Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado

1. Sin perjuicio del régimen propio de las viviendas protegidas, y sus elementos vincula-dos, destinadas a arrendamiento y arrendamiento con opción de compra construidas al amparo de los planes de vivienda anteriores a 2013, la renta máxima anual de arrendamiento para los nuevos contratos de las viviendas mencionadas en el párrafo anterior, mientras esté vigente su protección, será del 3,5 % del precio máximo de venta en vigor a la fecha de formalización del contrato. Lo contratos vigentes mantendrán el régimen establecido en los mismos.»

CAPÍTULO II. Otras medidas dirigidas a la ciudadanía: parejas de hecho, asistencia gratuita y mediación

Artículo 77. Modificación del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.

El Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica la letra c del apartado 2 del anexo II, que queda con la siguiente redacción:

«ANEXO II. Tolerancias admisibles y límites a los criterios de flexibilidad en edificios existentes

[…]

1. Límites a los criterios de flexibilidad en edificios existentes.

[…]

c) Ascensores y escaleras en patio interior: cuando la solución razonable sea instalar el ascensor en un patio interior y recaigan al mismo hueco del estar, comedor, cocina o dormitorios, la ocupación máxima en planta de su recinto no superará el 20 % de la superficie total del patio y su disposición no reducirá la superficie mínima legalmente establecida para dichos huecos.

En aquellos patios en los que, por su geometría o reducidas dimensiones, la introducción de un ascensor incida en el cumplimiento normativo de las condiciones de iluminación y ventilación de las estancias recayentes al mismo, el cerramiento de la caja de ascensor será de vidrio transparente o de malla cuyo calado minimice la merma de luminosidad del patio y su área perforada sea igual o superior al 25 % de su superficie total.

El ascensor contará con programación de retorno automático de la cabina a la planta baja tras cada uso.

Si, para alcanzar un mayor nivel de accesibilidad, el emplazamiento óptimo del ascensor requiere desplazar la ubicación de la escalera y es esta última la que ocupa parte del patio interior, la ocupación máxima en planta de su recinto no superará el 20 % de la superficie total del patio.

En el caso de que la ocupación del patio por parte de la escalera incida en el cumplimiento normativo de las condiciones de iluminación y ventilación de las estancias recayentes al patio, se adoptarán las medidas compensatorias de iluminación y ventilación natural en función del caso concreto, tales como aumentar la superficie de los huecos exteriores de las estancias, minimizar la interferencia en los huecos adoptando cantos achaflanados en la caja de escalera, mejorar la ventilación de los recintos a través de sistemas de ventilación alternativos desde cubierta u otra fachada, trasladar la evacuación de humos a cubierta si lo hacían por el patio o que el cerramiento de la caja de la escalera sea traslúcido y/o revestido de colores claros.

En relación con la posible incidencia en la seguridad contra incendios se estará a lo dispuesto en el CTE.

[…]»

Artículo 78. Modificación del Decreto 55/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de mediación de la Comunitat Valenciana.

El Decreto 55/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de mediación de la Comunitat Valenciana, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 39, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 39. Criterios generales.

[…]

1. Para poder disfrutar del beneficio del derecho de mediación gratuita serán de uso obligatorio, según corresponda, los siguientes modelos normalizados disponibles en la sede electrónica de la Generalitat:

a) Parte en conflicto:

1.º Solicitud de inicio.

b) Persona mediadora:

1.º Acreditación de la sesión informativa.

2.º Acta de sesión inicial constitutiva.

3.º Acta final.

Los documentos referidos en los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del apartado b, serán elaborados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2018 respectivamente, y contendrán los aspectos señalados en los mismos, debiéndose anonimizar en las actas los datos del resto de las partes en conflicto que no tengan reconocido el derecho a la mediación gratuita.

[…]»

Dos. Se modifican las letras c y d del apartado 1 del artículo 41, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 41. Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la mediación gratuita.

1. Podrán solicitar el reconocimiento del derecho a la mediación gratuita:

[…]

c) Personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 del artículo 4 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre que se trate de procedimientos de mediación que guarden relación con las circunstancias de salud o de discapacidad. Dicha circunstancia se hará constar por las personas interesadas mediante declaración responsable incluida en la solicitud.

d) Personas que tengan a su cargo a las personas señaladas en el apartado anterior y en idénticos términos, cuando actúen en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos de mediación que guarden relación con las circunstancias de salud o de discapacidad. Dicha circunstancia se hará constar por las personas interesadas mediante declaración responsable incluida en la solicitud.

[…]»

Tres. Se modifican los apartados 4 y 7 del artículo 42, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 42. Solicitud.

[…]

1. En los supuestos de las letras b, c, d y e del artículo 41.1, se deberá indicar en la solicitud según proceda los siguientes datos, acompañando los documentos oportunos para su acreditación, que han de reflejar la situación existente en el momento de la solicitud:

a) Datos personales de la persona solicitante.

b) Conflicto que se quiere someter a mediación.

c) Derivación judicial, en su caso, para llevar a cabo la mediación.

d) Datos de la otra u otras partes del conflicto que, en su caso, tuviesen reconocido el derecho de la mediación gratuita.

e) Procedimientos de mediación concluidos, en su caso, en el año anterior a la fecha de la solicitud, con indicación de su objeto y resultado, según lo dispuesto en el artículo 41.4 de la Ley 24/2018.

f) Grado de discapacidad de la persona interesada.

g) Objeto del procedimiento de mediación para el que se solicita el reconocimiento del derecho a la mediación gratuita, que declara guarda relación con las circunstancias de salud o discapacidad de la persona interesada.

h) Datos de la persona con discapacidad que tenga a su cargo y declaración de la relación que existe entre ambas.

i) Acreditación, en su caso, de la condición de víctima en el proceso correspondiente.

[…]

1. En los supuestos de derivación judicial para llevar a cabo la mediación, la solicitud se presentará dentro del plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha en la que tuvo conocimiento la parte solicitante de la resolución judicial de derivación.

[…]»

Cuatro. Se modifican los apartados 3, 5, 6 y 7 del artículo 45, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 45. Subvención de las actuaciones de mediación gratuita […].

1. El Centro de Mediación verificará la efectiva realización de las actuaciones de mediación gratuita mediante la comprobación de la siguiente documentación justificativa, que comprenderá:

a) En su caso, copia del documento acreditativo de la derivación judicial para llevar a cabo la mediación.

b) Copia del documento que acredite la realización de la sesión o sesiones informativas realizadas.

c) En su caso, copia del documento remitido al órgano judicial sobre el resultado de la sesión o sesiones informativas.

d) Copia del acta de la sesión inicial de constitución.

e) Copia del acta de la sesión final.

f) En su caso, copia del documento remitido al órgano judicial sobre el resultado de la mediación.

La persona mediadora deberá aportar la referida documentación justificativa cuando esta no se encuentre en poder del Centro de Mediación. En aquellos supuestos en los que tras la celebración de la sesión informativa las partes en conflicto decidan no mediar, en dicho caso solo aportará la documentación contenida en los apartados a, b y c.

La persona mediadora conservará a disposición de la Administración durante el plazo máximo de cuatro años, la documentación justificativa aportada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal que regula el régimen de subvenciones.

g) Declaración responsable, incluida en la solicitud, a los efectos de acreditar los siguientes extremos:

1.º Que ha sido la persona designada por el Centro de Mediación en el procedimiento de mediación en el que al menos una de las partes tiene reconocido el derecho a la mediación gratuita.

2.º Número total de partes en conflicto, identificando aquellas que tienen reconocido el derecho a la mediación gratuita.

3.º Número de sesiones realizadas, distinguiendo las informativas, de las realizadas en el procedimiento de mediación.

4.º Que no ha percibido retribución alguna por parte de las personas que tienen reconocido el derecho a la mediación gratuita.

5.º Que no ha obtenido otras ayudas o subvenciones por parte de otras administraciones o entes públicos o privados para la financiación de las actuaciones realizadas en el procedimiento de mediación gratuita.

6.º Que el importe recibido o que haya de percibir por las actuaciones realizadas en el procedimiento de mediación gratuita no supera el coste de la mediación fijado en la sesión informativa y en el acta de la sesión inicial constitutiva.

7.º La titularidad de la cuenta bancaria indicada en la solicitud.

8.º La veracidad de la información suministrada y de la documentación justificativa aportada.

h) Autorización al Centro de Mediación, incluida en la solicitud, para que este obtenga directamente de los órganos administrativos correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, previstas en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. No obstante, se podrá denegar este consentimiento, si así se señala expresamente en la autorización. En dicho supuesto, deberán aportar los correspondientes certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Agencia Tributaria Valenciana y la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

[…]

1. El Centro de Mediación, tras analizar la documentación justificativa contenida en el apartado 3, verificará la efectiva realización de las actuaciones de mediación gratuita y emitirá la correspondiente certificación.

La persona titular de la dirección general con competencias en materia de mediación dictará la correspondiente resolución de concesión y pago de la subvención.

1. El pago del importe de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona mediadora, por la cuantía que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo siguiente.

1. Procederá el reintegro del importe de la subvención:

a) En los supuestos que se determinan en el artículo 37 de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

b) En los casos de obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por parte de otras administraciones o entes públicos o privados, la suma de las cuales supere el coste de la mediación fijado por la persona mediadora en la sesión informativa y en el acta de la sesión inicial constitutiva.

c) En aquellos procedimientos de mediación gratuita en los que la suma de las cuantías percibidas por la realización de las actuaciones llevadas a cabo por la persona mediadora supere el coste de la mediación fijado por esta en la sesión informativa y en el acta de la sesión inicial constitutiva.

El régimen regulador de los posibles reintegros, sanciones y responsabilidades aplicables a los perceptores de las subvenciones de las actuaciones de mediación gratuita será el establecido en la Ley estatal 38/2003, y en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

El reintegro se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de la conselleria competente en materia de hacienda de la Generalitat. La copia de la transferencia bancaria deberá ser remitida al Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana.»

Artículo 79. Modificación del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

El Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 38. Obligaciones profesionales.

[…]

1. Las personas profesionales designadas de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del proceso en la instancia judicial de que se trate, ulteriores recursos si los hubiere y, en su caso, durante la ejecución de la sentencia.

A tal efecto las personas profesionales designadas, asumirán la tramitación de la ejecución de la sentencia durante al menos los dos años siguientes a la finalización del proceso. Para dicho cómputo, se tendrá en cuenta la fecha de la resolución judicial definitiva dictada en la última instancia, en la que haya intervenido el mismo profesional.

[…]»

Artículo 80. Modificación del Decreto 34/2022 de 1 de abril, del Consell, por el que se regulan la organización y el funcionamiento del Registro de uniones de hecho formalizadas, así como los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación de uniones en el mismo.

El Decreto 34/2022, de 1 de abril, del Consell, por el que se regulan la organización y el funcionamiento del Registro de uniones de hecho formalizadas, así como los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación de uniones en el mismo, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado b del artículo 9, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 9. Medios de acreditación de los requisitos.

1. Los requisitos exigidos en el artículo anterior serán acreditados, entre otros, por los siguientes medios permitidos en derecho:

[…]

b) La convivencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal, en el territorio de la Comunitat Valenciana, se acreditará mediante la certificación del empadronamiento de ambos integrantes de la pareja en un mismo domicilio de la Comunitat Valenciana en el momento de presentar la solicitud o mediante una autorización al órgano instructor para que compruebe que ambos integrantes de la pareja están empadronados en un mismo domicilio de la Comunitat Valenciana en el momento de presentar la solicitud.

Si se dieran circunstancias laborales, familiares o legales que impidieran empadronarse en el mismo domicilio de forma temporal, se hará constar esta situación mediante declaración responsable y se aportará cualquier documentación justificativa para su valoración por el órgano competente para resolver. En el momento que cesen las circunstancias temporales que impiden la convivencia, las personas integrantes de la pareja deberán comunicar este hecho al Registro, a efectos de proceder, tras su oportuna verificación, a la correspondiente modificación de la inscripción en el Registro. Si la falta de convivencia se prolongase por más tiempo del indicado en la declaración responsable, se deberá renovar dicha declaración y aportar nuevos documentos que justifiquen la continuidad de la excepcional situación.

Alternativamente, y siempre y cuando se acredite que al menos uno de los miembros está empadronado en algún municipio de la Comunitat Valenciana, se podrán admitir otros medios de prueba de la convivencia como son: la acreditación de descendencia común, la existencia de un contrato de alquiler a nombre de ambos miembros de la pareja por un periodo no inferior a seis meses, la escritura de préstamo hipotecario en la que se haya declarado que el inmueble objeto de la hipoteca va a constituir vivienda habitual o de compraventa conjunta de una vivienda y otros de análoga naturaleza.

[…]»

TÍTULO IV. Medidas en materia de economía y hacienda

Artículo 81. Modificación del Decreto legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorros.

El Decreto legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorros, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el artículo 49, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 49.

Las emisiones de valores negociables, tanto de las cajas de ahorros como de las sociedades que conforman su grupo consolidable, que se pretendan computar a efectos del cumplimiento de la normativa estatal sobre recursos propios, serán objeto de comunicación previa a la dirección general competente en materia de control, inspección y disciplina de las entidades financieras cuya supervisión prudencial sea competencia de la Generalitat.»

Artículo 82. Modificación de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.

La Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican las letras c, h, i, l, n y z del apartado uno del artículo 4, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Deducciones autonómicas.

Uno. Las deducciones autonómicas a las que se refiere el artículo 46.1.c de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, son las siguientes:

[…]

c) Por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda, durante el período impositivo, de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental igual o superior al 33 %, siempre que la misma cumpla, a su vez, los demás requisitos que den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto, y que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del contribuyente no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de este artículo, la cantidad que proceda de entre las siguientes

[…]

– 246 euros, cuando sea el único hijo o hija, o persona menor de edad acogida o con delegación de guarda con fines de adopción por el contribuyente que padezca dicha discapacidad.

– 303 euros, cuando conviva con otra persona que dé derecho a la aplicación de esta deducción.

Cuando más de un contribuyente declarante tenga derecho a la aplicación de esta deducción su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras a, b y d de este apartado Uno.

[…]

h) Por ascendientes mayores de 75 años, y por ascendientes mayores de 65 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %, cuando, en ambos casos, convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros: 197 euros por cada ascendiente en línea directa por consanguinidad, afinidad o adopción, siempre que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo.

Para la aplicación de esta deducción se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

1.º Cuando más de un contribuyente declarante tenga derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los mismos ascendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

No obstante, cuando los contribuyentes declarantes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente, la aplicación de la deducción corresponderá a los de grado más cercano, salvo que estos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.

2.º No procederá la aplicación de esta deducción cuando los ascendientes que generen el derecho a la misma presenten declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con rentas superiores a 1.800 euros.

3.º La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, será necesario que los ascendientes convivan con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo.

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.

i) Por contratar de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social para el cuidado de personas: el 50 % de las cuotas satisfechas por las cotizaciones efectuadas durante el periodo impositivo por los meses en cuyo último día se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente tenga a su cargo a:

– una o varias personas de edad menor de 5 años nacidas, adoptadas o acogidas que cumplan los requisitos de convivencia y renta que den derecho a la aplicación del mínimo por descendentes establecido en la normativa estatal reguladora del impuesto;

– una o varias personas ascendentes en línea directa, por consanguinidad, afinidad o adopción, mayores de 75 años, o de 65 años si tienen una discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 % y cumplan los requisitos de convivencia y renta que den derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes establecido en la normativa estatal reguladora del impuesto.

[…]

l) Por cantidades destinadas a la adquisición de vivienda habitual por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %; o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %: el 5 % de las cantidades satisfechas, durante el período impositivo, por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente a intereses. A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual y de adquisición de la misma recogidos en la normativa estatal reguladora del impuesto.

La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del contribuyente no deberá ser superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de este artículo.

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras j y k de este apartado Uno.

[…]

n) Por arrendamiento o pago por la cesión en uso de la vivienda habitual, sobre las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, siempre que figure de manera separada en el recibo que se le emita por la entidad titular la parte que se corresponda con este concepto.

– El 20 %, con el límite de 800 euros.

– El 25 %, con el límite de 950 euros, si el arrendatario reúne una de las siguientes condiciones, o del 30 %, con el límite de 1.100 euros, si reúne dos o más:

● Tener una edad igual o inferior a 35 años.

● Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %.

● Tener la consideración de víctima de violencia de género según lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Serán requisitos para el disfrute de esta deducción los siguientes:

1.º Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por el mismo, siempre que la fecha del contrato sea posterior al 23 de abril de 1998 y su duración sea igual o superior a un año. A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.

2.º Que, durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, de manera individual o conjuntamente, de la totalidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute constituido sobre otra vivienda distante a menos de cincuenta kilómetros de la vivienda arrendada, salvo que exista una resolución administrativa o judicial que les impida su uso como residencia. No se computará como otra vivienda la que su titular ceda a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo para la cesión en alquiler social cuando la persona cedente sea mayor de 65 años y pase a ser usuaria de una vivienda colaborativa, de interés social, en régimen de cesión de uso.

En el caso de tratarse de una mujer víctima de violencia de género, a efectos de la aplicación de esta deducción, se considerará que no forma parte de la unidad familiar el cónyuge agresor no separado legalmente. Tampoco computará el inmueble que la contribuyente compartía con la persona agresora como residencia habitual.

3.º Que el contribuyente no tenga derecho por el mismo período impositivo a ninguna deducción por inversión en vivienda habitual.

4.º Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de este artículo.

Esta deducción resultará compatible con la recogida en la letra ñ de este apartado.

El límite de esta deducción se prorrateará por el número de días en que permanezca vigente el arrendamiento dentro del periodo impositivo y en que se cumplan las circunstancias personales requeridas para la aplicación de los distintos porcentajes de deducción. Cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la aplicación de esta deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos por partes iguales. Esto último será de aplicación, en particular, en el supuesto de cónyuges sujetos al régimen económico matrimonial de gananciales que hayan satisfecho las rentas con cargo a bienes comunes, con independencia de quien figure en el contrato de arrendamiento.

[…]

z) 1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con límite de 6.600 euros, el 30 % de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción y desembolso de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución o de ampliación de capital de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y sociedades laborales o de aportaciones voluntarias u obligatorias efectuadas por los socios a las sociedades cooperativas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) No ha de tratarse de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

b) La entidad en la cual hay que materializar la inversión tiene que cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener el domicilio social y fiscal en la Comunitat Valenciana y mantenerlo durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

1. Ejercer una actividad económica durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación. A tal efecto, no ha de tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.8.º Dos.a de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.

1. Tiene que contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa, dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

1. En caso de que la inversión se hubiera realizado mediante una ampliación de capital o de nuevas aportaciones, la sociedad debe haber sido constituida en los cinco años anteriores a la fecha de esta ampliación, o en los siete años siguientes a dicha constitución en el caso de las empresas emergentes de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España, a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, siempre que, además, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo del impuesto sobre sociedades en que se hubiera realizado la inversión, su plantilla media se incremente, al menos, en una persona respecto a la plantilla media existente los doce meses anteriores y que este incremento se mantuviera durante un periodo adicional otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento, se tomarán las personas empleadas, en los términos en que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.

Los requisitos contenidos en los números 3 y 4 no serán exigibles para las sociedades laborales ni para las sociedades cooperativas de trabajo asociado.

c) Las operaciones en que sea aplicable la deducción tienen que formalizarse en escritura pública, en la cual tiene que especificarse la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. No obstante, en el caso de las sociedades cooperativas y excepto en los supuestos de constitución, no será necesaria la formalización en escritura pública, debiéndose justificar la suscripción y desembolso de las aportaciones obligatorias o voluntarias al capital social realizadas por las personas socias mediante una certificación firmada por quien ostente la secretaría de la cooperativa, con el visto bueno de la presidencia de la misma y con las firmas legitimadas notarialmente. No será necesaria la legitimación en el caso de que la certificación sea firmada digitalmente mediante un servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Cuando se hayan efectuado por la misma persona socia varias suscripciones o desembolsos durante el ejercicio, será suficiente con que se expida una única certificación, en la que consten todas las fechas de suscripción y desembolso.

d) Las participaciones adquiridas tienen que mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un periodo mínimo de los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

1. La deducción regulada en el número 1 podrá incrementarse en un 15 % adicional, con límite de 15.000 euros, cuando, además de cumplir los requisitos anteriores, las entidades receptoras de fondos cumplan alguna de las siguientes condiciones:

– Acrediten ser pequeñas y medianas empresas innovadoras a los efectos del Real decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, o estén participadas por universidades u organismos de investigación.

– Tengan su domicilio fiscal en algún municipio en riesgo de despoblamiento.

– Sean calificados como Empresas Emergentes de la Comunitat Valenciana.

1. En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para aplicarse la totalidad o parte de la presente deducción en el periodo en que se genere el derecho a su aplicación, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes hasta agotar, en su caso, su importe total.

[…]»

Dos. Se añade un nuevo artículo 9 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis. Deducciones.

Será de aplicación una deducción del 100 % de la parte de la cuota íntegra del impuesto que, de forma proporcional, corresponda al valor de las acciones o participaciones en Empresas Emergentes de la Comunitat Valenciana, así como al valor de los préstamos concedidos a favor de estas.

Las acciones deberán permanecer en el patrimonio de las personas contribuyentes durante un período mínimo de tres años.

En el caso de operaciones de financiación, el plazo de vencimiento del préstamo deberá ser igual o superior a tres años, y no podrá amortizarse más del 40 % anual del importe del principal.»

Tres. Se modifica la letra b del apartado uno del artículo 10, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 10. Reducciones en transmisiones mortis causa.

Para el cálculo de la base liquidable del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las transmisiones mortis causa resultarán aplicables las siguientes reducciones:

Uno. Con el carácter de reducciones análogas a las aprobadas por el Estado con la misma finalidad:

[…]

b) En las adquisiciones por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se aplicará una reducción de 120.000 euros, además de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante. En las adquisiciones por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33%, la reducción antes citada será de 240.000 euros.

[…]»

Cuatro. Se modifica el apartado 2.º del artículo 10 bis, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 10 bis. Reducciones en transmisiones inter vivos.

Para el cálculo de la base liquidable del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en las transmisiones inter vivos resultarán aplicables a la base imponible las siguientes reducciones por circunstancias propias de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la aplicación de las reducciones previstas en los apartados 6 y 7 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y de las demás reducciones reguladas en las leyes especiales:

[…]

2.º En las adquisiciones por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %; o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %, se aplicará una reducción a la base imponible de 240.000 euros.

Cuando la adquisición se efectúe por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, que sean el cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados del donante, se aplicará una reducción de 120.000 euros.

Igual reducción, con los mismos requisitos de discapacidad, resultará aplicable a los nietos y a los abuelos.

A los efectos de los citados límites de reducción, se tendrá en cuenta la totalidad de las transmisiones lucrativas inter vivos realizadas en favor del mismo donatario en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del devengo.

En ambos casos, la aplicación de estas reducciones resultará compatible con la de las reducciones que pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en el apartado 1.º de este artículo.

[…]»

Cinco. Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 12 bis, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 12 bis. Bonificaciones en la cuota.

1. Gozarán de una bonificación del 99 por cien sobre la parte de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones que proporcionalmente corresponda a los bienes y derechos declarados por el sujeto pasivo:

[…]

c) Las adquisiciones mortis causa e inter vivos realizadas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %.

La aplicación de esta bonificación excluirá las de las letras a y b.

[…]»

Seis. Se modifican el punto 3 del número 1 del apartado cuatro del artículo 13 y el número 3 del apartado cinco del artículo 13, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 13. Transmisiones patrimoniales onerosas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.a de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, los tipos de gravamen de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados serán los siguientes:

[…]

Cuatro. El 4 %:

1. Siempre que el valor de los inmuebles transmitidos exceda de los 180.000 euros:

[…]

1. En las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %, por la parte del bien que aquel adquiera.

[…]

Cinco. El 3 % en los siguientes casos, siempre que el valor de los bienes inmuebles transmitidos no exceda de los 180.000 euros:

[…]

1. En las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33 %, por la parte del bien que aquel adquiera.

[…]»

Siete. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Reglas relativas a las personas con discapacidad.

1. El grado de discapacidad a los efectos de esta ley deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido por los órganos competentes de la Generalitat o por los órganos correspondientes del Estado o de otras comunidades autónomas. En particular, por dicho medio se acreditará la concurrencia de una discapacidad intelectual o mental de carácter permanente en los supuestos de grado reconocido igual o superior al 33 %.

1. Sin perjuicio de lo anterior:

1.º Los incentivos previstos en esta ley a favor de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % se aplicarán a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2.º Los beneficios establecidos en esta ley a favor de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o con discapacidad intelectual o mental reconocida de manera permanente y un grado igual o superior al 33 %, resultarán de aplicación a las personas sujetas a una curatela con facultades de representación plenas establecida por resolución judicial y a las personas con discapacidad cuya incapacidad se hubiera declarado judicialmente, aunque no alcance dicho grado.»

Artículo 83. Modificación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 62, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 62. Pagos indebidos y reintegros.

[…]

1. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado primero anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el capítulo II del título I de esta ley.

[…]»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 94 con la siguiente redacción:

«Artículo 94. Principios de actuación y prerrogativas.

[…]

1. En el ejercicio de las funciones de control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, el personal de intervención podrá utilizar sistemas y herramientas informáticas avanzadas, incluidas aquellas sustentadas en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer la eficacia, eficiencia, trazabilidad, objetividad y transparencia de los procedimientos.»

Tres. Se modifican las letras b, e y h del artículo 164, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 164. Procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

En la tramitación de las subvenciones otorgadas por la Generalitat o sus organismos públicos dependientes en régimen de concurrencia competitiva, se observará el siguiente procedimiento:

[…]

b) Los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y sus modificaciones a los que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplir lo previsto en la normativa de la Generalitat relativa a la adecuación de las ayudas públicas a la política de la competencia de la Unión Europea.

[…]

e) Una vez efectuada la comprobación anterior, se procederá a la convocatoria de la subvención mediante la resolución. En el caso de que las bases tengan naturaleza de acto administrativo se podrán aprobar conjuntamente las bases y la convocatoria cuando así lo considere el centro directivo proponente.

[…]

h) En las subvenciones destinadas a financiar obras que requieran proyecto técnico, las bases reguladoras o las correspondientes convocatorias podrán establecer la obligación de que dicho proyecto sea supervisado por la Administración. Asimismo, podrán exigir la presentación del visado colegial correspondiente.

[…]»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 165, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 165. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

[…]

1. Las bases reguladoras contendrán, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención.

c) Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento. En las subvenciones sujetas a concurrencia competitiva se concretará la composición del órgano colegiado que formule la oportuna propuesta de concesión.

d) Requisitos que deben reunir las entidades colaboradoras, en su caso.

e) Procedimiento de concesión de subvenciones y plazo máximo para notificar la resolución correspondiente. En aquellos casos en los que, de acuerdo con la normativa estatal básica, no resulte necesaria la publicidad de las subvenciones concedidas se deberán prever los procedimientos que aseguren la difusión de las personas beneficiarias de las mismas.

f) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. En aquellos supuestos en los que el único criterio sea el del momento de presentación de las correspondientes solicitudes se deberá hacer constar expresamente esta circunstancia.

g) [Suprimido]

h) [Suprimido]

i) Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. La convocatoria podrá contemplar una ampliación de los plazos de realización material, pago y/o justificación, cuando el proyecto o actividad subvencionada no pueda realizarse y/o justificarse en el plazo previsto, por causas debidamente justificadas.

j) [Suprimido]

k) [Suprimido]

l) [Suprimido]

m) [Suprimido]

n) En su caso, posibilidad de subcontratar total o parcialmente la actividad subvencionada, así como su porcentaje máximo y régimen de autorización.

o) [Suprimido]

p) [Suprimido]

q) Cualquier otra previsión exigida por la normativa o que se considere procedente incluir.

[…]»

Cinco. Se modifica el artículo 166, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 166. Contenido de la convocatoria.

Las convocatorias de subvención recogerán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Indicación de las bases reguladoras y del diario oficial en el que están publicadas.

b) Línea o líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo destinado a la misma. En los supuestos de tramitación anticipada, se hará constar la línea o líneas que figuren en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, así como su importe máximo estimado, sin perjuicio de que pueda tramitarse con carácter previo al citado Proyecto.

c) Objeto y condiciones de la concesión de la subvención.

d) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

e) Plazo de resolución y notificación, así como de los distintos trámites a cumplimentar en el procedimiento.

f) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud, en relación con los requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

g) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa o no, señalando el órgano y plazo para interponer el recurso que proceda.

h) Criterios de valoración de las solicitudes.

i) [Suprimido]

j) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

k) Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución si se produce una variación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

l) Comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control.

m) En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar pagos anticipados de la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, deberán aportar las personas beneficiarias, así como medios de constitución y procedimientos de cancelación.

n) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o entidad pública; nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

o) Los condicionantes requeridos por la normativa de la Generalitat relativos a la adecuación de las ayudas públicas de la Generalitat a la política de la competencia de la Unión Europea.

p) Cualquier otra previsión que se considere procedente incluir.»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 177, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 177. Procedimiento sancionador y órganos competentes.

1. El procedimiento administrativo sancionador por la comisión de infracciones en materia de subvenciones será tramitado conforme a lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y siguiendo los principios de la potestad sancionadora previstos en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

[…]»

Siete. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Utilización de medios electrónicos.

En relación con las materias contempladas en esta ley, y para el ámbito subjetivo de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda establecerá, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los supuestos, condiciones y requerimientos para la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación interna y, en su caso, externa.»

Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional décimo séptima con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décimo séptima. Régimen de control interno y contabilización aplicable a determinados gastos en materia de servicios públicos fundamentales.

Mediante la resolución motivada de la persona titular de la Intervención General de la Generalitat podrá establecerse que la fiscalización e intervención de determinados gastos en materia de servicios públicos fundamentales se realice, en la fase del procedimiento de gasto que corresponda, en el momento de la contabilización, una vez examinada la documentación justificativa.

Las resoluciones que se adopten en virtud de la presente disposición deberán ser objeto de publicación en la página web de la Intervención General de la Generalitat.»

Artículo 84. Modificación de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas.

La Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 1.3-1, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 1. 3-1. Hecho imponible.

[…]

Entre otros, los servicios o la realización de actividades mencionadas en el apartado anterior podrán consistir en:

[…]

b) La expedición de certificados o documentos a instancia de parte, salvo que dicha expedición se realice a través de una actuación administrativa automatizada.

[…]»

Dos. Se modifica el artículo 17.1-2, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 17. 1-2. Exenciones.

1. Están exentos del pago de la tasa, cuando actúen en el ejercicio propio de sus funciones:

a) Los juzgados y tribunales.

b) La Sindicatura de Comptes.

c) El Tribunal de Cuentas.

d) El Síndic de Greuges.

e) El Defensor del Pueblo.

f) Les Corts Valencianes.

g) Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

h) Las administraciones públicas.

1. Estarán exentos los servicios comprendidos en el presente título que consistan en la expedición de copias, reproducción en formato digital o papel e impresión en papel, cuyo importe acumulado no supere el importe de 1 euro.»

Tres. Se introducen dos nuevos apartados 1.4 y 1.5, con la siguiente redacción, y se modifica el apartado 6.3 en la tabla del artículo 20.1-4, que queda en los términos siguientes:

«Artículo 20. 1-4. Cuota íntegra.

La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:

[…]

	Tipo de servicio	Importe (euros)
[…]
1.4	Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el alta o modificación de instalaciones del grupo segundo del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que no requieran DUP ni evaluación ambiental y que presenten una certificación del número de actuaciones documental acreditada.	160 €. En el caso de agrupación, la tasa se multiplicará por el número de actuaciones.
1.5	Autorización de explotación para el alta o modificación de instalaciones del grupo 70 segundo del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que no requieran DUP ni evaluación ambiental y que presenten una certificación documental acreditada.	70 €. En el caso de agrupación, la tasa se multiplicará por el número de actuaciones.
[…]
6.3	Informes sobre autorizaciones y modificaciones de talleres de pirotecnia.	El 2 por mil de valor, con un mínimo de 151,42 €.

[…]»

Cuatro. Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 26.2-5, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 26. 2-5 Cuota líquida.

1. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación del treinta por ciento de la cuota íntegra, si el contribuyente acompaña a la solicitud la certificación documental acreditada de la documentación, emitida de acuerdo con la legislación en materia de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana y el procedimiento reglamentariamente establecido. Esta bonificación resulta de aplicación a los supuestos previstos en los puntos 1, 2, 3 y 4 del cuadro del artículo 26.2-4.

Esta bonificación será del cien por cien de la cuota íntegra si la certificación documental acreditada de la documentación ha sido realizada por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Esta bonificación resulta de aplicación a los supuestos previstos en los puntos 1, 2, 3 y 4 del cuadro del artículo 26.2-4.

[…]»

Artículo 85. Modificación de la Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.

La Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se suprime el artículo 7.

Artículo 86. Modificación de la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025.

La Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el índice, que queda con la siguiente redacción:

«ÍNDICE

[…]

Disposición adicional cuadragésima quinta. Del módulo de compensación para la equiparación del nivel de vida del personal de la Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea residente en el Reino de Bélgica.

[…]»

Dos. Se modifica la disposición adicional trigésima octava, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima octava. Medidas para garantizar la cobertura de las necesidades de personal de los consorcios sanitarios.

A partir del 1 de enero de 2026, cuando sea imprescindible como medida para garantizar la cobertura de las necesidades de personal de los consorcios sanitarios y salvaguardar la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas, los puestos de trabajo de naturaleza tanto funcionarial como laboral vacantes, que no estén reservados a persona titular en las plantillas de estas entidades, serán objeto de expediente de modificación de plantilla para su transformación en los puestos de naturaleza estatutaria que sean susceptibles de crearse con la dotación presupuestaria de los puestos iniciales. La provisión de estos puestos debe realizarse por parte de la conselleria competente en materia de sanidad. Y todo ello sin perjuicio de que la dotación presupuestaria siga siendo de los consorcios, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional única de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.»

Tres. Se modifica la disposición adicional cuadragésima quinta, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuadragésima quinta. Del módulo de compensación para la equiparación del nivel de vida del personal de la Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea residente en el Reino Bélgica.

Al objeto de equiparar el poder adquisitivo y compensar las condiciones del nivel de vida en relación con las existentes en la Comunitat Valenciana, será de aplicación al personal contratado, por un periodo de un año o superior, en la Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea residente en el Reino de Bélgica un módulo de compensación. La cuantía del módulo será la resultante de multiplicar el importe de la retribución íntegra de la persona trabajadora, obtenida de la suma del sueldo, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo desempeñado, el complemento específico y las pagas extras por 0,2, que se liquidará mensualmente junto con el resto de las retribuciones.

Con carácter previo a la aplicación de esta indemnización, el órgano competente de la fundación deberá solicitar informe preceptivo y vinculante a la dirección general con competencias en materia de presupuestos, específica por persona, donde quede debidamente justificada la duración del contrato, la residencia efectiva y el detalle del cálculo de porcentaje aplicado. La solicitud deberá realizarse con carácter anual, tras la publicación de la nueva ley de presupuestos.»

Cuatro. Se modifica el anexo V, que queda con la siguiente redacción:

«ANEXO V. Módulos y cuantías para determinar el importe de las prestaciones económicas para el sostén a la crianza en familias acogedoras

Año 2025

1. Acogimientos en familia acogedora	Importe NNA/día
a) por cada persona menor de edad acogida mayor de 3 años.	18,00 €
b) por cada persona menor de edad acogida con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y/o por cada persona menor de edad acogida entre 0-3 años.	22,00 €
c) por cada persona menor de edad acogida en acogimiento especializado (educadora).	40,00 €
2. Acogimiento en Familia Acogedora monoparental/numerosa	Importe NNA/día
a) por cada persona menor de edad acogida mayor de 3 años.	21,00 €
b) por cada persona menor de edad acogida con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y/o por cada persona menor de edad acogida entre 0-3 años.	25,00 €
c) por cada persona menor de edad acogida en acogimiento especializado (educadora).	43,00 €
3. Disponibilidad para la formalización de acogimientos de urgencia en Familia Educadora de Atención inmediata	Importe por NNA al día disponible o/y acogiendo Importe por NNA al día disponible
a) Para una persona menor de edad.	34,00 €
b) Para una persona menor de edad en familia monoparental/numerosa.	45,00 €
4. Asistencia médica cualificada	Módulo máximo NNA/año
Todos los conceptos	10.500,00 €»

Artículo 87. Modificación del Decreto 83/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana.

El Decreto 83/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 13, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 13. Régimen de autorizaciones.

[…]

1. La dirección general competente en materia de control, inspección y disciplina de las entidades financieras cuya supervisión prudencial sea competencia de la Generalitat será competente para resolver acerca de las siguientes autorizaciones administrativas:

a) Las modificaciones de Estatutos sociales.

b) [Suprimido]

c) [Suprimido]

d) El exceso sobre el límite de las operaciones activas con terceros no socios, en los supuestos excepcionales legalmente previstos.

e) La reducción del capital social que, sin afectar a su nivel mínimo obligatorio ni a los recursos propios mínimos, tenga por objeto condonar desembolsos pendientes, constituir o incrementar reservas, o devolver parcialmente aportaciones siempre que el socio continúe superando el mínimo exigible, salvo que la reducción no suponga modificación estatutaria.

f) La apertura de nuevas oficinas, en los supuestos legalmente previstos.

g) Cualquier otra no recogida en los párrafos anteriores y que no esté atribuida expresamente a otros órganos.

1. Las solicitudes de autorización para los supuestos señalados en el apartado 1 de este artículo deberán ser resueltas y notificadas en el plazo de seis meses desde su recepción.

Cuando en el procedimiento no se haya notificado la resolución expresa dentro del plazo máximo indicado, se entenderá otorgada la autorización.

Las solicitudes de autorización previstas en las letras a, d, e y f del apartado anterior deberán ser resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses desde su recepción. Todas ellas se entenderán otorgadas si no se hubiera notificado la resolución en los plazos indicados.»

Dos. Se modifica la disposición final primera, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición final primera. Autorización para el desarrollo del decreto.

Se faculta a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda para dictar, en el ejercicio de las competencias que le son propias, las disposiciones complementarias que sean necesarias para la aplicación de este decreto.»

Artículo 88. Modificación del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.

El Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el título del decreto, que queda con la siguiente redacción:

«Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los procedimientos para el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado de los proyectos por los que se establecen, conceden o modifican ayudas de la Generalitat y su sector público»

Dos. Se modifica el índice, que queda con la siguiente redacción:

«Preámbulo.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Definiciones.

Artículo 3. Obligación de notificación y comunicación de ayudas a la Comisión Europea y excepciones.

Artículo 4. Trámite de informe.

Artículo 5. Procedimiento de comunicación.

Artículo 6. Procedimiento de notificación.

Disposición adicional única. Incidencia presupuestaria.

Disposición derogatoria Única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

Disposición final segunda. Transmisión de la información y seguimiento.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Anexo. Trámite Decreto 128/2017.»

Tres. Se modifica el artículo 1, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de este decreto es regular los procedimientos para el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado de los proyectos por los que se establecen, conceden o modifican ayudas de la Generalitat y su sector público. También se aplicará a las aportaciones de capital a las sociedades mercantiles y a las transferencias y aportaciones dinerarias a entidades integrantes del sector público de la Generalitat. Para ello se establece un trámite de informe previo en la tramitación de determinados de estos proyectos, a fin de asegurar su adecuación a la política de la competencia de la Unión Europea.

1. Las disposiciones de este decreto serán de aplicación a las ayudas públicas que se establezcan, concedan o pretendan concederse con cargo a los presupuestos de la Administración de la Generalitat o del sector público instrumental al que se refiere el artículo 2, apartado 3, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, con independencia de si las ayudas están financiadas, total o parcialmente, mediante recursos de la Unión Europea o si se financian con fondos públicos propios.

1. [Suprimido]»

Cuatro. Se modifican las letras a, b, c y g del artículo 2, que quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 2. Definiciones.

A efectos de lo previsto en este decreto, se entenderá por:

a) «Ayuda de Estado»: toda medida que reúna todos los requisitos establecidos en el artículo 107 apartado 1, del TFUE.

b) «Ayuda no sujeta»: toda medida que no reúna todos los requisitos establecidos en el artículo 107 apartado 1 del TFUE.

c) «Proyecto de ayuda»: todo proyecto por el que se establezca conceda o modifique una ayuda, cualquiera que sea la normativa de ayudas de Estado aplicable. Excepcionalmente, se equipararán a «proyecto de ayuda», a efectos exclusivamente del cumplimiento del trámite regulado en este decreto, a las aportaciones de capital a las sociedades mercantiles y a las transferencias y aportaciones dinerarias a entidades integrantes del sector público de la Generalitat.

[…]

g) «Modificación de un proyecto de ayuda»: todo proyecto de ayuda mediante el que se realice cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con la normativa de ayudas de estado. No obstante, si la modificación regula exclusivamente el aumento del presupuesto inicial de un régimen de ayudas o ayuda individual hasta el 20 % no se considerará modificación de un proyecto de ayuda a efectos de su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre competencia.»

Cinco. Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 3. Obligación de notificación y comunicación de ayudas a la Comisión Europea y excepciones.

1. Todo proyecto de ayuda o su modificación deberá notificarse previamente a la Comisión Europea para su autorización, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 de este decreto. Estas ayudas no podrán hacerse efectivas antes de dicha autorización o de que puedan considerarse autorizadas por la ausencia de decisión de la Comisión, conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (UE) número 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE o en la norma que lo sustituya.

1. No estará sujeto a la obligación de notificación previa, pero deberá comunicarse a la Comisión Europea, todo proyecto de ayuda o su modificación que se acoja a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea en uso de las atribuciones que eximan, respecto a determinadas ayudas, de la obligación de notificación. La comunicación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente decreto.

1. Estarán excluidos de la obligación de notificación o comunicación a la Comisión Europea los proyectos de ayuda o de modificación de una existente, en los siguientes casos:

a) Que se acojan a alguno de los reglamentos aprobados, o que pueda aprobar la Comisión Europea, para regular el denominado régimen de minimis.

b) Que se califiquen como «Ayuda no sujeta» y por tanto no les sea de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE al no reunir todos los requisitos establecidos en éste.»

Seis. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Trámite de informe.

1. Corresponde a la dirección general competente en materia de coordinación y control de las ayudas públicas concedidas por la Generalitat (en adelante la dirección general competente) en el marco de la política de competencia de la Unión Europea, la revisión y control de los proyectos que pretendan conceder, establecer, o modificar ayudas públicas con cargo a los presupuestos de los distintos departamentos del Consell o del sector público instrumental al que se refiere el artículo 2, apartado 3, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, a efectos de asegurar su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre competencia.

1. Los departamentos o entidades que pretendan establecer o modificar, bien un régimen de ayudas, bien una ayuda ad hoc, deberán remitir a la dirección general competente el instrumento jurídico que regule la ayuda, acompañado del anexo de este decreto 128/2017, cumplimentado y firmado, al menos un mes antes de la fecha prevista para su entrada en vigor.

1. La Dirección General competente emitirá informe preceptivo y no vinculante, en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del proyecto y el anexo que lo acompaña para los siguientes tipos de ayuda, que cumplen los requisitos del artículo 107.1 del TFUE:

a) Ayudas que deben notificarse a la Comisión Europea previamente a su entrada en vigor. En este caso, el instrumento jurídico que regula la ayuda deberá indicar expresamente la Directriz, Marco o Comunicación de la Comisión a que se acoge, concretando las disposiciones específicas de aplicación.

b) Ayudas que deben comunicarse a la Comisión Europea, una vez han entrado en vigor, por acogerse a un régimen de exención. En este caso deberán indicar expresamente en el instrumento jurídico que regula la ayuda el Reglamento de exención de la obligación de notificación a que se acoge, concretando las disposiciones específicas de aplicación, así como incluir el resto de las condiciones que se deriven de la aplicación de este.

c) Ayudas que se acojan a un Marco Temporal o una Decisión de la Comisión Europea. En este caso deberán indicar expresamente en el instrumento jurídico el marco temporal o la decisión aplicables, concretando sus disposiciones específicas de aplicación, así como el número de ayuda asignado por la Comisión Europea.