Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017

⁽⁶⁾ Esta obligación no se amplía a las disposiciones de protección de las inversiones no incluidas en esta sección, incluidas las disposiciones relativas a los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados, como se contempla en otros acuerdos.

3. Sin perjuicio de las reservas enumeradas en los anexos VIIIA y VIIIE, las Partes no adoptarán nuevas medidas que introduzcan discriminaciones con respecto al establecimiento de personas jurídicas de la otra Parte en su territorio, ni con respecto al funcionamiento de dichas personas jurídicas, una vez establecidas, en comparación con sus propias personas jurídicas.

Artículo 145. Revisión.

Con el fin de liberalizar progresivamente las condiciones de establecimiento, el Comité de Asociación, reunido en su configuración de comercio, revisará periódicamente el marco jurídico ⁽⁷⁾ y el entorno de establecimiento.

⁽⁷⁾ Ello incluye este capítulo y los anexos VIIIA y VIIIE.

Artículo 146. Otros acuerdos.

Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará como limitativa del derecho de los inversores de las Partes a beneficiarse de un trato más favorable que esté previsto en cualquier acuerdo internacional vigente o futuro relativo a inversiones en el que un Estado miembro y la República de Armenia sean partes.

Artículo 147. Norma de trato para las sucursales y las oficinas de representación.

1. Lo dispuesto en el artículo 144 no obstará para que una de las Partes aplique medidas especiales relativas al establecimiento y actividad en su territorio de sucursales y oficinas de representación de personas jurídicas de la otra Parte no constituidas en el territorio de la primera, si dichas medidas están justificadas por diferencias jurídicas o técnicas entre dichas sucursales y oficinas de representación con las sucursales y oficinas de representación de las personas jurídicas constituidas en el territorio de la primera Parte o, por lo que respecta a los servicios financieros, por razones de cautela.

2. La diferencia de trato no irá más allá de lo estrictamente necesario como consecuencia de dichas diferencias jurídicas o técnicas, o, por lo que respecta a los servicios financieros, por razones cautelares.

Sección C. Prestación transfronteriza de servicios

Artículo 148. Ámbito de aplicación.

La presente sección se aplicará a las medidas de las Partes que afectan a la prestación de servicios transfronteriza de todos los sectores de servicios, excepto:

⁽⁸⁾ Sin perjuicio del abanico de actividades que puedan considerarse cabotaje con arreglo a la legislación nacional pertinente, se entenderá que el cabotaje marítimo nacional tratado en el presente capítulo abarca el transporte de pasajeros o mercancías entre un puerto o un punto situado en la República de Armenia o en un Estado miembro y otro puerto o punto situado en la República de Armenia o Estado miembro, incluida su plataforma continental tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el tráfico con origen y destino en el mismo puerto o punto situado en la República de Armenia o Estado miembro.

⁽⁹⁾ Las condiciones de acceso recíproco al mercado del transporte aéreo se tratarán en el futuro acuerdo entre las Partes sobre la creación de una zona común de aviación.

ii) venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo,

iii) servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI),

iv) servicios de asistencia en tierra, y

Artículo 149. Acceso a los mercados.

1. En cuanto al acceso a los mercados mediante la prestación de servicios transfronteriza, cada una de las Partes concederá a los servicios y los prestadores de servicios de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el previsto en los compromisos específicos que figuran en los anexos VIIIB y VIIIF.

2. En los sectores en que se asuman compromisos de acceso a los mercados, ninguna Parte adoptará ni mantendrá, ni a escala de una subdivisión regional ni en todo su territorio, a menos que se indique otra cosa en los anexos VIIIB y VIIIF, las medidas siguientes:

Artículo 150. Trato nacional.

1. En los sectores en los que los compromisos de acceso a los mercados figuran en los anexos VIIIB y VIIIF, y conforme a las condiciones y cualificaciones expuestas en ellos, cada una de las Partes concederá a los servicios y los prestadores de servicios de la otra Parte, respecto a todas las medidas que afectan a la prestación de servicios transfronteriza, un trato no menos favorable que el que concede a sus propios servicios y prestadores de servicios similares.

2. Cualquier Parte podrá cumplir lo estipulado en el apartado 1 otorgando a los servicios y a los prestadores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que otorgue a sus propios servicios y prestadores de servicios similares.

3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o prestadores de servicios de la Parte, en comparación con los servicios similares o con los prestadores de servicios similares de la otra Parte.

4. No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo obligan a cualquier Parte a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter extranjero de los servicios o prestadores de servicios pertinentes.

Artículo 151. Listas de compromisos.

1. En las listas de compromisos que figuran en los anexos VIIIB y VIIIF figuran los sectores liberalizados por cada una de las Partes en virtud del presente capítulo, así como las limitaciones de acceso a los mercados y de trato nacional, establecidas mediante reservas, aplicables a los servicios y prestadores de servicios de la otra Parte en dichos sectores.

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes que emanan o pueden emanar del Convenio europeo sobre la televisión transfronteriza de 1989 y del Convenio europeo sobre coproducción cinematográfica del Consejo de Europa de 1992, las listas de compromisos que figuran en los anexos VIIIB y VIIIF no incluyen compromisos sobre servicios audiovisuales.

Artículo 152. Revisión.

Con el fin de liberalizar progresivamente la prestación de servicios transfronteriza entre las Partes, el Comité de Asociación, en su configuración de Comercio, reconsiderará periódicamente la lista de compromisos a que se hace referencia en los artículos 149 a 151. Esta revisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, el proceso de aproximación gradual a que se refieren los artículos 169, 180 y 192, y su impacto sobre la eliminación de los obstáculos restantes a la prestación de servicios transfronteriza entre las Partes.

Sección D. Presencia temporal de personas físicas con fines empresariales

Artículo 153. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. La presente sección es aplicable a las medidas de las Partes relativas a la entrada y la estancia temporal en sus territorios del personal clave, los becarios con titulación universitaria, los vendedores a empresas, los prestadores de servicios contractuales y los profesionales independientes sin perjuicio del artículo 141, apartado 5.

2. A efectos de la presente sección, se entenderá por:

⁽¹⁰⁾ La referencia a «que no sea una organización sin ánimo de lucro» solo se aplica para Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y el Reino Unido.

ii) la supervisión y el control del trabajo de otros empleados que ejerzan funciones de supervisión, profesionales o de gestión, y

iii) tengan la facultad personal de contratar y despedir o recomendar la contratación, el despido u otras medidas relativas al personal;

al evaluar esos conocimientos se tendrán en cuenta no solamente los conocimientos que se refieran en particular al establecimiento, sino también si la persona tiene una cualificación de alto nivel, incluida una experiencia profesional adecuada respecto de una clase de trabajo o actividad comercial que requiera conocimientos técnicos específicos, incluida la afiliación a un colegio profesional;

⁽¹¹⁾ Se podrá exigir al establecimiento que los acoja que, para la autorización previa, presente un programa de formación que incluya la duración de la estancia y en el que se demuestre que su finalidad es la formación. Para Chequia, Alemania, España, Francia, Lituania, Hungría y Austria, la formación deberá estar relacionada con la titulación universitaria obtenida.

⁽¹²⁾ Reino Unido: La categoría de vendedores a empresas solo está reconocida en el caso de los vendedores de servicios.

⁽¹³⁾ El contrato de servicios mencionado en las letras h) e i) cumplirá las leyes y reglamentos, así como otros requisitos de la Parte en la que se ejecute el contrato.

⁽¹⁴⁾ El contrato de servicios mencionado en las letras h) e i) cumplirá las leyes y reglamentos, así como otros requisitos de la Parte en la que se ejecute el contrato.

Artículo 154. Personal clave y becarios con titulación universitaria.

1. Respecto a cada sector comprometido conforme a la sección B y sin perjuicio de las reservas enumeradas en el anexo VIIIC, cada Parte permitirá a los emprendedores de la otra Parte emplear en sus establecimientos personas físicas de esa otra Parte, siempre que tales trabajadores sean personal clave o becarios con titulación universitaria, tal como se definen en el artículo 153. La entrada y estancia del personal clave y de los becarios con titulación universitaria durarán un periodo máximo de tres años en el caso de los traslados dentro de una misma empresa, de noventa días en cualquier periodo de doce meses en el caso de las personas en visita de negocios con fines de establecimiento, y de un año en el caso de los becarios con titulación universitaria.

2. Respecto a cada sector liberalizado conforme a la sección B, a menos que en el anexo VIIIC se especifique lo contrario, las Partes no adoptarán ni mantendrán, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o sobre la base de todo su territorio, medidas que constituyan limitaciones del número total de personas físicas que puede contratar un empresario como personal clave y becarios con titulación universitaria en un sector específico mediante el establecimiento de contingentes numéricos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas, y como limitaciones discriminatorias.

Artículo 155. Vendedores a empresas.

Respecto a cada sector comprometido conforme a las secciones B o C y sin perjuicio de cualquiera de las reservas enumeradas en el anexo VIIIC, cada Parte permitirá la entrada y la estancia temporal de vendedores a empresas durante un periodo máximo de noventa días en cualquier periodo de doce meses.

Artículo 156. Prestadores de servicios contractuales.

1. Las Partes afirman sus obligaciones respectivas derivadas de sus compromisos en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC por lo que se refiere a la entrada y estancia temporales de prestadores de servicios contractuales.

2. De conformidad con los anexos VIIID y VIIIG, cada Parte permitirá la prestación de servicios en su territorio por prestadores de servicios contractuales de la otra Parte, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

⁽¹⁵⁾ Adquirida una vez que se haya alcanzado la mayoría de edad.

⁽¹⁶⁾ En caso de que la titulación o cualificación no se haya obtenido en la Parte donde se preste el servicio, dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria requerida en su territorio.

ii) las cualificaciones profesionales exigidas para ejercer una actividad en virtud de las leyes y reglamentos u otras medidas de la Parte donde se preste el servicio;

Artículo 157. Profesionales independientes.

De conformidad con los anexos VIIID y VIIIG, cada Parte permitirá la prestación de servicios en su territorio por profesionales independientes de la otra Parte, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

⁽¹⁷⁾ En caso de que la titulación o cualificación no se haya obtenido en la Parte donde se preste el servicio, dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria requerida en su territorio.

ii) las cualificaciones profesionales exigidas para ejercer una actividad en virtud de las leyes y reglamentos u otras medidas de la Parte donde se preste el servicio;

Sección E. Marco regulador

Subsección I. Reglamentación interna

Artículo 158. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. La presente sección se aplica a las medidas de las Partes relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, los requisitos de cualificación y los procedimientos que afectan a:

2. En el caso de la prestación transfronteriza de servicios, la presente sección solo es aplicable a aquellos sectores para los que una Parte haya suscrito compromisos específicos y siempre que sean de aplicación tales compromisos. En el caso del establecimiento, la presente sección no se aplicará a los sectores para los que figure una reserva en los anexos VIIIA y VIIIE. En el caso de la estancia temporal de personas físicas, la presente sección no se aplicará a sectores para los que figure una reserva en los anexos VIIIC, VIIID y VIIIG.

3. La presente sección no se aplicará a aquellas medidas que constituyan limitaciones sujetas a programación.

4. A efectos de la presente sección, se entenderá por:

Artículo 159. Condiciones para la concesión de licencias y cualificación.

1. Cada una de las Partes velará por que las medidas relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, así como los requisitos y procedimientos de cualificación se basen en criterios que impidan a las autoridades competentes el ejercicio de su facultad de apreciación de forma arbitraria.

2. Los criterios contemplados en el apartado 1 deberán ser:

3. Las autorizaciones o licencias se concederán una vez se haya determinado, a la vista de un examen adecuado, que se cumplen las condiciones para obtenerlas.

4. Cada una de las Partes mantendrá o instituirá tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o administrativos que proporcionen, a petición de un empresario o un prestador de servicios afectados, una revisión rápida de las decisiones administrativas relativas al establecimiento, la prestación transfronteriza de servicios o la presencia temporal de personas físicas con fines empresariales y, cuando esté justificado, las soluciones jurídicas apropiadas. En caso de que tales procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa de que se trate, las Partes se asegurarán de que los procedimientos permitan realmente una revisión objetiva e imparcial.

5. Cuando el número de licencias disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, las Partes aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad y transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento.

6. Supeditado a las condiciones que se especifican en el presente artículo, cada una de las Partes podrá tomar en consideración objetivos legítimos de interés público a la hora de establecer las normas para un procedimiento de selección, incluidas consideraciones de salud, seguridad, protección del medio ambiente y conservación del patrimonio cultural.

Artículo 160. Procedimientos de concesión de licencias y de cualificación.

1. Los procedimientos y trámites de concesión de licencias y de cualificación serán claros, deberán darse a conocer con antelación y ser adecuados para garantizar a los solicitantes que su solicitud reciba un trato objetivo e imparcial.

2. Los procedimientos y trámites de concesión de licencias y de cualificación serán de la máxima simplicidad y no complicarán o retrasarán indebidamente la prestación del servicio. Las tasas de licencias ⁽¹⁸⁾ en que puedan incurrir los solicitantes desde el momento en que presenten la solicitud deberán ser razonables y proporcionadas al coste de los procedimientos de autorización en cuestión.

⁽¹⁸⁾ Las tasas de licencias no incluyen los pagos de subastas, licitaciones u otras formas no discriminatorias de adjudicación, ni contribuciones bajo mandato para el suministro de servicios universales.

3. Cada una de las Partes velará por que los procedimientos utilizados por la autoridad competente y las decisiones de la misma en el proceso de concesión de licencias o autorización sean imparciales respecto a todos los solicitantes. La autoridad competente adoptará una decisión de manera independiente y no tendrá que rendir cuentas ante ningún prestador de los servicios para los cuales sea necesaria la licencia o autorización.

4. Cuando existan plazos específicos para la presentación de las solicitudes, se concederá a los solicitantes un plazo razonable para dicha presentación. La autoridad competente deberá iniciar la tramitación de una solicitud sin demoras injustificadas. Siempre que sea posible, se aceptarán las solicitudes en formato electrónico en las mismas condiciones de autenticidad que las de las solicitudes en papel.

5. Cada una de las Partes velará por que la tramitación de una solicitud, incluida la decisión final, se realice en un plazo razonable a partir de la presentación de una solicitud completa. Cada una de las Partes se esforzará por establecer el plazo normal de tramitación de las solicitudes.

6. La autoridad competente informará al solicitante en un plazo razonable tras la recepción de una solicitud que considere incompleta, le dará la posibilidad de corregir las deficiencias y, en la medida posible, determinará la información adicional necesaria para completar la solicitud.

7. En la medida de lo posible, se aceptarán copias certificadas en lugar de los documentos originales.

8. Si la autoridad competente denegara la solicitud, se informará al solicitante por escrito y sin demoras indebidas. En principio, previa petición, se informará también al solicitante de las razones por las que se desestima su solicitud y de los plazos para recurrir tal decisión.

9. Cada una de las Partes garantizará que, una vez concedidas, las licencias o autorizaciones surtan efecto sin demoras indebidas, de conformidad con los términos y condiciones especificados en las mismas.

Subsección II. Disposiciones de aplicación general

Artículo 161. Reconocimiento mutuo.

1. Ninguna disposición del presente capítulo impedirá a cualquiera de las Partes exigir que las personas físicas posean las cualificaciones necesarias y la experiencia profesional especificadas en el territorio donde se preste el servicio para el sector de la actividad en cuestión.

2. Las Partes animarán a los organismos profesionales pertinentes de sus territorios a que formulen recomendaciones sobre reconocimiento mutuo de cualificaciones y experiencia profesional al Comité de Asociación, en su configuración de Comercio, con objeto de que los emprendedores y los prestadores de servicios cumplan, en todo o en parte, los criterios aplicados por cada una de las Partes para la autorización, obtención de licencias, funcionamiento y certificación de los emprendedores y prestadores de servicios y, en particular, de servicios profesionales.

3. Cuando se reciba una de las recomendaciones mencionadas en el apartado 2, el Comité de Asociación, en su configuración de Comercio, revisará la recomendación en un plazo razonable a fin de determinar si es compatible con el presente Acuerdo y, sobre la base de la información que contenga, evaluará en especial:

4. En caso de que se cumplan los requisitos del apartado 3, el Comité de Asociación, en su configuración de Comercio, establecerá las medidas necesarias para negociar un acuerdo de reconocimiento mutuo, tras lo cual recomendará que las autoridades competentes de las Partes inicien las negociaciones.

5. Todo acuerdo de este tipo se ajustará a las disposiciones pertinentes del Acuerdo OMC y, en particular, al artículo VII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que figura en el anexo 1B del Acuerdo de la OMC (AGCS).

Artículo 162. Transparencia y divulgación de información confidencial.

1. Cada una de las Partes responderá sin demora a todas las solicitudes de la otra Parte en materia de información específica sobre cualesquiera medidas de aplicación general o acuerdos internacionales relacionados con el presente Acuerdo o que puedan afectar al mismo. Cada una de las Partes establecerá uno o más puntos de información para facilitar, previa petición, información específica sobre estos asuntos a los emprendedores y prestadores de servicios de la otra Parte. Las Partes se notificarán mutuamente los puntos de información en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Acuerdo. Los puntos de información no estarán obligados a ser depositarios de las leyes y reglamentaciones.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impondrá a ninguna Parte la obligación de facilitar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para hacer cumplir las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

Subsección III. Servicios Informáticos

Artículo 163. Acuerdo sobre los servicios informáticos.

1. Al liberalizar el comercio de servicios informáticos de conformidad con las secciones B, C y D, las Partes deberán cumplir lo dispuesto en los apartados 2 a 4.

2. La Clasificación Central de Productos (CPC⁽¹⁾) 84, que es el código de las Naciones Unidas utilizado para describir los servicios informáticos y sus servicios conexos, cubre las funciones básicas utilizadas para prestar todos los servicios informáticos y servicios conexos: programas informáticos, definidos como conjuntos de instrucciones necesarias para que los ordenadores funcionen y se comuniquen (incluidos su desarrollo y ejecución), procesamiento y almacenamiento de datos, y servicios conexos, tales como los servicios de consultoría y formación para el personal de los clientes. Como resultado de la evolución tecnológica, cada vez con más frecuencia se ofrecen estos servicios en un paquete de servicios conexos que pueden incluir algunas o todas estas funciones básicas. Por ejemplo, servicios como el hospedaje de páginas web, servicios de extracción de datos y la informática basada en la red consisten en una combinación de funciones básicas de servicios de informática.

⁽¹⁾ Clasificación Central de Productos según la definición de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Informes estadísticos, Serie M, N.º 77, CPC prov, 1991

3. Los servicios informáticos y los servicios conexos, independientemente de que se suministren mediante una red, incluida internet, comprenden todos los servicios en materia de:

4. Los servicios informáticos y los servicios conexos permiten la prestación de otros servicios, como los bancarios, por medios electrónicos y de otro tipo. En esos casos, ha de hacerse una distinción importante entre el servicio de soporte, por ejemplo soporte de red o de una aplicación, y el contenido o el servicio básico, por ejemplo servicios bancarios, que se presta por medios electrónicos. En esos casos, el contenido o servicio básico no está cubierto por la CPC 84.

Subsección IV. Servicios Postales⁽¹⁾

(1) Esta sección es aplicable tanto a la CPC 7511 como a la CPC 7512.

Artículo 164. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. En la presente subsección se enuncian los principios del marco reglamentario de todos los servicios postales.

2. A efectos de la presente subsección y de las secciones B, C y D, se entenderá por:

Artículo 165. Prevención de prácticas distorsionadoras del mercado.

Cada una de las Partes velará por que un prestador de servicios postales sujeto a una obligación de servicio universal o a un monopolio postal no incurra en prácticas distorsionadoras del mercado, tales como:

Artículo 166. Servicio universal.

1. Cada una de las Partes tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea mantener. No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza sean contrarias a la competencia per se, a condición de que sean administradas de manera transparente, no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por la Parte.

2. Las tarifas del servicio universal deben ser asequibles para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Artículo 167. Licencias.

1. Cada Parte deberá procurar sustituir las eventuales licencias por servicios no incluidos en el concepto de servicio universal con un simple registro.

2. En caso de que se exija una licencia:

Artículo 168. Independencia del organismo regulador.

El organismo regulador estará separado desde el punto de vista jurídico y no tendrá que rendir cuentas ante ningún prestador de servicios postales y de mensajería. Las decisiones del organismo regulador y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

Artículo 169. Aproximación gradual.

Las Partes reconocen la importancia de una aproximación gradual de la legislación de la República de Armenia sobre servicios postales a la de la Unión Europea.

Subsección V. Redes y Servicios de Comunicación Electrónica

Artículo 170. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. En la presente subsección se exponen los principios del marco reglamentario para la provisión de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas liberalizados de conformidad con las secciones B, C y D.

2. A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

ii) cuya sustitución a fin de prestar un servicio no sea viable económica o técnicamente;

⁽¹⁾ Las Partes convienen en que «proveedor importante» es equivalente a proveedor con un poder significativo en el mercado.

ii) infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles,

iii) sistemas de software pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativo,

iv) sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación,

vi) redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia, y

vii) servicios de redes virtuales;

Artículo 171. Autoridad reguladora.

1. Cada una de las Partes velará por que sus autoridades reguladoras de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de cualquier prestador de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas o equipos de comunicaciones electrónicas.

2. Una Parte que mantenga la propiedad o el control de proveedores de redes o prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas velará por que exista una separación estructural efectiva entre la función de regulación y las actividades relacionadas con la propiedad o el control. La autoridad reguladora actuará con independencia y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún otro organismo en relación con la ejecución de las tareas que se le asignan con arreglo al Derecho nacional.

3. Cada Parte velará por que sus autoridades reguladoras tengan facultades suficientes para regular el sector, y que dispongan de recursos financieros y humanos adecuados para desempeñar las tareas que se le asignan. Solamente los organismos de recurso a que se refiere el apartado 7 estarán facultados para suspender o revocar las decisiones de las autoridades reguladoras.

Las tareas asignadas a una autoridad reguladora se harán públicas de forma clara y fácilmente accesible, en particular en caso de que dichas tareas se asignen a más de un organismo. Cada Parte velará por que sus autoridades reguladoras cuenten con presupuestos anuales independientes. Los presupuestos se harán públicos.

4. Las decisiones de los reguladores y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

5. Las facultades de las autoridades reguladoras deberán ejercerse de forma transparente y en tiempo útil.

6. Las autoridades reguladoras tendrán la facultad de garantizar que los proveedores de redes y prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas ofrezcan dichos servicios, con celeridad cuando se les demande, con toda la información, incluso financiera, necesaria para que las autoridades reguladoras puedan realizar su función con arreglo a la presente subsección. La información solicitada deberá ser proporcional a la realización de las tareas de las autoridades reguladoras y se tratará de conformidad con los requisitos de confidencialidad.

7. Cualquier usuario o proveedor afectado por la decisión de una autoridad reguladora tendrá derecho a recurrir contra la misma a un organismo de recurso que sea independiente de las partes implicadas. Este organismo, que podrá ser un tribunal, tendrá los conocimientos técnicos oportunos para desempeñar sus funciones con eficacia. El fondo del asunto se tendrá debidamente en cuenta y el mecanismo de recurso será eficaz. Por lo que se refiere a los organismos responsables de los procedimientos de recurso que no sean de carácter judicial, cada Parte velará porque sus decisiones sean motivadas por escrito y porque dichas decisiones también estén sujetas a revisión por parte de una autoridad judicial imparcial e independiente. Se harán cumplir efectivamente las decisiones adoptadas por los organismos de recurso. A la espera del resultado del recurso, la decisión de la autoridad reguladora seguirá siendo válida, a menos que se concedan medidas cautelares con arreglo al Derecho nacional.

8. Cada una de las Partes velará por que el responsable de una autoridad reguladora o, si procede, los miembros del órgano colegiado que desempeñen dicha función dentro de un organismo regulador o sus sustitutos solo puedan ser cesados en caso de que dejen de cumplir las condiciones exigidas para el cumplimiento de sus funciones establecidas de antemano en el Derecho nacional. Esa decisión se hará pública en el momento del cese. El responsable de la autoridad reguladora que haya sido cesado o, si procede, los miembros del órgano colegiado que desempeñen dicha función recibirán una exposición de los motivos de la decisión y tendrán derecho a solicitar que sea publicada, cuando no estuviera previsto, en cuyo caso deberá atenderse su solicitud.

Artículo 172. Autorización para la provisión de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Cada una de las Partes autorizará la provisión de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que sea posible, tras una simple notificación. Tras la notificación, el prestador de servicio del que se trate no estará obligado a contar con una decisión explícita u otro acto administrativo de la autoridad reguladora antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Los derechos y obligaciones derivados de tales autorizaciones se harán públicos de forma fácilmente accesible. Las obligaciones deberán ser proporcionales al servicio en cuestión.

2. En caso necesario, una Parte podrá exigir una licencia para el derecho de uso de números y radiofrecuencias con el fin de:

3. Cuando una Parte exija una licencia:

4. Se impondrán costes administrativos a los prestadores de servicios de forma objetiva, transparente, proporcionada y minimizándolos. Cualquier coste administrativo impuesto por una Parte a los prestadores de un servicio o de una red al amparo de la autorización a que se refiere el apartado 1 o la licencia mencionada en el apartado 2 se limitará a los gastos administrativos reales normalmente incurridos en la administración, control y aplicación de la autorización y licencias correspondientes. Estos costes administrativos podrán incluir gastos de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, cumplimiento de la supervisión y otros controles de mercado, así como el trabajo regulatorio relacionado con la preparación y aplicación de decisiones legislativas y administrativas, como las decisiones sobre acceso e interconexión.

Los costes administrativos mencionados en el primer párrafo no incluyen pagos por subastas, ofertas u otras formas no discriminatorias de adjudicar concesiones, o contribuciones obligatorias para la prestación de servicio universal.

Artículo 173. Escasez de recursos.

1. La asignación y la concesión de derechos para el uso de recursos escasos, como el espectro radioeléctrico, los números y los derechos de paso, se realizará de manera abierta, objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y proporcionada. Cada una de las Partes basará sus procedimientos en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

2. Se pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente el espectro radioeléctrico asignado a usos oficiales específicos.

3. Cada Parte mantiene el derecho a establecer y aplicar medidas de gestión del espectro y de las frecuencias que pueden tener el efecto de limitar el número de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que lo haga de manera compatible con el presente Acuerdo. Este derecho comprende la posibilidad de asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras y la disponibilidad de espectro. Las medidas de una Parte atribuyendo y asignando espectro y gestionando frecuencias no se consideran medidas incompatibles per se con los artículos 144, 149 y 150.

Artículo 174. Acceso e interconexión.

1. En principio, deberá acordarse el acceso y la interconexión sobre la base de una negociación comercial entre los prestadores de servicios en cuestión.

2. Cada una de las Partes velará por que cualquier prestador de servicios de comunicaciones electrónicas tenga derecho a negociar la interconexión con el fin de ofrecer redes y servicios de comunicaciones electrónicas públicamente disponibles; cuando se lo solicite otro prestador será una obligación. Ninguna de las Partes mantendrá ninguna medida judicial o administrativa que obligue a los prestadores que den acceso o interconexión a ofrecer condiciones diferentes a distintos prestadores por servicios equivalentes, o a imponer obligaciones que no estén relacionadas con los servicios prestados.

3. Cada una de las Partes garantizará que los prestadores de servicios que adquieran información de otro prestador de servicios durante el proceso de negociación de los acuerdos de acceso o interconexión puedan utilizarla únicamente para el propósito para el que fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.

4. Cada una de las Partes velará por que un prestador principal de su territorio conceda el acceso a sus instalaciones esenciales, por ejemplo, entre otras cosas, los elementos de red, recursos asociados y servicios auxiliares, a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones razonables y no discriminatorias⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A efectos de la presente subsección, se entiende que la expresión «no discriminatorias» se refiere al trato nacional tal como se define en el artículo 150, además de reflejar el uso con relación a este sector específico, entendiéndose como las «condiciones no menos favorables que las concedidas en circunstancias similares a cualquier otro usuario de redes o servicios públicos de comunicaciones electrónicas similares»

5. Para los servicios públicos de telecomunicaciones, la interconexión con un prestador importante quedará asegurada en cualquier punto técnicamente viable de la red. Esta interconexión se facilitará:

6. Cada una de las Partes garantizará que los procedimientos aplicables para la interconexión a un prestador importante se pongan a disposición del público y que los prestadores importantes pongan a disposición del público sus acuerdos de interconexión o, cuando proceda, sus ofertas de interconexión de referencia.

Artículo 175. Salvaguardias competitivas respecto a los proveedores principales.

Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que, individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas. Entre dichas prácticas anticompetitivas figuran las siguientes:

Artículo 176. Servicio universal.

1. Cada una de las Partes tiene derecho a definir el tipo de obligaciones de servicio universal que desea mantener.

2. No se considerará que tales obligaciones de servicio universal menoscaban la competencia per se, siempre y cuando se administren de forma proporcionada, transparente, objetiva y no discriminatoria. La administración de tales obligaciones también será neutra respecto a la competencia y no será más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por cada una de las Partes.

3. Todos los prestadores servicios o proveedores de redes de comunicaciones electrónicas deben tener derecho a prestar el servicio universal. La designación de prestadores de servicio universal se hará por medio de un mecanismo eficaz, transparente y no discriminatorio. En caso necesario, las Partes evaluarán si la prestación del servicio universal representa una carga injusta para el prestador designado para ofrecer un servicio universal. En caso de que esté justificado sobre la base de dicho cálculo y teniendo en cuenta el beneficio de mercado que corresponde a un prestador que ofrece un servicio universal, las autoridades reguladoras determinarán si se precisa un mecanismo para compensar al prestador afectado o para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal.

Artículo 177. Portabilidad del número.

Cada una de las Partes velará por que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas públicas ofrezcan la portabilidad de los números en condiciones razonables.

Artículo 178. Confidencialidad de la información.

Cada Parte garantizará la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas y los datos relacionados con el tráfico a través de una red pública de transmisión de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas a disposición del público sin restringir el comercio de servicios.

Artículo 179. Resolución de diferencias en materia de comunicaciones electrónicas.

1. Cada una de las Partes velará por que, en caso de que surja una diferencia entre proveedores de redes o prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en relación con derechos y obligaciones que se deriven de la presente subsección, a petición de cualquier Parte afectada, la autoridad reguladora en cuestión haga pública una decisión vinculante para resolverla a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo de cuatro meses, salvo que se den circunstancias excepcionales.

2. Cuando tal diferencia se refiera a la prestación transfronteriza de servicios, las autoridades reguladoras en cuestión coordinarán sus esfuerzos para resolverla.

3. La decisión adoptada por la autoridad de regulación deberá hacerse pública, respetando, no obstante, las exigencias que impone el secreto comercial. Deberá exponerse detalladamente a las Partes afectadas los motivos en que se basa y estas tendrán derecho a recurrir dicha decisión, de conformidad con el artículo 171, apartado 7.

4. El procedimiento a que se refiere el presente artículo no impedirá que cualquiera de las partes afectadas pueda emprender acciones legales ante un órgano jurisdiccional.

Artículo 180. Aproximación gradual.

Las Partes reconocen la importancia de una aproximación gradual de la legislación de la República de Armenia sobre redes de comunicaciones electrónicas a la de la Unión Europea.

Subsección VI. Servicios Financieros

Artículo 181. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. La presente subsección es aplicable a las medidas que afecten a la prestación de servicios financieros que estén liberalizados de conformidad con las secciones B, C y D.

2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «servicio financiero» todo servicio de carácter financiero ofrecido por un prestador de servicios financieros de una Parte. Los servicios financieros comprenden servicios de seguros y relacionados con los seguros, así como servicios bancarios y otros servicios financieros.

3. Los seguros y servicios relacionados con los seguros a que se hace referencia en el apartado 2 incluirán:

ii) distinto del seguro de vida;

4. Los servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros y servicios relacionados con los seguros) a que se hace referencia en el apartado 2 incluirán:

ii) divisas,

iii) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones,

iv) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo permutas financieras (swaps) y acuerdos a plazo sobre tipos de interés,

vi) otros instrumentos y activos financieros negociables, incluido el metálico;

5. A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

ii) una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones, y

Artículo 182. Medidas cautelares.

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a ninguna de las Partes adoptar o mantener medidas por razones cautelares, tales como:

2. Las referidas medidas no podrán ser más onerosas de lo necesario para lograr su objetivo.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de manera que se obligue a una Parte a revelar información relativa a las actividades y a las cuentas de sus clientes ni cualquier información confidencial o reservada en poder de entidades públicas.

Artículo 183. Transparencia y eficacia de la reglamentación.

1. Las Partes harán todo lo posible para comunicar con antelación a todas las personas interesadas cualquier medida de aplicación general que proponga adoptar, a fin de que tales personas puedan formular observaciones sobre ella. Esta propuesta de medida se difundirá:

2. Las Partes facilitarán a todas las personas interesadas sus requisitos para cumplimentar solicitudes relativas a la prestación de servicios financieros.

A petición del interesado, la Parte de que se trate le informará acerca del curso dado a su solicitud. Cuando la Parte en cuestión pida información adicional al solicitante, se lo notificará sin ninguna demora injustificada.

3. Las Partes harán todo lo posible por garantizar que las normas internacionalmente acordadas para la regulación y la supervisión en el sector de los servicios financieros y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales se implementen y apliquen en su territorio. Entre estas normas internacionalmente acordadas se encuentran:

4. Las Partes tomarán nota de los «Diez Principios Fundamentales para el Intercambio de Información» promulgados por los ministros de Hacienda de los países que integran el G7, y adoptarán todas las medidas necesarias para tratar de aplicarlos en sus contactos entre ellos.

Artículo 184. Nuevos servicios financieros.

Las Partes permitirán que un prestador de servicios financieros de la otra Parte preste cualquier nuevo servicio financiero de tipo similar a aquellos que, en circunstancias similares, la Parte permita prestar a sus prestadores de servicios financieros conforme a su Derecho interno. Cualquiera de las Partes podrá decidir la modalidad jurídica a través de la cual se ofrezca el servicio y podrá exigir autorización para la prestación del mismo. Cuando se requiera tal autorización, la decisión se dictará en un plazo razonable y solamente podrá ser denegada por razones cautelares en coherencia con el artículo 182.

Artículo 185. Tratamiento de los datos.

1. Las Partes permitirán a los prestadores de servicios financieros de la otra Parte transferir información hacia el interior o el exterior de su territorio para su tratamiento, por vía electrónica o por otra vía, cuando dicho tratamiento sea necesario para llevar a cabo las actividades ordinarias de tales prestadores de servicios financieros.

2. Ninguna disposición del apartado 1 restringe el derecho de una Parte a proteger los datos personales y la intimidad, siempre que ese derecho no se utilice para eludir el presente Acuerdo.

3. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá salvaguardias adecuadas para proteger la intimidad y los derechos fundamentales, así como la libertad de las personas, en especial por lo que se refiere a la transferencia de datos personales.