulará:

– El contenido de la resolución de convocatoria para participar.

– Los requisitos de la solicitud.

– La valoración de las solicitudes.

– El plazo de resolución.

– El tipo de pruebas, así como las implicaciones, los riesgos y las responsabilidades que pudieran derivarse de la participación en las mismas.

– El papel desarrollado, el cometido, las funciones y la implicación de cada participante en las pruebas.

– El sistema de garantías fijado en el correspondiente protocolo de experimentación.

– El régimen de desistimiento de los participantes conforme a lo previsto en el protocolo de experimentación.

3. En todo caso, estos entornos deberán garantizar:

4. En ningún caso la creación de un entorno de experimentación regulatoria podrá comprometer derechos fundamentales, el orden público ni el cumplimiento de obligaciones esenciales.

CAPÍTULO II. Medidas de agilización

Artículo 13. Personal funcionario habilitado.

1. En los procedimientos administrativos competencia de la administración autonómica dirigidos a personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, las Oficinas PROP de asistencia y atención ciudadana, las oficinas de asistencia en materia de registro (OAMR) y las oficinas de atención especializada que sean OAMR, estas últimas en su correspondiente ámbito material de actuación, asistirán mediante personal funcionario habilitado en la identificación y firma de la presentación de solicitudes y documentación a través del registro electrónico general.

La asistencia mediante personal funcionario habilitado se realizará conforme al alcance y condiciones que se establezcan en la sede electrónica de la Generalitat.

2. Cuando en dichos procedimientos las entidades locales sean competentes, en la fase de recogida de solicitudes o de aportación documental, estarán igualmente obligadas a prestar dicha asistencia mediante su propio personal funcionario habilitado, utilizando para ello los sistemas y medios que se pongan a su disposición por la Generalitat.

Artículo 14. Precarga de datos en los formularios electrónicos.

1. De conformidad con los principios generales de actuación de la Administración regulados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los formularios electrónicos asociados a procedimientos y trámites administrativos de la Generalitat se podrán precargar los datos que afecten a las personas interesadas y que obren en poder de la Administración, conforme a los criterios establecidos en los siguientes apartados.

La precarga no podrá afectar a datos de terceras personas, salvo que la persona interesada ostente y acredite interés legítimo.

2. Con fundamento en el interés público, y de conformidad con el artículo 6.4 del Reglamento (UE) 2016/679, el órgano responsable del procedimiento podrá realizar una precarga de datos en los formularios asociados a procedimientos y trámites administrativos de la Generalitat siempre que haya acreditado que la finalidad del procedimiento en el que se realiza la precarga de datos es compatible con la finalidad que motivó la recogida inicial de los datos; para ello, tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

El órgano competente del procedimiento documentará la compatibilidad recabando, en caso necesario, el asesoramiento del delegado o delegada de protección de datos de la Generalitat.

3. En caso de no concurrir la compatibilidad de finalidades de tratamiento, será necesario obtener el consentimiento de la persona interesada para la precarga de datos, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679.

4. Si la precarga implica el tratamiento de datos de carácter personal, con carácter previo a ésta, se informará a la persona interesada, en los términos que establece el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679.

Así mismo, se informará de que los datos precargados tienen valor de borrador, hasta su confirmación. Los datos precargados podrán ser objeto de confirmación o modificación por parte de la persona interesada o de su representante.

5. La precarga de datos no impedirá a la Administración el ejercicio de la potestad de verificación y, en su caso, la posibilidad de requerir a la persona interesada la documentación acreditativa.

Artículo 15. Inexigibilidad de licencia.

1. En base a la habilitación otorgada por la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se amplía el umbral de superficie previsto en su artículo 2, de 750 a 2.500 metros cuadrados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará el instrumento de intervención ambiental en base a lo indicado en la legislación de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.

3. Las entidades locales de la Comunitat Valenciana deberán adaptar sus ordenanzas a la regulación del régimen jurídico aplicable a los procedimientos de intervención municipal relativos a los establecimientos o locales ubicados en sus municipios.

CAPÍTULO III. De la unidad de mercado

Artículo 16. Objeto.

El presente capítulo tiene por objeto garantizar la eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes para promover la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Comunitat Valenciana.

Artículo 17. Ámbito de aplicación.

Este capítulo será de aplicación, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

Artículo 18. Régimen de actuación de las administraciones públicas valencianas.

1. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico.

2. Las administraciones públicas valencianas competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios.

3. El establecimiento de límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio requerirá motivar su necesidad en alguna razón imperiosa de interés general de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

4. El acceso a las actividades económicas y su ejercicio solo podrá limitarse conforme a lo establecido en el presente capítulo, en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales.

Artículo 19. Actuaciones que limitan las libertades de establecimiento y de circulación.

Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el capítulo II de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, con mayor concreción que las reguladas en el artículo 18 de la citada ley, las disposiciones, actos y medios de intervención que contengan o apliquen:

Artículo 20. Eficacia extraterritorial.

1. Los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes de cualquier administración pública española relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia en el territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en este artículo.

2. Tendrán eficacia en la Comunitat Valenciana, para el acceso a actividades económicas que se prestan en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional y para supuestos equivalentes, las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra administración pública española.

3. A los efectos establecidos en el apartado anterior se considerarán supuestos equivalentes aquellos en los que exista una normativa de la Unión Europea armonizada o una legislación estatal común, o existan legislaciones autonómicas sectoriales que, no obstante, sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar que pueda ser considerado equivalente.

4. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en la Comunitat Valenciana. Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en la Comunitat Valenciana, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, en particular, a los siguientes supuestos:

Artículo 21. Excepciones.

El principio de eficacia extraterritorial en la Comunitat Valenciana al que se refiere el artículo anterior no se aplicará en los siguientes casos:

1. A autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura física. No obstante, cuando el operador esté legalmente establecido en otro lugar del territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente a la instalación o infraestructura.

2. A los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público, cuando el número de operadores económicos sea limitado o cuando se fijen en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.

3. Cuando concurran razones de orden público, seguridad pública o protección civil, debidamente motivadas en una disposición legal o reglamentaria.

Artículo 22. Promoción de la unidad de mercado.

1. La Generalitat promoverá la aplicación de los principios del mercado abierto en la elaboración de anteproyectos de ley y normas reglamentarias para evitar la introducción de restricciones injustificadas en la actividad económica y estimular la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español.

2. La Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) incluirá dentro del impacto económico y el efecto sobre la unidad de mercado, la justificación de no aplicación del principio de eficacia extraterritorial. Asimismo, en el Catálogo de procedimientos y servicios de la Generalitat se identificarán los procedimientos y servicios excluidos del principio de eficacia y la causa de su exclusión.

3. Con la coordinación de los órganos competentes en materia de simplificación administrativa y unidad de mercado, las consellerias evaluarán anualmente la normativa autonómica al objeto de valorar su impacto en la unidad de mercado.

Cuando la normativa autonómica exija más requisitos de acceso a la actividad que en otras comunidades autónomas, los órganos competentes según la materia revisarán los requisitos establecidos en dicha normativa a fin de suprimirlos, si es posible.

CAPÍTULO IV. Mejoras en actividad de emprendimiento, innovación e inversión

Sección primera. De la actividad de emprendimiento

Artículo 23. Colaboración de la Comunitat Valenciana en la certificación de las empresas emergentes.

La Generalitat impulsará la firma del convenio previsto en el artículo 4.5 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley 28/2022, de 21 de diciembre), con la Empresa Nacional de Innovación SME, SA (ENISA) para la realización de las actividades relativas a la tramitación, gestión documental, difusión y seguimiento de las solicitudes de obtención de la certificación del emprendimiento innovador.

Artículo 24. De las empresas emergentes de la Comunitat Valenciana y de las empresas emergentes basadas en el conocimiento de la Comunitat Valenciana.

1. Tendrán la condición de Empresas Emergentes de la Comunitat Valenciana (EECV) las empresas emergentes definidas en el artículo 3 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que tengan su domicilio social y fiscal en el territorio de la Comunitat Valenciana y, en consecuencia, estén inscritas en alguno de los registros mercantiles de la Comunitat Valenciana, y cuya tecnología base del negocio se haya desarrollado en el territorio de esta, en los términos del apartado 4 de este artículo.

2. Tales empresas gozarán de los incentivos fiscales aprobados en este decreto ley.

3. Podrán ser reconocidas como «Empresas Emergentes Basadas en Conocimiento de la Comunitat Valenciana» (EEBCCV) aquellas EECV que desarrollen actividades comprendidas en el artículo 36 quáter de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación o en el artículo 3.2 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, a las cuales se les atribuye un carácter innovador.

4. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 in fine, se entenderá que la tecnología base del negocio se desarrolla en la Comunitat Valenciana cuando concurra al menos uno de los siguientes supuestos:

5. La EECV deberá asegurar que, al menos, el 30 % del total de las personas físicas contratadas en el marco de lo exigido en la LEE, ya sea mediante relación laboral o mercantil, residan fiscalmente o coticen en la Comunitat Valenciana.

Artículo 25. Startups de estudiantes.

1. La iniciativa académica denominada «Startup de estudiantes» estará dirigida a estudiantes de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas de régimen especial, estudios de grado y máster, así como al personal docente de estos niveles educativos.

2. La formación impartida en el marco de la iniciativa incluirá, al menos, los siguientes ámbitos:

3. La evaluación del aprovechamiento y superación del programa será realizada por la entidad académica organizadora, mediante perfiles internos y externos (testimonios) cualificados, y dará lugar, en su caso, a la expedición de un certificado oficial de participación y aprovechamiento, además de tener un impacto en los resultados finales del estudiante participante.

Sección segunda. De la actividad de innovación

Artículo 26. Ámbito de aplicación de los contratos que afectan al personal investigador integrado en algunos de los agentes públicos que forman parte del marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, se interpretará que los contratos previstos en el artículo 18 de dicha ley, que afecten al personal investigador integrado en algunos de los agentes públicos que forman parte del marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), serán de naturaleza laboral o mercantil según la normativa de Seguridad Social aplicable en cada caso.

Artículo 27. Adscripción a EEBCCV para investigadores postdoctorales.

Los universidades y centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana facilitarán la adscripción del artículo 17 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación a tiempo parcial de los investigadores postdoctorales a las EEBCCV, de tal forma que se permita una vinculación mixta entre la institución y la empresa.

Artículo 28. Participación de las universidades o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana en empresas basadas en conocimiento.

Se interpretará que, a efectos del artículo 18 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, la participación de las universidades o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana podrá realizarse, como alternativa a la aportación directa al capital social, mediante la suscripción de un contrato que formalice un vínculo jurídico-económico. Dicho contrato deberá incluir alguna de las actividades previstas en el artículo 36 quáter de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como cláusulas de mejor fortuna y participación en la revalorización del proyecto empresarial, en los casos en que la participación no se efectúe mediante aportación al capital social. Asimismo, se levantará la incompatibilidad para que dichas entidades asuman cargos en órganos de administración, siempre que dicha autorización sea otorgada por los órganos competentes, y se permita la prestación de servicios conforme a lo establecido en el citado artículo 18 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En todo caso, la incorporación de cláusulas de mejor fortuna en dichos contratos estará condicionada al cumplimiento de criterios de mercado, tanto cuantitativos como cualitativos y temporales.

Artículo 29. Contratos para personas investigadoras distinguidas en actividad de transferencia de conocimiento e innovación.

1. Se tipificará como contrato de persona investigadora distinguida de la Comunitat Valenciana, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, aquel contrato suscrito por universidades públicas o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana con investigadores o investigadoras, españoles o extranjeros, de reconocido prestigio. Para ser consideradas personas investigadoras distinguidas, deberán reunir los siguientes requisitos:

2. Asimismo, podrá calificarse como persona investigadora distinguida en emprendimiento, independientemente de la naturaleza de la relación contractual con las entidades mencionadas, aquel personal investigador nativo o residente en la Comunitat Valenciana durante más de 10 años, que:

Artículo 30. Modulación de la docencia de las personas investigadoras de las universidades.

En ejecución de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, la carga docente de las personas investigadoras de las universidades de la Comunitat Valenciana podrá modularse, permitiendo su reducción en un mínimo del 25% o su concentración, para aquellas personas investigadoras de la Comunitat Valenciana que acrediten una actividad continuada y exitosa en transferencia de conocimiento y emprendimiento basado en conocimiento.

Dicha acreditación deberá cumplir con los requisitos establecidos por la universidad correspondiente, en el marco de su autonomía universitaria, y deberá considerar, en todo caso, la captación de financiación conforme al umbral cuantitativo indicado en el artículo anterior, así como la participación en proyectos de I+D+i para la institución, durante un período de tres años previos, consecutivos o no, a la suscripción o adecuación contractual.

En consecuencia, los contratos celebrados en virtud de esta disposición deberán permitir la compatibilidad entre el emprendimiento basado en conocimiento y la permanencia, al menos parcial, en la universidad, mediante la reducción de la carga docente y la posibilidad de mantener parte de la actividad investigadora.

Artículo 31. Participación en beneficios de la explotación de personal investigador y técnico integrado en algunos de los agentes públicos que forman parte del marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

El personal investigador y técnico integrado en algunos de los agentes públicos que forman parte del MIDESTE que haya participado como autor o coautor de una invención tendrá derecho a recibir, como mínimo, un 40% de los beneficios obtenidos por el agente público titular de los resultados de investigación, derivados de su explotación, una vez deducidos los costes directos asociados, con independencia de la naturaleza o protección de los resultados. Dicha participación en los beneficios no se considerará, en ningún caso, retribución o salario para el personal investigador y técnico.

Artículo 32. Programa autonómico de cofinanciación para contratación de talento investigador en EEBCCV.

La Generalitat promoverá un programa de cofinanciación destinado a facilitar la incorporación de personas investigadoras postdoctorales a las EEBCCV del sector deep-tech, con el objetivo de apoyar la asunción de costes y favorecer la consolidación temprana de equipos sólidos y competitivos.

TÍTULO II. Medidas generales y organizativas en materia de simplificación

CAPÍTULO I. Medidas de simplificación procedimental y tecnológica

Artículo 33. Modificación de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de asistencia jurídica a la Generalitat.

La Ley 10/2005 de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat, queda modificada como sigue:

Único. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 5, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 5. Asesoramiento en derecho.

[…]

1. Será preceptivo el informe de la Abogacía General de la Generalitat en los siguientes casos:

a) Anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones con fuerza de ley o disposiciones de carácter general salvo en el caso de reglamentos que versen exclusivamente sobre materias organizativas de la Presidencia y de las Consellerias.

[…].»

Artículo 34. Modificación de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana.

La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el apartado 3 del artículo 161, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 161. Procedimiento de creación.

[…]

1. El procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, se someterá a información pública por plazo de un mes y a audiencia de las entidades locales interesadas, siendo resuelto por la dirección general competente en materia de administración local.

[…].»

Artículo 35. Modificación de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana.

La Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el título del artículo 18, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 18. Informe de huella de los grupos de interés en los procedimientos de elaboración de normas.»

Dos. Se modifica el título del artículo 20, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20. Procedimiento especial de participación previa en la elaboración de normas.»

Artículo 36. Modificación de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

La Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 14. Disposiciones generales.

1. Se garantiza el acceso y la participación activa de la ciudadanía en los procedimientos de producción normativa y en la elaboración de los instrumentos de planificación de las políticas públicas mediante las fases de consulta pública previa y la audiencia ciudadana. Estos trámites no serán de aplicación en el caso de la tramitación de decretos leyes.

[…].»

Artículo 37. Modificación de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa.

La Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa, queda modificada como sigue:

Uno. Se introducen dos nuevas letras f) y g) en el apartado 1 del artículo 3 con la siguiente redacción:

«Artículo 3. Principios generales.

1. Son principios orientadores de este título de la ley los siguientes:

[…]

f) Interpretación favorable a la ciudadanía.

En la interpretación y aplicación de las normas, en caso de duda sobre plazos, requisitos o efectos, la Administración adoptará la interpretación más favorable a las personas interesadas, respetando la ley y los derechos de terceros.

g) Principio de digital por defecto.

Los servicios, procesos y comunicaciones de la Administración se diseñarán y ofrecerán prioritariamente en formato digital tanto en la gestión interna como en su relación con la ciudadanía, sin perjuicio de la preceptiva atención presencial y lo dispuesto para aquellos sujetos que tengan el derecho a no relacionarse con la Administración Pública por medios electrónicos.

[…].»

Dos. Modificación de la letra c) del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa.

«c) El impacto económico, que estimará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias, así como su impacto presupuestario, que analizará el efecto que el proyecto normativo tendrá previsiblemente sobre los gastos y los ingresos públicos, tanto financieros como no financieros. Se tendrá en cuenta de forma específica el impacto social y económico en las empresas y negocios de menos de diez trabajadores y se valorará la exoneración o adaptación de las obligaciones recogidas en la norma para el caso concreto de estas empresas y negocios.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 11. Revisión del ordenamiento jurídico.

1. Para crear un entorno de seguridad jurídica que facilite el ejercicio de derechos de la ciudadanía, así como las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles, la Administración de la Generalitat realizará anualmente una revisión del ordenamiento jurídico autonómico para adaptar las normas a los criterios de simplificación regulados en este título de la ley.

[…].»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 18. Régimen de certificación documental acreditada.

1. Para agilizar los procedimientos administrativos de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, especialmente los sometidos a régimen de autorización, las personas interesadas podrán obtener un certificado, emitido por entidad colaboradora de certificación, acreditativo de la verificación de la documentación que deba presentar ante los órganos o entidades públicos y que se denominará certificación documental acreditada, en los procedimientos en los que se prevea la participación de estas entidades.

[…].»

Cinco. Se modifica la letra b) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 19, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 19. Designación y publicación.

[…]

1. Para obtener la designación, las entidades solicitantes deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

[…]

b) No estar suspendidas ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificación regulada en el presente título de la ley, en virtud de resoluciones administrativas o judiciales firmes.

[…]

1. Mediante el decreto del Consell se establecerán los requisitos y el procedimiento de designación de las entidades colaboradoras de certificación, de acuerdo con los distintos ámbitos de actuación, y se creará el Registro General de Entidades Colaboradoras de Certificación. El plazo máximo de vigencia de la inscripción en el registro no podrá ser superior a cinco años. La nueva solicitud de inscripción deberá solicitarse con la antelación que se establezca reglamentariamente a la finalización del plazo de vigencia de la anterior. El registro será público y estará accesible en el Portal de Transparencia de la Generalitat. La inscripción no alterará la naturaleza jurídica previa de las entidades colaboradoras de certificación.

[…].»

Seis. Se modifican las letras c) y d) del artículo 21, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 21. Obligaciones.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la norma reglamentaria de desarrollo, las entidades colaboradoras de certificación deberán:

[…]

c) Mantener los requisitos y condiciones que justificaron su designación.

d) Cumplir las condiciones contenidas en la resolución de designación y las establecidas en este título, en la legislación sectorial y en sus disposiciones de desarrollo.

[…].»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 23. Inspección y responsabilidad.

1. Los órganos competentes por razón de la materia realizarán inspecciones periódicas de las entidades colaboradas de certificación sobre la base del plan inspector que deben elaborar y aprobar.

[…].»

Ocho. Se modifica el artículo 31, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 31. Sentido del silencio.

1. La falta de resolución y notificación en plazo en los procedimientos administrativos de la Generalitat tendrá efectos estimatorios, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario, lo cual deberá quedar debidamente justificado en la Memoria del análisis de impacto normativo. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, producidos los efectos estimatorios por silencio administrativo, la Administración y el sector público instrumental de la Generalitat en el ejercicio de potestades administrativas expedirán y notificarán de oficio y preferentemente de forma automatizada, el certificado acreditativo del silencio.»

Nueve. Se modifica el artículo 49, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 49. Competencia sancionadora.

1. La incoación de los procedimientos sancionadores corresponderá al órgano directivo competente por razón de la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación o donde operen los organismos de certificación, entidades colaboradoras sectoriales y entidades colaboradoras de certificación. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá a la persona titular del departamento competente por razón de la materia.

1. En las entidades del sector público instrumental, la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá a la persona que determinen sus normas de creación y funcionamiento.

1. Respecto de los entes habilitados, la competencia para la incoación del procedimiento sancionador corresponderá al órgano competente para otorgar la habilitación. La imposición de sanciones corresponderá al órgano superior del competente para la incoación.»

Diez. Se modifica el apartado a del artículo 52, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 52. Infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves:

a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato contenido en la declaración responsable o comunicación aportada por las personas interesadas o certificada por los organismos de certificación administrativa o las entidades colaboradoras previstas en la regulación sectorial correspondiente.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial en los certificados técnicos que acompañan las declaraciones responsables o comunicaciones aportadas por las personas interesadas serán responsabilidad, asimismo, de los técnicos que los suscriban.

[…].»

Once. Se modifican las letras b) y j) del artículo 53, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 53. Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves:

[…]

b) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación contenida en la declaración responsable o comunicación.

Se considerará esencial, en todo caso, la información relativa a la titularidad de la actividad, la naturaleza de esta, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, y de aquellas obligaciones que afecten a la salud de las personas consumidoras y usuarias.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en los certificados técnicos que acompañan las declaraciones responsables o comunicaciones aportadas por las personas interesadas serán responsabilidad, asimismo, de los técnicos que los suscriban.

[…]

j) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la designación de entidades colaboradoras de certificación o entes habilitados, salvo que constituya infracción muy grave.

[…].»

Doce. Se modifica la letra f) del apartado 3 del artículo 57, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 57. Clases de sanciones […].

1. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

[…]

f) Pérdida de la condición de entidad colaboradora de certificación o de ente habilitado y prohibición de obtener nueva designación o habilitación, por un periodo de entre seis meses y cinco años.»

Trece. Se introduce una nueva disposición transitoria quinta con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria quinta. Reducción de plazos.

1. Los plazos establecidos en disposiciones de carácter general aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, no se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 32, sin perjuicio de que dichas disposiciones deban ser objeto de la revisión prevista en el artículo 11, a fin de adaptarse a criterios de simplificación administrativa.

1. En los procedimientos relativos a disposiciones de carácter general que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, deberá justificarse la aplicación de un plazo de resolución y notificación superior a tres meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 32, salvo que el estado de la tramitación del procedimiento no permita realizar dicha justificación.»

Artículo 38. Modificación del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat.

El Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, queda modificado como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo artículo 38 bis ubicado en la sección primera del capítulo I del título III, con la siguiente redacción:

«Artículo 38 bis. Consulta pública previa.

1. Con carácter previo al inicio de un procedimiento de elaboración normativa se realizará una consulta pública previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 15 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

1. La competencia para acordar la urgencia de este procedimiento corresponderá al órgano superior o directivo competente por razón de la materia.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 39, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 39. Iniciación.

[…]

1. El órgano u órganos encargados de la elaboración realizarán la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa.

[…].»

Tres. Se modifica el artículo 40, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 40. Informe de la Presidencia y de las consellerias.

Se remitirá una copia del expediente a la Presidencia y a las consellerias en cuyo ámbito pudiera incidir el proyecto normativo con el fin de que, en el plazo máximo de 10 días, emitan informe. En el caso de no afectar a las competencias del departamento, la Subsecretaría emitirá informe indicando dicha circunstancia.»

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 40 bis ubicado en la sección primera del capítulo I del título III con la siguiente redacción:

«Artículo 40 bis. Audiencia ciudadana.

Se realizará el trámite de audiencia ciudadana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.»

Cinco. Se modifica el artículo 43, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 43. Declaración de urgencia.

1. La declaración de urgencia para la tramitación de los proyectos normativos corresponderá al órgano competente para iniciar el procedimiento mediante la resolución o acuerdo motivado. En caso de los proyectos normativos de las instituciones de la Generalitat, la declaración de urgencia corresponderá a éstas.

1. En el caso de anteproyectos de ley o proyectos de decretos legislativos, una vez declarada la urgencia se remitirá la resolución al Consell que podrá prescindir mediante el acuerdo de la conformidad prevista en el artículo 45 del presente decreto.»

Seis. Se suprime el artículo 48.

Siete. Se modifica el artículo 49, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 49. Ultimación del expediente.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana, el expediente será remitido al Consell Jurídic Consultiu para que evacue dictamen en el caso de anteproyectos de ley y proyectos de decreto legislativo.

1. Una vez evacuados los correspondientes informes y dictámenes, el órgano u órganos superiores o directivos que tengan encomendada la elaboración redactarán el texto definitivo del anteproyecto de ley, proyecto de decreto legislativo o proyecto de Decreto ley, que será remitido a la subsecretaría del departamento, dando cuenta de forma razonada de las modificaciones producidas como consecuencia de los dictámenes emitidos, así como una relación de los aspectos de dichos informes que no se han tenido en cuenta, con expresa mención, cuando se trate de dictámenes evacuados por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de los considerados esenciales por dicho órgano.»

Ocho. Se modifica el artículo 51, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 51. Especialidades de tramitación en el caso de decretos leyes.

1. La competencia para acordar el inicio de la tramitación de un proyecto de Decreto ley corresponde al Consell o al departamento competente por razón de la materia. El acuerdo o resolución de inicio llevará implícita la tramitación de urgencia sin necesidad de declaración expresa previa.

1. La Secretaría del Consell expedirá un certificado de la iniciativa que contendrá los extremos mencionados en el apartado anterior.

1. El procedimiento se desarrollará prescindiendo de los trámites previstos en los artículos 38 bis, 40 bis, 45 y 49.1 del presente decreto.»

Nueve. Se suprime el artículo 52.

Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 53, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 53. Resto de trámites.

[…]

1. Posteriormente, según lo dispuesto en el artículo 43.1.e de la Ley del Consell, el expediente será remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat en el departamento.

[…].»

Once. Se introduce una nueva disposición transitoria única con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria única. Memoria de análisis de impacto normativo.

Hasta la entrada en vigor de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo a la que se refiere el artículo 39 el órgano u órganos encargados de la elaboración normativa seguirá emitiendo el informe de necesidad y oportunidad, la memoria económica y los informes preceptivos establecidos para determinar el impacto sobre determinados ámbitos o sectores por separado.»

Artículo 39. Modificación del Decreto 43/2021, de 18 de marzo, del Consell, de creación del Observatorio de brecha digital.

El Decreto 43/2021, de 18 de marzo, del Consell, de creación del Observatorio de brecha digital, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 1. Objeto.

[…]

1. El Observatorio de brecha digital participará en la evaluación y diseño de las políticas públicas en materia de lucha contra la brecha digital asegurando la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la equidad de la acción pública. Desde una perspectiva holística, el Observatorio diagnostica y realiza el seguimiento de la situación de brecha digital de las personas desde el punto de vista geográfico, social, de género, generacional y de la discapacidad en materia de acceso, adquisición de competencias digitales y buen uso de las TIC. La elaboración de un sistema de indicadores y su mantenimiento en el tiempo será el instrumento básico para identificar la población y las áreas geográficas más afectadas por la brecha digital, así como para la evaluación de políticas.

[…].»

Dos. Se modifica el apartado c.5.ª, del artículo 3, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 3. Funciones.

[…]

c) Analizar y diagnosticar la situación de brecha digital en la Comunitat Valenciana. En concreto:

[…]

5.ª Elaborar estudios relacionados con la brecha digital geográfica y la despoblación, la brecha digital generacional, la brecha digital y la discapacidad, la brecha digital de género y la brecha digital y el buen uso de las TIC entre la juventud valenciana. En todos estos estudios se tendrán en cuenta las tres brechas digitales existentes, es decir, aquellas que hacen referencia al acceso, al nivel de competencias digitales (en referencia al marco DIGCOM) y el buen uso de las TIC con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

[…].»

Tres. Se introduce una nueva vocalía 7.ª en la letra e) del apartado 1 del artículo 4 y se reenumeran las siguientes, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Composición.

1. El Observatorio de brecha digital funcionará en Pleno, que estará compuesto por los siguientes miembros:

[…]

e) Las vocalías que estarán integradas por las siguientes personas:

[…]

7.ª La persona titular de la dirección general competente en materia de Simplificación Administrativa o persona en quien delegue.

8.ª Una persona en representación de la dirección de la dirección general del Instituto Valenciano de las Mujeres, designada por su titular o persona en quien delegue.

9.ª Una en representación de la dirección general con competencias en materia de discapacidad y salud mental, designada por su titular o persona en quien delegue.

10.ª Una persona en representación de la dirección general con competencias en materia de personas mayores, designada por su titular o persona en quien delegue.

11.ª Una persona en representación del Instituto Valenciano de la Juventud, designada por su titular o persona en quien delegue.

12.ª Una persona en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias o persona en quien delegue.

13.ª Los representantes titulares o suplentes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de acuerdo con el Decreto 193/2015 que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas de la Comunitat Valenciana.

[…].»

Artículo 40. Modificación del Decreto 37/2025, de 4 de marzo, del Consell, por el que se regulan las entidades colaboradoras de certificación y los entes habilitados en el ámbito de la simplificación administrativa.

El Decreto 37/2025, de 4 de marzo, del Consell, por el que se regulan las entidades colaboradoras de certificación y los entes habilitados en el ámbito de la simplificación administrativa, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El régimen de acreditación mediante certificación documental acreditada será aplicable a aquellos procedimientos o trámites que sean competencia de la Administración y del sector púbico instrumental de la Generalitat que determinen los órganos competentes para su resolución, en especial, los sometidos a régimen de autorización.»

Dos. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 3, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 3. Régimen de verificación de la documentación.

[…]

1. A estos efectos, los órganos competentes para la resolución de los procedimientos o para la realización de los trámites deberán tener actualizados y a disposición de las entidades colaboradoras de certificación los protocolos de verificación, en los que se detallarán los requisitos técnicos que deben ser objeto de verificación para considerar la suficiencia e idoneidad de la documentación presentada por las personas interesadas.

Asimismo, los órganos competentes para la resolución de los procedimientos o para la realización de los trámites pondrán en conocimiento de las entidades las modificaciones normativas o técnicas que, en relación con la respectiva autorización, deban conocer para efectuar la verificación de forma correcta.

[…]

1. La certificación documental acreditada deberá indicar: la identidad de la persona interesada; la razón social de la Entidad colaboradora de certificación; el procedimiento administrativo o trámite cuya documentación se verifica; la documentación que ha sido verificada y la identificación de la persona colegiada que la verifica, así como la referencia a la normativa, guías e instrucciones que se han tenido en cuenta para su emisión. La certificación documental acreditada será firmada por la persona representante de la Entidad, salvo en el caso de los colegios profesionales que se firmará por sus personas colegiadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre.»

Tres. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 4, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 4. Naturaleza y requisitos de las entidades colaboradoras de certificación […].

1. Para poder ser designadas, las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 19.3 de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, y los siguientes: